SC963-2022 (2012-00198-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC963-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-31-03-004-2012-00198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso Diana Yazm\u00edn Montes Escobar contra la sentencia de 8 de agosto de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 la recurrente contra Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio y Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
La se\u00f1ora Montes Escobar pidi\u00f3 que \u00abse declare[n] simulado[s] y por tanto carece[n] (sic) de validez\u00bb los siguientes contratos de compraventa: (i) el instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6359, otorgada el 16 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Cuarta de Pereira, mediante el cual Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio transfiri\u00f3 a Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata una cuota equivalente al 50% del dominio de los inmuebles distinguidos con folios de matr\u00edcula n.\u00ba 290-80877 y 290-80847; y (ii) el instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934, otorgada el 19 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Quinta de Pereira, mediante el cual el mismo se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio transfiri\u00f3 a Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a la propiedad del predio con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850. <\/p>\n
Asimismo, solicit\u00f3 que esas escrituras p\u00fablicas y sus correspondientes registros \u00absean cancelados\u00bb y que los inmuebles sean restituidos al demandado Ram\u00edrez Palacio, \u00abpara que se proceda a liquidar la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
2. Sustento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Montes Escobar y el se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio contrajeron matrimonio civil el 17 de enero de 2000. <\/p>\n
2.2. El 8 de junio de 2010 la convocante radic\u00f3 demanda de divorcio contra su consorte, con apoyo en la causal prevista en el art\u00edculo 154-1 del C\u00f3digo Civil, esto es, las \u00abrelaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges\u00bb. <\/p>\n
2.3. El escrito inicial le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero de Familia de Pereira, autoridad que decret\u00f3 el embargo de \u00abvarios bienes que hac\u00edan parte de la sociedad conyugal\u00bb, entre ellos el 50% del apartamento 503 y del parqueadero 34 del Edificio Picasso P.H., y la totalidad del \u201cLote A\u201d del Condominio Campestre Tierra del Sol, a los que les corresponden los folios de matr\u00edcula mencionados en el ac\u00e1pite previo. <\/p>\n
2.4. El proceso de divorcio culmin\u00f3 con sentencia de 21 de septiembre de 2011, en la que se denegaron las pretensiones, por falta de prueba de los hechos constitutivos de la causal invocada, y se dispuso el consecuente levantamiento de las cautelas. Esa providencia cobr\u00f3 ejecutoria, dado que la parte vencida no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n tempestivamente. <\/p>\n
2.5. El 9 de abril de 2012, la se\u00f1ora Montes Escobar present\u00f3 una segunda demanda de divorcio, esta vez esgrimiendo como causa para ello el hecho de estar separada de cuerpos de su esposo por m\u00e1s de dos a\u00f1os. All\u00ed pidi\u00f3, de nuevo, el embargo y secuestro de los bienes sociales, pero algunas de esas cautelas no se materializaron, porque su expareja hab\u00eda transferido la propiedad a terceras personas. <\/p>\n
2.6. En efecto, el \u201cLote A\u201d del Condominio Campestre Tierra del Sol, avaluado para el a\u00f1o 2011 en una suma cercana a $800.000.000, aparece vendido en un \u00abprecio irrisorio\u00bb de $203.465.000 a Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, amiga cercana del enajenante y quien \u00abno tiene la capacidad econ\u00f3mica para adquirir un predio por este valor\u00bb. <\/p>\n
2.7. A su turno, las cuotas proindiviso del apartamento 503 y el parqueadero 34 del Edificio Picasso P.H. dijeron transferirse al condue\u00f1o Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata, t\u00edo del vendedor, \u00aben un precio que, como en el caso anterior, tampoco es el comercial\u00bb. <\/p>\n
2.8. Los referidos negocios jur\u00eddicos \u00abson simulados (\u2026) por cuanto las sumas anotadas en las escrituras no ingresaron al patrimonio del demandado Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio\u00bb, quien solamente pretend\u00eda \u00abdefraudar a su esposa en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, pero no ten\u00eda intenci\u00f3n alguna de desprenderse de la propiedad, ni los compradores de hacerse a ese derecho real a cambio del pago de un precio. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. La demanda fue admitida por auto de 9 de julio de 2012, del que se notific\u00f3 a los querellados mediante aviso. Estos se opusieron a la prosperidad del petitum, alegando simplemente que \u00abla actora carece del derecho que pretende\u00bb, pero sin proponer excepciones. <\/p>\n
3.2. La primera instancia culmin\u00f3 con fallo de 13 de julio de 2017, en el que se acogieron todas las pretensiones. Los convocados apelaron. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
En audiencia de 8 de agosto de 2018, el tribunal resolvi\u00f3 modificar lo resuelto por la juzgadora de primer grado, con el prop\u00f3sito de circunscribir la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta a la compraventa que recoge la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6539 de 16 de diciembre de 2011, es decir, la que celebraron Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, manteniendo inc\u00f3lume el otro negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Para fundamentar esas determinaciones, expuso: <\/p>\n
