ATC985-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC985-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2022-10021-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 19 de mayo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosario Elvira Villamizar S\u00e1nchez contra el Consejo Seccional de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de Bol\u00edvar, y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales a la estabilidad laboral reforzada como \u00abpre-pensionada\u00bb, al m\u00ednimo vital, a la seguridad social en salud, a la \u00abpensi\u00f3n\u00bb, a la vida digna y de petici\u00f3n, que aduce vulneradas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, [su] reubicaci\u00f3n en un cargo igual o semejante al que ocupa para cumplir el requisito de la ley de las 1.300 semanas de que trata el art\u00edculo 11 de la Ley 100 de 1993, las cuales ser\u00e1n alcanzadas el 22 de diciembre de 2022, siempre y cuando mi vinculaci\u00f3n laboral con la administraci\u00f3n no se vea afectada mi soluci\u00f3n de continuidad\u00bb, de otro lado \u00abse ordene al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, posponer el nombramiento de la abogada Kelly Johana Pardo Polo en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador Nominado en Propiedad, hasta tanto se resuelva sobre [su] continuidad laboral\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de dicho pedimento, adujo la actora que: <\/p>\n
2.1. Se desempe\u00f1a como oficial mayor en el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena y el 26 de mayo de 2021 inform\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n de Justicia, ambos de Bol\u00edvar, su calidad de pre-pensionada, porque seg\u00fan certificaci\u00f3n de Colpensiones tiene 1.220.86 semanas cotizadas, es decir le faltan menos de tres (3) a\u00f1os de cotizaciones para completar el requisito pensional, y cumplir\u00eda los 55 a\u00f1os de edad el 26 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.2. La abogada Kelly Jhoana Pardo est\u00e1 en primer lugar en la lista de elegibles del concurso de m\u00e9ritos para el cargo de oficial mayor o sustanciadora, y aspir\u00f3 a ese cargo en el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, con lo cual dejar\u00eda a la accionante sin trabajo. <\/p>\n
2.3. Mediante Resoluci\u00f3n 02 del 1\u00ba de marzo de 2022 el precitado estrado ampar\u00f3 su derecho como pre-pensionada hasta el 22 de diciembre de 2022, cuando cumplir\u00eda las 1.300 semanas de cotizaci\u00f3n al sistema de seguridad social en pensiones, no obstante, la aspirante al cargo pidi\u00f3 reponer esa decisi\u00f3n alegando mejor derecho por su estado de embarazo. <\/p>\n
2.4. Con Resoluci\u00f3n 004 de 6 de abril de 2022 la sede judicial repuso la anterior determinaci\u00f3n y en su lugar nombr\u00f3 en propiedad a Kelly Johana Pardo Polo en el cargo ocupado por ella. <\/p>\n
2.5. Tiene 55 a\u00f1os de edad y cuenta con 1.269 semanas de las 1.300 necesarias para acceder a la pensi\u00f3n, adem\u00e1s es madre cabeza de hogar y su esposo es un adulto mayor (68 a\u00f1os de edad), no est\u00e1 pensionado, no trabaja y fue diagnosticado con c\u00e1ncer y por ser su beneficiario en salud, podr\u00eda descontinuar su tratamiento en caso de ser ella desafiliada de dicho servicio, adem\u00e1s, dice, tiene una hija de 21 a\u00f1os de edad que adelanta estudios universitarios y se encuentra a su cargo y tiene varias obligaciones financieras por cubrir. <\/p>\n
2.6. Asevera la actora que amerita su protecci\u00f3n por ser un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, dada su calidad de pre-pensionada, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en varios pronunciamientos y el Consejo de Estado en la definici\u00f3n de casos similares al suyo. <\/p>\n
3. El a quo constitucional accedi\u00f3 parcialmente al amparo y dispuso \u00abordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, como administradora de la carrera judicial en el Distrito Judicial de Bol\u00edvar, que dentro del t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, reubique a la se\u00f1ora Rosario Elvira Villamizar S\u00e1nchez en un cargo igual al que ocupaba, o en uno semejante para el cual aquella cumpla con los requisitos de ley, hasta que complete las 1.300 semanas de que trata el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993. La reubicaci\u00f3n se debe efectuar en alguna de las vacantes definitivas de la Seccional Bol\u00edvar que a\u00fan no haya sido ofertada en concurso de m\u00e9ritos ni provista con registro de elegibles vigente\u00bb, <\/p>\n
Adem\u00e1s, decidi\u00f3 \u00abnegar la pretensi\u00f3n relacionada con la suspensi\u00f3n del nombramiento de la abogada Kelly Johana Pardo Polo en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en propiedad de Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
Fund\u00f3 la decisi\u00f3n en que la actora merec\u00eda un trato preferencial, por ser \u00abmujer adulta mayor\u00bb que no cuenta con otro medio para obtener ingresos econ\u00f3micos, tener a su cargo varias obligaciones crediticias con el sector financiero, ser madre y soporte econ\u00f3mico de una joven de 21 a\u00f1os que se encuentra adelantando estudios superiores, y, tener a su c\u00f3nyuge como beneficiario en saludo y con diagn\u00f3stico de \u00abtumor maligno de la pr\u00f3stata\u00bb, de ah\u00ed que la desvinculaci\u00f3n de aquella de su cargo no solo comprometer\u00eda su garant\u00eda al m\u00ednimo vital, sino tambi\u00e9n los derechos fundamentales de sus mencionados familiares. <\/p>\n
