AC3335-2022 (2022-02374-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3335-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-02374-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Civil Municipal de Ubat\u00e9, Cundinamarca. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Codensa S.A. E.S.P. formul\u00f3 demanda verbal de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica contra Carlos Julio Castro Rodr\u00edguez, herederos indeterminados de Basilia Corredor de Castro \u2013quienes ostentan la calidad de propietarios del fundo- y la Transportadora de Gas Internacional T.G.I. S.A. E.S.P. -\u00abtitular del derecho real de servidumbre sobre el mismo inmueble\u00bb-, con el fin de que se decretara dicho gravamen sobre el predio denominado \u2018La Reforma y\/o Tausavita\u2019, situado en el municipio de Ubat\u00e9, Cundinamarca, e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 172-15167. <\/p>\n
En el libelo inicial se atribuy\u00f3 la competencia a los juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1, \u00abConforme a lo indicado por el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P., en el que se expresa que los procesos en los que una entidad p\u00fablica sea parte, conocer\u00e1n en forma privativa el Juez del domicilio de la respectiva entidad, en concordancia con el art\u00edculo 29 del C.G.P\u00bb. [Archivo digital: 01 Demanda]. <\/p>\n
3.- Al recibir las diligencias, el Juzgado Civil Municipal de esta \u00faltima urbe tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento, arguyendo que Codensa S.A. E.S.P. s\u00ed ostenta la calidad de \u00abentidad p\u00fablica\u00bb, por consiguiente, se gobierna bajo la regla prevista en el numeral 10 Ib\u00eddem, inferencia que hizo a partir del prove\u00eddo AC1358-2021, 21 abr., de esta Sala [archivo digital: 05PlanteaConflictoCompetencia]. Bajo ese derrotero plante\u00f3 la colisi\u00f3n y remiti\u00f3 el asunto a esta Corporaci\u00f3n para su tr\u00e1mite. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1.- Conforme al primero, en los procesos de expropiaci\u00f3n, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, par\u00e1metro fundado, en lo esencial, en la cercan\u00eda del juzgador al predio objeto de litigio, a efecto de la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones que requirieren una pr\u00e1ctica c\u00e9lere, como es la entrega anticipada cuando ello se solicita. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario habilitado es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio, soportado en la calidad de la parte. <\/p>\n
2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3.- La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar, en ese momento, la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas, por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Se agreg\u00f3 que, la justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como, en este caso, la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
4.- Revisada la presente lid se advierte que la promotora es Codensa S.A. E.S.P., entidad en cuyos estatutos sociales, puntualmente en el art\u00edculo 2\u00ba, se consign\u00f3 que \u00abes una sociedad comercial, por acciones, del tipo de las an\u00f3nimas, constituida como una empresa de servicios p\u00fablicos conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil\u00bb3. <\/p>\n
En cuanto a su estructura accionaria se tiene que cuenta con una participaci\u00f3n estatal a trav\u00e9s del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A ESP del 51.3215% del capital social4. <\/p>\n
Tales calidades, confrontadas al contenido del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que define a las entidades p\u00fablicas como \u00abtodo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50\u00bb (se destac\u00f3), revelan que la promotora es una de ellas, por cuanto, pese a tratarse de una sociedad an\u00f3nima, su objeto es la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y el 51% de sus acciones son de titularidad de inversionistas estatales5, de ah\u00ed que err\u00f3 el estrado capitalino al considerar que la convocante no ten\u00eda la calidad de ente estatal. <\/p>\n
Adicionalmente, uno de los enjuiciados es la Transportadora de Gas Internacional ITGI \u00abempresa de servicios p\u00fablicos constituida como sociedad por acciones, asimilada a las sociedades an\u00f3nimas, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994\u00bb6, aunque asimilada a las sociedades an\u00f3nimas, tambi\u00e9n es de econom\u00eda mixta, dado que, en un porcentaje superior al indicado7, tiene participaci\u00f3n del Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1, entidad de igual naturaleza, pues en ella entidades estatales son titulares de m\u00e1s de 50% de su capital social, seg\u00fan Acuerdo 001 de 1996 dictado por el Concejo de Bogot\u00e1.8. <\/p>\n
