AC3244-2022 (2021-02275-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3244-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02275-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el impedimento expresado por los Honorables Magistrados Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, para intervenir en este asunto. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, elev\u00f3 petici\u00f3n de formalizaci\u00f3n y restituci\u00f3n de tierras en favor de Mar\u00eda Alexy Monta\u00f1a Garc\u00eda, respecto del predio ubicado en la \u00abcalle 12A No. 7-65 casa 263, Barrio Barco\u00bb del municipio de Tib\u00fa (N\/Santader), e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-191559. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 enterar a Marina Su\u00e1rez de Jaimes, aqu\u00ed recurrente, por figurar como la titular inscrita del derecho de dominio sobre el fundo, quien se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, alegando ser adquirente de buena fe, exenta de culpa y no tener relaci\u00f3n alguna con el despojo. <\/p>\n
3.- Agotada la actuaci\u00f3n correspondiente, las diligencias fueron remitidas a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de aquella ciudad y una vez agotado el rito de rigor, acogi\u00f3 las pretensiones del libelo genitor, mediante sentencia de 3 de septiembre de 2020, negando el reconocimiento de la compensaci\u00f3n reclamada por la hoy revisionista, al no hallar acreditados sus argumentos defensivos. <\/p>\n
4.- La vencida en juicio impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el fallo, por estimar lesionado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n de la \u00abindebida apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb allegadas a la foliatura, pues, en su criterio, el sentenciador no tuvo en cuenta que, si bien existe un contexto de violencia generalizado en todo el pa\u00eds, las personas concretan acuerdos \u00abv\u00e1lidamente celebrados, con consentimiento y causa licita, dentro de autonom\u00eda y libertad de las partes para contratar y obligarse y, se realizan actos de comercio, mercantiles, burs\u00e1tiles, financieros y laborales\u00bb, precisamente, fue en ese escenario que adquiri\u00f3 la heredad aludida. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que todas las negociaciones sobre el inmueble se han realizado v\u00e1lidamente y de buena fe; que en su condici\u00f3n de \u00abtercera compradora y ocupante del predio debatido\u00bb, jam\u00e1s intervino \u00abdirecta o indirectamente en la venta inicial del bien que le hiciera la reclamante a su cu\u00f1ado\u00bb; y que, en el expediente se encuentra acreditada la \u00abbuena fe exenta de culpa tanto su elemento subjetivo como el objetivo\u00bb. <\/p>\n
5.- En fallo de 25 de enero de 2021, esta Sala, con ponencia del honorable Magistrado Francisco Ternera Barrios, decidi\u00f3 adversamente aquel resguardo, al no evidenciar las falencias endilgadas por la quejosa a la decisi\u00f3n confutada, en tanto estim\u00f3 que \u00ablos presupuestos f\u00e1cticos narrados y alegados por la se\u00f1ora Mar\u00eda Alexy Monta\u00f1a, al tratarse de una v\u00edctima de episodios de violencia, permitieron acreditar su derecho a la restituci\u00f3n del bien debatido (…) [y] qued\u00f3 sin sustento probatorio la buena fe cualificada requerida en esta clase de asuntos y tampoco se comprob\u00f3 que la aqu\u00ed accionante demostrara las exigencias requeridas para ser considerada como segundo ocupante. A tal conclusi\u00f3n lleg\u00f3 la autoridad judicial accionada, al considerar que, no se pudo corroborar el estado de vulnerabilidad en que se encontraba aquella\u00bb (STC236-2021). <\/p>\n
6.- Frente a la sentencia de 3 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, la se\u00f1ora Marina Su\u00e1rez de Jaimes instaur\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, con soporte en la causal primera del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual adujo que una vez ejecutoriado el veredicto del Tribunal en el infolio de restituci\u00f3n de tierras, encontr\u00f3 \u00abdos actos administrativos que demuestran la calidad de v\u00edctima de desplazamiento por el conflicto armado que debi\u00f3 ser reconocida [a ella] y su n\u00facleo familiar, para demostrar la buena fe cualificada moderada que le hubiese permitido acreditar su calidad de segundos ocupantes\u00bb. <\/p>\n
