SC1960-2022 (2007-00527-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1960-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-03-001-2007-00527-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el convocante frente a la sentencia de 8 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Efra\u00edn Arturo Botero Salazar contra Jorge Enrique Botero Salazar y los herederos de Azucena Salazar de Botero. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
1.1. El actor pidi\u00f3 declarar que son absolutamente simulados los contratos de compraventa que ajustaron Azucena Salazar de Botero, dici\u00e9ndose vendedora, y Jorge Enrique Botero Salazar, quien fungi\u00f3 como comprador, y que se encuentran instrumentados en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1120 de 29 de abril de 1996; 2550 de 30 de agosto de 1996; 679 de 18 de marzo de 1997 y 1074 de 17 de abril de 1998, otorgadas en la Notar\u00eda Tercera de Medell\u00edn. <\/p>\n
1.2. En subsidio de lo anterior, solicit\u00f3 que las referidas convenciones se declaren absolutamente nulas, \u00abpor objeto y causa il\u00edcita y vicios de forma\u00bb (primeras pretensiones subsidiarias); inexistentes \u00abpor ausencia de objeto y de causa\u00bb (segundas pretensiones subsidiarias); inoponibles al actor, \u00abpor su afectaci\u00f3n como heredero (sic)\u00bb (terceras pretensiones subsidiarias); relativamente nulas \u00abpor vicios del consentimiento\u00bb (cuartas pretensiones subsidiarias); o que sean rescindidas por lesi\u00f3n enorme (quintas pretensiones subsidiarias). <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Los se\u00f1ores Luis Jos\u00e9 Botero Restrepo y Azucena Salazar de Botero contrajeron matrimonio el 17 de marzo de 1946, y fruto de esa uni\u00f3n procrearon cuatro hijos: Luis Jos\u00e9, Carmen Julia, Efra\u00edn Arturo y Jorge Enrique Botero Salazar. <\/p>\n
2.2. Luego del fallecimiento del se\u00f1or Botero Restrepo, hecho acaecido el 9 de junio de 1988, \u00abla se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero qued\u00f3 con un patrimonio muy considerable, representado no solo en los bienes que le fueron adjudicados en la liquidaci\u00f3n de su sociedad conyugal (…), sino tambi\u00e9n de bienes propios que ten\u00eda a nombre suyo, as\u00ed como bienes no sujetos a registro\u00bb, puntualmente \u00abm\u00e1s de 5000 semovientes\u00bb, que no se incluyeron en la sucesi\u00f3n del causante, por acuerdo entre sus herederos. <\/p>\n
2.3. Desde entonces, \u00abcomenz\u00f3 una carrera del se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar por tratar de apoderarse de los bienes de la se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero, y que pasaran del patrimonio de su madre al suyo personal, no solo afectando el patrimonio real de la se\u00f1ora Azucena, sino el de sus herederos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Es as\u00ed como, \u00abbajo el pretexto de una figura para efectos fiscales y tributarios, y con la promesa de devolverle los bienes en el futuro, el se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar embeles\u00f3 (sic) a la se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero para que esta le trasladase algunos bienes de su propiedad, obviamente los m\u00e1s cuantiosos, y con ello lograr (…) apropiarse de los bienes de su se\u00f1ora madre\u00bb. <\/p>\n
2.5. Esgrimiendo \u00abla figura tributaria maliciosamente planteada, el se\u00f1or Jorge Enrique logr\u00f3 que se realizara un acto aparente de traslado de [la nuda propiedad de] una finca rural ubicada en el municipio de Puerto Libertador (C\u00f3rdoba)\u00bb, denominada \u201cLa Floresta Lote B\u201d, con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 141-0016192. Esta compraventa se instrument\u00f3 en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1120 de 29 de abril de 1996. <\/p>\n
2.6. Con el mismo fundamento mendaz, la se\u00f1ora Salazar de Botero transfiri\u00f3 a su hijo Jorge Enrique una cuota equivalente al 25% del apartamento 402, los garajes n.\u00ba 18 y 19 y el dep\u00f3sito n.\u00ba 7 del Conjunto Residencial Piedra Verde de la ciudad de Medell\u00edn, predios con folios de matr\u00edcula n.\u00ba 001-0279848, 001-0279804, 001-0279805 y 001-0279827. Lo anterior, a trav\u00e9s de dos contratos de compraventa, instrumentados en las escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 2550 de 30 de agosto de 1996 y 679 de 18 de marzo de 1997. <\/p>\n
2.7. Por \u00faltimo, \u00abel trofeo y logro m\u00e1ximo con la figura creada por el se\u00f1or Jorge Enrique para pasar los bienes de su madre a su patrimonio personal, fue el traspaso con apariencia de realidad del activo m\u00e1s significativo de la se\u00f1ora Azucena, que era un bien rural ubicado en la fracci\u00f3n del Alto de Las Palmas, en zonas del vecino municipio de Envigado\u00bb, denominado \u201cFinca Bracamonte Lote 1A\u201d, con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 001-683256. Esta heredad fue compravendida a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1074 de 17 de abril de 1998. <\/p>\n
2.8. A pesar de la celebraci\u00f3n de los referidos contratos de compraventa, \u00abpara todas las personas cercanas a la familia, para los trabajadores y vecinos, ten\u00edan muy claro (sic) que dichos inmuebles [se refiere a los que fueron objeto de las negociaciones censuradas] eran de propiedad real de la se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero, quien adem\u00e1s era quien los pose\u00eda y ejerc\u00eda los actos propios del due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.9. Como precio de la nuda propiedad del predio rural \u201cLa Floresta Lote B\u201d, se convino la suma de $8.289.000; por la cuota de los bienes ubicados en el Conjunto Residencial Piedra Verde, se dijo pagar un total de $35.094.500; y por la \u201cFinca Bracamonte Lote 1A\u201d, $487.350.000, valores que \u00abest\u00e1n completamente desequilibrados desde el punto de vista econ\u00f3mico, pues el valor real y comercial de los mismos es superior en ocasiones hasta en cinco veces el valor acordado\u00bb. <\/p>\n
2.10. La intenci\u00f3n de la aparente vendedora \u00abnunca fue la de trasladarle los bienes a su hijo Jorge Enrique, para convertirlo en due\u00f1o de los mismos, sino para efectos de planeaci\u00f3n tributaria. Y si de alguna manera se pensare que lo realmente querido por la se\u00f1ora Azucena era donarle a su hijo, la misma (sic) adolece de vicios de forma y de fondo, por ausencia de todos los requisitos legales, entre ellos el de la insinuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.11. El aparente comprador, adem\u00e1s, \u00abnunca cancel\u00f3 ninguna suma de dinero a su se\u00f1ora madre como contraprestaci\u00f3n de los bienes que dijo haber adquirido a t\u00edtulo de compraventa (…). Es que nunca hubo ni siquiera precio en las mencionadas compraventas, configur\u00e1ndose el t\u00edpico caso de falta de objeto y de prestaciones econ\u00f3micas de la compraventa\u00bb. <\/p>\n
2.12. Por tanto, como \u00abel se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar lo \u00fanico que buscaba era defraudar hacia el futuro a los dem\u00e1s herederos de la se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero (…) dichos actos no producen efectos frente a los herederos de la mencionada se\u00f1ora\u00bb. <\/p>\n
2.13. Tras el fallecimiento de la se\u00f1ora Salazar de Botero, \u00abJorge Enrique Botero Salazar les comunic\u00f3 a sus hermanos que \u00e9l ten\u00eda unos bienes en cabeza suya, pero que realmente eran de su se\u00f1ora madre, por lo que deber\u00edan sentarse a organizar esa situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, con el tiempo modific\u00f3 su versi\u00f3n, para atribuirse la propiedad exclusiva de los inmuebles. <\/p>\n
2.14. Ante una corte del Condado de Miami, Estados Unidos de Am\u00e9rica, Jorge Enrique Botero Salazar inici\u00f3 el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Salazar de Botero, quien pose\u00eda un apartamento ubicado en esa ciudad. En el decurso de ese tr\u00e1mite, neg\u00f3 la existencia de sus hermanos y se present\u00f3 como \u00fanico heredero de la difunta, se\u00f1al adicional de su af\u00e1n de obtener ventajas il\u00edcitas en la distribuci\u00f3n de los bienes relictos de su progenitora. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3.1. La demanda fue admitida por auto de 28 de enero de 2008. Enterado de ese prove\u00eddo, Luis Jos\u00e9 Botero Salazar no propuso ninguna defensa. A su turno, Carmen Julia y Jorge Enrique Botero Salazar se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y formularon la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el curador ad litem de los herederos indeterminados de la se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero manifest\u00f3 que \u00abno hay lugar a la proposici\u00f3n de excepciones, por cuanto no observo ni hallo hechos que la configuren\u00bb. <\/p>\n
3.2. El fallador de primer grado dispuso la vinculaci\u00f3n a este proceso de Bancolombia S.A., dado que en su favor se constituy\u00f3 una hipoteca sobre la \u201cFinca Bracamonte Lote 1A\u201d. La entidad bancaria concurri\u00f3 al proceso, afirmando que los reclamos del actor no le son oponibles, \u00abtoda vez que el derecho real que se constituy\u00f3 en su favor se cre\u00f3 cuando el demandado era titular exclusivo del dominio\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que \u00abBancolombia se ha reunido con el aqu\u00ed demandado, se\u00f1or Jorge Botero, quien ha manifestado su posici\u00f3n positiva al cambio de garant\u00eda en aras de evitar perjuicios al banco y la aceleraci\u00f3n del plazo\u00bb. <\/p>\n
3.3. Mediante fallo de 30 de abril de 2012, el Juzgado Primero Adjunto Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 absolutamente simulados los contratos de compraventa relacionados en la demanda; orden\u00f3 la recomposici\u00f3n del patrimonio de la vendedora, y neg\u00f3 las imponer condenas pecuniarias reclamadas. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, Jorge Enrique Botero Salazar interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal revoc\u00f3 lo decidido por el funcionario a quo y neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones (principales y subsidiarias), con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) De acuerdo con la jurisprudencia, \u00abla simulaci\u00f3n negocial, en esencia comporta un problema de discrepancia entre el prop\u00f3sito real de los contratantes y su exteriorizaci\u00f3n, acontecimiento suscitado b\u00e1sicamente por voluntad de los agentes quienes bajo la apariencia de un pacto, han descartado de antemano la producci\u00f3n de efectos, o la concreci\u00f3n de unos distintos. En otras palabras, es una convenci\u00f3n aparente, ya por no existir o por diferir de la declarada\u00bb. <\/p>\n