4.1. Entonces, como en el sub-examine, Codensa S.A. E.S.P. expres\u00f3 que la competencia para el adelantamiento del pleito de servidumbre radicaba en los jueces civiles municipales capitalinos, \u00abConforme a lo indicado por el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P., en el que se expresa que los procesos en los que una entidad p\u00fablica sea parte, conocer\u00e1n en forma privativa el Juez del domicilio de la respectiva entidad, en concordancia con el art\u00edculo 29 del C.G.P\u00bb, esa elecci\u00f3n constituye una alternativa procedente, ya que el fuero real previsto en el numeral 7\u00ba del canon 28 \u00eddem, por as\u00ed disponerlo las reglas procedimentales estudiadas, queda inexorablemente subyugado al personal establecido en raz\u00f3n de la calidad de las partes y, por tanto, inoperante. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, fuerza colegir que err\u00f3 el Juez Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1 al rehusar la atribuci\u00f3n, de un lado, porque el ente pleiteante s\u00ed tiene naturaleza estatal y, de otra parte, no era viable establecer la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, habida cuenta de que aun si la actora no tuviera la tal naturaleza, en el extremo pasivo de la controversia tambi\u00e9n estaba involucrado otro ente p\u00fablico, cuyo domicilio es igualmente la ciudad capital, de suerte que el factor subjetivo se superpon\u00eda al fuero real relacionado en el numeral 7\u00ba del citado precepto 28 (Cfr. CSJ AC4051-2017, 27 jun.; reiterado en CSJ AC738-2018, 26 feb.). <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con la composici\u00f3n accionaria de las entidades involucradas, es palmario que en los dos extremos procesales concurren entes p\u00fablicos, los cuales tienen su domicilio en Bogot\u00e1 D.C.; circunstancia que, se itera, torna ineludible la aplicaci\u00f3n del privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del canon 28 del nuevo estatuto procedimental a favor de las personas jur\u00eddicas en contienda, para que ante el juez de su asiento com\u00fan se adelante el litigio. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque la regla contenida en el art\u00edculo 28 numeral 10, a efectos de determinar la competencia por el factor territorial, no hace distinci\u00f3n entre demandante y demandado, pues s\u00f3lo refiere a que el ente territorial o entidad p\u00fablica \u00absea parte\u00bb, de suerte que cada una de ellas, por su particular naturaleza, es titular del fuero privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 ibidem es \u201cprevalente\u201d. <\/p>\n
5.- Al examinar casos an\u00e1logos, esta Colegiatura ha sostenido que, ante tal supuesto, es pasible acudir a las restantes reglas de atribuci\u00f3n de competencia, ya que si bien los fueros en general pueden concurrir o excluirse, el hecho de que alguno de estos sea exclusivo, no significa que no pueda haber varios despachos judiciales competentes, permitiendo que se pueda elegir entre cualquiera de esos, lo cual ocurre cuando un determinado factor de competencia ofrezca varias posibilidades, evento en el que la selecci\u00f3n quedar\u00e1 a discreci\u00f3n del actor, cuya definici\u00f3n deber\u00e1 quedar contenida en la demanda. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha decantado, que en el evento en que en ambos extremos de la litis concurran entidades beneficiadas con el fuero privativo que prev\u00e9 el numeral del 10 del pluricitado art\u00edculo 28 Ib\u00eddem, dado que la norma s\u00f3lo exige que sea \u201cparte\u201d, podr\u00e1 el demandante radicar su demanda a discreci\u00f3n en su domicilio o privilegiar el del extremo llamado a juicio, aplicando arm\u00f3nicamente la pauta contenida en el numeral primero, que como regla general de competencia indica que en los procesos contenciosos \u201csalvo disposici\u00f3n en contrario\u201d el competente es el del domicilio del demandado y en este supuesto no habr\u00eda esa contrariedad. <\/p>\n
6.- A\u00fan m\u00e1s, el mentado derrotero cobra relevancia en los eventos en que el domicilio del convocado coincide con el lugar donde se encuentra el predio que se pretende intervenir o expropiar, habida cuenta que de esta forma se habilita igualmente la aplicaci\u00f3n de otra regla privativa de competencia, como es la contemplada en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, seg\u00fan la cual, el conocimiento de este tipo de asuntos estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio. <\/p>\n
