SC2283-2022 (2019-02355-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC2283-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-02355-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
La Corte resuelve, anticipadamente, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Gregorio Garc\u00eda Pereira frente a la sentencia proferida el 19 de abril de 2017, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas adelantado por Julio C\u00e9sar Polan\u00eda Mart\u00ednez (q.e.p.d.) contra el aqu\u00ed impugnante. <\/p>\n
a). ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Julio C\u00e9sar Polan\u00eda Mart\u00ednez (q.e.p.d.) solicit\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n civil, se ordenara al convocado rendir el balance definitivo del contrato de cuentas en participaci\u00f3n suscrito el 13 de agosto de 2010, para la ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario \u00abPatria M\u00eda\u00bb, donde el primero, en calidad de accionista oculto, entreg\u00f3 al segundo, como socio gestor, la suma de $2.100.000.000, que deb\u00eda ser consignada \u00abtotal o parcialmente en el fondo com\u00fan de capital de trabajo que se cre\u00f3 en dicho contrato\u00bb y se invertir\u00eda en las operaciones objeto del negocio, llevando el respectivo registro y control contable. <\/p>\n
El 1\u00ba de junio de 2013 el encausado comunic\u00f3 al reclamante la imposibilidad de continuar con el desarrollo del objeto contractual, sin entregar las cuentas de su trabajo (Folios 7 a 11, archivo digital: CuadernoPrincipalTomoI). <\/p>\n
2. El asunto fue admitido a tr\u00e1mite en prove\u00eddo de 6 de agosto de 2014 (Folio 249, \u00eddem). <\/p>\n
3. Gregorio Garc\u00eda Pereira formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00aboposici\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas\u00bb, aduciendo no estar obligado a ello por haberlas entregado oportunamente al interesado, a quien inform\u00f3 de la paralizaci\u00f3n del proyecto urban\u00edstico, de manera que \u00e9ste no ha producido utilidad alguna a los asociados. <\/p>\n
4. El 13 de agosto de 2015, el a-quo acogi\u00f3 las pretensiones del precursor, al hallar probada: i) la existencia del v\u00ednculo negocial; ii) la obligaci\u00f3n del demandado de suministrar la informaci\u00f3n requerida por el actor; y, iii) el incumplimiento de ese deber, pues no encontr\u00f3 acreditada la defensa enarbolada por la pasiva (Archivo de audio-video No. 4, cno. 1\u00aa Instancia). <\/p>\n
5. En desacuerdo, el enjuiciado recurri\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, insistiendo en que, al depender la ejecuci\u00f3n del convenio, de terceros, concretamente de la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico y la Corporaci\u00f3n Coprovida, no est\u00e1 obligado a rendir las cuentas reclamadas, m\u00e1xime cuando el pleito suscitado con esas entidades, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n y ser\u00e1 all\u00ed donde se establezcan los resultados del proyecto \u00abPatria M\u00eda\u00bb, \u00abes decir, si tuvimos ganancias o si tuvimos p\u00e9rdidas\u00bb (idem). <\/p>\n
6. Al desatar la alzada, el 19 de abril de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primer grado, al estimar reunidos los requisitos exigidos por el legislador para imponer la se\u00f1alada carga al socio gestor (Archivo de audio-video No. 2, cno. Tribunal). <\/p>\n
b).EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. Con soporte en las causales primera y sexta del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, el libelista pretende derruir el veredicto que, en segunda instancia, desat\u00f3 el litigio de rendici\u00f3n provocada de cuentas, de forma adversa a sus intereses. <\/p>\n