(ii) En lo que tiene que ver con la compraventa, debe recordarse que, \u00abpara establecer si el acto demandado fue absolutamente simulado, se debe analizar si hubo una intenci\u00f3n previa, inequ\u00edvoca, concertada, de las partes para encubrir la realidad\u00bb. No obstante, los hechos relatados en la demanda \u00abdenotan, prima facie, que no existe un concierto simulatorio, por lo menos, nada se prueba sobre el particular, siendo ello carga del extremo activo\u00bb. <\/p>\n
(iii) Los testigos que declararon en el juicio \u00abno informan o dan cuenta que (sic) supieran algo de cuestiones de tiempo, modo o lugar de ese acuerdo privado de los contratantes para simular (…). Con la prueba testimonial no se logra revelar que entre los contratantes se hubiera realizado un pacto secreto con el fin de llevar a cabo el acto que se reprocha simulado, lo que tampoco se supera con la prueba documental, que se enfoc\u00f3 m\u00e1s bien a determinar aspectos econ\u00f3micos de los contendientes (…), luego siendo esa la orientaci\u00f3n probatoria, todo desencadena en la no demostraci\u00f3n del requisito necesario para la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n (concierto simulatorio)\u00bb. <\/p>\n
(iv) En el escrito inicial \u00abse relata que una vez liquidada la sucesi\u00f3n del esposo de la se\u00f1ora Azucena Salazar de Botero, \u00e9sta qued\u00f3 con un patrimonio muy considerable, bienes de la sucesi\u00f3n y propios. Que a partir de dicho momento comenz\u00f3 una carrera del se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar, su hijo, por tratar de apoderarse de los bienes de la se\u00f1ora Azucena y que pasaran del patrimonio de ella al suyo personal, no solo afectando el patrimonio de aquella, sino el de los herederos, pues as\u00ed se estar\u00eda defraudando la masa herencial de la citada se\u00f1ora, para el d\u00eda en que esta faltase. Que bajo el pretexto de una figura para efectos fiscales y tributarios y con la promesa de devolverle los bienes en el futuro, el se\u00f1or Jorge Enrique embeles\u00f3 a la se\u00f1ora Azucena para que esta le trasladase algunos bienes de su propiedad, obviamente los m\u00e1s cuantiosos y con ello lograr lo buscado desde la sucesi\u00f3n de su padre, apropiarse de los bienes de su madre y afectar su patrimonio real\u00bb. <\/p>\n
(v) De lo expuesto \u00abclaramente se observa que lo planteado en la demanda es un enga\u00f1o urdido por Jorge Enrique Botero Salazar frente a su madre Azucena Salazar De Botero, que la indujo a celebrar los negocios aludidos. No que la se\u00f1ora Azucena particip\u00f3 en un concilio fraudulento con su hijo Jorge Enrique, para privar a sus otros hijos Efra\u00edn Arturo, Luis Jos\u00e9 y Carmen Julia Botero Salazar, de ciertos bienes de entidad para cuando ella falleciera; de ello prueba no existe\u00bb. <\/p>\n
(vi) Por lo anterior, \u00abla [juez] a quo en su fallo lo concluye: \u201cla intenci\u00f3n de defraudar a los futuros herederos no se encuentra acreditada respecto de la se\u00f1ora Azucena\u2026\u201d. Resalta esta Sala (…) la ausencia de prueba, por ejemplo, sobre la inminencia de muerte de la se\u00f1ora Azucena, para la \u00e9poca en que celebr\u00f3 los negocios de compraventa (…). No se acredit\u00f3 que tuviese una enfermedad terminal y que pronto se dar\u00eda su deceso y era inminente el tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n. De hecho, falleci\u00f3 el 3 de julio de 2005, esto es, luego de ocho a\u00f1os de haberse celebrado los negocios atacados de simulaci\u00f3n. Es decir, para aquellas calendas, las de la realizaci\u00f3n de las negociaciones (a\u00f1os 1996 y 1997), era una mera expectativa para sus hijos poder recibir bienes en la sucesi\u00f3n de la supuesta vendedora simulante (…)\u00bb. <\/p>\n
(vii) En consecuencia, \u00abla orfandad probatoria respecto de la causa simulandi invocada, conllevaba a desatenderse las pretensiones, pues, pese a que el accionante de manera insistente manifest\u00f3 que los contratos objeto de debate son simulados, la acusaci\u00f3n no pasa de ser un reproche meramente enunciativo, al punto de no probarse la presunta situaci\u00f3n que ocultaban los contratantes o por lo menos la vendedora, de querer despojarse de su patrimonio, defraudando la masa herencial para el d\u00eda en que falleciese, en perjuicio de sus citados hijos. Y ya se advirti\u00f3 que, cuando uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto jur\u00eddico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fen\u00f3meno simulatorio, porque esta reserva mental no convierte en irreal el contrato celebrado\u00bb. <\/p>\n
(viii) Aun cuando \u00abla [juez] a quo no encontr\u00f3 acreditada la intenci\u00f3n de defraudar a los futuros herederos por parte de la se\u00f1ora, si dio por demostrada la intenci\u00f3n de acordar estas ventas simuladas para defraudar al erario p\u00fablico (sic), conclusi\u00f3n con la cual no est\u00e1 de acuerdo esta Sala\u00bb, dado que \u00abno hay evidencia en el plenario que permita inferir cual era la situaci\u00f3n de la se\u00f1ora Azucena frente al fisco nacional, que la indujera a celebrar unas ventas ficticias para defraudarlo o para reducir el monto de la carga impositiva, porque esta \u00faltima tampoco est\u00e1 acreditada. No hay informaci\u00f3n que revele cual era el patrimonio de la se\u00f1ora Azucena para la \u00e9poca en que realiz\u00f3 los negocios atacados de simulaci\u00f3n (a\u00f1os 1996 y 1997); se dijo en el escrito introductorio que era muy cuantioso, mas no se especific\u00f3 como estaba conformado. Entonces, \u00bfde qu\u00e9 pruebas surge el acuerdo simulatorio entre los contratantes para defraudar al fisco nacional? se pregunta esta Magistratura, y la respuesta es: de ninguna\u00bb. <\/p>\n
(ix) Al comparar \u00abcada uno de los indicios resaltados por la juzgadora de primera instancia (parentesco, el comprador era el administrador de los bienes de la vendedora, el precio irrisorio, la no entrega de los bienes, la reserva de usufructo, ausencia de soportes contables y el no inter\u00e9s para vender), con el contenido de las pruebas recaudadas, no se puede establecer, que en efecto, sobresalen (sic) razones para llegar a determinar la simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos atacados, en virtud a que (sic) no se logra inferir que la intenci\u00f3n de los contratantes era defraudar al fisco nacional. Siendo as\u00ed las cosas (…), por ausencia de prueba del consilium fraudis queda indemne la intenci\u00f3n de la vendedora, que no es otra que la de transferir el dominio al adquirente, en la medida que al disponer libremente de su patrimonio, opta por llevar a cabo su voluntad, en uso de la autonom\u00eda privada que caracteriza a los propietarios de bienes en el ordenamiento jur\u00eddico nuestro, esto es, transferir el dominio de estos; m\u00e1xime cuando no se logra extraer ninguna circunstancia que d\u00e9 lugar a entender la vulneraci\u00f3n de derechos de terceros (futuros herederos, acreedores y\/o fisco nacional), en tanto que los actos jur\u00eddicos cuestionados no tienen la virtualidad de quebrantar derecho patrimonial alguno. De la prueba recaudada en el plenario no emergen situaciones de hecho, que configuren la existencia de un motivo, para encubrir alg\u00fan prop\u00f3sito defraudatorio o enga\u00f1oso como el que dedujo la a quo\u00bb. <\/p>\n
(x) As\u00ed las cosas, \u00abla ausencia de prueba de la causa simulandi, como uno de los elementos fundamentales para la prosperidad de la pretensi\u00f3n principal del presente asunto, debe inclinar al juzgador por la seriedad y veracidad de las negociaciones. Y es que el concierto de voluntades para simular, componente en las operaciones jur\u00eddicas tachadas de ficticias, requiere que ante el acuerdo de voluntades real, exista un velo de apariencia planeado, en el sentido de que los contratantes conozcan y tengan la plena convicci\u00f3n de que ese pacto, tan solo se trat\u00f3 para ocultar o disfrazar una artima\u00f1a fraudulenta, situaci\u00f3n \u00e9sta que no se visualiza dentro del panorama factico planteado por el accionante, ni dentro del compendio probatorio reunido (…). Es en este orden que puede establecerse la inexistencia de simulaci\u00f3n, por falta de prueba del concierto de voluntades para simular o encubrir la verdadera y real voluntad de los contratantes\u00bb. <\/p>\n
(xi) En refuerzo de la tesis propuesta, \u00abdebe tenerse en cuenta la posici\u00f3n que asumi\u00f3 la se\u00f1ora Carmen Julia Botero Salazar, hija de la se\u00f1ora Azucena, al contestar la demanda, quien, a pesar de poder beneficiarse de un fallo favorable, manifest\u00f3 oponerse a todas las pretensiones. En efecto, si el fallo fuere en tal sentido, recoger\u2000a parte de los bienes enajenados por la se\u00f1ora Azucena, pues llegar\u00edan a la masa herencial de esta \u00faltima y ella, Carmen Julia, en su condici\u00f3n de heredera forzosa participar\u2000a de los mismos, sin embargo, se opone, afirmando adem\u00e1s que escuch\u00f3 de su madre que Jorge Enrique Botero Salazar si pag\u00f3 el precio de las compraventas\u00bb. <\/p>\n
(xii) En lo que ata\u00f1e a \u00ablas pretensiones subsidiarias, ha de decirse lo siguiente: Es palpable que concurren, en cada uno de los negocios de compraventa, los elementos esenciales del contrato de conformidad al art\u00edculo 1849 del C\u00f3digo Civil (cosa y precio), pues en los documentos p\u00fablicos que los contienen se fij\u00f3 el pago de un precio en contraprestaci\u00f3n de la tradici\u00f3n de los inmuebles. Igualmente, est\u00e1n presentes como requisitos (art.1502 del C.C.) la capacidad de los contratantes, en raz\u00f3n a que no se prob\u00f3 lo contrario, en especial en la persona de la vendedora; es l\u00edcito el objeto de los contratos (compraventa de bienes inmuebles que trata los arts. 1849, 1857, 1931, 1868), adem\u00e1s de ser promovidos por una causa l\u00edcita (arts. 1524, 740), dado que no son prohibidos por la ley y no se prob\u00f3 contrariar las buenas costumbres o el orden p\u00fablico, y originados bajo el consentimiento pleno de las partes, porque al no comprobarse otra intenci\u00f3n distinta a la tradici\u00f3n de la propiedad (no se prob\u00f3 la simulaci\u00f3n), se reputan aceptables, existentes y v\u00e1lidas las cuatro negociaciones contenidas en los t\u00edtulos escriturarios atacados de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(xiii) En cuanto a la inoponibilidad de los contratos, quien la invoca en este juicio \u00abes el actor Efra\u00edn Arturo Botero Salazar, un tercero ajeno o persona extra\u00f1a a los contratos de compraventa celebrados entre su madre Azucena Salazar de Botero y su hijo Jorge Enrique Botero Salazar, aduciendo que por afectar sus derechos herenciales en la sucesi\u00f3n de su progenitora no le son oponibles. Carece de raz\u00f3n, por cuanto, en primer lugar, se cumpli\u00f3 el requisito de publicidad de los mismos, pues fueron inscritos en el registro de instrumentos p\u00fablicos, como consta en los certificados de tradici\u00f3n de los inmuebles objeto de las ventas arrimados al proceso. Y, en segundo lugar, tales convenciones no fueron simuladas, como ya se vio; cumplieron los requisitos de existencia y validez y con ellos no se lesion\u00f3 derecho alguno de otras personas\u00bb. <\/p>\n
