ATC984-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC984-20221 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00114-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda proveer sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Ramos frente a la sentencia del pasado 1\u00b0 de junio, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por ella, en representaci\u00f3n de su menor hija Sof\u00eda Duarte Ramos, contra los Juzgados Tercero de Familia de la misma ciudad y Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed (Valle del Cauca) y, la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional (CASUR), si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo constitucional incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de amparo por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del decreto 306 de 19922. <\/p>\n
Ello, porque no vislumbra la Corte que se enterara apropiadamente del inicio del presente tr\u00e1mite supralegal a i) Rodolfo Duarte y a Luisa Ram\u00edrez y Cristian Duarte Ram\u00edrez; el primero, en su condici\u00f3n de demandado dentro de los litigios de alimentos materia de censuras (el conocido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira y el dirimido por el estrado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, Valle del Cauca); y, los \u00faltimos, en su calidad de demandantes dentro del pleito rituado ante el despacho vallecaucano, a lo que se a\u00f1ade que Cristian, ahora es mayor de edad3. <\/p>\n
Y ii) de igual manera, tampoco refulge que se hubiera surtido notificaci\u00f3n alguna respecto al Juzgado Promiscuo de Familia de Leticia, ni a Juliana Castro, conocedor y reclamante (en su orden) dentro del proceso alimentario adelantado contra el mentado se\u00f1or Rodolfo Duarte y en favor de otra hija de este. Pleito que -al igual que el de Jamund\u00ed- se hace extensivo al debate tutelar del ep\u00edgrafe, en tanto que en un tiempo fueron acumulados al litigio que conoce el despacho judicial de Pereira. <\/p>\n
2.1. Es que si bien el tribunal a-quo dispuso enterar a los se\u00f1ores Rodolfo Duarte y Luisa Ram\u00edrez mediante aviso en \u00abp\u00e1gina web\u00bb, lo cierto es que tal corporaci\u00f3n, a diferencia de lo sentado en las constancias secretariales, pod\u00eda haber tratado de hacer efectiva la notificaci\u00f3n de las personas en cuesti\u00f3n a las direcciones f\u00edsicas obrantes en los correspondientes juicios de alimentos. <\/p>\n
Se advierte que el involucramiento conminado debe efectuarse de manera directa, sin que sea v\u00e1lido a trav\u00e9s de apoderado judicial o agente oficioso, pues cuando resulte realmente imposible emprenderlo, como \u00faltimo remedio incluso existir\u00eda el llamado edictal, en los t\u00e9rminos que han sido expuestos, con reiteraci\u00f3n, por la Sala. <\/p>\n
2.2. Entretanto, el art\u00edculo 16 del decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, en procura de que puedan defenderse y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal…. Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces… <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador… (CC A-018\/05). <\/p>\n
2.3. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse el enteramiento aqu\u00ed echado de menos, toda vez que al omitirlo se trunc\u00f3 la posibilidad de que los llamados a intervenir concurrieran en este particular escenario, pregonaran sus argumentos y, de ser el caso, aportaran las pruebas que quisieran hacer valer. <\/p>\n
3. Por otro lado, y en atenci\u00f3n a las facultades oficiosas preconizadas en el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 7\u00b0 del decreto 2591 de 19914, se dispondr\u00e1 como medida provisional en favor de la menor Sof\u00eda Duarte Ramos, ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional (CASUR) que, en un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de su enteramiento de la presente decisi\u00f3n, proceda a cumplir con lo resuelto por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed en auto de 24 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
Lo atr\u00e1s enunciado, pues pese a que el referido despacho judicial notific\u00f3 aquella providencia a la descrita entidad pagadora de la polic\u00eda -con oficio virtual- desde el 10 de junio postrero, lo cierto es que no se vislumbra que esta haya acatado la orden de reducci\u00f3n de embargos, ah\u00ed establecida sobre la base de que \u00abel despacho por error involuntario comunic\u00f3\u00bb, en oficio de julio de 2021, \u00abque el porcentaje a descontar es el 30% de la asignaci\u00f3n mensual y mesadas adicionales, siendo lo correcto oficiarlos para que procedan a descontar (\u2026) lo concerniente al 16.66%\u00bb5. <\/p>\n
Disposici\u00f3n esta que, sin duda, requiere pronto obedecimiento por parte de CASUR, m\u00e1xime si de ello depende que la ni\u00f1a Sof\u00eda pueda seguir recibiendo lo correspondiente a su cuota alimentaria dentro del juicio adelantado en representaci\u00f3n por su madre y, por consiguiente, se salvaguarde su m\u00ednimo vital e inter\u00e9s superior. <\/p>\n
No por nada, como lo ha doctrinado esta Sala de la Corte, <\/p>\n
el constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (art\u00edculos 44 y 45, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia), autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores [(CSJ STC 4 oct. 2007, rad. 00091-01)]. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor\u2026 <\/p>\n
Consecuentemente, la ley 1098 de 2006, por medio de la cual se promulg\u00f3 el C\u00f3digo de la infancia y la Adolescencia, desarrolla el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, entendi\u00e9ndolo en su art\u00edculo 8 como \u00abel imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u2026\u00bb; y el precepto 9 de dicha norma preconiza la prevalencia de las garant\u00edas e intereses fundamentales de \u00e9stos, \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza\u2026\u00bb (Se destac\u00f3. CSJ STC4307, 8 jul. 2020, rad. 00161-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se devolver\u00e1 el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. Y, en paralelo, se estipular\u00e1 la medida provisional arriba anunciada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Rodolfo Duarte, Luisa Ram\u00edrez, Cristian Duarte Ram\u00edrez, el Juzgado Promiscuo de Familia de Leticia y Juliana Castro, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se dispone regresar las diligencias a la colegiatura de origen para que renueve el decurso y vigile el acatamiento de la medida provisional a imponer. <\/p>\n
3. No obstante la declaratoria de anulaci\u00f3n en comento, ordenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional (CASUR) que, en un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de su enteramiento, proceda a cumplir con lo dispuesto por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed en auto de 24 de mayo de los corrientes, en los t\u00e9rminos expresados en el numeral \u00ab3.\u00bb de la parte motiva de este prove\u00eddo. Este mandato se hace como medida provisional oficiosa en favor de la menor aqu\u00ed implicada. <\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Como anotaci\u00f3n preliminar, de este auto se conservan dos versiones, para protecci\u00f3n de los derechos de la menor involucrada; una, \u00abcon la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb y la presente, \u00abreemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n\u00bb. Subrayas ajenas. Acuerdo de Sala 034, 16 dic. 2020. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan el registro civil aportado con la demanda iniciadora del litigio de alimentos bajo conocimiento del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, Cristian Duarte Ram\u00edrez naci\u00f3 el 15 de abril de 2003, por lo que actualmente tiene 19 a\u00f1os. <\/p>\n
4\u0002 Norma que en lo importante precept\u00faa: (\u2026) El juez tambi\u00e9n podr\u00e1, de oficio o a petici\u00f3n de parte, dictar cualquier medida de conservaci\u00f3n o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros da\u00f1os como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
5\u0002 Seg\u00fan las consideraciones del auto de 24 de mayo. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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ATC984-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC984-20221 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00114-01 Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). 1. Corresponder\u00eda proveer sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Ramos frente a la sentencia del pasado 1\u00b0 de junio, emitida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}