ATC964-2022<\/p>\n
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ATC964-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00194-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 31 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Mosquera Prieto contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, se incurri\u00f3 en un yerro procesal que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
2. En efecto, revisada la providencia del 18 de mayo anterior, a trav\u00e9s de la cual se dio apertura al presente tr\u00e1mite procesal, se aprecia que el magistrado sustanciador dispuso la vinculaci\u00f3n \u00abde las partes y dem\u00e1s intervinientes al tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n\u00bb, a efectos de que pudieran ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En cumplimiento de tal determinaci\u00f3n, la secretar\u00eda de la corporaci\u00f3n a quo expidi\u00f3 el oficio 00956 dirigido tanto a la titular del despacho convocado como a la gestora, en el que adem\u00e1s de notificar la admisi\u00f3n del amparo y correr traslado por dos d\u00edas para que se pronunciaran sobre los hechos aducidos, inform\u00f3 que se hab\u00eda ordenado \u00abvincular a las partes y dem\u00e1s intervinientes al tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Empero, no obra dentro del expediente digital remitido constancia de que la dependencia administrativa haya extendido comunicaciones a los demandados en el proceso verbal 2019-00096, ni que la funcionaria querellada hubiera acatado la directriz de la colegiatura de primer grado, con lo que se le cercen\u00f3 a los terceros que deb\u00edan ser vinculados por el inter\u00e9s que les asist\u00eda en el resultado de la salvaguarda, la posibilidad de contestar la demanda y oponerse a las pretensiones de la gestora, o inclusive, impugnar un eventual fallo en contra. <\/p>\n
Es de resaltar que el deber del juez de comunicar a los interesados las providencias que profiera, no se agota con la orden de realizar las notificaciones, sino que, como director del proceso, le corresponde permanecer vigilante a que dicha actividad se lleve a cabo y se materialice, pues de esa forma se garantiza la bilateralidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica y especialmente el derecho de contradicci\u00f3n como manifestaci\u00f3n del derecho de defensa. <\/p>\n
3. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
Sobre la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
Ahora, sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, de vieja data precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
En un caso de connotaciones similares al que ahora nos ocupa, esta Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En las condiciones rese\u00f1adas, no era posible emitir el fallo que definiera el asunto, dado que no se garantiz\u00f3 el derecho al debido proceso de las referidas personas, que sin duda, son titulares de un inter\u00e9s leg\u00edtimo para intervenir en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Impone lo anterior, declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto que admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, a fin de que en la primera instancia se efect\u00fae las notificaciones omitidas, dej\u00e1ndose constancia de las gestiones que con ese prop\u00f3sito se realicen\u00bb. CSJ ATC1712-2016, 30 mar. 2016, rad. 00001-01). <\/p>\n
4. Atendiendo los precedentes anotados, por cuanto en el presente caso se omiti\u00f3 comunicar en debida forma el inicio del tr\u00e1mite a las partes e intervinientes reconocidos en el proceso que origin\u00f3 la queja, pese a que pod\u00edan resultar afectados con la determinaci\u00f3n que se llegare a adoptar, se incurri\u00f3 en un yerro que imped\u00eda continuar el diligenciamiento y proferir el fallo. <\/p>\n
Advertida esa circunstancia, lo que se impone es declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n de tutela, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de las personas (naturales y jur\u00eddicas) indicadas en el p\u00e1rrafo precedente, toda vez que se les impidi\u00f3 intervenir para ejercer su leg\u00edtimo derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anterior, se devolver\u00e1 el expediente a la sala a quo, para que rehaga la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 31 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar que por secretar\u00eda se devuelva el expediente a la colegiatura de origen para que rehaga la actuaci\u00f3n, conforme qued\u00f3 dicho en precedencia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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