SC1628-2022 (2021-04719-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC1628-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04719-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur que elevaron Liliana Rosa Cort\u00e9s Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Tom\u00e1s Pons Calatayud. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los se\u00f1ores Cort\u00e9s Rodr\u00edguez y Pons Calatayud pidieron la homologaci\u00f3n del fallo que el 7 de marzo de 2016 profiri\u00f3 la Vig\u00e9sima C\u00e1mara del Tribunal de Primera Instancia del Cant\u00f3n de Ginebra (Confederaci\u00f3n Suiza), en el juicio de divorcio que se suscit\u00f3 entre ambos. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, afirmaron que, tras contraer matrimonio civil el 9 de octubre de 2010, decidieron de mutuo acuerdo promover un \u00abproceso de divorcio por petici\u00f3n conjunta con acuerdo de disoluci\u00f3n aprobado por el Tribunal de Primera Instancia Rep\u00fablica y Cant\u00f3n de Ginebra, tal como se deja entrever en la sentencia proferida por el Tribunal de Primera Instancia \u2013Sala 20\u2013 el d\u00eda 7 de marzo de 2016\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la demanda por auto de 18 de enero de 2022, se orden\u00f3 correr traslado de la solicitud de exequatur a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que se pronunci\u00f3 oportunamente, se\u00f1alando que \u00ab(…) la demanda de exequatur presentada mediante apoderado, por los se\u00f1ores Liliana Rosa Cortes Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Tomas Pons Calatayud, satisface las exigencias formales previstas en los arti\u0301culos 605 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, por lo que se considera procedente despachar favorablemente la pretensio\u0301n reclamada, para que la sentencia de divorcio (…) expedida por la Sala 20 del Tribunal de Primera Instancia de la Repu\u0301blica y Canto\u0301n de Ginebra – Suiza, bajo el radicado C726298\/2015-20, adquiera plena vigencia en Colombia y se inscriba en el registro civil correspondiente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda estatal dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013o \u201ccon fuerza de cosa juzgada\u201d\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido aun con el uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio nacional en el que fueron proferidas2. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que constantemente surgen v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en pa\u00edses diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, distintos estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre ellos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. Es decir, como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. <\/p>\n
En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, conceder efectos de una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia exige la concurrencia de cuatro supuestos adicionales, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
Si bien entre la Confederaci\u00f3n Suiza y la Rep\u00fablica de Colombia no existen acuerdos relacionados con el reconocimiento de sentencias extranjeras, lo cierto es que la legislaci\u00f3n de ese pa\u00eds (que milita en copia en el repositorio digital de esta actuaci\u00f3n) puntualmente los art\u00edculos 25 a 27 de la Ley Federal sobre el Derecho Internacional Privado, prev\u00e9 la posibilidad de reconocer la eficacia de fallos adoptados en el extranjero, a condici\u00f3n de que se observen ciertos requerimientos formales, asimilables a los que prev\u00e9 la legislaci\u00f3n patria, y que previamente se describieron. <\/p>\n
En ese sentido, la exigencia por la que se averigua debe entenderse satisfecha, conclusi\u00f3n que armoniza con el precedente inalterado de la Sala, que sobre esta tem\u00e1tica ha reconocido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[D]e acuerdo con la Ley Federal sobre el derecho internacional privado de 19 de diciembre de 1987, en general, para el reconocimiento de una sentencia extranjera en Suiza es preciso que la decisi\u00f3n se haya pronunciado en el respectivo Estado por una autoridad competente, que ella sea definitiva, o sea, no susceptible de recurso ordinario de modo que \u201cno exist[a] ning\u00fan motivo de rechazo\u201d en los t\u00e9rminos a que alude puntualmente el art\u00edculo 27, precepto que busca descartar contrariedades entre la determinaci\u00f3n extranjera y el ordenamiento jur\u00eddico suizo, todo para poner a salvo el derecho de defensa y precaver, por supuesto, que en otra Naci\u00f3n haya una controversia pendiente sobre el mismo asunto o se hubiere pronunciado una sentencia destinada a dirimirla. <\/p>\n