(xiv) Finalmente, la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme tampoco puede abrirse paso, pues \u00abel t\u00e9rmino de cuatro a\u00f1os, contado desde cuando se celebraron las compraventas, esto es, 29 de abril de 1996, 30 de agosto de 1996, 18 de marzo de 1997 y 17 de abril de 1997, se complet\u00f3 el 29 de abril de 2000, 30 de agosto de 2000, 18 de marzo de 2001 y 17 de abril de 2001, fechas para las cuales no se hab\u00eda presentado la demanda por la vendedora (…) lo que hace evidente la operancia de la caducidad\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la transgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 961, 962 y 1766 del C\u00f3digo Civil y 254 del C\u00f3digo General del Proceso, derivada de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de algunos elementos de prueba, as\u00ed como de yerros de derecho, consistentes en no haber valorado las evidencias en conjunto. Para sustentar esas acusaciones, Efra\u00edn Arturo Botero Salazar expuso: <\/p>\n
(i) El tribunal \u00abdesfigur\u00f3 la demanda para poder inferir, desatinadamente, que la vendedora Azucena Salazar de Botero no particip\u00f3 del concilio simulatorio porque todo fue un enga\u00f1o urdido por su hijo Jorge Enrique. No obstante (…) el libelo demandatorio dice otra cosa muy distinta: concretamente, que la simulaci\u00f3n obedeci\u00f3 a un acuerdo entre los fingidos estipulantes para hacer ver como real un acto inexistente, aunque Jorge Enrique siempre tuvo en mente no cumplir lo realmente convenido y, por ende, valerse de los contratos simulados para pretender apropiarse de los bienes de su progenitora, lo que no fue acordado por ambos contratantes\u00bb. <\/p>\n
(ii) En ese escenario, \u00abno le era dado (…) al juzgador colegir que en la demanda se hab\u00eda afirmado que existi\u00f3 solamente una voluntad unilateral del demandado de enga\u00f1ar a su progenitora Azucena Salazar de Botero, quien no habr\u00eda convenido ese fingimiento, cuando est\u00e1 muy claro en ese libelo que se trat\u00f3 de un acuerdo fingido convenido por ellos para hacer creer que hab\u00edan celebrado unos contratos que en realidad no se ajustaron. En otros t\u00e9rminos: el demandante afirm\u00f3 que la simulaci\u00f3n fue convenida por ambos contratantes, aunque uno de ellos, el pretendido comprador aqu\u00ed demandado, tuviese in pectore, desde un comienzo, el \u00edntimo prop\u00f3sito de defraudar a su progenitora, m\u00f3vil este que por estar en ese momento en su fuero interno resulta irrelevante frente al pacto simulatorio\u00bb. <\/p>\n
(iii) En efecto, \u00abel sentenciador confunde los m\u00f3viles que impulsan a un sujeto a realizar un acto con el concilio simulatorio, raz\u00f3n por la cual parece exigir que para que exista simulaci\u00f3n debe haber coincidencia de m\u00f3viles entre las partes para acordar el fingimiento del contrato y que esta concurrencia de m\u00f3viles equivale al concilio simulatorio. Empero, no advierte que los m\u00f3viles que impulsan a los part\u00edcipes a simular un contrato suelen ser estrictamente subjetivos, personales, \u00edntimos y reservados, de manera que, por permanecer en su fuero interno, son jur\u00eddicamente irrelevantes\u00bb. <\/p>\n
(iv) A ello cabe agregar que, \u00aben trat\u00e1ndose de la simulaci\u00f3n lo que es menester es que exista un acuerdo simulatorio, es decir, la convergencia de voluntades para fingir un contrato que no existe en realidad (simulaci\u00f3n absoluta), de manera que puede, y suele, suceder que los m\u00f3viles internos que les asista a cada uno para tal efecto sean dis\u00edmiles y jur\u00eddicamente balad\u00edes\u00bb. <\/p>\n
(v) Al margen de ese yerro, el tribunal pretiri\u00f3 varias probanzas que daban cuenta del motivo que llev\u00f3 a las partes a ajustar una compraventa ficta. Por v\u00eda de ejemplo, ignor\u00f3 la versi\u00f3n de Jos\u00e9 Mar\u00eda Guti\u00e9rrez, quien \u00abal ser preguntado (…) sobre si era cierto que al haber transferido bienes del patrimonio de do\u00f1a Azucena al de su hijo Jorge Enrique se lograba un importante efecto fiscal (…), respondi\u00f3: \u201c\u2026 todo depende de la manera como se transfieran los bienes, si a t\u00edtulo gratuito o t\u00edtulo oneroso: si hubiera sido a t\u00edtulo gratuito s\u00ed hubiera causado el impuesto de ganancia ocasional, a t\u00edtulo oneroso no se causa el impuesto\u201d\u00bb. <\/p>\n
(vi) Tambi\u00e9n obvi\u00f3 el ad quem la declaraci\u00f3n del demandado Luis Jos\u00e9 Botero Salazar, quien \u00abal ser interrogado (…) sobre si Jorge Enrique Botero Salazar le hab\u00eda informado que la supuesta venta de algunos bienes que le hab\u00eda hecho su se\u00f1ora madre ten\u00eda por objeto una figura de planeaci\u00f3n tributaria, pero que en la oportunidad de la partici\u00f3n le reconocer\u00eda a sus hermanos el derecho sobre los mismos, contest\u00f3: \u201cSi es cierto y esto ocurri\u00f3 en la sala del apartamento de mi madre, edificio Piedra Verde, dos d\u00edas despu\u00e9s de su muerte (…) dos d\u00edas despu\u00e9s de la muerte de mi madre, Jorge mi hermano me inform\u00f3 que hab\u00eda (sic) unos bienes en cabeza de \u00e9l por cuestiones tributarias, mas no me dijo cu\u00e1les, ni tampoco le pregunt\u00e9, porque sinceramente cre\u00eda en la palabra de \u00e9l\u201d\u00bb. <\/p>\n
(vii) De igual manera, pretiri\u00f3 la versi\u00f3n del propio demandante, los testimonios de Carlos Alberto Londo\u00f1o P\u00e9rez, Nora Elena Casta\u00f1eda Naranjo, Hilda de Jes\u00fas Botero de Vallejo y Jos\u00e9 Mar\u00eda Guti\u00e9rrez Rivera, y el indicio grave derivado de la falta de pronunciamiento expreso del convocado acerca del hecho vigesimonoveno de la demanda, que rezaba: \u00abUna vez fallecida su madre Azucena Salazar de Botero, el se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar le (sic) comunica a sus hermanos que \u00e9l ten\u00eda unos bienes en cabeza suya, pero que realmente eran de su se\u00f1ora madre, por lo que deber\u00edan sentarse a organizar dicha situaci\u00f3n, y hacer de manera privada una repartici\u00f3n de dichos bienes\u00bb. <\/p>\n
(viii) Adicionalmente, la colegiatura de segunda instancia \u00abincurri\u00f3 en error de derecho por no haber apreciado en conjunto las pruebas, concretamente la concerniente con los indicios deducidos por el juzgador de primer grado, es decir, \u201cparentesco, el comprador era el administrador de los bienes de la vendedora, el precio irrisorio, la no entrega de los bienes, la reserva de usufructo, ausencia de soportes contables y el no inter\u00e9s para vender\u201d, cuya demostraci\u00f3n no infirm\u00f3\u2000 ni refut\u00f3, pero s\u00ed desde\u00f1\u00f3 aduciendo que cotej\u00e1ndolos con el \u201ccontenido de las pruebas recaudadas, no se puede establecer (…) la intenci\u00f3n de los contratantes era defraudar al fisco nacional\u201d\u00bb. <\/p>\n
(ix) En suma, \u00abes tangible que si el sentenciador de segunda instancia no rebati\u00f3 la existencia de esos indicios que el juzgador a quo hab\u00eda deducido, analiz\u00e1ndolos todos en conjunto y dada su pluralidad, convergencia y gravedad, que tampoco infirm\u00f3, debi\u00f3 parejamente inferir que esa peculiar forma de negociar develada por los indicios no podr\u00eda tener una explicaci\u00f3n distinta a la de buscar una evasi\u00f3n fiscal, habida cuenta que ese s\u00edndrome negocial no s\u00f3lo no es usual sino que, parejamente, debe tener una explicaci\u00f3n razonable que no es otra que la de evadir impuestos. Si est\u00e1 probado que en los contratos se fijaron como precio sumas supremamente inferiores a su valor real (…), el tribunal debi\u00f3 colegir que ese tipo de comportamientos est\u00e1 estrechamente ligado con las tasas impositivas\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando la infracci\u00f3n de los textos legales previamente se\u00f1alados, pero esta vez por la v\u00eda directa, el casacionista adujo: <\/p>\n
(i) Es sabido que \u00abel fin de enga\u00f1ar es inmanente a la simulaci\u00f3n absoluta \u2013como as\u00ed tambi\u00e9n a la relativa\u2013, tanto as\u00ed que, en trat\u00e1ndose de aquella, entre los contratantes media la intenci\u00f3n de concertar un negocio jur\u00eddico que en lo absoluto han buscado deviniendo, entonces, en uno vac\u00edo; por tanto, la figura produce, precisamente, una divergencia pretendida por los contratantes entre lo realmente querido y lo manifestado\u00bb. <\/p>\n
(ii) El tribunal \u00abincurri\u00f3 en un yerro \u201ciuris in iudicando\u201d (…) en cuanto estableci\u00f3, err\u00f3neamente, que para que sea posible declarar la simulaci\u00f3n de un negocio necesariamente debe mediar un concilio fraudulento entre los celebrantes del contrato fingido, so pena de que, en su criterio, no pueda predicarse su ocurrencia. Empero, dicha apreciaci\u00f3n lejos est\u00e1 de ser valedera (…), [pues] para que acaezca la simulaci\u00f3n, como entidad propia, basta con que los intervinientes en la relaci\u00f3n negocial tengan la convicci\u00f3n de que est\u00e1n emprendiendo un acuerdo fingido, habida cuenta que, en \u00faltimas, en lo que han de converger es en que la contrataci\u00f3n s\u00ed es simulada, mas no es menester que entre ellos contingentemente obre una concertada intenci\u00f3n defraudatoria\u00bb. <\/p>\n
(iii) Adicionalmente, \u00abno hace falta para denotar la presencia de la actividad simulatoria, cuando de la absoluta se trata, que se revele que los motivos que condujeron a los contratantes a proceder de ese modo son id\u00e9nticos; y menos a\u00fan se exige que las partes implicadas en la velada negociaci\u00f3n tengan que compartir los mismos designios. Por supuesto que lo que es menester es que compartan juntos la intenci\u00f3n de fingir como cierta una apariencia, esto es, que coincidan en la conciencia de que el acto es ficticio\u00bb. <\/p>\n