7.- Ahora bien, en esos casos la dificultad surge cuando la heredad est\u00e1 ubicada en un territorio distinto al del domicilio de las partes, ya que ante tal supuesto quedan enfrentados dos factores determinantes con car\u00e1cter privativo. <\/p>\n
7.1.- Frente a esto, en algunas ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que se debe dar preponderancia a la contemplada en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, seg\u00fan la cual, el conocimiento del asunto estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio motivo de expropiaci\u00f3n. Es as\u00ed como es esas oportunidades se dijo que: <\/p>\n
\u00ab[E]n asuntos como el sub examine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7\u00ba del precepto 28, Ib\u00eddem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble materia de la servidumbre. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo\u00bb (CSJ AC417-2020, 14 feb., rad. 2020-00326-00 reiterada en CSJ AC3158-2021, 4 ago., rad. 2021-02491-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[S]i de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los art\u00edculos 7\u00b0 y 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte. <\/p>\n
Ac\u00e1, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque es demandante el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1), y el accionado es un ente territorial, valga anotar, el municipio de La Mesa. <\/p>\n
Es decir, que ante dos entes p\u00fablicos en cada uno de los extremos del proceso y con vecindades diferentes, y a falta de un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar soluci\u00f3n a esta singular colisi\u00f3n que se suscita, es dar cabida al otro foro privativo territorial, con lo que el juzgador competente para continuar con el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica es el de La Mesa (AC1989-2021, 26 may., rad. 2021-01513-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). <\/p>\n
7.2.- Sin embargo, la soluci\u00f3n antedicha, se insiste, en los casos donde se encuentran involucradas como partes dos o m\u00e1s entes territoriales o entidades p\u00fablicas con domicilios diferentes y el predio se halla en lugar distinto a estos, no se armoniza con lo estatuido en los citados art\u00edculos 28 numeral 10.\u00ba y 29 \u00eddem. <\/p>\n
En efecto, siendo que, como ya se dijo, el ordenamiento adjetivo prev\u00e9 que, en los procesos contenciosos en los que \u00absea parte\u00bb una entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 \u00aben forma privativa\u00bb la autoridad judicial del domicilio de \u00e9sta (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.), y se confiere prelaci\u00f3n a la competencia determinada \u00aben consideraci\u00f3n de las partes\u00bb (art. 29 C.G.P.), no resulta plausible inaplicar aquel fuero prevalente para que la regla del numeral 7.\u00ba ibidem gobierne la definici\u00f3n del caso, confiriendo de este modo predominio al fuero real sobre el subjetivo, cuando por inequ\u00edvoco mandato legal, este \u00faltimo criterio se impone sobre los dem\u00e1s factores territoriales. <\/p>\n
Por lo tanto, resulta inadmisible sostener que, al verse enfrentadas dos entidades de las calidades ya mencionadas, el factor prevalente de estas pueda anularse, cual, si se tratara de una operaci\u00f3n puramente matem\u00e1tica que permitiera obviar el criterio subjetivo, y sobreponer el fuero real relacionado en el numeral 7\u00ba ya referido. <\/p>\n
Dicho de otro modo, no resulta viable fijar la competencia atendiendo la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los bienes en litis, en la medida en que el fuero privativo del que se viene hablando, se sustenta en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio, el que como ya se aludi\u00f3 resulta prevalente e irrenunciable (art\u00edculo 16 ejusdem). <\/p>\n
Ante la prevalencia que se reconoce al factor subjetivo, -de cara al enfrentamiento normativo surgido- en asuntos de similar temperamento se ha indicado que: <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. (CSJ AC1596-2022, 22 de abril. Rad. 2022-01025-00). <\/p>\n
7.3.- Es claro entonces, que no se aviene atendible que, al desatar esta clase de colisiones, la Corte asigne la competencia al juez del lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, cuando existe un imperativo legal que impone la aplicaci\u00f3n preponderante del factor subjetivo como expresamente lo determina el art\u00edculo 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, al decir, que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (se resalta); imperativo que impone el privilegio indiscutible del domicilio de cualquiera de los contendientes. <\/p>\n