En concreto, respecto de las decisiones extranjeras adoptadas en los asuntos de divorcio contempla el art\u00edculo 65 que ellas han de haber \u201csido pronunciadas en el Estado del domicilio o de la residencia habitual, o en el Estado nacional de uno de los esposos, o si dichas decisiones son reconocidas en uno de esos estados\u201d, y en el expediente obra expresa manifestaci\u00f3n en torno a que los referidos interesados est\u00e1n domiciliados en la Confederaci\u00f3n Suiza. <\/p>\n
Queda claro, por tanto, que en el sub lite concurre el supuesto materia de an\u00e1lisis, merced a que los indicados preceptos ponen de relieve que \u201cen Suiza se reconocer\u00eda efectos a una sentencia de divorcio proferida por los jueces colombianos, como as\u00ed la Corte lo admiti\u00f3 en otrora en un caso similar . Esto porque salvo que existan \u201cmotivos de denegaci\u00f3n\u201d, trat\u00e1ndose de un divorcio contencioso, en principio, el juez competente para conocer es el del domicilio o lugar de residencia del demandado, y de uno de jurisdicci\u00f3n voluntaria fundado en el mutuo acuerdo de las partes, el del domicilio de uno cualquiera de los c\u00f3nyuges (art\u00edculos 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 27 de la ley 446 de 1998)\u201d (sentencia 068 de 27 de junio de 2003, exp. 0148)\u00bb (CSJ SC, 19 dic. 2008, rad. 2006-01031-00). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00abCon el fin de superar lo anterior y establecer la eventual reciprocidad diplom\u00e1tica, se orden\u00f3 librar comunicaci\u00f3n al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la Confederaci\u00f3n Suiza, existen tratados o convenios vigentes, y en general, sobre reconocimiento rec\u00edproco de efectos jur\u00eddicos a las decisiones de divorcio, emitidas por las autoridades judiciales de ambos pa\u00edses .De acuerdo con la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen \u201c(…) tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Confederaci\u00f3n Suiza que verse[n] sobre el reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos Estados en asuntos matrimoniales\u201d. <\/p>\n
Como suced\u00e1neo, se dispuso verificar la existencia de leyes actuales con car\u00e1cter vinculante acompasadas a los postulados del Derecho Internacional y que no contrar\u00eden las disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento. En ese sentido, existe reciprocidad legislativa entre los dos Estados, como se deduce de las comunicaciones suscritas por la C\u00f3nsul de la Embajada de Colombia en Suiza y de la misma Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 103 a 111), las cuales est\u00e1n soportadas, en el \u201c(…) Acta Federal sobre Derecho Internacional privado (PIL Act) del 18 de diciembre de 1987, cuyo[s] art\u00edculos 25 al 29, 32, 64, 84, 85 y 149 son relevantes en conexi\u00f3n con el reconocimiento y aplicaci\u00f3n de decisiones colombianas relativas al tema de divorcios (…)\u201d\u00bb (CSJ SC4533-2018, 19 oct.). <\/p>\n
Consecuentemente, emerge pr\u00edstina la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
(i) Dado que se trata de un juicio de divorcio, puede colegirse que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que aquella se profiri\u00f3. <\/p>\n
(ii) Lo decidido por los jueces for\u00e1neos tampoco se opone a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico. Por el contrario, la Vig\u00e9sima C\u00e1mara del Tribunal de Primera Instancia del Cant\u00f3n de Ginebra decret\u00f3 el divorcio de los c\u00f3nyuges con base \u00aben una demanda com\u00fan\u00bb, es decir, que la mencionada autoridad resolvi\u00f3 el v\u00ednculo marital al amparo del mutuo acuerdo de los esposos. La norma jur\u00eddica empleada, entonces, lejos de contrariar al orden p\u00fablico patrio, replica la regla de derecho que consagra el art\u00edculo 154-9 del C\u00f3digo Civil colombiano, a cuyo tenor: \u00abSon causales de divorcio: 9) El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb. <\/p>\n