7.- Los Honorable Magistrados Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque declararon su impedimento para intervenir en este asunto, invocando para el efecto la causal segunda del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto, en la providencia constitucional STC236-2021 manifestaron argumentos y \u00abopiniones\u00bb en torno al pronunciamiento confutado en sede extraordinaria, situaci\u00f3n que pone en entredicho su imparcialidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 140 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ablos magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusaci\u00f3n, deber\u00e1n declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta\u00bb. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de impedimento, entonces, se constituye en un mecanismo que le permite al juzgador separarse del conocimiento de un determinado asunto cuando su objetividad para conocer de \u00e9l, con el equilibro debido, se vea afectada por factores que resultan incompatibles con la rectitud en la administraci\u00f3n de justicia, como son el afecto, el inter\u00e9s, los sentimientos de animadversi\u00f3n o el amor propio del funcionario. As\u00ed lo ha adoctrinado esta Corte al decir, que: <\/p>\n
la toma de decisiones encaminada a solucionar los conflictos sometidos a composici\u00f3n de los jueces debe estar inspirada en los principios de imparcialidad y transparencia que le son propios, sin que haya lugar a sombra o duda sobre los m\u00f3viles que inciden en su producci\u00f3n, por lo que, la declaraci\u00f3n de impedimento, se constituye en un mecanismo que le permite al juzgador declararse separado del conocimiento de un determinado asunto, cuando atendidas las condiciones subjetivas del fallador, no es posible asegurar la imparcialidad y el \u00e1nimo sereno con el que debe concurrir a decidirlo\u00bb. (CSJ AC157-2017 de 20 de enero, Rad. 2013-00350). <\/p>\n
En principio, tal separaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 darse en aquellos casos que, con criterio taxativo, ha establecido el legislador, en los cuales, atendidas las condiciones subjetivas del fallador, podr\u00eda verse comprometida la imparcialidad y el \u00e1nimo sereno con el que debe acudir a dirimir el pleito puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[E]n esta materia rige el principio de taxatividad, seg\u00fan el cual s\u00f3lo constituye motivo de excusa o de recusaci\u00f3n, aquel que de manera expresa est\u00e9 se\u00f1alado en la ley, por tanto, a los jueces les est\u00e1 vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales, mientras que a los sujetos procesales no les est\u00e1 permitido escoger a su arbitrio a su juzgador, de modo que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial, no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garant\u00eda en punto de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez. (CSJ AP2618 de 2015, rad. n\u00b0 45.985; criterio reiterado en CSJ AC5368-2019, 11 dic). <\/p>\n
Concretamente, en relaci\u00f3n con la procedencia del impedimento basado en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 141 del estatuto adjetivo, al interior del tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, la Sala ha clarificado que: <\/p>\n
2.- En efecto, en aras de garantizar la objetividad del juzgador y, de contera, una recta administraci\u00f3n de justicia en cada caso concreto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha admitido que existen eventos excepcionales en los cuales es necesario acceder a la separaci\u00f3n del funcionario, aunque los hechos que dan lugar a su impedimento no se enmarquen, en estricto sentido, en ninguna de las hip\u00f3tesis previstas por el legislador, pero s\u00ed evidencien que conoce de antemano el proceso y tiene una posici\u00f3n determinada frente a \u00e9l, como cuando en sede constitucional se aborda el estudio de una actuaci\u00f3n judicial para averiguar una eventual vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de impedimentos propuestos por haberse fallado acciones de tutela enlazadas al litigio ordinario, es pac\u00edfica la tendencia a rechazar su procedencia, por cuanto el amparo no es una instancia dentro del proceso y, en todo caso, su objeto [s]e limita a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto diferente a la controversia civil. <\/p>\n
