ATC1066-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
ATC1066-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02127-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve lo concerniente a los impedimentos manifestados por los Magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para intervenir en la tutela instaurada por Mar\u00eda del Pilar Vargas Malaver contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con el prop\u00f3sito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir litigios, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse las precisas circunstancias que configuren las causales taxativas de recusaci\u00f3n e impedimento. <\/p>\n
En ese orden, esta Corporaci\u00f3n en auto de 8 de abril de 2005, rad. 00142-00, reiterado el 16 de julio de 2021 en ATC1027-2021, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[L]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos m\u00e1s acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador\u00bb. <\/p>\n
Destacando que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) seg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley -en el caso de la acci\u00f3n de tutela, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. En el sub lite los citados Dignatarios expresaron que en ellos concurre la causal de impedimento consagrada en los numerales 4\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por haber conocido de un resguardo anterior, cuyo veredicto (STC3464-2020) fue aprobado en sesi\u00f3n de 13 de mayo de 2020, al que, en su opini\u00f3n, se extiende la queja superlativa. <\/p>\n
3. Confrontada tal providencia con la demanda superlativa de ahora, emerge que \u00e9sta se relaciona directamente con lo resuelto en pasada ocasi\u00f3n por esta Sala, ya que en la sentencia (STC3464-2020) concedi\u00f3 el amparo invocado por Mar\u00eda del Pilar Vargas Malaver, tras estimar, entre otras cosas, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la determinaci\u00f3n del juzgador de segundo grado merece reproche en sede de \u00abtutela\u00bb, ya que los postulados torales que esgrimi\u00f3 para avalar la postura del sentenciador de instancia se muestran distantes de los lineamientos normativos que rigen la materia y de los medios de convicci\u00f3n adosados por los implicados en ese asunto, cuya escueta valoraci\u00f3n no se compadece con la naturaleza correctiva de la acci\u00f3n que se adelant\u00f3 contra Vargas Malaver y la trascendente sanci\u00f3n que le fue impuesta. <\/p>\n
En efecto, lo primero que surge palmario es que al definir el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb incoado por la \u00abdisciplinada\u00bb la Magistratura limit\u00f3 su estudio, de manera exclusiva, a replicar en buena medida las impresiones probatorias propuestas por la instancia inferior, soslayando el ineludible an\u00e1lisis que acorde con las reglas de la sana cr\u00edtica le correspond\u00eda acometer respecto de las evidencias sobre las que se edificaba la defensa de la juez sancionada, para establecer si en efecto \u00ablas afirmaciones de los quejosos\u00bb adolec\u00edan de \u00abrespaldo probatorio\u00bb, si los puntuales eventos a los que se contra\u00edan sus \u00abquejas\u00bb contaban o no con testigos directos, si la conducta de la \u00abdisciplinada\u00bb y los requerimientos efectuados a sus colaboradores se enmarcaban dentro de las modalidades de \u00abacoso laboral\u00bb o si por el contrario obedec\u00edan a alguna de las previstas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1010 de 2006. <\/p>\n
No obstante, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, luego de citar el contenido de los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 734 de 2002, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1010 de 2006, as\u00ed como algunos apartes del canon 7\u00ba de esa normativa, fulmin\u00f3 la censura, acudiendo, -seg\u00fan dijo-, a \u00ablas declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por otros empleados y ex empleados del Juzgado y m\u00e1s de los hechos expuestos por el doctor Jairo Enrique Vera Castellanos, en calidad de Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Quind\u00edo\u00bb, a los que les atribuy\u00f3 la calidad de \u00abtestigos directos de los hechos\u00bb, -pese a que la mayor\u00eda de esas personas reconocieron no serlo-, sin explicar cu\u00e1les eran las razones que \u00abfortalec[ieron] la credibilidad de los testigos de cargo en este proceso\u00bb, menos aun las que desvirtuaban el m\u00e9rito probatorio de los declarantes que contrariaban el dicho de los \u00abquejosos\u00bb, sin que para este \u00faltimo efecto baste la inopinada tesis de la \u00absolidaridad de equipo\u00bb que les enrostr\u00f3 el a quo y que revalid\u00f3 el Superior. