ATC1025-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1025-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00669-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo que se profiri\u00f3 el 12 de mayo de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Andr\u00e9s Felipe L\u00f3pez G\u00f3mez contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 el amparo de sus prerrogativas al debido proceso y \u00abel principio de m\u00e9rito\u00bb, que dice trasgredidos por la autoridad accionada, por lo que solicit\u00f3 que se le ordene que \u00abinaplique el [art\u00edculo] 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017\u00bb; en consecuencia, \u00abtenga en cuenta la calificaci\u00f3n de 97 puntos del a\u00f1o 2019, obtenida como Juez Primero Promiscuo Municipal de Caloto, Cauca\u00bb y, por ende, \u00abemita concepto favorable de traslado para el municipio de villa mar\u00eda caldas\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Andr\u00e9s Felipe L\u00f3pez G\u00f3mez se desempe\u00f1a como Juez S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Popay\u00e1n, desde el 3 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.2. El primero de febrero de 2022, se public\u00f3 en la p\u00e1gina de la Rama Judicial la opci\u00f3n de traslado a los Juzgados Primero o Segundo Promiscuos Municipales de Villamar\u00eda, por lo que L\u00f3pez G\u00f3mez solicit\u00f3 su traslado a alguno de esos despachos judiciales. <\/p>\n
2.3. Mediante oficio CJO22-737 del 28 de febrero de 2022, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura emiti\u00f3 concepto desfavorable al referido traslado, por cuanto el peticionario alleg\u00f3 una calificaci\u00f3n que \u00abno corresponde [al] cargo y despacho del cual solicita el traslado\u00bb, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el interesado, siendo confirmada con Resoluci\u00f3n No. CJR22-0094 del 22 de abril de 2022. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que solicit\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca realizar su calificaci\u00f3n en el cargo de Juez S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Popay\u00e1n, frente a lo cual dicho ente le respondi\u00f3 que \u00abel plazo m\u00e1ximo para la calificaci\u00f3n era el mes de agosto del presente a\u00f1o\u00bb, por lo que debe \u00abesperar 4 meses m\u00e1s para poder tener la calificaci\u00f3n que requier[e] para solicitar traslado como servidor de carrera\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que su \u00abhijo mayor ingres\u00f3 a la Universidad de Caldas y el semestre pasado estuvo virtual, pero desde el presente a\u00f1o se encuentra viviendo en Manizales\u00bb; que \u00e9l, junto con su familia, han \u00abdecidido\u2026 que no [quieren] seguir viviendo en el departamento del Cauca, teniendo en cuenta que es un Departamento que se ha caracterizado como \u201czona roja\u201d\u00bb; y que \u00ablos gastos de sostenimiento de [su] hijo en\u2026 Manizales [lo] han llevado a concluir que lo mejor es estar radicado con [su] familia en esa ciudad, distante tan solo 6 minutos del municipio de Villa Mar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que si bien \u00abel acto administrativo debe ser atacado por medio de las v\u00edas naturales como la acci\u00f3n\u2026 de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, lo que persigue es \u00abevitar un perjuicio irremediable, como en el presente caso, puesto que las medidas cautelares a que hace alusi\u00f3n el CPACA deben ser resueltas en 15 d\u00edas, mientras que la medida cautelar en la acci\u00f3n de tutela debe ser resuelta en el auto admisorio\u00bb, por lo que pretende es \u00abevitar\u2026 que la unidad de carrera judicial se abstenga de publicar la opci\u00f3n de sede en la ciudad de Villamar\u00eda\u00bb, pues \u00abla opci\u00f3n de sede al ser publicada no podr\u00eda ser optada nuevamente por [\u00e9l]\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo constitucional, inicialmente, destac\u00f3 que si bien, \u00aben principio, la acci\u00f3n constitucional resultar\u00eda improcedente, al advertirse que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial\u00bb, estos \u00abno son id\u00f3neos, ante la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u00bb, habida cuenta que \u00abel actor no puede esperar a resolver la controversia\u2026 ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, debido a que la plaza a la cual pretende aspirar a ser trasladado, seguramente, va a ser ocupada de manera inminente, y si ello ocurre, se materializar\u00eda el perjuicio\u00bb. <\/p>\n
Tras precisar lo anterior, concedi\u00f3 el amparo, comoquiera que: <\/p>\n
\u2026 si bien el accionante aport\u00f3 con la solicitud de traslado, la calificaci\u00f3n en firme del a\u00f1o 2020, cuando fung\u00eda como juez Primero Promiscuo Municipal de Caloto [Cauca] y no como Juez 7\u00ba Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Popay\u00e1n [Cauca] -cargo que ostenta en la actualidad y desde el cual hizo la solicitud-; no es menos cierto que, la raz\u00f3n por la cual no alleg\u00f3 la calificaci\u00f3n del 2021, no le es atribuible al demandante. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en dos oportunidades, Andr\u00e9s Felipe L\u00f3pez G\u00f3mez le pidi\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca que agilizara la calificaci\u00f3n del a\u00f1o citado con el fin de satisfacer de buena fe el requisito exigido, sin embargo, sus solicitudes fueron negadas en raz\u00f3n del calendario de ese proceso regulado en el Acuerdo PSAA16-10618, seg\u00fan el cual, la consolidaci\u00f3n de todos los factores que integran la calificaci\u00f3n de servicios de esa anualidad, se har\u00e1 a m\u00e1s tardar el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes de agosto de 2022.. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En ese orden de ideas, el env\u00edo de la evaluaci\u00f3n que hizo ANDR\u00c9S FELIPE L\u00d3PEZ G\u00d3MEZ satisface materialmente el fin constitucional perseguido por la normatividad que regula la figura. Concluir lo contrario implicar\u00eda imponerle al accionante una carga formal que, dada su situaci\u00f3n particular, resultar\u00eda de imposible cumplimiento y, en esa direcci\u00f3n, ser\u00eda violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad con un impacto sensible en el ejercicio de sus garant\u00edas constitucionales al trabajo y al acceso a cargos p\u00fablicos en virtud del principio del m\u00e9rito. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, dej\u00f3 \u00absin efecto las decisiones del 28 de febrero y el 22 de abril de 2022 emitidas por la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb y le orden\u00f3 a la autoridad enjuiciada \u00abemitir concepto sobre la solicitud de traslado efectuada por L\u00f3pez G\u00f3mez, oportunidad en la cual deber\u00e1 tener en cuenta la calificaci\u00f3n de servicios del a\u00f1o 2020, aportada por el mencionado con la petici\u00f3n de traslado\u00bb. <\/p>\n
4. La accionada impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que acaba de rese\u00f1arse, quien defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y, adicionalmente, predic\u00f3 la improcedencia del resguardo, ante la existencia de mecanismos ordinarios de defensa judicial ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que la queja constitucional involucra actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca. <\/p>\n
Ello en la medida en que el actor censur\u00f3 la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, emiti\u00f3 concepto desfavorable al traslado que solicit\u00f3 en su condici\u00f3n de funcionario judicial de la jurisdicci\u00f3n ordinaria (Juez S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Popay\u00e1n), por cuanto no cuenta con la calificaci\u00f3n que debe consolidar el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostenta la condici\u00f3n de funcionario judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer en primera instancia en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 12 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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