ATC1097-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1097-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00137-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de mayo de 2022, con la cual se concedi\u00f3 el amparo invocado por Jennifer \u00d1a\u00f1ez Cucu\u00f1ame contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, por lo que viene. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que desempe\u00f1\u00f3 el cargo de oficial mayor (en provisionalidad) por seis a\u00f1os en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali1, el cual, -con resoluci\u00f3n 002 del 3 de febrero de 2022- declar\u00f3 vacante otro cargo de oficial mayor en propiedad a partir del 1\u00ba del mismo mes, nombrando en provisionalidad a Marisel Mu\u00f1oz Gonz\u00e1lez2. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que mediante correo electr\u00f3nico del 28 de febrero de 20223, comunic\u00f3 a la autoridad judicial que se encontraba en estado de embarazo. Sin embargo, por medio de e-mail del 3 de marzo ulterior4, le fueron notificadas las resoluciones 006 del 24 de febrero y 008 del 2 de marzo de 2022, con las cuales se le indic\u00f3 que David Santiago Daza hab\u00eda sido nombrado para el cargo que ella ven\u00eda ejerciendo, y se le inform\u00f3 a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca su estado de gravidez, respectivamente. <\/p>\n
2.3. El estrado confutado -con resoluci\u00f3n 011 del 1\u00ba de abril de 2022- nombr\u00f3 como oficial mayor a Jarid Augusto Rojas Hoyos en reemplazo de David Santiago Daza, toda vez que este \u00faltimo declin\u00f3 el nombramiento6. <\/p>\n
2.4. Mediante escrito del 20 de abril siguiente, impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n contra las resoluciones 010 y 011. No obstante, estos fueron despachados desfavorablemente el 28 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la actora se duele de que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali debi\u00f3 haber tomado todas las medidas conducentes para que su cargo fuese el \u00faltimo en proveerse. Y de esa forma acompasar su actuar con el precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional. Agreg\u00f3, en este sentido, que \u00abquien llegaba en propiedad pudo ser nombrado en el cargo equivalente previa comunicaci\u00f3n al Consejo y en estricta atenci\u00f3n a mi condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, la cual no puede ser desconocida y que en manera alguna se entiende garantizada de manera plena con el pago de aportes a la seguridad social en salud, dado que esta ser\u00eda la \u00faltima medida a adoptar, pues seg\u00fan la jurisprudencia prima la primera regla respecto a que mi cargo es el \u00faltimo sobre el cual debe proveerse\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, entre otras, que se ordene dejar sin efecto las Resoluciones 010, 011 y 012 de abril de 2022, proferidas por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali. Y, en su lugar, se acceda a la solicitud de estabilidad laboral reforzada. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que se ordene el reconocimiento y cancelaci\u00f3n de las sumas correspondientes a sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y dem\u00e1s emolumentos dejados de percibir con efectividad a la fecha de terminaci\u00f3n de su nombramiento hasta cuando sea reincorporada al servicio. <\/p>\n
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -con prove\u00eddo del 19 de mayo de 2022- concedi\u00f3 el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00absalta de bulto la violaci\u00f3n del derecho a la estabilidad laboral de la accionante como una de las garant\u00edas para la mujer en estado de gravitez (sic) y su periodo de lactancia (\u2026)\u00bb, puesto que \u00abevidentemente el titular del juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, desconoci\u00f3 de manera arbitraria e injusta la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional de la aqu\u00ed accionante pese a que al momento de efectuar el nombramiento de quien hoy ocupa el cargo de Oficial Mayor y\/o Sustanciador que ella desempe\u00f1aba, ya ten\u00eda pleno conocimiento de su estado de gravidez y adem\u00e1s ten\u00eda en el despacho a su cargo una vacante en provisionalidad para el mismo cargo\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, resalt\u00f3 que no existen razones admisibles para que el Juzgado accionado haya adoptado la decisi\u00f3n de desvincular a la accionante pues, en el sub examine, \u00abno exist\u00eda una pugna entre el derecho de las personas que ganaron el concurso de m\u00e9ritos para ocupar el cargo de Oficial Mayor y\/o Sustanciador, y el derecho a la estabilidad laboral de la accionante, en tanto la vacante de la accionante, no era la \u00faltima existente del cargo a la que los aspirantes pod\u00edan acceder, esto, habida cuenta de que el mismo juzgado cuenta con una vacante adicional en provisionalidad para el cargo de Oficial Mayor y\/o Sustanciador, en la que bien pudo adelantar los tr\u00e1mites de nombramiento del aspirante que opt\u00f3 por tal plaza, atendiendo la especial condici\u00f3n de la accionante\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, esgrimi\u00f3 que el estrado confutado desconoci\u00f3 los m\u00faltiples precedentes que sobre la materia se han emitido, como tambi\u00e9n la Circular PSAC11-43 del 15 de noviembre de 2011, puesto que \u00abel juzgado accionado, quien aunque fue enterado del estado de gravidez de la accionante en el interregno en que se hizo el nombramiento de quien inicialmente opt\u00f3 por ese cargo -24 de febrero de 2.022- y el t\u00e9rmino que ten\u00eda para su posesi\u00f3n -dentro del que finalmente declin\u00f3 de su nombramiento-, en lugar de interrumpir el nombramiento de las dem\u00e1s personas que se hab\u00edan postulado para esa plaza, lo que hizo fue nombrar el segundo en la lista de elegibles, a quien adem\u00e1s posesion\u00f3 en el cargo que ocupaba la hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali7 y Johan Alexander Cardona8. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca que nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contario. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). Tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