En situaciones como la descrita, debe predominar, entonces, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor apreciaci\u00f3n legal, esto es, la concerniente a la autoridad judicial del domicilio de cualquiera de los especiales contendientes \u2013a elecci\u00f3n del convocante\u2013, dado que, como ya se dijo, se superpone la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido. <\/p>\n
8.- Todav\u00eda m\u00e1s, si se trata de hacer actuar las reglas \u00abgenerales\u00bb a esos conflictos de competencia, debe advertirse que esa condici\u00f3n \u00fanicamente es predicable de la previsi\u00f3n contenida en el numeral 1\u00ba ibidem, que califica como juez competente en los procesos contenciosos al del domicilio del demandado, \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, en cuyo caso entran en juego otros factores, que har\u00edan inaplicable tal directriz, como el previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n procesal, que igualmente constituye un fuero \u00abespecial\u00bb y \u00abprivativo\u00bb. <\/p>\n
Ese criterio de aplicaci\u00f3n preponderante del factor subjetivo que regula el numeral 10 sobre el 7, ambos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, se ha defendido por la Colegiatura al se\u00f1alar, que <\/p>\n
\u00abLa significaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n equivale a reconocer que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso, lo que permite deducir que es m\u00e1s gravosa la que deriva de la inobservancia del factor subjetivo, puesto que la codificaci\u00f3n actual, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable la competencia por aquel fuero (art\u00edculo 16 ejusdem). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como esta, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido (regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 vinculada con una de car\u00e1cter territorial). <\/p>\n
Si bien alg\u00fan sector de esta Colegiatura sostuvo que, en litigios de esta naturaleza, era aplicable el fuero real del art\u00edculo 28-7 del C\u00f3digo General del Proceso, tal postura fue abandonada a partir de la expedici\u00f3n del auto CSJ AC140-2020, 24 ene., en el que la Sala de Casaci\u00f3n Civil unific\u00f3 su criterio en el sentido que viene indic\u00e1ndose, tras considerar que cuando concurren los dos fueros privativos se\u00f1alados en los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prevalece la competencia establecida en consideraci\u00f3n de la calidad de las partes, y a ella se subordina la competencia territorial, pues as\u00ed lo dispone expresamente el art\u00edculo 29 Ib\u00eddem\u00bb (CSJ AC1400-2022, 7 abril. Rad. 2022-01023-00). <\/p>\n
9.- Y no se diga que en dichos eventos existe un vac\u00edo normativo, porque en el estatuto procesal hay una disposici\u00f3n perentoria que asigna la competencia al juez del domicilio del ente territorial o entidad p\u00fablica, pudiendo el actor, como antes se anot\u00f3, elegir v\u00e1lidamente entre el suyo o el de la llamada a juicio, por cuanto el beneficio subjetivo no distingue el extremo procesal en que est\u00e9 la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sobre el particular, huelga se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEs principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u201cverdadero sentido\u201d de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 Ib\u00eddem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2012, rad. 2006-00164-01; criterio reiterado en CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, resalta la Corte). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, con sano criterio, la Sala ha estimado que \u00abinterpretar va m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, subraya la Corte). <\/p>\n
9.1.- Cumplido esto se tiene que el numeral 10.\u00ba de la primera norma referida dispone, que, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (se destaca). <\/p>\n
Del tenor literal de ese precepto se advierte, sin dificultad, que cuando el juicio involucre, con independencia del extremo procesal que ocupe, a una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, o cualquier otra entidad p\u00fablica, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar del domicilio de aquella. <\/p>\n
Dicha atribuci\u00f3n se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuya apreciaci\u00f3n no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del criterio subjetivo, cuando predica que: <\/p>\n