(iv) Es pertinente tener en cuenta que \u00ablos motivos o fines que impulsan a los simulantes para concertar sus voluntades se generan estrictamente en el \u00e1mbito intr\u00ednseco de cada uno de ellos, raz\u00f3n por la cual, en veces, devienen inescrutables en tanto pertenecen a la materia interna del esp\u00edritu; los mismos, por dem\u00e1s, pueden no ser revelados ni compartidos, ni entre ellos ni con nadie, es decir, que ese eventual designio arcano puede permanecer inmutable torn\u00e1ndolos en incognoscibles para los dem\u00e1s; pueden dichos prop\u00f3sitos ser distintos para cada uno de ellos, entre otras cosas porque tambi\u00e9n est\u00e1n sujetos a la variabilidad propia del \u00e1nimo humano, el cual puede mutar con la velocidad del pensamiento y\/o del querer, lapso inmensurable que alcanza a suscitarse aun s\u00fabitamente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Precisi\u00f3n preliminar. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 344-2 del C\u00f3digo General del Proceso, la demanda de casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb. A rengl\u00f3n seguido, el mismo precepto advierte a quien denuncia la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, que debe circunscribir su censura \u00aba la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, prop\u00f3sito opuesto al de una acusaci\u00f3n fincada en la segunda causal de casaci\u00f3n, esto es, la violaci\u00f3n indirecta de la normativa sustancial, que versa sobre errores de juzgamiento relacionados con la valoraci\u00f3n de la evidencia. <\/p>\n
En l\u00ednea con esas regulaciones, esta Corporaci\u00f3n ha concluido que resulta inadmisible entremezclar en un mismo cargo reproches por las sendas directa e indirecta, dado que, por v\u00eda general, la l\u00f3gica formal impedir\u00eda que coexistan en un argumento la plena aceptaci\u00f3n de la labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas del tribunal, con un intento por refutar la plataforma f\u00e1ctica que tuvo por probada en su sentencia. <\/p>\n
No obstante, esa regla tiene una puntual excepci\u00f3n, que se presenta cuando los raciocinios en los que se funda el fallo impugnado presentan, de forma complementaria, vicios in iudicando de ambas tipolog\u00edas, eventualidad que describen cabalmente los dos primeros reproches del casacionista. En efecto, mientras en el segundo de ellos se aludi\u00f3 a la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial derivada de un equivocado entendimiento del concepto de acuerdo simulatorio, en el primero se hizo hincapi\u00e9 en las pruebas de la simulaci\u00f3n, que no fueron valoradas por el ad quem justamente como secuela de esa errada conceptualizaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a pesar de haberse apoyado en motivos antag\u00f3nicos, en este caso concreto los dos cargos iniciales del casacionista integran un solo argumento complejo, raz\u00f3n suficiente para analizarlos de manera conjunta, conforme lo autoriza el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n o de prevalencia tiene por prop\u00f3sito develar la verdadera intenci\u00f3n de las partes de un contrato, oculta de manera concertada tras un negocio jur\u00eddico aparente. En ese sentido, debe existir una discordancia entre el contenido del contrato que podr\u00eda percibir un observador externo \u2013razonable e imparcial\u2013, y lo que privadamente hab\u00edan acordado los estipulantes, antinomia que resulta de una voluntad rec\u00edproca y consciente de estos, orientada a distorsionar la naturaleza del contrato, modificar sus caracter\u00edsticas principales, o incluso fingir su existencia. <\/p>\n
Por ese sendero, explic\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u00ab[S]eg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, el verbo transitivo simular denota \u201crepresentar algo, fingiendo o imitando lo que no es\u201d. A diferencia del que oculta de los dem\u00e1s una situaci\u00f3n existente (quien disimula), el simulador pretende provocar en los dem\u00e1s la ilusi\u00f3n contraria: hacer aparecer como cierto, a los ojos de extra\u00f1os, un hecho que es irreal. La simulaci\u00f3n, en la esfera de los contratos, supone que los extremos de un negocio jur\u00eddico bilateral (o plurilateral), concertadamente, hagan una declaraci\u00f3n de voluntad fingida, con el prop\u00f3sito de mostrarla frente a otros como su verdadera intenci\u00f3n. Esa discordancia entre la voluntad y su exteriorizaci\u00f3n implica que, para los contratantes \u2013sabedores de la farsa\u2013 la declaraci\u00f3n (i) no est\u00e1 orientada a producir efectos reales (simulaci\u00f3n absoluta), o (ii) simplemente disfraza un acuerdo subyacente con el ropaje de una tipolog\u00eda o configuraci\u00f3n negocial distinta (simulaci\u00f3n relativa). <\/p>\n
En palabras de la doctrina, \u201c(…) negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece. Entre la forma extr\u00ednseca y la esencia \u00edntima hay un contraste llamativo: el negocio que, aparentemente, es serio y eficaz, es en s\u00ed mentiroso y ficticio, o constituye una m\u00e1scara para ocultar un negocio distinto. Ese negocio, pues, est\u00e1 destinado a provocar una ilusi\u00f3n en el p\u00fablico, que es inducido a creer en su existencia o en su naturaleza tal como aparece declarada, cuando en verdad, o no se realiz\u00f3, o se realiz\u00f3 otro negocio diferente al expresado en el contrato\u201d. <\/p>\n
Similarmente, para esta Corporaci\u00f3n el instituto de la simulaci\u00f3n de contratos \u201c(…) comprende una situaci\u00f3n an\u00f3mala en la que las partes, de consuno, aparentan una declaraci\u00f3n de voluntad indeseada (…). Si hay un contenido negocial escondido tras el velo del que se exhibe al p\u00fablico, la simulaci\u00f3n se dice relativa. Pero si no hay v\u00ednculo contractual de ninguna especie y por lo tanto el \u00fanico acto en realidad celebrado consiste en el convenio de las partes para dar vida a una apariencia que enga\u00f1e p\u00fablicamente demostrando ante terceros la existencia de un negocio que las partes nunca se propusieron ajustar, la simulaci\u00f3n se califica de absoluta. <\/p>\n
En una compraventa, por ejemplo, se da la simulaci\u00f3n absoluta cuando no obstante existir formalmente la escritura p\u00fablica que la expresa, no hay \u00e1nimo de transferir en quien se dice all\u00ed vendedor, ni adquirir en quien aparece comprando, ni ha habido precio. En este tipo de operaciones, detr\u00e1s del acto puramente ostensible y p\u00fablico no existe un contrato espec\u00edfico de contenido positivo. Sin embargo, las partes celebran en secreto un convenio que es el de producir y sostener ante el p\u00fablico un contrato de compraventa enteramente ficticio con el \u00e1nimo de enga\u00f1ar hasta obtener ciertos fines. Las partes convienen pues en producir y sostener una ficci\u00f3n para conservar una situaci\u00f3n jur\u00eddica determinada\u201d (CSJ SC, 19 jun. 2000)\u00bb (CSJ SC3598-2020, 28 sep.). <\/p>\n
3. El concepto de acuerdo simulatorio. <\/p>\n
Previamente se indic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es develar la realidad oculta tras una apariencia negocial voluntariamente creada. Por tanto, para que un contrato pueda considerarse simulado, no basta con que se hayan consignado declaraciones de voluntad que no correspondan a la realidad; tambi\u00e9n se requiere que esa discrepancia entre la voluntad real y la declarada resulte de un pacto subyacente entre los estipulantes. <\/p>\n
Expresado de otro modo, para que un contrato pueda considerarse simulado, todos sus part\u00edcipes deben consentir en su celebraci\u00f3n, a sabiendas de estar creando una simple apariencia jur\u00eddica, orientada a ocultar su verdadera voluntad (o la absoluta ausencia de esa voluntad). A ese particular consenso se le denomina acuerdo simulatorio, y, como es apenas obvio, es un rasgo esencial de la simulaci\u00f3n, pues permite distinguirla de otros escollos del negocio jur\u00eddico en los que tambi\u00e9n se presentan desavenencias entre la voluntad real y la declarada, como algunos vicios del consentimiento, o las reservas mentales unilaterales. <\/p>\n
A modo de ilustraci\u00f3n, pi\u00e9nsese en quien decide enajenar fingidamente alguna propiedad para ocultarla de sus acreedores, ajustando un contrato de compraventa con un tercero, a quien no le revela tal prop\u00f3sito mendaz. Si ese tercero, de buena fe, asume que la negociaci\u00f3n es seria, no podr\u00eda haber simulaci\u00f3n, pues si bien los designios arcanos del vendedor no corresponden a la voluntad que expres\u00f3 en el contrato, esa divergencia no estar\u00eda mediada por un acuerdo simulatorio con el comprador. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, ense\u00f1a el precedente: <\/p>\n
\u00abLa simulaci\u00f3n, am\u00e9n de exigir para su estructuraci\u00f3n una divergencia entre la manifestaci\u00f3n real y la declaraci\u00f3n que se hace p\u00fablica, requiere insoslayablemente del concierto simulatorio entre los part\u00edcipes, esto es, de la colaboraci\u00f3n de las partes contratantes para la creaci\u00f3n del acto aparente (\u2026). <\/p>\n
Esta \u00faltima exigencia no es de dif\u00edcil comprensi\u00f3n si se considera que un contrato no puede ser simult\u00e1neamente simulado para una de las partes y verdadero para la otra, de manera que si uno de los part\u00edcipes oculta al otro que al negociar tiene un prop\u00f3sito diferente del expresado, esto es, si su oculta intenci\u00f3n no trasciende su fuero interno, no existe otra cosa que una reserva mental por parte suya (prop\u00f3sito in mente retenti), insuficiente desde luego para afectar la validez de la convenci\u00f3n, o para endilgar a la misma efectos diferentes de los acordados con el otro contratante que de buena fe se atuvo a la declaraci\u00f3n que se le hizo (\u2026). <\/p>\n
En el punto, ha expresado la Corte c\u00f3mo \u201cno ofrece duda que el proceso simulatorio exige, entonces, la participaci\u00f3n conjunta de los contratantes y que, si as\u00ed no ocurre, se presentar\u00eda otra figura, como la reserva mental, que no tiene ninguna trascendencia sobre la validez y fuerza vinculante del negocio jur\u00eddico celebrado en esas condiciones (\u2026). Poco interesa que la simulaci\u00f3n sea absoluta o relativa, pues en una y otra se requiere del mencionado acuerdo, comoquiera que la creaci\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica aparente, distinta de la real, supone necesariamente un concurso de voluntades para el logro de tal fin. <\/p>\n