(i) En el expediente est\u00e1 acreditado que \u00abJairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio y Diana Yazm\u00edn Montes Escobar contrajeron matrimonio el 17 de enero de 2000, hubo una primera demanda de divorcio que concluy\u00f3 con sentencia del 21 de septiembre de 2011 (\u2026) desfavorable para la demandante, providencia que dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas (\u2026) sobre los inmuebles con matr\u00edculas 290-80877, 290-80847 y 290-149850, acto registrado el 15 de noviembre de 2011 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
(ii) Tambi\u00e9n se prob\u00f3 que \u00abel 19 de diciembre de 2011 Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio dijo vender a Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a el inmueble con matr\u00edcula 290-149850 (\u2026), y a Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata los matriculados bajo los n\u00fameros 290-80877 y 290-80847\u00bb. Sin embargo, debe diferenciarse esta venta de la anterior, pues las circunstancias que las rodearon son divergentes. <\/p>\n
(iii) En efecto, no existen elementos de juicio para derruir la presunci\u00f3n de seriedad del negocio que celebraron Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio; por el contrario, los testimonios recaudados \u00abfueron contestes en que, en conjunto, le prestaron un dinero a Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, cuesti\u00f3n que no est\u00e1 aislada en el expediente, [pues] aparecen los t\u00edtulos que los respaldan, de los cuales una cosa es sobresaliente, que es la autenticaci\u00f3n que se hizo de ellos ante el notario entre los a\u00f1os 2008 y 2009, es decir (\u2026), para cuando no se hab\u00eda promovido siquiera la primera demanda de divorcio\u00bb. <\/p>\n
(iv) Las documentales que se recaudaron en segunda instancia \u00absirven de contraindicios a los hechos que dio por acreditados el juzgado (\u2026), pues con ellos se puede establecer que (\u2026) a ra\u00edz del ocultamiento del verdadero precio (\u2026) recibido, [los contratantes] fueron involucrados en una investigaci\u00f3n administrativa de la DIAN que concluy\u00f3 con sanci\u00f3n. Lo relevante de ello es que, al margen del mayor valor que dejaron de declarar, su defensa se centr\u00f3 en argumentos diferentes a que la compraventa fuera contraria a la realidad\u00bb. <\/p>\n
(v) Al atacar el acto administrativo sancionatorio de la autoridad tributaria, los estipulantes \u00abratificaron lo dicho a lo largo de este proceso\u00bb, pese a que \u00abun f\u00e1cil mecanismo de defensa para ellos ante la DIAN hubiera podido consistir, precisamente, en atacar la veracidad del contrato mismo que gener\u00f3 la carga (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
(vi) En el trabajo de partici\u00f3n de la sociedad conyugal Ram\u00edrez-Montes, la demandada \u00abparec\u00eda tener tan clara la situaci\u00f3n, que incluy\u00f3 como recompensa (\u2026) el valor real de la compraventa del inmueble, esto es, la suma de $687.000.000 (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, en esa liquidaci\u00f3n se incluyeron como activos los predios ubicados en el Conjunto Residencial Tacaragua, cuya adquisici\u00f3n se habr\u00eda realizado con el dinero de los pr\u00e9stamos otorgados al demandado Ram\u00edrez Palacio. <\/p>\n
(viii) Am\u00e9n de lo anterior, es pertinente indicar que la declaratoria de simulaci\u00f3n reclamada puede resultar inane, porque se restituir\u00edan los activos de la sociedad conyugal, pero simult\u00e1neamente acrecer\u00edan los pasivos sociales que previamente hab\u00edan sido cubiertos mediante la transferencia del predio a la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a. <\/p>\n
(ix) Las diferencias en cuanto al verdadero precio del negocio jur\u00eddico, e inclusive su verdadera naturaleza, que parece corresponder m\u00e1s a una daci\u00f3n en pago que a una compraventa, son ajenas a la competencia de la jurisdicci\u00f3n en este caso concreto, dado el preciso marco de debate que se traz\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
(x) Ahora bien, \u00abla situaci\u00f3n es distinta en el contrato de compraventa que se dice celebrado entre Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio y Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata\u00bb, pues los indicios de la simulaci\u00f3n que advirti\u00f3 la juzgadora de primera instancia no fueron desvirtuados. No se demostr\u00f3 el pago de las cuotas pactadas del precio, ni la capacidad econ\u00f3mica del adquirente, lo que debe sumarse al parentesco, la ausencia de movimientos que reflejen la veracidad de las transacciones y la \u00e9poca sospechosa del negocio. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La actora interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, formul\u00f3 un \u00fanico cargo, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Luego de denunciar la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1602 [y] 1608 [del C\u00f3digo Civil], 165, 167, 176, 240, 241 y 242\u00bb del C\u00f3digo General del Proceso, la se\u00f1ora Montes Escobar expuso lo siguiente: <\/p>\n
(i) El tribunal \u00abno dio por establecidos hechos indicativos de la simulaci\u00f3n, es decir, que el contrato de compraventa descrito en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934 del 19 de diciembre de 2011, entre Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio y Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, fue simulado\u00bb. <\/p>\n