1.1. En primer lugar, asegur\u00f3 el inconforme haber tenido conocimiento y acceso, despu\u00e9s del proferimiento de la sentencia confutada, a la denuncia penal que Inverpolmar S.A.S. formul\u00f3 en su contra desde el 16 de diciembre de 2016, por el delito de estafa, investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda Cincuenta y Seis Seccional, adscrita a la Unidad de Fe P\u00fablica y Patrimonio Econ\u00f3mico y Otros de Barranquilla, bajo el radicado n.\u00ba 080016001257201606434. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, a dicha causa criminal fueron adosados los cheques relacionados a continuaci\u00f3n, todos emitidos por el Banco de Occidente S.A. y suscritos por Julio C\u00e9sar Polan\u00eda (q.e.p.d.), obrando como representante de la se\u00f1alada organizaci\u00f3n comercial y no como persona natural, circunstancia que, enfatiz\u00f3, var\u00eda sustancialmente la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal del decurso declarativo materia de esta censura excepcional, pues acredita que el dinero entregado en virtud del contrato de cuentas en participaci\u00f3n, no sali\u00f3 de las arcas de Polan\u00eda, ni fue por la cuant\u00eda relacionada en el declarativo. <\/p>\n
N\u00famero de Cheque <\/p>\n
Valor <\/p>\n
576825 <\/p>\n
$160.000.000 <\/p>\n
540730 <\/p>\n
$ 76.129.000 <\/p>\n
548470 <\/p>\n
$200.000.000 <\/p>\n
548481 <\/p>\n
$300.000.000 <\/p>\n
578809 <\/p>\n
$ 50.000.000 <\/p>\n
576810 <\/p>\n
$150.000.000 <\/p>\n
584857 <\/p>\n
$106.000.000 <\/p>\n
584858 <\/p>\n
$531.765.000 <\/p>\n
598371 <\/p>\n
$ 20.000.000 <\/p>\n
De la existencia de tal indagaci\u00f3n solo se enter\u00f3 \u00aben el mes de noviembre de 2018, cuando un delegado de la Polic\u00eda Judicial se acerc\u00f3 hasta su residencia para averiguar sobre su arraigo\u00bb, seg\u00fan, dijo, \u00abdebe constar en la carpeta del fiscal\u00bb, hechos que no ten\u00eda forma de conocer antes ni de otra manera; luego \u00absi los documentos relacionados en revisi\u00f3n (cheques de Inverpolmar), no pudieron ser aportados al proceso, fue por culpa exclusiva del se\u00f1or Polan\u00eda Mart\u00ednez, pues como demandante ten\u00eda la carga de obrar con lealtad y remitir los hechos de su demanda a la verdad material, cosa que no fue as\u00ed, por lo que no habr\u00eda prosperado su proceso de rendici\u00f3n de cuentas, si se hubiese sabido que el dinero no era suyo, sino de Inverpolmar y que por lo tanto hab\u00eda incumplido el contrato que precedi\u00f3 a la rendici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.2. Con sustento en el sexto motivo de revisi\u00f3n, asever\u00f3 que su adversario incurri\u00f3 en dos hechos adicionales concretos que configuran \u00abcolusi\u00f3n o maniobra fraudulenta\u00bb y, junto con las actuaciones denunciadas en el primer punto de su demanda, minan sus intereses. <\/p>\n
1.2.1. El primero de ellos, consisti\u00f3 en \u00abla falsedad del poder especial orquestada entre Julio C\u00e9sar Polan\u00eda Mart\u00ednez y Vladimir Ilianov Pedroza del Toro\u00bb, quienes, afirm\u00f3, se conocen de tiempo atr\u00e1s y trabajan conjuntamente, este \u00faltimo oficiando \u00abcomo una especie de \u201ccalanch\u00edn\u201d que conoce gente en los juzgados, tuvo la finalidad de introducir informaci\u00f3n falsa al proceso, relacionada con los fondos de los cheques, con el objeto de incidir en las decisiones judiciales a lo largo del tr\u00e1mite procesal y perjudicar[lo] (\u2026) con el \u201cembargo ilimitado\u201d de sus bienes inmuebles y cuentas bancarias, bloque\u00e1ndolo financieramente, cosa que ha perjudicado sus proyectos inmobiliarios desarrollados en el departamento del Atl\u00e1ntico\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto Pedroza del Toro no era abogado para la \u00e9poca del mandato y aun as\u00ed fungi\u00f3 como tal, situaci\u00f3n que cumple con las caracter\u00edsticas de ser \u00abajena al tr\u00e1mite[,] no conocid[a] por el juez y producid[a] fuera del proceso, que contrario al principio de postulaci\u00f3n, que conllev\u00f3 a sustituir por parte del usurpador una calidad de abogado que no se ten\u00eda o no se ostentaba, todo para quedar con el control del proceso como abogado principal\u00bb, al punto que era \u00e9l y no sus \u00abtestaferros\u00bb, quien actuaba, \u00abcosa que se prueba con los videos de las audiencias\u00bb, sin control alguno de la juez, que le permiti\u00f3 \u00abprofanar la sala de audiencias y actuar en la audiencia concentrada (\u2026) y [tener] acceso constante al expediente, manejando los hilos del proceso, con aparente tr\u00e1fico de influencias del secretario del despacho, quien proyecta decisiones arbitrarias que rayan en el prevaricato, tales como el auto del 11 de diciembre de 2017 donde se ordena un pago en suma de dos mil millones de pesos (\u2026) y la evidente