\u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. <\/p>\n
Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
9.2.- Sin embargo, si la conclusi\u00f3n que se extrae de la interpretaci\u00f3n literal de aquellos mandatos, no respondiera el interrogante que se presenta en torno a la competencia del juez cuando las partes contendientes est\u00e1n conformadas por dos o m\u00e1s entes estatales, puesto que, aplicando exeg\u00e9ticamente las normas, permitir\u00edan grosso modo que la demanda se pueda radicar en el domicilio de cualquiera de los dos extremos a elecci\u00f3n del demandante, ha de averiguarse c\u00f3mo esas disposiciones se armonizan con las dem\u00e1s pautas que regulan la competencia territorial. <\/p>\n
Para tal labor\u00edo se tiene, que dentro de ese marco de alternativas se destaca, en primer lugar, el ya mencionado numeral 1.\u00ba del canon 28 \u00eddem, norma que puede integrarse perfectamente a los postulados previstos en el numeral 10.\u00ba Ib\u00eddem y al art\u00edculo 29 ejusdem, porque, de entrada, no desconoce la naturaleza p\u00fablica de las entidades involucradas \u2013como s\u00ed lo hace la aplicaci\u00f3n del fuero real\u2013, m\u00e1s bien, respeta el privativo de que gozan aquellas, ya que, sea el domicilio del ente p\u00fablico demandante o del demandado el sitio para la formulaci\u00f3n de la controversia, no se contradice la exigencia que obliga a dar prevalencia al factor subjetivo o por la calidad de las partes, habilit\u00e1ndose as\u00ed que se radique la competencia tambi\u00e9n en el domicilio del ente llamado a juicio. <\/p>\n
Otra posibilidad, v\u00e1lidamente autorizada, ser\u00eda aplicar la regla 5ta del canon 28 \u00eddem, pues los juicios podr\u00edan tambi\u00e9n adelantarse ante la autoridad judicial del asiento principal de la entidad estatal demandada o en su sucursal o agencia de existir esta, sin contrariarse tampoco la prevalencia de su fuero. <\/p>\n
9.3.- S\u00edguese, entonces, que en los juicios de expropiaci\u00f3n o servidumbre, donde los extremos de la litis est\u00e1n integrados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, con el prop\u00f3sito de determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a adelantar el respectivo tr\u00e1mite, a m\u00e1s del imperativo contenido en el numeral 10.\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, podr\u00e1n tenerse en cuenta los numerales 1.\u00ba y 5.\u00ba de dicho canon, soluci\u00f3n que est\u00e1 en coherencia con lo dispuesto en el numeral 10 \u00eddem y el art\u00edculo 29 ejusdem, como ya se dijo. <\/p>\n
10.- Tales inferencias encuentran apoyo en la propia g\u00e9nesis del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n que el proyecto de ley (No. 196 de 2011) presentado al Congreso de la Rep\u00fablica, en su texto original incorpor\u00f3 la siguiente hip\u00f3tesis: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aquella\u00bb. (negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
Sin embargo, en ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la redacci\u00f3n de esa pauta fue modificada en la segunda ponencia del proyecto presentada ante la C\u00e1mara de Representantes, con la sola justificaci\u00f3n de \u00abofrecer mayor claridad en torno a la competencia territorial cuando sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb (Gaceta del Congreso, A\u00f1o XX, No. 745 de 4 de octubre de 2011), quedando finalmente como en la actualidad se encuentra expresada en la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
N\u00f3tese, que aquella tem\u00e1tica no fue ajena en la elaboraci\u00f3n de la nueva ley de los ritos civiles pues, desde el umbral del proyecto, los redactores, con claridad meridiana, acudieron a la regla general de competencia para remediar los casos en que estuvieran enfrentadas en el litigio entidades p\u00fablicas, asignando el asunto al juez del \u00abdomicilio o (\u2026) la cabecera de la parte demandada\u00bb, eso s\u00ed, siempre otorgando prevalencia al fuero del ente estatal si la contraparte estaba conformada adicionalmente por un particular. <\/p>\n
11.- En esas condiciones, echar mano de las reglas de competencia reguladas en los numerales 1.\u00ba y 5.\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la competencia territorial en los juicios de expropiaci\u00f3n en los que intervengan dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, se armoniza cabalmente con los art\u00edculos 28 (numeral 10\u00ba) y 29 ibidem, pues permite asignar el asunto, bien a la autoridad judicial del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante, ora al del asiento del ente estatal demandado, en todo caso, a elecci\u00f3n de la reclamante, debido al fuero prevalente que ostenta en virtud de las se\u00f1aladas disposiciones. <\/p>\n