(ii) En el expediente est\u00e1n acreditados varios indicios que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, sugieren esa simulaci\u00f3n, como la causa simulandi \u2013defraudar la sociedad conyugal\u2013 y la inexistencia de prueba de las \u00abdeudas adquiridas en el a\u00f1o 2011\u00bb. <\/p>\n
(iii) La colegiatura de segundo grado tampoco dio por probado, est\u00e1ndolo, que \u00abse simul\u00f3 el precio de la compraventa\u00bb, que exist\u00eda affectio entre los contratantes, y que \u00abla supuesta compradora y\/o compradores no dejaron trazabilidad del movimiento de grandes sumas de dinero, dificultando la transparencia que debe cubrir una transacci\u00f3n tan costosa\u00bb. <\/p>\n
(iv) Tambi\u00e9n omiti\u00f3 en su an\u00e1lisis los testimonios que daban cuenta de la intenci\u00f3n del convocado de distraer el patrimonio de la sociedad conyugal para despojar a su exesposa de cualquier derecho. Igualmente, pas\u00f3 por alto m\u00faltiples indicios, como \u00abel omnia bona; enajenaci\u00f3n plural e innecesaria\u00bb; que \u00abla se\u00f1ora Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a no ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para adquirir la casa campestre\u00bb, y que \u00ablos contratantes confesaron simular un contrato de daci\u00f3n en pago por contrato de compraventa y simular el precio, con lo cual qued\u00f3 establecido el habitus\u00bb. <\/p>\n
(v) Como si fuera poco, se supuso la prueba de \u00abuna daci\u00f3n en pago a favor de terceros\u00bb y de una particular especie de comunidad de hecho que habr\u00eda constituido la demandada \u00absobre la casa campestre, cuando los testimonios de los supuestos comuneros permiten concluir que nada saben sobre el inmueble, sus frutos y gastos\u00bb. <\/p>\n
(vi) Los medios de convicci\u00f3n que pretiri\u00f3 el tribunal, as\u00ed como las pruebas que supuso, dotaron de credibilidad \u00aba (\u2026) la tesis incre\u00edble, artificiosa e inveros\u00edmil de los demandados\u00bb, yerro que es trascendente, porque impidi\u00f3 al ad quem percatarse de la existencia de \u00abindicios lo suficientemente graves, concurrentes, coherentes, contundentes y congruentes como para motivar la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(vii) La hermen\u00e9utica del juez colegiado \u00abno corresponde a una interpretaci\u00f3n razonable, sino a una valoraci\u00f3n probatoria que desconoce y rompe la sana cr\u00edtica, la l\u00f3gica y las presunciones de hombre, am\u00e9n de las reglas de valoraci\u00f3n jur\u00eddica, quebrando la obligaci\u00f3n de apreciar las pruebas con las reglas de la sana cr\u00edtica (\u2026) llevando al traste con las normas sustanciales que mandan que todo contrato celebrado es ley para los contratantes (\u2026) y especialmente que conocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
I. PRECISIONES PRELIMINARES <\/p>\n
1. Defectos formales del cargo. <\/p>\n
Es pertinente indicar que el \u00fanico cuestionamiento formulado por la demandante Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a presenta dos deficiencias formales, a saber: <\/p>\n
1.1. A pesar de denunciar la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, en la sustentaci\u00f3n no se hizo referencia a ning\u00fan precepto de dicho linaje1, que siendo el llamado a gobernar la controversia, hubiera sido inaplicado, interpretado err\u00f3neamente o indebidamente empleado como sustento del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, la se\u00f1ora Montes Escobar anunci\u00f3 como trasgredidos los art\u00edculos 1602 y 1618 del C\u00f3digo Civil y 165, 167, 176, 240, 241 y 242 del C\u00f3digo General del Proceso, normas que no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, que no son sustanciales. Adem\u00e1s, no constituyen \u2013ni debieron constituir\u2013 la base esencial del fallo impugnado. <\/p>\n
N\u00f3tese que el canon 1618 recoge la voluntad del legislador de sujetar la interpretaci\u00f3n de los contratos a una regla fundamental, seg\u00fan la cual, \u00abconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb. Pero esa directriz hermen\u00e9utica no equivale a la consagraci\u00f3n de alg\u00fan derecho subjetivo (tal como lo tiene decantado el precedente2), conclusi\u00f3n que se replica en el caso de los art\u00edculos 165 (medios de prueba), 167 (carga de la prueba), 176 (reglas de apreciaci\u00f3n de la prueba), 240 (requisitos de los indicios), 241 (conducta de las partes como indicio) y 242 (apreciaci\u00f3n de los indicios) del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales consagran algunas pautas en materia probatoria, pero tampoco declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas3. <\/p>\n
A ello debe a\u00f1adirse que, en l\u00ednea de principio, la Corte tampoco ha reconocido car\u00e1cter de norma sustancial al art\u00edculo 1602 del estatuto civil4. Y si bien excepcionalmente pudiera morigerarse dicha afirmaci\u00f3n5, lo cierto es que la regla que debe denunciarse como quebrantada es aquella sobre la cual se fundamenta el fallo, o en la que hubo de fincarse, lo que no ocurre con el citado precepto6, por cuya eventual violaci\u00f3n se doli\u00f3 la censura. <\/p>\n
Cabe advertir, que la pauta \u00ab[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes\u00bb no parece pertinente cuando se alega una divergencia entre la voluntad real y la expresada por los contratantes, y no la fuerza vinculante de los contratos, o la eficacia de su mutuo consentimiento para deshacer un pacto precedente. Adem\u00e1s, la actora no se ocup\u00f3 de elucidar la cuesti\u00f3n, pues al sustentar su remedio extraordinario no dedic\u00f3 una sola l\u00ednea a explicar de qu\u00e9 manera la decisi\u00f3n del tribunal implicaba una infracci\u00f3n al citado canon 1602. <\/p>\n