expedici\u00f3n de oficios de embargo sin limitar la cuant\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En cierre, asever\u00f3 no haber contado con \u00abla oportunidad de controvertir la anomal\u00eda en cuesti\u00f3n en ninguna de las dos instancias del proceso de rendici\u00f3n de cuentas, ni hubo campo para su discusi\u00f3n\u00bb, porque fueron maquinadas y ocultadas por sus autores, con la dolosa intenci\u00f3n de someterlo, de tal manera que \u00abse enter\u00f3 que hab\u00eda sido denunciado por estafa por parte de Inverpolmar, due\u00f1o de los dineros girados en los cheques en cuesti\u00f3n, solo hasta noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
El panorama descrito genera un detrimento patrimonial irrefutable, por cuanto Inverpolmar, como persona jur\u00eddica, le est\u00e1 reclamando, ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el \u00abmismo dinero que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla orden\u00f3 pagar\u00bb. <\/p>\n
1.2.2. Aunado a las anteriores acusaciones, arguy\u00f3 que su contraparte incursion\u00f3 en maniobras fraudulentas, porque \u00abse presume que hubo un manejo del reparto, pues de acuerdo a la consulta p\u00fablica de proceso de la Rama Judicial, este mismo proceso fue radicado sin \u00e9xito el d\u00eda 25 de noviembre de 2013 con radicado No. 08001-31-03-002-2013-00304-00 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla y luego fue radicado el 10 de junio de 2014, con radicado No. 08001-31-03-014-2014-00386-00 en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, para luego ser dirigido con el mismo radicado\u00bb a la sede que finalmente conoci\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Para el memorialista, los aludidos tr\u00e1mites configuran irregularidades que coinciden con otras como el hecho de haber librado \u00abun mandamiento de pago a favor del abogado sustituto (\u2026) sujeto que no fue parte procesal, influido seg\u00fan consta en el video de audiencia concentrada por el usurpador Vladimir Ilianov Pedroza del Toro, (\u2026) por costas que no superan los diecisiete millones de pesos (\u2026) pero que indiscriminadamente la Juez ordena medidas de embargos a cuentas bancarias y bienes inmuebles que superan los cien mil millones de pesos (\u2026) sin limitar su cuant\u00eda, y que est\u00e1n siendo objeto de operaciones comerciales de tipo urban\u00edstico con inversionistas en Colombia y en el exterior, embargos que afectaron los folios de matr\u00edculas inmobiliarias y que han perjudicado el normal desarrollo de [sus] operaciones comerciales\u00bb <\/p>\n
c).EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO <\/p>\n
1. El 13 de noviembre de 2019 se admiti\u00f3 la demanda disponiendo su enteramiento y el traslado de ley, auto notificado al opugnador mediante anotaci\u00f3n en estado del 14 siguiente (Folio 70, ibid.). <\/p>\n
2. El 2 de marzo de 2020 se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del apoderado judicial designado por Julio C\u00e9sar Polan\u00eda Mart\u00ednez (Folio 83, ib), quien manifest\u00f3 oposici\u00f3n frente a la censura excepcional (Folios 94 a 100, ib). <\/p>\n
4. Mediante prove\u00eddo de 13 de abril de 2021 se enter\u00f3 a las partes del fallecimiento del demandado y se orden\u00f3 dar cumplimiento a las previsiones del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso (Folio 134, ib). El 26 de mayo siguiente se reconoci\u00f3 personer\u00eda al mandatario de los herederos determinados del causante, se orden\u00f3 el emplazamiento de los indeterminados, a quienes se les design\u00f3 curador ad-litem el 17 de enero de 2022, surti\u00e9ndose la respectiva notificaci\u00f3n el 7 de febrero siguiente (folio 330, ib). <\/p>\n
5. En providencia de 24 de marzo de 2022 se abri\u00f3 a pruebas la actuaci\u00f3n y recaudadas \u00e9stas, fueron dejadas en conocimiento de los contradictores procesales (19 may.), quienes guardaron silencio, seg\u00fan constancia secretarial del 26 de mayo posterior. <\/p>\n