12.- Es preciso acotar, que no es extra\u00f1o encontrar que las controversias sobre expropiaci\u00f3n y servidumbre se dirijan contra \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios u otra entidad p\u00fablica\u00bb, la cual puede o no tener legitimaci\u00f3n para ser llamada al juicio; empero, en tales eventos no resulta procedente auscultar si estos son o no titulares de derechos reales principales del fundo, conforme lo establece el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, para efecto de definir el juez natural que ha de adelantar dicho juicio. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto la Corte carecer\u00eda de competencia en este especifico escenario para calificar la legitimaci\u00f3n de las partes, pues de conformidad con el art\u00edculo 139 de la ley adjetiva, el pronunciamiento en esta sede se circunscribe a dirimir el conflicto suscitado entre las autoridades judiciales involucradas en torno al conocimiento de la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n incoada. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, calificar la habilitaci\u00f3n del demandado para resistir o no las pretensiones en esa clase de asuntos, ni siquiera es posible realizarlo desde el umbral por el juez de conocimiento, pues conforme al canon 90 ejusdem s\u00f3lo podr\u00e1 rechazar la demanda si carece \u00abde jurisdicci\u00f3n o de competencia o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u00bb e inadmitirla por los precisos motivos enlistados en dicho mandato u otra norma especial, sin que entre estos se encuentre la falta de legitimaci\u00f3n de los contendientes, pues dicho aspecto, de encontrarse ausente, s\u00f3lo faculta al juzgador para proferir a posteriori una sentencia anticipada que as\u00ed lo declare. <\/p>\n
13.- Es evidente, entonces, la inconveniencia de las posiciones precedentes, bien la que intercede por el empleo del fuero real contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, al contrariar frontalmente el art\u00edculo 29 ibidem; ora, la que media por juzgar, de entrada, la legitimaci\u00f3n de los sujetos de la controversia, desacorde con el canon 139 de la misma obra. <\/p>\n
14.- Como antes se apunt\u00f3, ante la inexistencia de disposiciones que demarquen una competencia distinta las directrices esbozadas l\u00edneas arriba resultan aplicables a todos los juicios de expropiaci\u00f3n y servidumbre donde est\u00e9n involucradas las entidades a que hace referencia el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que resulte posible excluir de estas las referidas a las servidumbres de hidrocarburos por las razones que enseguida se exponen: <\/p>\n
Ciertamente, la ley 1274 de 2009, por la cual se \u00abestablece el procedimiento de aval\u00fao para las servidumbres petroleras\u00bb, en la cual se involucra, en general, a la industria de hidrocarburos detalla lo concerniente a la negociaci\u00f3n directa, precisando que ante su fracaso sobre el valor de la indemnizaci\u00f3n o falta de aviso formal al propietario, poseedor u ocupante \u00abel interesado presentar\u00e1 ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud del aval\u00fao de los perjuicios que se ocasionar\u00e1n con los trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos\u2026\u00bb (art. 3\u00b0), en la misma l\u00ednea puntualiza en el art\u00edculo 4 que \u00abLa autoridad competente para conocer de las solicitudes de avalu\u00f3 para las servidumbres de hidrocarburos que adelante cualquier persona, natural o jur\u00eddica, nacional o extranjera y las sociedades de econom\u00eda mixta, ser\u00e1 el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre\u00bb <\/p>\n
Incluso, despu\u00e9s de referenciar todo lo concerniente a las exigencias formales de dicho tr\u00e1mite, la contradicci\u00f3n del dictamen que en el mismo se presente determina que \u00abCualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, este deber\u00e1 consignar, como dep\u00f3sito judicial, a la orden del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la suma consignada para la presentaci\u00f3n de la solicitud fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao de los perjuicios se\u00f1alados por el Juez\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que la referida ley no traslada la competencia a los jueces del lugar donde se encuentra ubicado el bien a intervenir para conocer del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre, puesto que lo all\u00ed previsto est\u00e1 limitado es la determinaci\u00f3n del aval\u00fao de perjuicios cuando no se logra acuerdo al respecto en la etapa de negociaci\u00f3n directa. <\/p>\n