De suerte que si no hay acuerdo para simular, no hay simulaci\u00f3n. El deseo de una de las partes, sin el concurso de la otra de emitir una declaraci\u00f3n que no corresponde a la verdad, no pasa de ser, como antes se afirm\u00f3, una simple reserva mental, fen\u00f3meno distinto a la simulaci\u00f3n\u201d (G.J. t. CLXXX, Cas. Civ., sent. de enero 29 de 1985, p\u00e1g. 25)\u00bb (CSJ SC, 16 dic. 2003, rad. 7593; reiterada en CSJ SC SC4829-2021, 2 nov.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Primer segmento del error in iudicando atribuido al tribunal: La confusa conceptualizaci\u00f3n (f\u00e1ctica y jur\u00eddica) del acuerdo simulatorio. <\/p>\n
Para cimentar su fallo desestimatorio, el ad quem adujo que \u00ablo planteado en la demanda es un enga\u00f1o urdido por el demandado Jorge Enrique Botero Salazar frente a su madre Azucena Salazar de Botero, que la indujo a celebrar los negocios aludidos. No que la se\u00f1ora Azucena particip\u00f3 en un concilio fraudulento con su hijo Jorge Enrique, para privar a sus otros hijos (…) de ciertos bienes de entidad para cuando ella falleciera; de ello prueba no existe. Esto es as\u00ed y por eso la a quo en su fallo lo concluye; \u201cla intenci\u00f3n de defraudar a los futuros herederos no se encuentra acreditada respecto de la se\u00f1ora Azucena\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abla orfandad probatoria respecto de la causa simulandi invocada, conllevaba a desatenderse las pretensiones, pues, pese a que el accionante de manera insistente manifest\u00f3 que los contratos objeto de debate son simulados, la acusaci\u00f3n no pasa de ser un reproche meramente enunciativo, al punto de no probarse la presunta situaci\u00f3n que ocultaban los contratantes o por lo menos la vendedora, de querer despojarse de su patrimonio, defraudando la masa herencial para el d\u00eda en que falleciese, en perjuicio de sus citados hijos. Y ya se advirti\u00f3 que, cuando uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto jur\u00eddico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fen\u00f3meno simulatorio, porque esta reserva mental no convierte en irreal el contrato celebrado\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, el ad quem concluy\u00f3: \u00abpor ausencia de prueba del consilium fraudis queda indemne la intenci\u00f3n de la vendedora, que no es otra que la de transferir el dominio al adquirente, en la medida que al disponer libremente de su patrimonio, opta por llevar a cabo su voluntad, en uso de la autonom\u00eda privada que caracteriza a los propietarios de bienes en el ordenamiento jur\u00eddico nuestro, esto es, transferir el dominio de estos; m\u00e1xime cuando no se logra extraer ninguna circunstancia que d\u00e9 lugar a entender la vulneraci\u00f3n de derechos de terceros, en tanto que los actos jur\u00eddicos cuestionados no tienen la virtualidad de quebrantar derecho patrimonial alguno. De la prueba recaudada en el plenario no emergen situaciones de hecho, que configuren la existencia de un motivo, para encubrir alg\u00fan prop\u00f3sito defraudatorio o enga\u00f1oso como el que dedujo la a quo\u00bb. <\/p>\n
A partir de la motivaci\u00f3n trasuntada, puede colegirse que el tribunal desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n principal de declarar simulados los contratos de compraventa que ajustaron Azucena Salazar de Botero y Jorge Enrique Botero Salazar, pretextando que entre ellos no existi\u00f3 un acuerdo simulatorio. No obstante, esa conclusi\u00f3n estuvo precedida por una serie de yerros, algunos conceptuales, otros de interpretaci\u00f3n de la demanda, que lo llevaron a creer que hab\u00eda descartado el consabido acuerdo simulatorio, cuando solamente hab\u00eda rechazado una teorizaci\u00f3n concerniente a la causa simulandi representada en el escrito inicial. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, el ad quem equipar\u00f3, improcedentemente, una condici\u00f3n de existencia de la simulaci\u00f3n (la voluntad coincidente de los contratantes de fingir un contrato, o acuerdo simulatorio), con un indicio de la simulaci\u00f3n (el prop\u00f3sito subjetivo que los estipulantes persegu\u00edan al ajustar el contrato aparente, o causa simulandi). Y as\u00ed, tras tener por no probado el referido indicio, coligi\u00f3 que las compraventas no eran mendaces, sin valorar el copioso caudal demostrativo recaudado. <\/p>\n
Con el fin de desarrollar la compleja mec\u00e1nica de la pifia de juzgamiento en que incurri\u00f3 el tribunal, conviene tener en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
4.1.1. La corporaci\u00f3n ad quem extrajo de los hechos de la demanda dos afirmaciones relevantes, a saber, (i) que Jorge Enrique Botero Salazar, hijo y apoderado general de Azucena Salazar de Botero, convenci\u00f3 a su progenitora para que le transfiriera de forma simulada la nuda propiedad de varios inmuebles, esgrimiendo como justificaci\u00f3n para ello una reducci\u00f3n de sus cargas tributarias; y (ii) que el se\u00f1or Salazar Botero ten\u00eda el designio oculto de aprovechar su condici\u00f3n aparente de nudo propietario para hacerse al dominio pleno de los predios tan pronto falleciera la vendedora-usufructuaria. <\/p>\n
Con ese punto de partida, resalt\u00f3 que las probanzas recaudadas no permit\u00edan sostener que la se\u00f1ora Salazar de Botero hubiera participado del prop\u00f3sito de alterar el reparto equitativo de su masa herencial, para favorecer a uno de sus hijos, y disminuir la leg\u00edtima de los tres restantes. Sin embargo, la Sala advierte que el demandante no sugiri\u00f3 jam\u00e1s que la vendedora hubiera querido defraudar a sus herederos; simplemente sostuvo, para contextualizar su relato, que el comprador anhelaba adquirir una porci\u00f3n del patrimonio de su ascendiente superior a la de sus hermanos, y que us\u00f3 los contratos simulados como instrumento para materializar esa secreta aspiraci\u00f3n. <\/p>\n
Ello equivale a decir que el tribunal termin\u00f3 empleando como uno de sus argumentos principales la falta de comprobaci\u00f3n de una hip\u00f3tesis que el actor nunca aleg\u00f3, yerro que amplific\u00f3 al asumir que la naturaleza unilateral de la finalidad defraudatoria imped\u00eda que se estructurara un acuerdo simulatorio, conclusi\u00f3n que carece de asidero, ya que es perfectamente posible que los contratantes decidan celebrar un contrato simulado movidos por circunstancias distintas, que incluso pueden reservarse para s\u00ed. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el acuerdo simulatorio consiste en haber concertado la celebraci\u00f3n de un negocio mendaz, siendo irrelevantes, en este punto al menos, las razones que llevaron a las partes a exteriorizar ese artificio. Lo verdaderamente determinante es que ambas hayan decidido, de forma libre y consciente, consignar en el contrato una declaraci\u00f3n de voluntad aparente, sin importar que sus motivaciones individuales para el fingimiento sean compartidas o conocidas por su contraparte. <\/p>\n
Para ilustrar esa afirmaci\u00f3n, pi\u00e9nsese en un deudor que afronta una grave crisis econ\u00f3mica, y decide enajenar de forma ficta todos sus bienes a un amigo cercano, a quien explica su plan, sin revelarle su situaci\u00f3n de insolvencia. Si el negocio jur\u00eddico se celebra, siendo sus partes conscientes de crear una situaci\u00f3n jur\u00eddica aparente, incompatible con su verdadero consentimiento, el contrato ser\u00e1 simulado, sin importar que el adquirente de los bienes desconozca los antecedentes que llevaron a su contraparte a ejecutar una transferencia simulada. <\/p>\n
4.1.2. Otra derivaci\u00f3n negativa del razonamiento del tribunal tiene que ver con el uso impreciso de las expresiones reserva mental y consilium fraudis. La primera de ellas tiene protagonismo cuando un contratante realiza una declaraci\u00f3n negocial contraria a su verdadera intenci\u00f3n, mientras su contraparte asume, de buena fe, que est\u00e1 celebrando un pacto veraz3, situaci\u00f3n de la que no se tiene noticia en este juicio, pues ninguno de los litigantes la esgrimi\u00f3 como sustento de sus alegatos, ni las pruebas apuntan en esa direcci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la intenci\u00f3n de defraudar, debe recordarse que se trata de un requerimiento propio de ciertas acciones de reconstituci\u00f3n del patrimonio, como la prevista en el art\u00edculo 2491 del C\u00f3digo Civil, pero no de la acci\u00f3n de prevalencia. Para que se configure el fen\u00f3meno simulatorio, insiste la Corte, no son determinantes las maquinaciones subjetivas que condujeron a los contratantes a exteriorizar una voluntad fingida; por ende, el \u00e9xito de las pretensiones de simulaci\u00f3n no puede depender de la prueba de un m\u00f3vil espec\u00edfico para simular, mucho menos de acreditar que las partes del contrato simulado pretend\u00edan menoscabar derechos o garant\u00edas ajenas. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n distinta es que la prueba de la causa simulandi, es decir, del acaecimiento de circunstancias que pudieron motivar a los implicados a fingir un contrato, puede ser valorada como un indicio muy \u00fatil para establecer la hip\u00f3tesis de la simulaci\u00f3n; pero es menester insistir en que, as\u00ed como aisladamente considerado ese indicio no franquea el paso al petitum de prevalencia, su ausencia tampoco conduce de forma inexorable a la soluci\u00f3n opuesta \u2013como lo sostuviera el ad quem en el fallo recurrido\u2013. <\/p>\n
4.1.3. En s\u00edntesis, tras descartar que la vendedora participara del prop\u00f3sito oculto de su hijo, el tribunal consider\u00f3 que no se hab\u00eda probado cu\u00e1l era el beneficio tributario que aquella buscaba obtener transfiriendo de forma aparente varias de sus propiedades m\u00e1s valiosas. Y creyendo \u2013improcedentemente\u2013 que sin conocer la causa simulandi no pod\u00eda predicarse la existencia de un acuerdo simulatorio, dedujo que los negocios jur\u00eddicos atacados deb\u00edan ser necesariamente serios. <\/p>\n
Corolario de ese errado razonamiento, en la sentencia de segunda instancia se negaron las pretensiones del demandante sin haber examinado realmente las evidencias, esto es, sin descartar o confirmar, a trav\u00e9s de la valoraci\u00f3n racional del conjunto de pruebas recaudadas durante el juicio, la simulaci\u00f3n de los aludidos contratos. En consideraci\u00f3n a lo anterior, la Corte acometer\u00e1 el an\u00e1lisis probatorio que el tribunal obvi\u00f3, con miras a evidenciar la influencia de su inconducente conceptualizaci\u00f3n en lo resolutivo de la providencia impugnada. <\/p>\n