d).CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. A voces del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 278 de la ley de enjuiciamiento civil \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb entre otros eventos \u00abcuando no hubiere pruebas que practicar (\u2026) cuando se encuentre probada (\u2026) la caducidad (\u2026)\u00bb, sin que haya lugar a agotar todas las etapas propias que seg\u00fan la naturaleza del asunto resultaren pertinentes y, como quiera que en el sub lite concurren dichos supuestos, es posible emitir el pronunciamiento de fondo para desatar la s\u00faplica extraordinaria. <\/p>\n
2. De acuerdo con el inciso 1\u00ba del canon 356 del memorado compendio, cuando se invocan las causales consagradas en los numerales 1\u00ba y 6\u00ba de la regla 355 ejusdem1, \u00ab[e]l recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u00bb. En el presente caso, como el fallo criticado fue proferido en audiencia p\u00fablica adelantada el 19 de abril de 2017, cobrando firmeza en esta data1, en principio, los interesados ten\u00edan hasta el 19 de abril de 2019 para recurrirlo, empero, como ese d\u00eda no fue h\u00e1bil, el lapso se extendi\u00f3 hasta el 22 del mismo mes y a\u00f1o2 y, en efecto, el respectivo libelo fue radicado en la \u00faltima calenda (Folio14, archivo digital: CuadernoCorte). <\/p>\n
<\/p>\n
Puesta en marcha la impugnaci\u00f3n extraordinaria, a efecto de integrar el contradictorio, el enteramiento del auto admisorio de 13 de noviembre de 2019 se perfeccion\u00f3 el 2 de marzo de 2020, cuando se notific\u00f3 personalmente al apoderado del demandado (folio 83, ibid), operando la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo a la luz del canon 94 del estatuto procedimental, raz\u00f3n por la cual resulta tempestiva la censura. <\/p>\n
En consecuencia, se encuentran colmados los presupuestos para entrar a determinar si se estructuran los motivos invocados como fundamento de la impugnaci\u00f3n extraordinaria que se estudia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 355 del actual ordenamiento procesal establece como causal de revisi\u00f3n la de \u00ab[h]aberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1. Bajo esa perspectiva, para el \u00e9xito del remedio extraordinario, en trat\u00e1ndose del motivo indicado, se requiere lo siguiente: <\/p>\n
(i) Que la prueba documental \u00ab\u2018… debi\u00f3 existir desde el momento mismo en que se present\u00f3 la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la \u00faltima oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure despu\u00e9s de pronunciada la sentencia\u2019 …\u00bb (resalta la Sala, CSJ SC 22 sep. 1999, rad. n.\u00ba 6404, criterio reiterado en CSJ SC1121-2019, 3 abr., 2014-02756-00). <\/p>\n
De ah\u00ed que, \u00ab\u2018la prueba de eficacia en revisi\u00f3n (\u2026) debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acci\u00f3n\u2019, de donde si no constituye \u2018esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material (\u2026) recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido\u2019 (CSJ SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, reiterada recientemente entre otras, en CS21078-2017)\u00bb (CSJ SC1859-2018, 30 may., rad. 2014-02855-00). <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) Que su m\u00e9rito sea de tal magnitud que, de haberla valorado el juzgador, la decisi\u00f3n hubiese cambiado, esto es, que, <\/p>\n
[E]l medio de prueba documental hallado ostente, por s\u00ed solo, el suficiente poder de convicci\u00f3n para, de haber obrado en el proceso, determinar un cambio sustancial en el sentido de la sentencia que efectivamente se adopt\u00f3; es decir, la prueba recobrada debe ser decisiva. Si lo que se presenta en revisi\u00f3n no tiene esa significaci\u00f3n el recurso no puede prosperar, raz\u00f3n por la cual cabe afirmar que de no constituir esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente a las pruebas practicadas en el proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia recurrida, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido (ibidem). <\/p>\n
<\/p>\n
(iii) Finalmente, que el recaudo del medio no pudo lograrse dentro de las oportunidades legales a causa de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Acerca de esto \u00faltimo, la Sala ha destacado que: <\/p>\n
<\/p>\n