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n con tan exiguos raciocinios, -se insiste-, le correspond\u00eda al ad quem dilucidar si ciertamente se presentaba \u00abfalta de respaldo probatorio de los supuestos hechos constitutivos de acoso laboral contenidos en el fallo de primera instancia\u00bb o si se \u00abdesestima[ron] pruebas favorables a la investigada injustificadamente\u00bb, si se cumpl\u00edan los presupuestos de \u00abtipicidad\u00bb, \u00abantijuricidad\u00bb y \u00abculpabilidad\u00bb a partir de los hechos endilgados, pues as\u00ed se lo exig\u00eda el escrito de impugnaci\u00f3n (fls. 572 a 582 Tomo III Exp. 2016 00282 00). (\u2026). <\/p>\n
Y aunque el yerro anterior es ilustrativo de la transgresi\u00f3n en la que incurri\u00f3 la autoridad querellada, como ya se anticip\u00f3, en la confutada resoluci\u00f3n tambi\u00e9n se avizoran defectos de \u00edndole material y sustantivo, producto de un incompleto cotejo de las probanzas regularmente acopiadas al decurso sancionatorio y una fragmentaria ex\u00e9gesis de los postulados que lo rigen, especialmente, los c\u00e1nones 2\u00ba, 7\u00ba y 8\u00ba de la Ley 1010 de 2006, que no solo delimitan las pr\u00e1cticas constitutivas de \u00abacoso laboral\u00bb, sino que realzan la imperiosa labor de persuasi\u00f3n que debe desplegarse para refrendarlo. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es innegable que, por muy intachable solvencia moral que pudieran tener Jorge Mario Londo\u00f1o Devia y Jos\u00e9 Alejandro L\u00f3pez C\u00e1rdenas, la medida correctiva que instaron en sus escritos de 5 de agosto de 2016 (fls. 1 a 3 C. Anexo III) y 27 de febrero de 2017 (fls. 1 a 3 C. Anexo III) de ninguna manera pod\u00eda salir avante a partir de la versi\u00f3n personal de los hechos que all\u00ed esbozaron y tampoco en las aseveraciones que a tono con sus intereses particulares y comunes vertieron en las audiencias de \u00abratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la denuncia disciplinaria\u00bb llevadas a cabo el 30 de marzo de 2017 (fls. 93 a 94 Tomo I) y el 13 de marzo de 2018 (fls. 470 a 478 Tomo III). <\/p>\n
En este punto no debe perderse de vista aquel principio a\u00fan vigente en la materia que descarta la posibilidad de edificar una decisi\u00f3n bajo el cobijo exclusivo de la \u00abverdad\u00bb que una las partes defiende (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, correspond\u00eda a los juzgadores acometer un riguroso examen de los restantes medios de convicci\u00f3n que presentaron los sujetos intervinientes, especialmente de la testimonial acopiada, que deb\u00edan abordar en su integridad, \u00abde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb, exponiendo \u00abrazonadamente\u00bb el m\u00e9rito que le asignaban a cada una de ellas. <\/p>\n
Empero, obviada esa carga por el ad quem (cfr. fls. 110 a 124 C.5), la simple lectura del prove\u00eddo emitido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quind\u00edo (4 may. 2018 \u2013 fls. 514 a 569 Tomo III), patentiza el dis\u00edmil rasero con el que fueron apreciados los \u00abtestigos de cargo y de descargo\u00bb, tomando por ciertas las acusaciones elevadas por L\u00f3pez C\u00e1rdenas y Londo\u00f1o Devia en contra de la procesada, as\u00ed como los aparentes y no denunciados \u00abinconvenientes laborales\u00bb que relat\u00f3 Myriam Mesa Romero (fls. 93 y 95 Tomo I) y el dicho de \u00abtestigos indirectos\u00bb como sin duda lo eran la psic\u00f3loga Gloria Yolima Rivera Arana (\u00eddem), Dorian Stella Fern\u00e1ndez L\u00f3pez, Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo (fls. 133 y 134 Tomo I) y el Magistrado Jairo Enrique Vera Castellanos (fls. 133 y 134 Tomo I y 479 a 482 Tomo III), pero menospreciando la informaci\u00f3n suministrada por las empleadas de esa c\u00e9lula judicial Ana Mar\u00eda Rojas Maya, Ana Beatriz Salazar Alexander, Natalia Cano Rodr\u00edguez (fls. 133 y 134 Tomo I), bajo el entendido que \u00ablo expresado por las damas se\u00f1aladas simplemente constitu\u00eda una solidaridad de cuerpo\u00bb (cfr. fls. 551 a 557 Tomo III), premisa bien discutible para esta Corte, que incluso pod\u00eda predicarse, en rigor, de la totalidad de los declarantes en ese juicio (\u2026) . <\/p>\n