Sin embargo, cuando la resoluci\u00f3n del amparo constitucional se traduzca en un compromiso intelectual frente al asunto ordinario, por tejerse una conexidad necesaria entre las causas, se abre paso la prosperidad del motivo de impedimento planteado (Se resalta) (CSJ AC2611-2019, 4 jul., rad. 2010-00514-01). <\/p>\n
En punto de la alegaci\u00f3n del segundo motivo de impedimento, de cara recurso extraordinario de revisi\u00f3n, cuando con antelaci\u00f3n se ha conocido de alguna acci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que <\/p>\n
[E]l rito propio de la tutela y el recurso de revisi\u00f3n constituyen sin hesitaci\u00f3n dos actos muy diferentes y no est\u00e1n unidos por instancias como constitutivos de un todo jur\u00eddico procesal \u00fanico. Ahora bien y como ya se dijo, la \u00fanica posibilidad en que se podr\u00edan ligar estas dos actuaciones para hablar de un impedimento en los t\u00e9rminos de la citada norma instrumental, ser\u00eda si existiera una estrecha \u2018conexidad\u2019 entre lo resuelto en la tutela y lo que se propone para ser decidido mediante el recurso de revisi\u00f3n, que traiga como consecuencia necesaria que los funcionarios judiciales que conocieron de esa acci\u00f3n constitucional, se vean inclinados a mantener las tesis que sobre el objeto y la causa definida se expusieron al desatar ese procedimiento excepcional, para que con ello no se viera afectada la imparcialidad e independencia al tomar la decisi\u00f3n, que debe ser objetiva, aut\u00f3noma y desprovista de situaciones que puedan entrar a alterar el \u00e1nimo de \u00e9stos o nublar la serenidad que debe acompa\u00f1arlos al momento de formar su libre convencimiento a efecto de entregar el derecho justo que corresponda. (CSJ AL 22 jun. 2007, rad. 31802, reiterado en CJS AC998-2021, 23 mar., 2014-01502-00). <\/p>\n
3.- En el sub iudice, los honorables magistrados declaran su impedimento para conocer de esta s\u00faplica extraordinaria (revisi\u00f3n), con soporte en el segundo motivo del canon 141 del estatuto adjetivo, cuyo origen descansa en haber conocido de la acci\u00f3n constitucional que frente a la determinaci\u00f3n ahora impugnada promovi\u00f3 la recurrente. <\/p>\n
Ante tal escenario deviene indispensable verificar si concurren los supuestos definidos por esta Colegiatura para que, pese a la inexistencia de conexi\u00f3n entre la acci\u00f3n de amparo y el recurso de revisi\u00f3n, se torne procedente la manifestaci\u00f3n de impedimento. <\/p>\n
3.1. De acuerdo con los criterios definidos por la Colegiatura, no logra advertirse la satisfacci\u00f3n de las exigencias que habilitan su aceptaci\u00f3n, habida cuenta que los hechos en que los magistrados fundan su intenci\u00f3n de apartamiento no tuvieron lugar \u00aben instancia anterior\u00bb, al contrario, surgen de actuaciones de naturaleza dis\u00edmil que, ab initio, descartan su viabilidad. <\/p>\n
Af\u00edrmase as\u00ed porque, el prop\u00f3sito esencial de la acci\u00f3n de tutela no es otro distinto al de verificar si una o varias de las garant\u00edas fundamentales del promotor de aquel mecanismo han sido violentadas o se encuentran en peligro de serlo; finalidad que, en trat\u00e1ndose de cuestionamientos frente a actuaciones judiciales, se materializa en la identificaci\u00f3n de \u00abv\u00edas de hecho\u00bb que puedan dar lugar al quebrantamiento de las prerrogativas constitucionales, que no, al estudio de fondo del asunto, el cual, en el caso de la revisi\u00f3n, se contrae a la verificaci\u00f3n de la configuraci\u00f3n de las causales taxativamente previstas para su procedencia. <\/p>\n