[E]s carga del impugnante demostrar que fue por fuerza mayor, por caso fortuito o por el hecho del contrincante que result\u00f3 imposible aportar en tiempo la prueba documental, dado que \u2018si tal documento no se adujo porque simplemente no se hab\u00eda averiguado en donde reposaba, o porque no se pidi\u00f3 su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley se\u00f1ala para que pueda valorarse su m\u00e9rito de persuasi\u00f3n, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisi\u00f3n combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u00eddem). <\/p>\n
3.2. Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub examine no se encuentra configurado el primer m\u00f3vil invocado por el recurrente, como pasa a verse. <\/p>\n
Seg\u00fan se desprende del expediente remitido por la Fiscal\u00eda Cuarenta y Seis Seccional de Barranquilla, es cierto que el censor se enter\u00f3 de la existencia de una causa penal en su contra, durante la primera quincena del mes de noviembre de 2018 y por esa raz\u00f3n, el d\u00eda 19 solicit\u00f3 a la citada entidad, expedir una certificaci\u00f3n \u00aben donde se indique la existencia de la investigaci\u00f3n acompa\u00f1ada de la impresi\u00f3n del formato \u00fanico de la noticia criminal\u00bb, de manera que puede predicarse que tanto la denuncia como la foliatura originada a partir de ella, cumplen con la condici\u00f3n de ser documentos \u00abque el recurrente no pudo aportar al proceso\u00bb de rendici\u00f3n de cuentas, porque eran completamente desconocidos para \u00e9l y su contraparte tampoco inform\u00f3 de ellos a los funcionarios que conocieron el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, la satisfacci\u00f3n de tal presupuesto no resulta suficiente para la prosperidad del remedio, por cuanto es indispensable que esas piezas procesales, de haberse aportado oportunamente, hubiesen \u00abvariado la decisi\u00f3n\u00bb atacada, cosa que no ocurre en el caso bajo estudio. <\/p>\n
En efecto, ninguna incidencia tiene que Julio C\u00e9sar Polan\u00eda Mart\u00ednez no hubiera girado, en nombre propio, los cheques a trav\u00e9s de los cuales se materializaron los aportes a que se comprometi\u00f3 con el socio gestor, porque, al estar encaminada su pretensi\u00f3n a obtener el balance monetario del contrato de cuentas en participaci\u00f3n que suscribi\u00f3, como socio oculto o inversionista, con el demandado (13 ag. 2010), ostentaba plena legitimaci\u00f3n por activa para elevar ese ruego, independientemente de la forma en que hubiese conseguido los recursos para participar en ese negocio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el hecho de que los cheques suministrados a Gregorio Garc\u00eda provinieran de la sociedad comercial que \u00e9l representaba, no significa, per se, que el dinero no fuera suyo, pues bien pudo tratarse de un pr\u00e9stamo o de un pago a su favor, que por su disposici\u00f3n se destin\u00f3 a un tercero, entre muchas otras posibilidades; pero, aun de encontrarse probado que cumpli\u00f3 con su compromiso con dineros ajenos, ello no era \u00f3bice para que, se repite, en su calidad de socio inversor, pidiera las cuentas de la operaci\u00f3n mercantil de la que form\u00f3 parte como persona natural. <\/p>\n
Concl\u00fayese, entonces, que la encuadernaci\u00f3n en manos del ente acusador mencionado no ten\u00eda la fuerza suasoria para abatir las deducciones consignadas en el veredicto cuestionado y, por tanto, no sale avante la solicitud de invalidez que, con fundamento en ella, se invoc\u00f3, pues la pertenencia del capital cobrado en ambos litigios, ser\u00e1 un asunto que deber\u00e1 dilucidarse ante la Fiscal\u00eda encargada de aquellas pesquisas. <\/p>\n
4. Ahora bien, ante el fracaso del primer reproche del revisionista, a la Corte le corresponde establecer si, en el sub judice, encuentra asidero la configuraci\u00f3n de la otra hip\u00f3tesis alegada, esto es, la consagrada en el numeral 6\u00ba del mandato 355 antes referido, valga decir, si existi\u00f3 \u00abcolusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4.1. De la precitada disposici\u00f3n se desprende que son tres (3) los supuestos sobre los cuales se funda la causal aludida, a saber: i) La evidencia de una \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb, colusiva o unilateral con entidad suficiente para incidir en la sentencia censurada; ii) la ilicitud destacada debe envolver un perjuicio para el recurrente; iii) la ilegalidad ha de ser ex\u00f3gena al juicio, es decir, que no hubiese ocurrido dentro del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