A la misma conclusi\u00f3n ha arribado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, tras examinar asuntos de contornos f\u00e1cticos similares: <\/p>\n
\u00abAlusivo al orden p\u00fablico, otra de las condiciones necesarias para la viabilidad de la homologaci\u00f3n reclamada, cumple decir, de manera especial, que la providencia for\u00e1nea, como qued\u00f3 rese\u00f1ado ata\u00f1e a un divorcio de matrimonio civil de mutuo acuerdo, cuyo an\u00e1lisis conduce a afirmar que no violenta aquellas prerrogativas; contrariamente, el ordenamiento fue acatado \u00edntegramente. En efecto, el mutuo acuerdo (causal que se deriva de la sentencia invocada), es una raz\u00f3n que, igualmente, el sistema patrio la contempla como determinante del divorcio (numeral 9 del art\u00edculo 6 de la ley 25 de 1992); las partes, siendo mayores de edad expresaron su voluntad para desvincularse del matrimonio vigente y, el tr\u00e1mite observado, no vulner\u00f3 derecho alguno de los c\u00f3nyuges\u00bb (CSJ SC1903-2019, 4 jun.). <\/p>\n
(iii) De acuerdo con el certificado emitido por la Secretaria Judicial del Tribunal for\u00e1neo (se\u00f1ora Anne Dominique Ferret Frund), la providencia calendada el 7 de marzo de 2016 cobr\u00f3 ejecutoria el 6 de abril de esa anualidad. Cabe agregar que dicha sentencia fue aportada en copia, con sello de autenticaci\u00f3n y r\u00fabrica de la dependencia pertinente, debidamente apostillada, de conformidad con la Convenci\u00f3n de La Haya de 5 de octubre de 1961. <\/p>\n
Asimismo, esos legajos, producidos originalmente en idioma franc\u00e9s, se tradujeron \u00aben legal forma\u00bb (art\u00edculo 606, inciso 2\u00ba, C\u00f3digo General del Proceso), es decir, observando las pautas del canon 251 del estatuto adjetivo, a cuyo tenor: \u00abPara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Resaltase sobre el particular que se acredit\u00f3 la calidad de traductora oficial de la se\u00f1ora Nelly Figueroa Reales (redactora de los textos en idioma castellano), de acuerdo con las directrices del precepto 4 del Decreto 382 de 1951, modificado por el art\u00edculo 33 de la Ley 962 de 20053, en concordancia con la Resoluci\u00f3n 10547 de 14 de diciembre de 2018, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. <\/p>\n
(iv) Finalmente, el divorcio no es un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos; no se acredit\u00f3 que cursara en el pa\u00eds proceso alguno sobre el mismo punto, y el juicio no revisti\u00f3 car\u00e1cter contencioso, siendo innecesario, por lo mismo, verificar la citaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 606-6 ya citado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como se advierten reunidos los presupuestos jur\u00eddicos para acceder a lo pretendido, se homologar\u00e1 la sentencia de divorcio de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia de 7 de marzo de 2016, proferida por la Vig\u00e9sima C\u00e1mara del Tribunal de Primera Instancia del Cant\u00f3n de Ginebra (Confederaci\u00f3n Suiza), en el juicio de divorcio \u2013por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges\u2013 que se suscit\u00f3 entre Liliana Rosa Cort\u00e9s Rodr\u00edguez y Jos\u00e9 Tom\u00e1s Pons Calatayud. <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR la presente decisi\u00f3n, junto con la providencia homologada, tanto en el respectivo folio del Registro Civil de Matrimonio asentado en este pa\u00eds, como en el de nacimiento de la se\u00f1ora Cort\u00e9s Rodr\u00edguez, de nacionalidad colombiana. La Secretar\u00eda librar\u00e1 las reproducciones y comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 \u00abToda persona que aspire a desempe\u00f1ar el oficio de Traductor e Int\u00e9rprete Oficial deber\u00e1 aprobar los ex\u00e1menes que sobre la materia dispongan las universidades p\u00fablicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobaci\u00f3n del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempe\u00f1arse como traductor e int\u00e9rprete oficial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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