4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que acaba de rese\u00f1arse, con fundamento en que no tiene como funci\u00f3n legal o reglamentaria el ubicar a servidores judiciales en cargos de los despachos judiciales correspondientes a la seccional, porque no es empleadora y la figura de nominador recae en los jueces, adem\u00e1s de que la potestad de crear nuevos cargos permanentes o transitorios est\u00e1 en cabeza exclusivamente del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el fundamento jurisprudencial citado por el a quo constitucional no encuadra con las circunstancias del presente asunto, y que, de otro lado, en caso de mantenerse la orden en su contra, no podr\u00eda cumplirla en el t\u00e9rmino otorgado de veinte (20) d\u00edas, porque la generaci\u00f3n de alguna nueva vacante no depende de la entidad, sino de \u00abla din\u00e1mica misma de los movimientos para acceder a la carrera judicial\u00bb y de la voluntad de los nominadores. <\/p>\n
En escrito posterior a\u00f1adi\u00f3 a su inconformidad que seg\u00fan le inform\u00f3 la Coordinadora de Recursos Humanos de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena, \u00absi bien en el reporte de historia laboral de la se\u00f1ora Rosario Elvira Villamizar S\u00e1nchez (\u2026) se refleja un total de 1274 semanas cotizadas, tambi\u00e9n lo es que, de acuerdo al tiempo de servicios, cuenta con m\u00e1s de 1300 semanas y las inconsistencias en la historia laboral, deber\u00e1 ser subsanada ante Colpensiones, allegando los documentos soportes para que esta entidad actualice su base de datos\u00bb; que en el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena fue aceptada una renuncia, aunque para un cargo inferior al que ocupaba la gestora, el cual \u00e9sta habr\u00eda manifestado estar dispuesta a ocupar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En efecto, verificado el plenario, da cuenta que Rosario Elvira Villamizar fungi\u00f3 como empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, seg\u00fan dio cuenta la Resoluci\u00f3n 002 de 1\u00ba de marzo de 2022 de Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena donde se la mantuvo en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciadora Nominada hasta el 22 de diciembre de 2022, y, la Resoluci\u00f3n 04 de 5 de abril del mismo a\u00f1o, con que se repuso la anterior decisi\u00f3n y se nombr\u00f3 en el cargo a Kelly Johanna Pardo Polo, situaci\u00f3n que corroboraron en sus respectivas intervenciones el precitado estrado y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar; de ah\u00ed que, no cabe duda que la promotora, se insiste, es empleada judicial de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Ahora, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejo Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. (subrayas y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que, adem\u00e1s de que, como qued\u00f3 visto, la accionante fue empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la queja constitucional se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cartagena, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura, las dos \u00faltimas de Bol\u00edvar, por cuanto pide se ordene al \u00faltimo la reubique en un cargo igual o semejante al que desempe\u00f1a en provisionalidad en el mencionado estrado y entretanto se ordene a \u00e9ste suspender el nombramiento en propiedad en ese cargo, a que aspira Kelly Johana Pardo Polo, hasta tanto se resuelva sobre la continuidad laboral de la actora, dada la calidad de pre-pensionada que alega tener. <\/p>\n
Del mismo modo, se pudo constatar en el curso de la acci\u00f3n que la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bol\u00edvar, a trav\u00e9s de la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, inform\u00f3 en comunicaci\u00f3n del 16 de junio de 2022 dirigida al Consejo Seccional de la Judicatura del mismo departamento, que la historia laboral de la accionante presenta unas inconsistencias, que de subsanarse, \u00e9sta \u00abtendr\u00eda reflejadas en su historia laboral m\u00e1s de 1.300 semanas cotizadas, superando as\u00ed las semanas m\u00ednimas requeridas para la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, novedad \u00e9sta de indudable injerencia para la decisi\u00f3n que corresponda emitir dentro del asunto y que por tanto vincula a dicha Direcci\u00f3n Seccional al asunto. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que las pretensiones de la gestora involucran a la Unidad de Carrera Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Debido a ello, se concluye que, si bien la solicitud de protecci\u00f3n constitucional vincula a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bol\u00edvar, lo all\u00ed esgrimido se hace extensivo al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, atendiendo la relaci\u00f3n funcional de tales entes. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostent\u00f3 la condici\u00f3n de empleada judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer, en primera instancia, en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja constitucional al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 19 de mayo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC985-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC985-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2022-10021-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}