1.2. Am\u00e9n del defecto rese\u00f1ado, el cargo propuesto incurre en una incorrecci\u00f3n aun m\u00e1s grave, pues obvi\u00f3 la exposici\u00f3n clara, precisa y completa \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 de los desafueros en que habr\u00eda incurrido el ad quem al evaluar la evidencia recaudada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que ese labor\u00edo no se entiende agotado con la singularizaci\u00f3n de las probanzas que habr\u00edan sido preteridas o tergiversadas por esa autoridad judicial, sino que debe extenderse a la \u00abconfrontaci\u00f3n [de] las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal, la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
Ciertamente, si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). <\/p>\n
En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
Con id\u00e9ntico alcance, en una fecha m\u00e1s cercana la Corte sostuvo que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. <\/p>\n
Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, se advierte que la convocante no se ocup\u00f3 de identificar los errores cometidos en la motivaci\u00f3n del fallo cuestionado, ni de demostrar que estos eran de tal magnitud que dejaban al descubierto su apartamiento grosero y trascendente de los elementos de convicci\u00f3n. Simplemente, relacion\u00f3 una parte del material probatorio militante a folios, y construy\u00f3 a partir de all\u00ed una f\u00f3rmula hermen\u00e9utica opuesta a la que sirvi\u00f3 para fundar la decisi\u00f3n impugnada, reparo que corresponde a un alegato de instancia, incompatible con este recurso extraordinario. <\/p>\n
N\u00f3tese que el tribunal reliev\u00f3 la existencia de varios contraindicios, que impedir\u00edan extender la declaratoria de simulaci\u00f3n al contrato de compraventa que celebraron Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio y Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, por v\u00eda de ejemplo, la existencia de un cr\u00e9dito previo entre los estipulantes, y la conducta que adoptaron despu\u00e9s de la negociaci\u00f3n. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la querellante carece de inter\u00e9s para ejercer la acci\u00f3n de prevalencia, pues de extinguirse los efectos de la tradici\u00f3n que cuestiona, resurgir\u00eda tambi\u00e9n un cr\u00e9dito insoluto preexistente, a cargo de la sociedad conyugal Montes-Ram\u00edrez. <\/p>\n
Sobre estos argumentos no existe cr\u00edtica en la demanda de sustentaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la reprobaci\u00f3n gen\u00e9rica a sus conclusiones. Es decir, la casacionista se limit\u00f3 a calificar de equivocadas la deducci\u00f3n del tribunal, y a rengl\u00f3n seguido propuso una inferencia alternativa, sin explicar con detalle en qu\u00e9 consist\u00edan los dislates en que habr\u00eda incurrido esa colegiatura al construir su raciocinio, o por qu\u00e9 la \u00fanica hip\u00f3tesis admisible ser\u00eda la que se defiende ahora. <\/p>\n
Por consiguiente, el sustento del cargo no armoniza con las exigencias formales de la causal segunda del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso dado que no corresponde a una confrontaci\u00f3n frontal al fallo de segunda instancia, sino un renovado ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria, que, se insiste, es propio de las instancias ordinarias, pero ajeno por completo al escenario del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, comoquiera que la Corte \u00abno es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto (\u2026)\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
2. Intervenci\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como consecuencia de los defectos formales relacionados previamente, la demanda de sustentaci\u00f3n que present\u00f3 la convocante fue inadmitida mediante auto CSJ AC3139-2019, 6 ago. No obstante, esa decisi\u00f3n se dej\u00f3 sin efectos mediante sentencia SU-201 de 2021, dictada por la Corte Constitucional. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional no discrep\u00f3 de la postura de esta Sala con relaci\u00f3n al incumplimiento de los requerimientos de t\u00e9cnica por parte de la casacionista. No obstante, esa Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla falta de selecci\u00f3n oficiosa positiva del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Diana Yazm\u00edn Montes Escobar gener\u00f3 una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 13 y 43 de la Carta [pues] no se trataba de un caso de simulaci\u00f3n en el que simplemente se manifest\u00f3 p\u00fablicamente una voluntad distinta a la que se convino en secreto. El caso estaba inmerso en un escenario propio de la discriminaci\u00f3n contra la mujer, de violencia econ\u00f3mica, como lo es el divorcio y la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, y particularmente, de cuestionamientos sobre las actuaciones judiciales, que requieren la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n al desconocer que la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la accionante deb\u00eda analizarse con un enfoque de g\u00e9nero, pues no se trataba de un proceso aislado de simulaci\u00f3n, sino que estaba dirigido a recuperar bienes que pertenec\u00edan a la sociedad conyugal que se que encontraba en liquidaci\u00f3n a ra\u00edz del divorcio y que fueron vendidos por el ex esposo de la demandante, contexto caracter\u00edstico de la violencia econ\u00f3mica contra la mujer. Por tanto, el caso debi\u00f3 haber sido seleccionado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil con el fin de proteger los derechos constitucionales de la tutelante\u00bb <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, orden\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil emitir <\/p>\n