En tal sentido, es claro que dentro de las causales previstas en los art\u00edculos 2 y 7\u00ba de la Ley en comento, no puede enmarcarse la situaci\u00f3n de \u00abcaos laboral\u00bb y la \u00abfalta de organizaci\u00f3n del trabajo\u00bb que imperaban en ese estrado, la \u00abinadecuada comunicaci\u00f3n entre los miembros del equipo\u00bb, la ausencia de \u00abdialogo entre la l\u00edder y dem\u00e1s miembros del equipo de trabajo\u00bb, la percepci\u00f3n que ellos ten\u00edan sobre la \u00abgesti\u00f3n del conflicto y el estilo de direcci\u00f3n\u00bb de su jefe o la existencia de \u00abcondiciones intralaborales\u00bb que pod\u00edan constituir \u00abriesgo psicosocial para los servidores\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la falta de contundencia de las quejas presentadas que aqu\u00ed se alcanza a vislumbrar, sin duda era un aspecto que ameritaba un mayor despliegue argumentativo por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sede de alzada, m\u00e1s a\u00fan cuando estaba de por medio el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia de la inculpada, que, sabido es, est\u00e1 llamado a prevalecer si la evidencia aportada por los demandantes no es suficiente para desvirtuarlo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n fue infirmada en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (STL4229-2020, 1\u00ba jul.), para negar el socorro suplicado, al encontrar razonable la directriz combatida. <\/p>\n
Ahora bien, en la salvaguarda actual, la promotora pretende, \u00abse deje sin efectos el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, del 1\u00ba de julio de 2020, por contener los siguientes defectos: sustantivo por insuficiencia de motivaci\u00f3n, f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente judicial, y defecto material o sustantivo al aplicar en indebida forma la normatividad consagrada en la Ley 1010 de 2006, con las consecuentes consecuencias jur\u00eddicas y normativas, y haberse proferido dicha decisi\u00f3n en abierta vulneraci\u00f3n a los principios constitucionales y probatorios y se [le] exonere de todos los cargos endilgados en aplicaci\u00f3n de los principios de INDUBIO PRO DISCIPLINADO, PRESUNCION DE INOCENCIA de conformidad con el precedente judicial\u00bb y, en consecuencia, se le conmine a \u00abdictar una nueva sentencia ajustada a derecho, debidamente motivada de conformidad con la normatividad superior y principios constitucionales de presunci\u00f3n de inocencia e in dubio pro disciplinado, absolvi\u00e9ndome de todos los cargos endilgados\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque en criterio de la gestora, esa resoluci\u00f3n \u00abNo [le] garantiz\u00f3 el derecho a una resoluci\u00f3n motivada, tal como fuera advertido por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil (juez de tutela de primera instancia)\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa tesitura, el argumento basilar en que se funda el auxilio supone una participaci\u00f3n trascendente, activa y previa de los H. Magistrados en ese juicio, de tal forma que haber expedido la STC3464-2020 les impide conocer de futuros ruegos que inmiscuya dicha disposici\u00f3n, por lo que la circunstancia avistada encuadra en la causal 6\u00ba del canon 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Al respecto, conviene memorar que, <\/p>\n
\u00abLa causal prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aqu\u00ed invocada, refiere que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisi\u00f3n se trata o hubiere participado dentro del proceso, caso \u00e9ste \u00faltimo en que ha de entenderse que no es cualquier participaci\u00f3n en el mismo, sino una que haya reca\u00eddo sobre aspectos esenciales del caso debatido, pues lo que se pretende es impedir que quien ha actuado con efectos vinculantes en el respectivo tr\u00e1mite procesal pueda posteriormente participar en su revisi\u00f3n\u00bb (auto de 25 de marzo de 2004, rad. 2004-00006-01, citado el 25 de julio de 2011, rad., 2011-01388-00 y reiterado en ATC1316-2021 y ATC235-2022) -Subraya el despacho-. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se acoger\u00e1n los \u00abimpedimentos\u00bb prenotados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala ACEPTA los impedimentos manifestados por los Magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios para conocer de la presente acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
En consecuencia, comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n a este Despacho para resolver lo pertinente en torno al amparo de la referencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALBAN <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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