3.2.- Y, adem\u00e1s, porque a\u00fan estudiado el asunto a la luz de la excepci\u00f3n anotada l\u00edneas atr\u00e1s, no se extrae la conexi\u00f3n requerida entre lo pretendido en la herramienta supra legal y las situaciones que sirven de m\u00f3vil a la interposici\u00f3n de la revisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en el primer tr\u00e1mite rese\u00f1ado Marina Su\u00e1rez de Jaimes se quej\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n probatoria del ad quem en el decurso de la contienda de restituci\u00f3n de tierras, al haberle negado su condici\u00f3n de \u00absegunda ocupante\u00bb, por no acreditar la buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del predio objeto de ese asunto, a partir de la situaci\u00f3n de seguridad del lugar de ubicaci\u00f3n del predio para la \u00e9poca de la enajenaci\u00f3n y de los elementos existentes en el plenario; mientras que el segundo, soporta su alegaci\u00f3n en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, porque, con posterioridad al pronunciamiento confutado encontr\u00f3 unos \u00abdocumentos\u00bb que acreditan su condici\u00f3n de \u00abv\u00edctima del desplazamiento forzado\u00bb y, por ende, en su criterio, le posibilitan \u00abdemostrar la buena fe cualificada moderada\u00bb, para que por fin le reconozcan aquella calidad. <\/p>\n
Dichas diferencias permiten se\u00f1alar que los hechos que fundan el recurso de revisi\u00f3n no se encuentran prejuzgados por los Honorables Magistrados, en tanto, se itera, los argumentos expuestos en la interposici\u00f3n de la queja constitucional no coinciden con los debatidos en la sede extraordinaria. <\/p>\n
N\u00f3tese que, si la salvaguarda constitucional promovida por la ahora recurrente tuvo relaci\u00f3n con la ponderaci\u00f3n de los medios de prueba practicados en el tr\u00e1mite acusado, claramente la Sala en la sentencia de tutela STC236-2021 debi\u00f3 referirse a la valoraci\u00f3n de aquellos que reposaban en la contienda combatida, no m\u00e1s. Pero, como en la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n se trajeron a colaci\u00f3n nuevas piezas que podr\u00edan cambiar el rumbo del caso, es evidente que respecto de estas la Corte a\u00fan no ha tenido la oportunidad de emitir un pronunciamiento. <\/p>\n
3.3.- Es que, al definir el mecanismo tuitivo la Sala aval\u00f3 la decisi\u00f3n del iudex plural haciendo \u00e9nfasis, entre otras cosas, en que \u00abqued\u00f3 sin sustento probatorio la buena fe cualificada requerida en esta clase de asuntos y tampoco se comprob\u00f3 que la aqu\u00ed accionante demostrara las exigencias requeridas para ser considerada como segundo ocupante. A tal conclusi\u00f3n lleg\u00f3 la autoridad judicial accionada, al considerar que, no se pudo corroborar el estado de vulnerabilidad en que se encontraba aquella\u00bb. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la impugnante aport\u00f3 lo que, en su sentir, son los elementos de convicci\u00f3n nov\u00edsimos que demostrar\u00edan la calidad que le fue denegada en la controversia acusada, t\u00e9matica que para nada representa una atadura para la Corte con relaci\u00f3n a lo decidido en dicha oportunidad en sede constitucional. Por lo tanto, se descarta la innegable y estrecha conexidad entre lo decidido en el mecanismo supralegal y lo que ahora se plantea debe ser dirimido a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, de modo que el funcionario se sienta inclinado a reproducir las tesis que exterioriz\u00f3 al resolver la salvaguarda. <\/p>\n
4.- Por lo dicho, no se aceptar\u00e1 el impedimento expresado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: No aceptar la manifestaci\u00f3n de impedimento planteada por los Honorables Magistrados Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, por las razones indicadas en precedencia. <\/p>\n
Segundo: Retorne la actuaci\u00f3n al despacho del magistrado ponente para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
LUIS RAM\u00d3N GARCES D\u00cdAZ <\/p>\n
MARTA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLAREAL <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETA <\/p>\n
<\/p>\n
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