\u00abun nuevo pronunciamiento con el cual admita el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la accionante, con fundamento en la necesidad de proteger los derechos constitucionales de la actora que se revela mediante un an\u00e1lisis con enfoque de g\u00e9nero del caso. De igual forma, se indic\u00f3 que en el an\u00e1lisis del fondo del asunto tambi\u00e9n se debe tener presente que uno de los objetivos de la casaci\u00f3n oficiosa, seg\u00fan el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es proteger las garant\u00edas constitucionales y, por tanto, dentro del an\u00e1lisis del caso de la accionante debe darse prevalencia al enfoque de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
Acorde con ello, y al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, mediante auto AC4213-2021, 17 sep., la Sala de Casaci\u00f3n Civil dispuso la selecci\u00f3n oficiosa positiva de esta causa. <\/p>\n
3. Generalidades de la intervenci\u00f3n oficiosa de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El recurso de casaci\u00f3n no ha sido instituido como una nueva oportunidad para debatir los asuntos que fueron definidos en las instancias, sino que constituye un verdadero remedio extraordinario, de naturaleza primordialmente dispositiva y formal, cuya finalidad consiste en \u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb (art\u00edculo 333, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
La excepcionalidad de este medio de impugnaci\u00f3n puede advertirse, por ejemplo, en la restricci\u00f3n de su procedencia: est\u00e1 limitado a ciertas decisiones judiciales (sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, en procesos declarativos, acciones de grupo que competan a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y liquidaci\u00f3n de condenas impuestas en abstracto7), que revisten marcada trascendencia8, tanto econ\u00f3mica (resoluciones desfavorables que superen 1000 SMLMV), como social (estado civil de las personas y derechos colectivos). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el ataque contra el fallo de segundo grado solo puede fincarse en alguna de las causas predeterminadas por el legislador (violaci\u00f3n de la ley sustancial, incongruencia, trasgresi\u00f3n de la prohibici\u00f3n de reformatio in pejus y haberse dictado el fallo en juicio viciado de nulidad9), y debe atender, tambi\u00e9n, precisas pautas formales, que, con detalle, establece la codificaci\u00f3n procesal10 y la jurisprudencia11, a partir de las notas caracter\u00edsticas del remedio. <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el car\u00e1cter dispositivo de la casaci\u00f3n, en el pasado la Sala sosten\u00eda que <\/p>\n
\u00ab(…) los poderes \u2013o facultades\u2013 judiciales asignados a la Corte, en modo alguno, se estima que son amplios, extendidos o ilimitados \u2013como con cierta frecuencia se cree, probablemente porque se equipara o asocia la misi\u00f3n conferida al juzgador de instancia con la de esta Corporaci\u00f3n\u2013, toda vez que son restrictos, esto es acotados por la ley, al mismo tiempo que por el recurrente en su recurso. No en vano la actividad \u2018ex officio\u2019 de esta Corporaci\u00f3n, en lo que se refiere a la demanda interpuesta, es harto restringida, habida cuenta de que le impide auscultar \u201c(…) defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente y decidir la invalidaci\u00f3n del fallo por errores no invocados en la demanda de casaci\u00f3n\u201d (G.J., t. LXXXI, p.426). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, no le es permitido a la Corte, sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atenci\u00f3n a que -en l\u00ednea de principio- debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegaci\u00f3n para todo Tribunal de casaci\u00f3n, con prescindencia de si fue formulada debidamente, ya que \u00e9sta no es, no podr\u00eda ser de ninguna manera, responsabilidad del juez, menos del de casaci\u00f3n, muy ajeno al juzgamiento de instancia. Este tipo de falencias resulta, pues, enfatiza la Corte, un \u00f3bice insalvable que le impide entrar a definir sobre el fondo de la acusaci\u00f3n pues le est\u00e1 vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos que \u00e9ste contiene. <\/p>\n
Al fin y al cabo en esta materia, por contraposici\u00f3n a lo que tiene lugar en punto al recurso ordinario de apelaci\u00f3n, la Corte s\u00f3lo puede transitar por el sendero que precedentemente le ha indicado el censor, al punto que su movilidad est\u00e1 ligada, indisolublemente, a lo consignado en el correspondiente libelo, por m\u00e1s que evidencie, \u2018motu proprio\u2019, errores o dislates -a\u00fan may\u00fasculos- en la sentencia de segundo grado, los que no puede enmendar oficiosa o libremente, como se acot\u00f3, so pena de desnaturalizar, \u2018in radice\u2019, este singular recurso, no sin raz\u00f3n tildado de extraordinario, con todo de lo que de ello fluye. He ah\u00ed esbozada la trascendencia \u2013real y no ret\u00f3rica\u2013 de formular una demanda con sujeci\u00f3n a las reglas t\u00e9cnicas que lo informan, pues como lo tiene establecido esta Corporaci\u00f3n, el ataque o confrontaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia \u2013considerada como \u2018thema decissum\u2019\u2013 \u201c(…) no se lleva a cabo m\u00e1s que dentro del \u00e1mbito que delimite el propio impugnador de la decisi\u00f3n, porque pensando de otra manera, es decir, suponiendo que ella pudiere ejecutarse merced al propio impulso o iniciativa del juez de casaci\u00f3n, se borrar\u00edan las fronteras con la apelaci\u00f3n pues en \u00e9sta, como es sabido, la investigaci\u00f3n de la norma llamada a servirle de medida al caso, es del resorte o de la incumbencia del juzgador\u201d (G.J. t. XXIII, p.269)\u00bb (CSJ SC, 14 ago. 2000, rad. 5552). <\/p>\n