A esto se suma que, en todo caso, aun cuando se trata de una ley especial, de conformidad con el art\u00edculo 2 de la ley 153 de 1887 \u00abLa ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicar\u00e1 la ley posterior\u00bb. Siendo entonces que la competencia prevalente determinada en favor de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, para el conocimiento de los juicios en que estas sean parte (entre ellos los de servidumbre y expropiaci\u00f3n) est\u00e1 contenida en la ley 1564 de 2012, la cual a m\u00e1s de tratarse de una norma de procedimiento que tiene aplicaci\u00f3n inmediata es posterior a la memorada ley 1274 de 2009 y, por tanto, deviene de aplicaci\u00f3n preferente. <\/p>\n
El panorama anterior no vari\u00f3 con la expedici\u00f3n del Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ\u00eda (Dec- 1073 de 26 de mayo de 2015), expedido con el objetivo de compilar y racionalizar normas car\u00e1cter reglamentario que rigen el sector minero energ\u00e9tico y \u00abcontar con un instrumento jur\u00eddico \u00fanico para el mismo\u00bb, el cual se ocupa no s\u00f3lo del sector minero energ\u00e9tico, sino tambi\u00e9n del de hidrocarburos, entre estos, lo concerniente a la cadena de distribuci\u00f3n de combustibles l\u00edquidos derivados del petr\u00f3leo. <\/p>\n
Este cuerpo normativo en su secci\u00f3n tercera trata lo concerniente a las expropiaciones y servidumbres, es as\u00ed que en el art\u00edculo 2.2.3.7.3.2. establece que \u00ab[D]e conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo del Proceso, el Juez que conozca del tr\u00e1mite del proceso de expropiaci\u00f3n a que se refiere la Ley 56 de 1981, deber\u00e1 dictar los autos en el t\u00e9rmino diez d y las sentencias en de cuarenta d\u00edas, contados todos desde que expediente pase al despacho para tal fin. Par\u00e1grafo.- El retardo Juez en dictar las providencias lo har\u00e1 incurrir en la falta disciplinaria prevista en literal a) del art\u00edculo 61 del Decreto de 1987, en las normas que lleguen a sustituirlo\u00bb. <\/p>\n
El precepto 2.2.3.7.5.3 se ocupa del tr\u00e1mite de los procesos \u00aba que se refiere este Decreto\u00bb, fijando las directrices de su desarrollo, pero el canon 2.2.3.7.5.5. expresamente determina que \u00ab[C]ualquier vac\u00edo en las disposiciones anteriores se llenar\u00e1 de acuerdo con las normas del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, luego, ante la ausencia de referencia alguna a la asignaci\u00f3n de competencia para la tramitaci\u00f3n de dichos juicios, ser\u00e1n las disposiciones contenidas en la ley adjetiva las llamadas a aplicarse en su definici\u00f3n. <\/p>\n
15.- S\u00edguese de lo expuesto, que estando como est\u00e1n involucradas \u2013en ambos extremos de la litis\u2013 entidades que por su naturaleza imponen la aplicaci\u00f3n del fueron subjetivo, teniendo ambas su domicilio en Bogot\u00e1, muy a pesar de ubicarse el predio objeto de servidumbre en Ubat\u00e9, Cundinamarca, nada obstaba para que el Juzgado Civil Municipal de esta capital asumiera las diligencias y continuara con el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n conforme al curso normal del proceso, m\u00e1xime cuando la demandante prefiri\u00f3 expresamente la aplicaci\u00f3n de la regla de competencia establecida en el numeral 10\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n a dicho estrado, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para asumir el conocimiento del proceso de servidumbre referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que tramite el proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Civil Municipal de Ubat\u00e9, Cundinamarca, y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002https:\/\/www.enel.com.co\/content\/dam\/enelco\/espa%C3%B1ol\/accionistas_e_inversionistas\/distribuci%C3%B3n\/gobierno\/junta-directiva\/estatutos-sociales-codensa.pdf <\/p>\n
4\u0002 www.enel.com.co\/es\/inversionista\/enel-codensa\/estuctura-organizacional.html <\/A><\/p>\n 5\u0002 www.enel.com.co\/es\/inversionista\/enel-codensa\/estructura-organizacional <\/A><\/p>\n 6\u0002 Plan Anticorrupci\u00f3n y Atenci\u00f3n al Ciudadano 2017 https:\/\/www.tgi.com.co\/nosotros\/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica\/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano <\/A><\/p>\n 7\u0002https:\/\/www.tgi.com.co\/web\/index.php\/grupos-de-interes\/informacion-accionistas\/historial-asamblea-general-de-accionistas\/20-de-marzo-de-2018-asamblea-general-ordinaria\/minuto-a-minuto-asamblea-general-ordinaria <\/p>\n