4.2. Segundo segmento del error in iudicando atribuido al tribunal: La pretermisi\u00f3n de los graves y concordantes indicios de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2.1. El esclarecimiento de la simulaci\u00f3n de un contrato exige importantes esfuerzos probatorios, pues implica desentra\u00f1ar un estado mental que las partes de la negociaci\u00f3n resolvieron mantener en su fuero \u00edntimo, y que, en ocasiones, persisten en encubrir. En l\u00ednea con lo anterior, suele reconocerse la importancia de emplear evidencias indirectas de esa voluntad real, como ciertos rasgos o comportamientos de las partes, que no son frecuentes entre quienes ajustan tratos serios. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, las reglas de la experiencia sugieren que es habitual que el vendedor se desprenda de la posesi\u00f3n del bien que enajena; que, por supuesto, quiera o necesite vender y su contraparte comprar; que se reclame por esa transferencia un precio, equivalente al valor de mercado del activo, y que el comprador cuente con recursos suficientes para asumir sus cargas econ\u00f3micas; por tanto, actuar contrariando tales pautas comportamentales puede sugerir el fingimiento de una declaraci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
A dichas evidencias pueden sumarse otras, ya no propias de una conducta negocial at\u00edpica, sino del contexto en que se celebr\u00f3 el contrato, como la cercan\u00eda de las partes (no necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas; la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n; las cl\u00e1usulas contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de retroventa, etc.); la transferencia masiva de activos, y la varias veces referida causa simulandi, que se traduce en la existencia de un motivo para encubrir con un ropaje aparente la aut\u00e9ntica voluntad de los negociantes. <\/p>\n
4.2.2. Con apoyo en las anteriores precisiones, observa la Corte la presencia de varias pruebas indiciarias, que, analizadas en conjunto, sugieren que la negociaci\u00f3n ajustada entre las partes fue absolutamente simulada: <\/p>\n
(i) La vendedora y el comprador ten\u00edan un v\u00ednculo de parentesco, siendo la primera progenitora del segundo, conforme qued\u00f3 demostrado con el registro civil de nacimiento adosado a la demanda4. Adem\u00e1s, exist\u00eda una evidente cercan\u00eda entre ambos, al punto que Jorge Enrique Botero Salazar se desempe\u00f1\u00f3 como administrador general de los negocios de la causante Salazar de Botero durante los \u00faltimos a\u00f1os de vida de esta5. <\/p>\n
(ii) En todos los negocios jur\u00eddicos que ajustaron Azucena Salazar de Botero y su hijo Jorge Enrique, la primera se reserv\u00f3 el usufructo de los inmuebles que dijo transferir, bien sea enajenando la nuda propiedad \u2013como en el caso del predio \u201cLa Floresta Lote B\u201d\u2013, o ya constituyendo el derecho real de usufructo en el mismo acto de enajenaci\u00f3n. Por consiguiente, la vendedora continu\u00f3 habitando en el apartamento ubicado en el Conjunto Residencial Piedra Verde, y benefici\u00e1ndose de la explotaci\u00f3n de las haciendas destinadas a la actividad pecuaria, hasta la fecha de su fallecimiento. <\/p>\n
(iii) A pesar de tratarse de transacciones econ\u00f3micas relevantes, relacionadas con la vivienda personal y dos de los predios m\u00e1s valiosos \u2013y m\u00e1s rentables\u2013 de la se\u00f1ora Salazar de Botero, permanecieron ocultas para todos los miembros de la familia, e incluso para las personas encargadas de la gesti\u00f3n de esas heredades, como el agregado de la \u201cFinca Bracamonte Lote 1A\u201d, Carlos Alberto Londo\u00f1o P\u00e9rez, quien testific\u00f3 que el referido predio \u00abera de do\u00f1a Azucena (…), ellos hab\u00edan partido todo en cinco lotes iguales, igual cada quien ten\u00eda su lote\u00bb y \u00abnunca se supo que ella [la se\u00f1ora Salazar de Botero, se aclara] hubiera vendido nada\u00bb6. <\/p>\n
(iv) El precio que se consign\u00f3 en los contratos reprochados carece por completo de equivalencia con el valor comercial de los inmuebles compravendidos. N\u00f3tese que a) en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1120 de 29 de abril de 1996, se tas\u00f3 la nuda propiedad del predio \u201cLa Floresta Lote B\u201d en $8.289.000; b) en las escrituras p\u00fablicas 2550 de 30 de agosto de 1996 y 679 de 18 de marzo de 1997, se fij\u00f3 como precio de la cuarta parte de los bienes ubicados en el Conjunto Residencial Piedra Verde la suma de $35.094.500, y c) en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1074 de 17 de abril de 1998, relativa a la \u201cFinca Bracamonte Lote 1A\u201d, se pact\u00f3 un precio de venta de $487.350.000. <\/p>\n
Esas mismas heredades fueron avaluadas \u2013sin cr\u00edtica de las partes\u2013 en a) $2.554.560.0007; b) $59.311.1608 y c) $10.024.842.0009, montos que superan los pactados en el 99,68%, 40,83% y 94,13%, respectivamente. <\/p>\n
(v) No puede pasarse por alto que, en forma expresa o impl\u00edcita, Jorge Enrique Botero Salazar sostuvo que los precios pactados en las referidas escrituras de compraventa no correspond\u00edan a la realidad. De un lado, indic\u00f3 en su interrogatorio que, como contraprestaci\u00f3n por la transferencia de \u201cLa Floresta Lote B\u201d, \u00abse pagaron las deudas que ten\u00edamos causadas por mis hermanos a bancos, a bancos m\u00e1s de mil millones, y a terceros. Adem\u00e1s tuve que comprar ganado hembra que no ten\u00edamos porque la situaci\u00f3n en la que nos dejaron era desastrosa\u00bb10. <\/p>\n
Y de otro, al contestar la demanda aport\u00f3 un documento rotulado \u00abcontraestipulaci\u00f3n privada\u00bb, fechado el 29 de mayo de 1998, en el que los se\u00f1ores Salazar de Botero y Botero Salazar reconoc\u00edan que \u00abel precio real de la negociaci\u00f3n es la suma de $3.254.350.000\u00bb, y no los $487.350.000 consignados en la escritura n.\u00ba 1074 de 17 de abril de 1998. <\/p>\n
De ese importe, dijeron, $87.350.000 fueron pagados en efectivo; $400.000.000 lo ser\u00edan en el t\u00e9rmino de seis meses, sin intereses; $1.067.000.000 corresponder\u00edan a un cr\u00e9dito a nombre de V\u00e9lez Sociedad & C\u00eda. S. en C., y a cargo de la vendedora, que dijo haber cubierto el comprador; y los $1.700.000.000 restantes retribuir\u00edan los usufructos de \u00abla Hacienda Chavarri, hoy la Azucena (…) [y] la finca Bracamonte\u00bb, constituidos por Jorge Enrique Botero Salazar a favor de Azucena Salazar de Botero, advirti\u00e9ndose que, \u00abno obstante haberse estipulado en la escritura que el usufructo entregado fue gratuito, realmente la negociaci\u00f3n fue de la manera antes estipulada\u00bb11. <\/p>\n
Sin embargo, ni la aludida declaraci\u00f3n, ni el referido documento, encuentran respaldo en otras probanzas, como ser\u00eda de esperarse trat\u00e1ndose de transacciones de cuant\u00edas muy elevadas. A pesar de que el comprador Botero Salazar dijo haber sufragado empr\u00e9stitos por \u00abm\u00e1s de mil millones\u00bb, y entregado a la vendedora \u2013o a terceros por instrucciones suyas\u2013 otros $1.554.350.000, no existen en el expediente registros bancarios, constancias, o soportes contables que reflejen esos movimientos de dinero. <\/p>\n
De hecho, la existencia misma de los pr\u00e9stamos tampoco se acredit\u00f3 por ning\u00fan medio. En contrav\u00eda, lo que s\u00ed qued\u00f3 probado fue que la se\u00f1ora Salazar de Botero no afront\u00f3 ninguna crisis econ\u00f3mica, ni asumi\u00f3 obligaciones importantes, ni mucho menos incurri\u00f3 en impagos, desdibuj\u00e1ndose as\u00ed la hip\u00f3tesis que expuso el demandado durante su declaraci\u00f3n de parte. <\/p>\n
Antes de ahondar en el punto, agrega la Sala una consideraci\u00f3n adicional para descartar la posibilidad de que se hubieran establecido en secreto (y luego pagado) precios distintos a los que se incorporaron en las escrituras p\u00fablicas: el documento de 29 de mayo de 1998 no desvirt\u00faa una posible simulaci\u00f3n, sino que la reafirma, pues adem\u00e1s de mostrar el habitus de los estipulantes \u2013que parec\u00edan ajustar sin obst\u00e1culos pactos contrarios a la realidad\u2013, all\u00ed se hacen referencias que solo resultan comprensibles en el marco de una negociaci\u00f3n fingida. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la \u00abcontraestipulaci\u00f3n privada\u00bb que firmaron los se\u00f1ores Salazar de Botero y Botero Salazar no menciona ninguna obligaci\u00f3n pendiente. La enajenante ya habr\u00eda recibido los montos que se mencionaron como parte del \u00abprecio real\u00bb, y los usufructos, a los que asignaron sin mucha reflexi\u00f3n un valor arbitrario, hab\u00edan sido constituidos a t\u00edtulo gratuito varios meses antes. Incluso, el saldo que acept\u00f3 adeudar el comprador tendr\u00eda respaldo en cuatro pagar\u00e9s, seg\u00fan se dej\u00f3 sentado en el mismo escrito privado del que se viene hablando. <\/p>\n
En consecuencia, dejar testimonio de ese \u00abprecio real\u00bb cerca de un mes y medio despu\u00e9s de la firma de la escritura de compraventa no reportar\u00eda ninguna utilidad pr\u00e1ctica para las partes, distinta a la de crear artificialmente un soporte probatorio para intentar defender la seriedad del negocio y, particularmente, del precio de una heredad tan valiosa como la aludida \u201cFinca Bracamonte Lote 1A\u201d. <\/p>\n
(vi) Retomando la cuesti\u00f3n que se anunci\u00f3, se advierte que existen versiones encontradas de los testigos sobre el estado de los negocios de la vendedora para la \u00e9poca en la que se celebraron las ventas \u2013entre el 29 de abril de 1996 y el 17 de abril de 1998\u2013. De una parte, Mar\u00eda Yolanda Murillo Cardona relat\u00f3 que, para entonces \u00abla situaci\u00f3n econ\u00f3mica [de la vendedora era] absolutamente cr\u00edtica. Hab\u00eda pasivos muy importantes con proveedores y ten\u00edamos una deuda laboral en la hacienda Santa Martica\u00bb12, oscuro panorama que refrendaron Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Botero Botero13, primo de los litigantes, y la esposa de este, Amalia Restrepo de Botero14. <\/p>\n
En sentido opuesto se manifest\u00f3 Hilda de Jes\u00fas Botero, de ocupaci\u00f3n asesora contable y familiar en tercer grado de consanguinidad de los litigantes, quien adujo que la se\u00f1ora Salazar de Botero \u00abera una mujer muy rica, que pod\u00eda vivir supremamente bien (…) ella pod\u00eda vivir muy bien con el patrimonio que ten\u00eda\u00bb, e indic\u00f3 que no ten\u00eda ninguna deuda \u00abni con terceros, ni con la familia, ni sobregiros, ni en la \u00e9poca de Don Luis …Don Luis era un tipo muy rico\u00bb15. En t\u00e9rminos similares, Nora Elena Casta\u00f1eda Naranjo, administradora de las fincas ganaderas de la familia Botero Salazar, expuso: \u00abPod\u00eda haber deudas, pero manejables, lo que s\u00ed es claro es que los pagos a los trabajadores eran cumplidos, eran cosas muy manejables, todo lo alcanz\u00e1bamos a pagar a tiempo, nunca tuvimos problemas con proveedores ni trabajadores\u00bb16. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, el demandado Luis Jos\u00e9 Botero Salazar refiri\u00f3 que \u00abla situaci\u00f3n financiera y patrimonial de mi madre durante toda su vida fue excelente (…), mi madre al momento de su muerte viv\u00eda en el mejor barrio de Medell\u00edn (…) [ten\u00eda] dos veh\u00edculos \u00faltimo modelo, incluyendo uno de ellos una burbuja (sic), dos [personas] del servicio [dom\u00e9stico], un conductor y dos escoltas, adem\u00e1s que hasta su muerte conserv\u00f3 el apartamento de Miami Beach, donde frecuentaba (sic) constantemente\u00bb17. <\/p>\n
