ATC1055-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1055-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2017-00345-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la providencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el 1 de julio de 2022. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En sentencia de 2 de agosto de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados por Johan Andr\u00e9s Nieto Justinico. En tal virtud, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar del Ej\u00e9rcito Nacional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que dentro del t\u00e9rmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, practique los ex\u00e1menes de retiro al accionante, convoque a junta m\u00e9dica y preste los servicios m\u00e9dicos que \u00e9stos determinen respecto de las patolog\u00edas adquiridas o derivadas del servicio militar\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el solicitante recalc\u00f3 la inobservancia de las disposiciones contenidas en esa providencia, toda vez que, \u00aba pesar de existir la orden de la pr\u00e1ctica de la valoraci\u00f3n de los ex\u00e1menes de retiro, estos fueron realizados, pero desde 2020, he solicitado la entrega de los resultados y a la fecha entran en evasivas\u00bb. <\/p>\n
3. El tribunal a quo, con auto de 6 de junio de 2022, requiri\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, a cargo del Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, para que informara sobre el cumplimiento de la obligaci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
4. Con decisi\u00f3n de 14 de junio siguiente, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato contra el precitado funcionario y le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas para que se pronunciara sobre el particular y allegara los elementos suasorios que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
5. Con prove\u00eddo de 28 de junio hoga\u00f1o, el tribunal a quo abri\u00f3 a pruebas el incidente de desacato y tuvo como tales las aportadas por el extremo activo. <\/p>\n
6. A trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de 1 de julio de 2022, el precitado \u00f3rgano colegiado sancion\u00f3 por desacato al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, con multa de dos (2) SMMLV y arresto domiciliario de dos (2) d\u00edas. <\/p>\n
7. Remitido el expediente a la Corte para resolver la consulta de dicha determinaci\u00f3n, se procede a su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte, no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis que la Corte debe realizar se ci\u00f1e a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo, entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional y la conducta, calificada como indiferente, negligente o insuficiente, que se reprocha, dado que como lo indicara esta Sala en oportunidad anterior al resolver un asunto de igual naturaleza al que ahora se examina: \u00abel desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb (CSJ ATC de 13 de ene. de 2000, rad. 8150, se subraya, reiterado entre otras, en ATC3599-2016, 9 jun.). <\/p>\n
3. Para establecer si en el asunto el incidentado incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela y a los informes rendidos dentro de esta causa, si los hubiere. <\/p>\n
En el presente caso, el tr\u00e1mite incidental fue abierto en contra del Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, siendo sancionado con multa de dos (2) SMMLV y dos (2) d\u00edas de arresto domiciliario. <\/p>\n
4. Ciertamente, de la verificaci\u00f3n de la orden que origin\u00f3 la actuaci\u00f3n, esto es, la autorizaci\u00f3n y programaci\u00f3n de los ex\u00e1menes de retiro al accionante, para efectos de convocar a la junta m\u00e9dica respectiva, as\u00ed como la prestaci\u00f3n de los dem\u00e1s servicios que aquella determine en punto de \u00ablas patolog\u00edas adquiridas o derivadas del servicio militar\u00bb, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del mandato impartido, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, a la fecha de iniciar el presente asunto, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por el libelista \u2013la cual no fue objeto de contradicci\u00f3n, toda vez que el funcionario requerido guard\u00f3 absoluto silencio en este decurso, pese a haber sido notificado\u2013, y aun cuando se realizaron algunas valoraciones m\u00e9dicas, los resultados no fueron entregados al interesado, de modo que, en esas condiciones, no ha podido continuar con los tr\u00e1mites de rigor, que tambi\u00e9n se garantizaron en el fallo que se revisa. <\/p>\n
En tal virtud, resulta evidente que no se observaron las \u00f3rdenes proferidas en la rese\u00f1ada decisi\u00f3n, en tanto que, como acertadamente coligi\u00f3 el tribunal, \u00abha[n] trascurrido m[\u00e1]s de 4 a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 la orden constitucional sin que a la fecha se haya acreditado la observancia total de la misma, pues, tal y como lo afirma el actor, \u00fanicamente la [autoridad] incidentada practic\u00f3 los ex\u00e1menes de retiro en el a\u00f1o 2020, sin que haya notificado su resultado\u00bb, aunado a que, se itera, a esta foliatura no se alleg\u00f3 ning\u00fan soporte que diera cuenta de, cuando menos, la realizaci\u00f3n de gestiones sobre el particular. <\/p>\n
5. Conforme con ello, comoquiera que la vulneraci\u00f3n deprecada persiste, se confirmar\u00e1 el auto consultado, sin que lo aqu\u00ed decidido exima al querellado de cumplir la totalidad de requerimientos dictados en la sentencia de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta el 1 de julio de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
Previa notificaci\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito a las partes, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida a la oficina judicial de origen, para que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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