Respecto del evento referido, ha dicho la Corte que se estructura siempre y cuando: <\/p>\n
<\/p>\n
Las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe (\u2026) debe, en todo quebrarse (CSJ SC, 30 jul. 1997, rad. 5407, reiterada, entre otras, en CSJ SC681-2020, 4 mar., 2015-00963-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Aunado a ello, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque la norma no lo diga expresamente, constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que, de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habr\u00eda permitido la utilizaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (CSJ SC, 29 oct. 2004, rad. 03001, reiterada en CSJ SC 31 ag. 2011, rad. 2006-02041-00; CSJ SC 7 nov. 2011, rad. 2009-00770-00, CSJ SC339-2019, 25 jun., rad. 2015-02695-00 y CSJ SC681-2020, 4 mar., rad. 2015-00963-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4.2. En la controversia que ahora se analiza, el impugnante denuncia que el mandato conferido por su contrincante a Vladimir Ilianov Pedroza del Toro \u00abpara el inicio de la demanda\u00bb es \u00abfalso\u00bb, porque el apoderado \u00abno registra como abogado\u00bb, seg\u00fan se desprende de la \u00abconsulta p\u00fablica efectuada ante la rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Al auscultar el expediente del juicio declarativo (folio 3, archivo digital: CuadernoPrincipalTomoI), se observa que el precitado recibi\u00f3 poder del demandante Polan\u00eda Mart\u00ednez el 4 de julio de 2013, identific\u00e1ndose como \u00ababogado\u00bb con tarjeta profesional n.\u00ba 125.653 del Consejo Superior de la Judicatura (folios 3 a 4); no obstante, esa licencia pertenece a la profesional del derecho Viviana Rubiano Torres, seg\u00fan se extrae de la certificaci\u00f3n n.\u00ba 226335 expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (folio 349, archivo digital: CuadernoCorte). Por su parte, la referida oficina tambi\u00e9n hizo constar que a Pedroza del Toro s\u00f3lo le fue emitida su matr\u00edcula profesional, el 29 de marzo del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
Sin embargo, la aludida suplantaci\u00f3n, que bien pudo ser oportunamente advertida por el libelista, rastreando sus credenciales en la p\u00e1gina web de la entidad encargada de divulgar esos datos de acceso p\u00fablico, no tuvo la aptitud de generarle un perjuicio, no solo porque la actuaci\u00f3n del supuesto togado se limit\u00f3 a la sustituci\u00f3n del mandato a favor de una persona que s\u00ed ostentaba tal calidad y se encarg\u00f3 de presentar la respectiva demanda, sino porque no existe soporte probatorio que respalde las afirmaciones del revisionista en cuanto a la \u00abrelaci\u00f3n de amistad o cercan\u00eda\u00bb con la juez a-quo ni con \u00abel secretario del despacho\u00bb, que permita colegir que la finalidad de ese inicial mandato fue \u00abintroducir informaci\u00f3n falsa al proceso, relacionada con los fondos de los cheques, con el objeto de incidir en las decisiones judiciales a lo largo del tr\u00e1mite procesal\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que ni un solo elemento demostrativo alleg\u00f3 o relacion\u00f3 el disidente para sustentar su postura y la Corte no advierte irregularidades que sugieran que hubo concertaci\u00f3n de los memorados servidores para favorecer la causa del inversionista en las resultas del pleito; todo lo contrario, en el decurso se analizaron los hechos g\u00e9nesis de las pretensiones del reclamante, encontrando, al compararlas con el contrato de cuentas en participaci\u00f3n adosado a las diligencias y los interrogatorios rendidos por las partes, que deb\u00edan salir avante, en la medida en que el all\u00e1 convocado no demostr\u00f3 haber rendido informe de su gesti\u00f3n como socio promotor, siendo su obligaci\u00f3n hacerlo. <\/p>\n
No desconoce la Sala que la se\u00f1alada conducta es, a todas luces, reprochable y por lo tanto, ordenar\u00e1 compulsar copias de todo lo actuado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue la eventual comisi\u00f3n de un delito por parte de quien utiliz\u00f3 la identificaci\u00f3n profesional de otra persona y dijo ostentar formaci\u00f3n superior en derecho, al parecer, sin tenerla, pero, esos comportamientos no alteraron el curso normal de la actuaci\u00f3n, seg\u00fan dan cuenta los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura. <\/p>\n