De estas versiones encontradas la Corte opta por dar mayor credibilidad a las del segundo grupo, porque no se aport\u00f3 constancia de las deudas alegadas \u2013no se especific\u00f3 su monto, ni el nombre de los acreedores\u2013, ni mucho menos de su pago efectivo, a lo que se agrega que, si el estado financiero de la familia hubiera sido cr\u00edtico, no se ve c\u00f3mo la se\u00f1ora Salazar de Botero hubiera podido obtener la liquidez que requer\u00eda transfiriendo sus bienes m\u00e1s valiosos a uno de sus hijos, y por una suma que, como ya se anot\u00f3, era bastante inferior a su precio de mercado. <\/p>\n
En refuerzo de esa conclusi\u00f3n, conviene tener en cuenta lo manifestado por Jos\u00e9 Mar\u00eda Guti\u00e9rrez Rivera, de profesi\u00f3n contador p\u00fablico, y quien conoc\u00eda el estado de los negocios de la vendedora con precisi\u00f3n al ser encargado de elaborar sus declaraciones de renta: \u00abLa situaci\u00f3n econ\u00f3mica [de la se\u00f1ora Salazar de Botero] era favorable, es decir, en ning\u00fan momento le conoc\u00ed dificultades econ\u00f3micas. La situaci\u00f3n favorable la afirmo por todos los bienes que ten\u00eda, bienes ra\u00edces, ganado, algunas inversiones, maquinaria, etc.\u00bb. A continuaci\u00f3n, el testigo precis\u00f3 que \u00abdo\u00f1a Azucena, siguiendo la orientaci\u00f3n que le dio su esposo, no era persona para adquirir endeudamientos\u00bb18, pasivos que dijo desconocer, a pesar de gestionar la informaci\u00f3n tributaria de la occisa. <\/p>\n
En resumen, las evidencias testimoniales permiten colegir que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la difunta Azucena Salazar de Botero distaba mucho de ser cr\u00edtica, lo cual re\u00f1ir\u00eda con la existencia de las obligaciones en mora que refiri\u00f3 el comprador como justificaci\u00f3n de las operaciones, y tambi\u00e9n con la necesidad de enajenar en bloque varios activos inmobiliarios relevantes. <\/p>\n
(vii) El adquirente tampoco ofreci\u00f3 ning\u00fan tipo de ilustraci\u00f3n admisible acerca de la causa que llev\u00f3 a la se\u00f1ora Salazar de Botero a transferirle la nuda propiedad de varios de sus inmuebles. En la escueta contestaci\u00f3n de la demanda, no dedic\u00f3 una sola l\u00ednea a develar el prop\u00f3sito que se busc\u00f3 con esas transferencias, a pesar de que, se insiste, era el propio Jorge Enrique Botero Salazar quien administraba todos los negocios de la vendedora, de modo que conoc\u00eda, o deb\u00eda conocer, sus motivaciones racionales. <\/p>\n
Del mismo modo, qued\u00f3 descartada la existencia de los cr\u00e9ditos insolutos que se insinuaron como explicaci\u00f3n de tan particulares operaciones durante el interrogatorio de parte de Jorge Enrique Botero Salazar; y en l\u00ednea con lo expuesto por el tribunal, no es posible inferir de ning\u00fan elemento de juicio que la se\u00f1ora Salazar de Botero hubiera querido evitar que su patrimonio se distribuyera en partes iguales entre sus hijos, con posterioridad a la fecha de su deceso. <\/p>\n
Para la Corte, la ausencia de razones que justifiquen las compraventas de la nuda propiedad de varios inmuebles valiosos entre una madre y su hijo, sumada a la orfandad de pruebas del beneficio efectivo recibido por la vendedora a cambio de esas transferencias \u2013es decir, la utilidad adicional a la simple explotaci\u00f3n de bienes que ya integraban su patrimonio\u2013, son indicios graves y concordantes de la simulaci\u00f3n de esos negocios jur\u00eddicos, en lugar de muestras de su seriedad, como lo afirmara el ad quem. <\/p>\n
(viii) En la rese\u00f1a f\u00e1ctica de la demanda, Efra\u00edn Arturo Botero Salazar narr\u00f3 que \u00abuna vez fallecida Azucena Salazar de Botero, el se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar les comunica a sus hermanos que \u00e9l ten\u00eda unos bienes en cabeza suya, pero que eran realmente de su se\u00f1ora madre, por lo que deb\u00edan sentarse a organizar la situaci\u00f3n y hacer de manera privada la repartici\u00f3n de dichos bienes\u00bb19. Esta exposici\u00f3n fue corroborada por el demandado Luis Jos\u00e9 Botero Salazar, quien admiti\u00f3 el hecho al descorrer el traslado de la demanda20, y lo ratific\u00f3 durante su interrogatorio de parte21. <\/p>\n
Por su parte, Carmen Julia Botero Salazar neg\u00f3 la conversaci\u00f3n en su contestaci\u00f3n, pero en sede de casaci\u00f3n se desdijo, para coadyuvar las s\u00faplicas del actor, indicando lo siguiente: \u00abPese a la prematura oposici\u00f3n de Carmen Julia Botero Salazar a las pretensiones, es preciso indicar a la Corte Suprema de Justicia en esta instancia lo que la propia otorgante del poder que habilita al suscrito abogado manifiesta que nunca tuvo conocimiento real y pleno de las intenciones de su hermano Jorge Enrique con este litigio y, por lo tanto, desconoc\u00eda el alcance de la contestaci\u00f3n formulada y, en concreto, el beneficio exclusivo que reportaba a Jorge Enrique la estrategia procesal seguida por su mandatario judicial, lo cual justifica que en este momento del proceso, en el recurso extraordinario, se vea en la tesitura de dar un giro a la posici\u00f3n procesal asumida, para sostener \u2013con verdaderos argumentos y no meras declaraciones de o\u00eddas, como las consignadas en la contestaci\u00f3n\u2013 que los actos simulatorios demandados s\u00ed fueron tales\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el propio Jorge Enrique Botero Salazar no neg\u00f3 el encuentro, sino que, de manera congruente con su parca estrategia de defensa, se limit\u00f3 a decir que \u00abla afirmaci\u00f3n del hecho 29 [el aparte que se reprodujo al iniciar este ac\u00e1pite] no tiene trascendencia jur\u00eddica alguna\u00bb; es decir, no realiz\u00f3 un pronunciamiento expreso sobre el cuadro factual descrito por el convocante, omisi\u00f3n que debe ser apreciada \u00abcomo indicio grave en contra del demandado\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (vigente para cuando se radic\u00f3 la contestaci\u00f3n). <\/p>\n
(ix) Para finalizar, conviene memorar que tanto el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como el C\u00f3digo General del Proceso, establecen con claridad que el juez puede deducir indicios de la conducta procesal de las partes (art\u00edculos 249 y 241, respectivamente), esto es, extraer informaci\u00f3n relevante de su comportamiento, con miras a confirmar o refutar alguna de las hip\u00f3tesis debatidas en juicio. <\/p>\n
De esta manera, la desaprobaci\u00f3n del ordenamiento procesal frente a las actuaciones oscuras, torticeras o desleales de los litigantes, se traduce en una consecuencia probatoria concreta y contraria a los intereses de quien merece aquel reproche, en el sentido de ser \u00fatil para desvirtuar su propia versi\u00f3n de los hechos, o refrendar el marco f\u00e1ctico descrito por su contraparte. <\/p>\n
En este caso, refulge que el convocado Jorge Enrique Botero Salazar no despleg\u00f3 una estrategia litigiosa leal y comprometida con develar la verdad de lo ocurrido. Por el contrario, evadi\u00f3 pronunciarse sobre los hechos de la demanda, a los que contest\u00f3 con frases vanas como \u00abes una apreciaci\u00f3n personal\u00bb, \u00abme atengo a lo que se pruebe\u00bb o \u00abno tiene trascendencia jur\u00eddica\u00bb. Tampoco propuso ninguna excepci\u00f3n orientada a defender la seriedad de las compraventas atacadas, ni realiz\u00f3 el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo por describir, siquiera someramente, esas millonarias operaciones. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, en su interrogatorio de parte, el comprador revel\u00f3 su estrategia de defensa, consistente en hacer ver que la vendedora hab\u00eda atravesado una grave crisis de liquidez, que la llev\u00f3 a enajenar sus propiedades. Pero esa teorizaci\u00f3n es poco cre\u00edble e incoherente, porque si la situaci\u00f3n financiera de la se\u00f1ora Salazar de Botero hubiera sido apremiante como consecuencia de hechos que acaecieron en el a\u00f1o 1995 (\u00e9poca a la que se refirieron el propio comprador y la testigo Murillo Cardona), no habr\u00eda raz\u00f3n para disponer de varios inmuebles a precios muy bajos, durante tres anualidades distintas, cuando solo vendiendo uno de ellos por el valor comercial, se habr\u00edan cubierto todos los d\u00e9bitos alegados (que, nuevamente de acuerdo con la versi\u00f3n de Jorge Enrique Botero Salazar, no superaban los $1.000.000.000). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la tesis del actor, que solo fue confirmada por algunos testigos citados por petici\u00f3n suya, no coincide con el relato del grupo mayoritario de declarantes, entre quienes se encuentra el contador p\u00fablico que atend\u00eda a la se\u00f1ora Salazar de Botero, profesional que contaba con informaci\u00f3n confiable acerca del estado de los negocios de su cliente. <\/p>\n
Como si fuera poco, la hip\u00f3tesis que defendi\u00f3 el comprador carece por completo de registros de respaldo, pues estos no se anunciaron ni se solicitaron, a pesar de que habr\u00eda sido f\u00e1cil aportarlos \u2013si existieran\u2013, dado que se tratar\u00eda de cr\u00e9ditos cuantiosos, adquiridos con entidades bancarias y sociedades comerciales, haciendo virtualmente imposible que no dejaran ning\u00fan rastro documental. <\/p>\n
En resumen, el se\u00f1or Jorge Enrique Botero Salazar intent\u00f3 guardarse para s\u00ed toda la informaci\u00f3n pertinente para esclarecer este conflicto, omitiendo pronunciarse de manera clara y suficiente respecto de los hechos y pretensiones de la demanda. Luego, trat\u00f3 de desmentir la simulaci\u00f3n a trav\u00e9s de una circunstancia muy puntual (la necesidad de vender), que no luce coherente con las actuaciones cuestionadas, ni con la realidad socioecon\u00f3mica de la vendedora. Y, por \u00faltimo, se despreocup\u00f3 por completo de aportar registros contables, recibos, paz y salvos, certificados de deuda, o cualquier otra probanza que respaldara sus alegaciones. <\/p>\n