N\u00f3tese que, desde esa perspectiva, el caracter\u00edstico rigor formal de la casaci\u00f3n impedir\u00eda a la Corte intervenir de oficio en los casos sometidos a su escrutinio, aun a pesar de evidenciar potenciales situaciones injustas, limitaci\u00f3n que dio lugar a fuertes tensiones entre las formas procesales del remedio extraordinario y el rol cada vez m\u00e1s proactivo que asumieron las autoridades judiciales con posterioridad a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. <\/p>\n
En ese contexto de constitucionalizaci\u00f3n del derecho procesal, y con el objetivo de que las formas propias del juicio no se constituyeran en una barrera infranqueable para la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales, el legislador consider\u00f3 viable replantear la funci\u00f3n de las distintas Salas de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, permiti\u00e9ndoles atenuar, en algunos eventos excepcionales, los estrictos contornos de las causales propuestas por el impugnante, para materializar los fines previstos en el citado precepto 333 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, inicialmente se facult\u00f3 a la Corte para \u00abseleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del canon 16 de la Ley 270 de 1996. Y m\u00e1s recientemente, con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, se consagr\u00f3 una prerrogativa adicional, consistente en \u00abcasar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb (art\u00edculo 336). <\/p>\n
En cuanto a la primera potestad, es pertinente se\u00f1alar que seg\u00fan el texto \u2013reformado\u2013 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, las distintas Salas de esta Corporaci\u00f3n pueden elegir \u00ablas sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb, habilitaci\u00f3n gen\u00e9rica que permite (i) abstenerse de tramitar demandas de casaci\u00f3n, aunque satisfagan las exigencias formales del remedio (selecci\u00f3n negativa12); y (ii) examinar de fondo ciertos asuntos, a pesar de que los alegatos del impugnante no sean t\u00e9cnicamente admisibles (selecci\u00f3n positiva13). <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la casaci\u00f3n oficiosa, basta rese\u00f1ar que esta resulta procedente cuando se evidencie que el fallo de segunda instancia \u00abcompromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, lo que se traduce en que, tras verificar alguno de esos excepcionales eventos enlistados por el legislador, la Corte puede separarse de los estrictos linderos que impone el car\u00e1cter dispositivo del recurso14, con el fin de enmendar yerros de la magnitud de los anunciados, sirvi\u00e9ndose de razones diferentes a las esgrimidas por el recurrente extraordinario en su escrito de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Efectos de la selecci\u00f3n positiva de este asunto. <\/p>\n
Como ya se anunci\u00f3, en atenci\u00f3n a la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 la Corte Constitucional en sede de tutela, la Sala seleccion\u00f3 de oficio este asunto para su escrutinio, debiendo adoptar en esta oportunidad la soluci\u00f3n del conflicto que en derecho corresponda, sin las limitantes propias del principio dispositivo del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Expresado de otro modo, como no es viable confrontar la decisi\u00f3n de segunda instancia con las cr\u00edticas compendiadas en el \u00fanico cargo propuesto por la actora \u2013en atenci\u00f3n a las falencias t\u00e9cnicas que se anotaron supra\u2013, la Corte emprender\u00e1 un an\u00e1lisis aut\u00f3nomo y panor\u00e1mico de la controversia, a fin de establecer si la negativa parcial del petitum que dispuso el tribunal contrar\u00eda el ordenamiento y, por esa v\u00eda, compromete el derecho a la igualdad y no discriminaci\u00f3n de la se\u00f1ora Montes Escobar, en los t\u00e9rminos sugeridos en la citada sentencia SU-201 de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n tiene por prop\u00f3sito develar la verdadera intenci\u00f3n de las partes de un contrato, oculta de manera concertada tras un negocio jur\u00eddico aparente. En ese entendido, ha de existir una discordancia entre el pacto que podr\u00eda percibir un observador razonable e imparcial, y lo que privadamente ten\u00edan acordado los estipulantes, antinomia que resulta de una voluntad rec\u00edproca y consciente de estos, orientada a distorsionar la naturaleza del acuerdo, modificar sus caracter\u00edsticas principales, o incluso fingir su propia existencia. <\/p>\n
Por ese sendero, recientemente explic\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u00ab[S]eg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, el verbo transitivo simular denota \u201crepresentar algo, fingiendo o imitando lo que no es\u201d. A diferencia del que oculta de los dem\u00e1s una situaci\u00f3n existente (quien disimula), el simulador pretende provocar en los dem\u00e1s la ilusi\u00f3n contraria: hacer aparecer como cierto, a los ojos de extra\u00f1os, un hecho que es irreal. <\/p>\n
La simulaci\u00f3n, en la esfera de los contratos, supone que los extremos de un negocio jur\u00eddico bilateral (o plurilateral), concertadamente, hagan una declaraci\u00f3n de voluntad fingida, con el prop\u00f3sito de mostrarla frente a otros como su verdadera intenci\u00f3n. Esa discordancia entre la voluntad y su exteriorizaci\u00f3n implica que, para los contratantes \u2013sabedores de la farsa\u2013 la declaraci\u00f3n (i) no est\u00e1 orientada a producir efectos reales (simulaci\u00f3n absoluta), o (ii) simplemente disfraza un acuerdo subyacente con el ropaje de una tipolog\u00eda o configuraci\u00f3n negocial distinta (simulaci\u00f3n relativa). <\/p>\n
