ATC1095-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1095-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00242-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 15 de junio de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Angelina Pardo Cifuentes, quien aduce actuar como apoderada de los herederos de Ana Beatriz Parra (q.e.p.d.) contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Guasca y Civil del Circuito de Gachet\u00e1; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Angelina Pardo Cifuentes, quien aduce actuar como apoderada de los herederos de Ana Beatriz Parra (q.e.p.d.), reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia sustitutiva proferida por la se\u00f1ora Jueza del Promiscuo de Guasca (sic) del 04 de mayo de 2022, en cumplimiento de la orden de tutela 202200001\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gloria Amanda y Mario de Jes\u00fas Acosta Quince promovieron una primera acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Guasca, criticando el fallo emitido por esa sede judicial el 22 de octubre de 2021 en el juicio reivindicatorio que ellos impetraron en contra de Ana Beatriz Parra, respecto de la cuota parte del 50% del Lote \u201cLos Geranios\u201d, identificado con folio inmobiliario n\u00b0 50N-20052996, pues, en su sentir, el estrado judicial aplic\u00f3 una norma que no era la pertinente para la soluci\u00f3n del caso, toda vez que el art\u00edculo 949 del C\u00f3digo Civil refiere a la reivindicaci\u00f3n de cuota determinada proindiviso de una cosa singular, cuando los enfrentados son los copropietarios entre s\u00ed, empero, para el caso concreto, lo aplicable era el canon 946 \u00eddem, que regula la reivindicaci\u00f3n de la cosa singular, que puede ser propuesta por cualquier comunero en pro de la comunidad, pues el predio est\u00e1 en posesi\u00f3n de la demandada, quien es una tercera ajena a la comunidad. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del ruego supralegal le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Gachet\u00e1, quien con fallo de 31 de marzo de 2022 accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de amparo; determinaci\u00f3n que, el 1\u00b0 de junio siguiente confirm\u00f3 el Tribunal, tras considerar que el estrado encausado desatendi\u00f3 la jurisprudencia que legitima a cualquiera de los comuneros para actuar en beneficio de la comunidad, situaci\u00f3n que debi\u00f3 ser interpretada al estudiar la demanda inicial, de ah\u00ed que, debi\u00f3 aplicarse el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil pues se pretende repelar la posesi\u00f3n de un tercer ajeno a la copropiedad, adem\u00e1s, porque \u00abla confusi\u00f3n de la jueza accionada fue considerar que al afirmar que el predio pretendido estaba en el \u201cLote A\u201d ello significaba que los demandantes ubicaban f\u00edsicamente su derecho de cuota parte en un 50% del dominio en esa porci\u00f3n del bien y que deb\u00edan entonces acreditar que estaba all\u00ed radicado su dominio, cuando se evidenciaba que la intenci\u00f3n de los hermanos Acosta Quinche era dejar en claro que esos 4000 m2 estaban en posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Ana Beatriz Parra que se pretend\u00edan reivindicar, eran de la copropiedad de los que ellos hac\u00edan parte\u00bb. <\/p>\n
2.3. En cumplimiento de los referidos fallos constitucionales, el 4 de mayo de 2022 el Juzgado Promiscuo Municipal de Guasca dict\u00f3 fallo, accediendo a la acci\u00f3n reivindicatoria pretendida. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de esta nueva solicitud de amparo, la promotora censura, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, \u00abel Juez Civil del Circuito de Gachet\u00e1 -Juez de Tutela-, no tiene competencia judicial para tomar decisiones resolutivas de fondo sobre la demanda de reivindicaci\u00f3n en virtud de que no es un juez de segunda instancia\u2026 por lo que, desbord\u00f3 sus funciones al indicar el sentido del fallo a la se\u00f1ora Juez del Promiscuo de Guasca\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que \u00abel Juez de Tutela de Gacheta incurri\u00f3 en errores procesales al momento de proferir su fallo y de pas\u00f3 oblig\u00f3 a la se\u00f1ora juez del promiscuo de Guasca a acatar y ejecutar una orden antijur\u00eddica\u00bb, toda vez que el fallo de tutela inobserv\u00f3 el fondo del asunto, pues \u00abbas\u00f3 sus fundamentos en interpretaciones, en situaciones inexistentes dentro del proceso de reivindicaci\u00f3n, tales como que los demandantes obraron am\u00e9n del beneficio de toda la comunidad (situaci\u00f3n que nunca se dio en el proceso), que la posesi\u00f3n de los demandantes les fue arrebatada por [su] cliente, cuando ellos mismos (los demandantes), declararon que [su] representada ingres\u00f3 20 a\u00f1os despu\u00e9s de que ellos abandonaran el Lote A los Geranios y la m\u00e1s delicada, es indicar que para su fallo que tuvo en cuenta determinada informaci\u00f3n de un documento p\u00fablico como lo es el Certificado de Tradici\u00f3n y Libertad de los Geranio, que no existe\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que no pod\u00eda interpretarse que se pidi\u00f3 a favor de la comunidad pues \u00abse puede dar cuenta que tres (3) de los 18 titulares no se sienten representados en la demanda de reivindicaci\u00f3n y por el contrario dieron testimonio a favor de [su] cliente\u00bb, por lo que la acci\u00f3n reivindicatoria no pod\u00eda prosperar, comoquiera que, insiste, \u00abno exist\u00eda forma que, la\u2026 acci\u00f3n de tutela contra el fallo del 22 de octubre de 2021 tuviera vocaci\u00f3n de nacer a la vida jur\u00eddica, ya que si a los derechos prevalentes vamos, pues, basta revisar las fechas para dar cuenta que el mentado derecho prevalente est\u00e1 en cabeza de [su] representada, y con el fallo del Juez de Gachet\u00e1 se est\u00e1n violando los derechos fundamentales de [su] representada\u00bb. <\/p>\n
3. El 8 de junio anterior, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n supralegal y, posteriormente, neg\u00f3 el resguardo tras considerar que Angelina Pardo Cifuentes, quien aduce actuar como mandataria de los herederos de Ana Beatriz Parra, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para actuar, toda vez que no aport\u00f3 poder especial para incoar la protecci\u00f3n de prerrogativas a favor de los peticionarios con la presente petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. El anterior fallo fue impugnado por la tutelante, manifestando que \u00ablos poderes fueron enviados de manera oportuna debidamente firmados por la suscrita y remitidos desde [su] mail debidamente acreditado ante el Consejo Superior de la Judicatura, y adjunte tambi\u00e9n imagen de los mismo sin mi firma indicando la claridad sobre porqu\u00e9 se remitieron unos con [su] firma y otros sin la misma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues con el auxilio constitucional se pretende dejar sin efecto la orden de tutela proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Gachet\u00e1, que fue confirmada por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, pues, en sentir de la quejosa, lo all\u00ed ordenado conllev\u00f3 a que el despacho Promiscuo Municipal de Guasca accediera a la acci\u00f3n reivindicatoria, situaci\u00f3n que quebranta las garant\u00edas de primer grado, pues los jueces de tutela desbordaron su competencia, ordenando un sentido del fallo y obrando como juez de segunda instancia, sumado a que, dicha disposici\u00f3n constitucional incurri\u00f3 en errores procesales llevando a ser un orden antijur\u00eddica que deb\u00eda acatar el fallador municipal. <\/p>\n
Visto lo anterior, sin duda, involucra al colegido, por lo que deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo). <\/p>\n
No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cundinamarca en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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