4.2.3. Los hechos que se acreditaron en este proceso constituyen indicios concordantes y convergentes de que en los contratos de compraventa celebrados por los se\u00f1ores Salazar de Botero y Botero Salazar no est\u00e1 consignada su voluntad verdadera. Por tanto, esos negocios jur\u00eddicos deben considerarse absolutamente simulados, dada la inexistencia de una verdadera voluntad de transferencia de la vendedora. <\/p>\n
En efecto, la se\u00f1ora Salazar de Botero no ten\u00eda motivos para alterar el equilibrio patrimonial existente entre su descendencia \u2013principio valioso para la familia Botero Salazar\u2013, lo que excluir\u00eda as\u00ed cualquier pacto distinto a la compraventa que implicara una transferencia de dominio, a t\u00edtulo gratuito u oneroso, a favor de su hijo Jorge Enrique, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que un cambio formal en la titularidad de los inmuebles sin trasfondo negocial alguno resulta consistente con la relaci\u00f3n de gesti\u00f3n de negocios que sostuvieron comprador y vendedora. <\/p>\n
Ciertamente, en el marco de la mutua y absoluta confianza que exist\u00eda entre aquellos, y trat\u00e1ndose de personas que hac\u00edan negocios con frecuencia, luce razonable que las compraventas simuladas se ajustaran como un mecanismo de gesti\u00f3n patrimonial, direccionado obviamente por el apoderado y aceptado por la representada, pero sin que mediara una verdadera intenci\u00f3n de desprenderse del dominio y de sus privilegios. <\/p>\n
De ah\u00ed que la \u201cvendedora\u201d se reservara el usufructo de los bienes, o que el \u201ccomprador\u201d reconociera a sus hermanos la necesidad de resolver lo atinente a ciertos bienes que estaban a su nombre, pero que realmente pertenec\u00edan a la sucesi\u00f3n de su progenitora \u2013aunque luego se retractara, intentando hacer prevalecer las negociaciones mendaces\u2013. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
En el fallo de segunda instancia, el tribunal atribuy\u00f3 a la falta de prueba del motivo para simular un efecto que no tiene, a saber, frustrar autom\u00e1ticamente las pretensiones de simulaci\u00f3n. Y con base en esa improcedente postura, dej\u00f3 de analizar los m\u00faltiples indicios recaudados, que convergen en apuntar a la mendacidad absoluta de los contratos instrumentados en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1120 de 29 de abril de 1996; 2550 de 30 de agosto de 1996; 679 de 18 de marzo de 1997 y 1074 de 17 de abril de 1998. <\/p>\n
Ello equivale a decir que los dos primeros cargos propuestos est\u00e1n llamados a prosperar, por lo que se impone casar la sentencia impugnada, siendo pertinente dictar la de reemplazo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
1. Decisi\u00f3n de reemplazo. <\/p>\n
Aunque el fallo del juez a quo solo fue parcialmente favorable al demandante, este no lo impugn\u00f3, de manera que los reclamos orientados al reconocimiento y pago de frutos, as\u00ed como la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por ocultamiento prevista en el canon 1288 del C\u00f3digo Civil, se encuentran al margen de la discusi\u00f3n. <\/p>\n
Cabe agregar que el convocado Jorge Enrique Botero Salazar, \u00fanico apelante, formul\u00f3 dos reparos titulados \u00abparcialidad y falta de objetividad del fallo impugnado\u00bb y \u00abfalta de motivaci\u00f3n del fallo impugnado\u00bb, que fueron expresamente desestimados por el tribunal antes de emprender el an\u00e1lisis objeto del quiebre en sede de casaci\u00f3n. Por tanto, resulta innecesario volver sobre esas inconformidades, y tambi\u00e9n sobre las que ata\u00f1en a las pretensiones subsidiarias, dado el anunciado \u00e9xito del petitum principal. <\/p>\n
Por consiguiente, el debate quedar\u00eda reducido a los reparos denominados \u00abviolaci\u00f3n a las reglas de apreciaci\u00f3n de los indicios en materia de simulaci\u00f3n\u00bb y \u00aben este caso no hay simulaci\u00f3n\u00bb, en los que se emprende una propuesta de valoraci\u00f3n probatoria opuesta a la que se consign\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores. No obstante, como esas cr\u00edticas fueron impl\u00edcitamente analizadas por la Corte, basta con reiterar que las pruebas recaudadas dan cuenta de indicios graves, concordantes y convergentes de la absoluta mendacidad de las compraventas sub lite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que las pruebas apuntan de manera un\u00edvoca a sostener la tesis defendida en la sentencia que el 30 de abril de 2012 profiri\u00f3 el Juzgado Primero (Adjunto) Civil del Circuito de Medell\u00edn, la misma ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 8 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Efra\u00edn Arturo Botero Salazar contra Jorge Enrique Botero Salazar y los herederos de Azucena Salazar de Botero. <\/p>\n
Y situada en sede de instancia, esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad el fallo de 30 de abril de 2012, dictado en esta causa por el Juzgado Primero (Adjunto) Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo del recurrente, Jorge Enrique Botero Salazar. Liqu\u00eddense en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. REM\u00cdTASE el expediente a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue remitido a esa corporaci\u00f3n como medida de descongesti\u00f3n, conforme lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA19-11327 de 2019, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2\u0002 Cabe anotar que, a voces de la norma en cita, \u00ab[c]uando se trate de cargos formulados por la causal primera de casaci\u00f3n, que contengan distintas acusaciones y la Corte considere que han debido presentarse en forma separada, deber\u00e1 decidir sobre ellos como si se hubieran invocado en distintos cargos. En el mismo evento, si se formulan acusaciones en distintos cargos y la Corte considera que han debido proponerse a trav\u00e9s de uno solo, de oficio los integrar\u00e1 y resolver\u00e1 sobre el conjunto, seg\u00fan corresponda\u00bb. Sin embargo, el precedente consolidado de la Sala ha considerado que el uso de la expresi\u00f3n \u00abcargos formulados por la causal primera\u00bb ha de entenderse como un simple lapsus del legislador, derivado de replicar en la normativa actual la estructura del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la que conviv\u00edan bajo el ropaje del primer motivo de casaci\u00f3n acusaciones por v\u00eda directa e indirecta (que corresponden a las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso). Por tanto, ha de entenderse que pueden agruparse distintas acusaciones de infracci\u00f3n de la ley sustancial, sean estas por v\u00eda directa o indirecta. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, recientemente se sostuvo: \u00ab(…) es bien sabido que desde 1991 la Corte tiene el deber, cuando de violaci\u00f3n de normas sustanciales se trata, de escindir las acusaciones si en su criterio debieron haberse presentado en cargos separados. O integrar los cargos si se considera que han debido proponerse en uno solo. Tal preceptiva fue copiada en el C\u00f3digo General del Proceso con la mala fortuna de haberla reducido, seg\u00fan se dice literalmente en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344, a \u201cla causal primera\u201d (apelativo este que en el \u00e1mbito del c\u00f3digo anterior comprend\u00eda la violaci\u00f3n directa y la indirecta de normas sustanciales) logr\u00e1ndose as\u00ed una escasa por no decir nula operatividad de la norma en cuesti\u00f3n, pues lo cierto es que lo usual, lo que la Corte con alguna regularidad observa en las demandas de casaci\u00f3n que examina, como este caso lo muestra, es que los impugnantes, en un mismo cargo, esbocen cr\u00edticas jur\u00eddicas a las normas aplicadas o dejadas de aplicar y, con base en las mismas normas, expongan discrepancias sobre el an\u00e1lisis probatorio. Lo anterior, de suyo, significa mezclar la causal primera con la hoy causal segunda de casaci\u00f3n. Evidentemente, existen excepciones que autorizan esa mixtura, como cuando el fundamento de la decisi\u00f3n comprende consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, ambas equivocadas y amalgamadas seg\u00fan se explica a espacio en precedente jurisprudencial, a\u00fan vigente (Cfr. SC-169-2000)\u00bb (CSJ SC563-2021, 1 mar.; en el mismo sentido, CSJ SC1084-2021, 5 abr.). <\/p>\n
3\u0002 De ah\u00ed el uso de la expresi\u00f3n \u201creserva\u201d, que denota la unilateralidad de la divergencia entre la voluntad real y la que se declar\u00f3 en el contrato. <\/p>\n
4\u0002 Folio 11 del archivo digital denominado \u00ab01CuadernoNo.1PrincipalParteIFol1-118.pdf\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed lo admiti\u00f3 el propio se\u00f1or Botero Salazar en su interrogatorio de parte (respuesta a la pregunta n.\u00ba 12), folio 19 del archivo digital denominado \u00abpruebas de la parte demandante.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Folios 5 y 7, ib. <\/p>\n
7\u0002 Folio 195 del archivo digital denominado \u00ab04PruebasDemandante.pdf\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Folio 82, ib; debi\u00e9ndose precisar que la perito designada tas\u00f3 la totalidad de la propiedad en $237.244.641. <\/p>\n
9\u0002 Folio 135, ib. <\/p>\n
10\u0002 Folio 20, ib. <\/p>\n
12\u0002 Folio 3 del archivo digital denominado \u00ab05PruebasCodemandadoJorgeBotero.pdf\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Folios 12 a 20, ib. <\/p>\n
14\u0002 Folios 30 a 32, ib. <\/p>\n
15\u0002 Folio 12 y 13 del archivo digital denominado \u00ab04PruebasDemandante.pdf\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 Folios 25 a 27, ib. <\/p>\n
17\u0002 Folio 53, ib. <\/p>\n
18\u0002 Folios 44 a 46, ib. <\/p>\n
19\u0002 Folio 188 del archivo digital denominado \u00ab01CuadernoNo.1PrincipalParteIFol1-118.pdf\u00bb. <\/p>\n
20\u0002 Folio 67 del archivo digital denominado \u00ab02CuadernoNo1PrincipalParteIIFol119-230.pdf\u00bb. <\/p>\n
21\u0002 Respuesta a la pregunta n.\u00ba 3, folio 52 del archivo digital denominado \u00abpruebas de la parte demandante.pdf\u00bb. <\/p>\n
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SC1960-2022 (2007-00527-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC1960-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-03-001-2007-00527-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el convocante frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65058","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65058"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65058\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}