2. Ahora bien, trat\u00e1ndose de la regla de competencia establecida en el inciso segundo del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha plasmado posturas diversas en pret\u00e9ritas oportunidades. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, ha entendido esta Sala que la mentada norma estableci\u00f3 un criterio restrictivo, comoquiera que \u00fanicamente se debe aplicar a las acciones superlativas adelantadas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. En este sentido, en prove\u00eddo STC3480-2022 del 23 de marzo de 2022, se resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab4. Por \u00faltimo, trat\u00e1ndose de la nulidad aludida por el impugnante, por falta de competencia, deviene imperioso resaltar que, si bien el inciso segundo del numeral octavo del art\u00edculo primero del Decreto 333 de 2021 se\u00f1ala que \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, no puede realizarse una lectura parcial del referido art\u00edculo, debido a que en el primer inciso es claro al establecer que dicha regla de reparto aplica \u00fanicamente para las acciones de tutela que se dirijan contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, autoridades que no fueron accionadas en este asunto y, por ende, lo alegado carece de fundamento\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, esta autoridad ha colegido que el criterio debe aplicarse de manera extensiva a todos los amparos que impetren los funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sin importar qui\u00e9n o qui\u00e9nes sean las autoridades accionadas. Sobre el particular, en auto ATC420-2022 del 31 de marzo de 2022, se ilustr\u00f3 que: <\/p>\n
Significa, entonces, que como el accionante es un empleado judicial que pertenece a \u00abla jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, la queja de la referencia compete a los Juzgados Administrativos de Pereira\u00bb9. <\/p>\n
En igual sentido, en auto ATC1590-2021 del 20 de octubre de 2021, se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEn efecto las actuaciones administrativas que acusa son las desplegadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira y Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas- La Guajira; entonces, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021, surge la necesidad de aplicar su inciso segundo, numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, para asignar el conocimiento de las tutelas \u00abpresentadas por (\u2026) empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. Lo anterior siguiendo los lineamientos consagrados en los art\u00edculos 306 del CPACA y 15 del CGP, en virtud de que el asunto, hoy no est\u00e1 asignado a otro organismo de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Teniendo en cuenta esas posturas, la Sala advierte la necesidad de examinar el asunto con miras a fijar una \u00fanica entre estas, a fin de establecer si debe primar el criterio restrictivo o el extensivo de cara a la competencia para conocer los asuntos presentados por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En ese orden, esta Corporaci\u00f3n considera necesario mantener la posici\u00f3n adoptada en el auto ATC420-2022, es decir, que toda acci\u00f3n de tutela que impetren los sujetos calificados en el numeral octavo ibidem -funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria- sin importar contra quien se dirija la queja, deber\u00e1 ser conocida por la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como en el caso en concreto la actora fung\u00eda como empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la competencia para conocer del amparo en primera instancia correspond\u00eda al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y no a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de acuerdo con lo reglado por el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. Por lo tanto, lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, ha precisado que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01)\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. Por lo tanto, se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Tribunal Administrativo del Calle del Cauca, por ser el competente para resolver en primera instancia el reclamo implorado. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho primero del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Hecho quinto del escrito de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Hecho segundo del escrito de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Hecho cuarto del escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Hecho trece del escrito de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Hecho diecis\u00e9is del escrito de tutela. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c019Impugnaci\u00f3nJuzgadoAccionado\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-7, archivo \u201c017Impugnaci\u00f3nVinculado\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Ver tambi\u00e9n: ATC1541-2021, 8 oct, rad. n\u00b0 000-2021-01103-01 <\/p>\n
<\/p>\n
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