En palabras de la doctrina, \u201c(…) negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece. Entre la forma extr\u00ednseca y la esencia \u00edntima hay un contraste llamativo: el negocio que, aparentemente, es serio y eficaz, es en s\u00ed mentiroso y ficticio, o constituye una m\u00e1scara para ocultar un negocio distinto. Ese negocio, pues, est\u00e1 destinado a provocar una ilusi\u00f3n en el p\u00fablico, que es inducido a creer en su existencia o en su naturaleza tal como aparece declarada, cuando en verdad, o no se realiz\u00f3, o se realiz\u00f3 otro negocio diferente al expresado en el contrato\u201d. <\/p>\n
Similarmente, para esta Corporaci\u00f3n el instituto de la simulaci\u00f3n de contratos \u201c(…) comprende una situaci\u00f3n an\u00f3mala en la que las partes, de consuno, aparentan una declaraci\u00f3n de voluntad indeseada (…). Si hay un contenido negocial escondido tras el velo del que se exhibe al p\u00fablico, la simulaci\u00f3n se dice relativa. Pero si no hay v\u00ednculo contractual de ninguna especie y por lo tanto el \u00fanico acto en realidad celebrado consiste en el convenio de las partes para dar vida a una apariencia que enga\u00f1e p\u00fablicamente demostrando ante terceros la existencia de un negocio que las partes nunca se propusieron ajustar, la simulaci\u00f3n se califica de absoluta. <\/p>\n
En una compraventa, por ejemplo, se da la simulaci\u00f3n absoluta cuando no obstante existir formalmente la escritura p\u00fablica que la expresa, no hay \u00e1nimo de transferir en quien se dice all\u00ed vendedor, ni adquirir en quien aparece comprando, ni ha habido precio. En este tipo de operaciones, detr\u00e1s del acto puramente ostensible y p\u00fablico no existe un contrato espec\u00edfico de contenido positivo. Sin embargo, las partes celebran en secreto un convenio que es el de producir y sostener ante el p\u00fablico un contrato de compraventa enteramente ficticio con el \u00e1nimo de enga\u00f1ar hasta obtener ciertos fines. Las partes convienen pues en producir y sostener una ficci\u00f3n para conservar una situaci\u00f3n jur\u00eddica determinada\u201d (CSJ SC, 19 jun. 2000, rad. 6266)\u00bb (CSJ SC3598-2020, 28 sep.). <\/p>\n
2. Prueba de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Determinar que un contrato es simulado requiere importantes esfuerzos probatorios, pues tal cosa implica esclarecer un estado mental que las partes de la negociaci\u00f3n resolvieron mantener en su fuero \u00edntimo, y que, en ocasiones, persisten en encubrir. Por consiguiente, suele reconocerse la importancia de emplear evidencias indirectas de esa voluntad real, como ciertos rasgos o comportamientos de las partes, que no son frecuentes entre quienes ajustan tratos serios. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, las reglas de la experiencia sugieren que es habitual que el vendedor se desprenda de la posesi\u00f3n del bien que enajena; que quiera o necesite vender y su contraparte comprar; que se reclame por esa transferencia un precio, equivalente al valor de mercado del activo, y que el comprador cuente con recursos suficientes para asumir sus cargas econ\u00f3micas; por tanto, una negociaci\u00f3n en la que no se presenten tales circunstancias, puede sugerir el fingimiento de la declaraci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
A esos indicios pueden sumarse otros, ya no propios de una conducta negocial at\u00edpica, sino del contexto en que se celebr\u00f3 el contrato, como la cercan\u00eda de las partes (no necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas; la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n; las cl\u00e1usulas contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de retroventa, etc.); la transferencia masiva de activos, y, por sobre todo, la causa simulandi, es decir, la existencia de un motivo para encubrir con un ropaje aparente la aut\u00e9ntica voluntad de los negociantes. <\/p>\n
2.2. Variables objetivas como las que se relacionaron supra, consideradas en forma aislada, no ser\u00edan suficientes para calificar un contrato como ficto, pues las negociaciones veraces pueden, por distintas circunstancias, presentar en su configuraci\u00f3n uno o algunos de esos rasgos distintivos, y las simuladas no hacerlo; pero varias de ellas conjuntadas, vistas bajo el prisma de la sana cr\u00edtica y las reglas de la experiencia, s\u00ed pueden cimentar suficientemente una conclusi\u00f3n como la que se apunt\u00f3. <\/p>\n
Con esto quiere decirse que los indicios que han identificado y compendiado la jurisprudencia y la doctrina a lo largo de los a\u00f1os, sirven como herramienta para reconocer las notas distintivas de los negocios jur\u00eddicos simulados, de modo que, al analizar contextualmente los hechos probados en el proceso, resultar\u00e1 m\u00e1s sencillo establecer si ellos reflejan la seriedad del contrato, o por el contrario dan cuenta de que, tras un negocio aparente, se oculta una voluntad diversa a la exteriorizada. <\/p>\n
Con todo, debe tenerse en cuenta que las evidencias que ordinariamente se consideran \u201cindicios de simulaci\u00f3n\u201d <\/p>\n