En consecuencia, tampoco prospera este motivo de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Lo propio ha de decirse en relaci\u00f3n con el \u00faltimo embate planteado frente al contradictorio surtido en contra del inconforme, atinente al \u00abmanejo del reparto\u00bb, pues, como \u00e9l mismo lo calific\u00f3, se trata de un hecho \u00abpresunto\u00bb, que carece, absolutamente, de respaldo probatorio, circunstancia que, de suyo, releva a la Corte de hacer cualquier an\u00e1lisis adicional. <\/p>\n
Y aun si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera la tesis del recurrente, se reitera, no se avizoran dislates que lleven a pensar que la orden de rendir cuentas dictada en el proceso fue producto de la concertaci\u00f3n entre particulares y funcionarios p\u00fablicos, como \u00e9l lo insin\u00faa, para causarle los da\u00f1os que denuncia, en gran parte, fundamentados en hechos posteriores al juicio materia de censura, cuyo an\u00e1lisis escapa a la competencia de la Corte en esta senda excepcional. <\/p>\n
Id\u00e9ntica situaci\u00f3n se presenta en relaci\u00f3n con el memorial allegado por el impugnante el pasado 16 de junio de 2022, a trav\u00e9s del cual pone en conocimiento diversos hechos divulgados en algunos medios de comunicaci\u00f3n acerca de la captura y la b\u00fasqueda de personas ajenas a esta tramitaci\u00f3n, sucesos que, en su sentir, guardan relaci\u00f3n con el hoy abogado Pedroza del Toro, pero sobre los cuales esta Corte no tiene competencia para investigar y\/o juzgar. <\/p>\n
5. Con vista en lo anterior, se impone declarar la improsperidad del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, presentado frente a la sentencia dictada el 19 de abril de 2017, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
6. Conforme a lo prevenido por el inciso final del art\u00edculo 359 del compendio procesal general, se impondr\u00e1 condena en costas y perjuicios al recurrente. Las primeras se liquidar\u00e1n por Secretar\u00eda, incluyendo como agencias en derecho la suma de $1.000.000. Los eventuales perjuicios se liquidar\u00e1n mediante incidente – arts. 359 y 283 CGP-. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n impetrado por Gregorio Garc\u00eda Pereira contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios al recurrente. Los perjuicios liqu\u00eddense conforme al art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. Las costas liqu\u00eddense por secretar\u00eda, e incl\u00fayase la suma de $1.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: Devu\u00e9lvase el expediente contentivo del juicio de rendici\u00f3n de cuentas de Julio C\u00e9sar Polan\u00eda Mart\u00ednez (q.e.p.d.) al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia. <\/p>\n
<\/p>\n
CUARTO: Compulsar copias de todo lo actuado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue la eventual comisi\u00f3n de una conducta punible por parte de Vladimir Ilianov Pedroza del Toro, de acuerdo con los hechos relatados en la parte motiva. <\/p>\n
QUINTO: Cons\u00e9rvese el cuaderno de la Corte y arch\u00edvese en su debida oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tenor de lo dispuesto en el inciso 1\u00ba del canon 302 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Inciso 7\u00ba del art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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SC2283-2022 (2019-02355-00) Magistrada Ponente SC2283-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-02355-00 (Aprobada en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s La Corte resuelve, anticipadamente, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Gregorio Garc\u00eda Pereira […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65060","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65060","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65060"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65060\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65060"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}