\u00ab(…) no constituyen una lista de necesaria satisfacci\u00f3n, que exija para el \u00e9xito de la acci\u00f3n de prevalencia la indefectible demostraci\u00f3n de todos los supuestos sugerentes de un contrato simulado; al fin y al cabo, la valoraci\u00f3n de la conducta humana exige, m\u00e1s all\u00e1 de simples razonamientos autom\u00e1ticos, un ejercicio de ponderaci\u00f3n y an\u00e1lisis complejo, siempre orientado, insiste la Sala, por las reglas de la sana cr\u00edtica. Pi\u00e9nsese, para demostrar la validez de este argumento, en un contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio, celebrado entre padre e hijo. Per se, resultar\u00eda aventurado tildarlo de mendaz solo por la relaci\u00f3n filial y convenci\u00f3n accidental; pero si la contrataci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo entre un progenitor moribundo, con gran capacidad econ\u00f3mica, y su \u00fanico descendiente, que reci\u00e9n alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad, sin empleo ni recursos propios, parece leg\u00edtimo dudar de la armon\u00eda entre la real intenci\u00f3n de las partes y su exteriorizaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si a ese panorama se suma la posibilidad latente de una demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra el enajenante, que obligar\u00eda a distribuir equitativamente su patrimonio con su antigua esposa, esas sospechas dejar\u00e1n de serlo, y la l\u00f3gica revelar\u00e1 una verdad concluyente: se hizo pasar por venta una donaci\u00f3n, pues la verdadera voluntad del padre no podr\u00eda ser otra que transferir a t\u00edtulo gratuito un activo inmobiliario a su hijo (mejorando as\u00ed su situaci\u00f3n como futuro heredero \u00fanico), con el prop\u00f3sito de defraudar a la c\u00f3nyuge de quien se dijo vendedor, sin serlo. A ello cabe a\u00f1adir, siguiendo con la exposici\u00f3n propuesta, que el desenlace advertido no se modificar\u00eda si el precio pactado en el contrato simulado acompasara con el valor comercial de lo vendido, o si antes de la transferencia el presunto adquirente hubiera examinado, con la asesor\u00eda de expertos, el estado del inmueble, porque tales eventualidades no dotar\u00edan de seriedad a un negocio que carece de ella, ni permitir\u00edan tener por ver\u00eddica una expresi\u00f3n de voluntad que a todas luces tiene dobleces\u00bb (CSJ SC3598-2020, 28 sep., ya citada). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, se muestra impertinente descartar la simulaci\u00f3n de un contrato so pretexto de que alguno de los citados \u201cindicios\u201d no qued\u00f3 probado, pues tal conclusi\u00f3n supondr\u00eda que el doblez de la voluntad se acredita mediante una simple comprobaci\u00f3n cuantitativa \u2013la verificaci\u00f3n de los hechos indiciarios\u2013, y no a partir del an\u00e1lisis conjunto y racional de la evidencia, como corresponde en un sistema de valoraci\u00f3n probatoria asentado en la sana cr\u00edtica, como el previsto en la legislaci\u00f3n procesal civil vigente. <\/p>\n
3. Anotaciones sobre perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
3.1. Por v\u00eda general, puede afirmarse que en la actualidad, todas las personas tienen la posibilidad de desempe\u00f1ar el papel que deseen en la sociedad, seg\u00fan sus intereses, talentos, capacidades, etc. No obstante, a lo largo de la historia ciertos roles fueron distribuidos en funci\u00f3n del g\u00e9nero de cada individuo, realidad que \u2013entre otros escenarios\u2013 se vio reflejada de forma evidente al interior de las parejas estables tradicionales: al hombre le corresponder\u00eda proveer los recursos para la manutenci\u00f3n del hogar, mientras que la mujer habr\u00eda de encargarse de los innumerables quehaceres que impone la cotidianidad. <\/p>\n
En este listado caben tareas como cocinar, limpiar, cuidar de los ni\u00f1os, de personas enfermas y ancianos, hacer las compras, y en general, adelantar las gestiones indispensables para coordinar los procesos y decisiones del hogar, garantizando el normal desenvolvimiento de las vidas de todos a aquellos que se sirven de ese trabajo invisible, el cual demanda un compromiso diario y a tiempo completo de quienes lo realizan, y que justamente por no ser remunerado y hacerse \u201cde puertas para adentro\u201d, no suele apreciarse en su justa dimensi\u00f3n. <\/p>\n
Ese tipo de contribuciones son, sin duda, significativas y apreciables econ\u00f3mica, cultural y socialmente, dadas sus implicaciones para el bienestar familiar y colectivo; no obstante, aun hoy no reciben el reconocimiento que merece. De ah\u00ed que las Naciones Unidas haya incluido como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible15 el \u00abreconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo dom\u00e9stico no remunerado mediante la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, la provisi\u00f3n de infraestructuras y la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas de protecci\u00f3n social, as\u00ed como mediante la promoci\u00f3n de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia\u00bb. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, en nuestro medio, la Ley 1413 de 2010 regul\u00f3 la inclusi\u00f3n de la econom\u00eda del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir el aporte de la mujer al desarrollo econ\u00f3mico y social del pa\u00eds y como herramienta fundamental para la definici\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas. Adicionalmente, instituy\u00f3 la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo para medir este trabajo e incluirlo en el Sistema de Cuentas Nacionales a trav\u00e9s de la Cuenta Sat\u00e9lite de Econom\u00eda del Cuidado. <\/p>\n
El hecho de que se reconozca formalmente la necesidad de cuantificar la participaci\u00f3n del trabajo invisible en la creaci\u00f3n de bienestar com\u00fan es suficiente para derrumbar un paradigma hist\u00f3rico, que marca diferencias entre las contribuciones \u201cen dinero\u201d y \u201cen especie\u201d al interior de una pareja estable, t\u00e9rminos estos que, adem\u00e1s de ser muy ilustrativos, fueron los empleados por la Corte Constitucional en uno de sus primeros pronunciamientos, precisamente relacionado con esta problem\u00e1tica: <\/p>\n
\u00ab(…) el sentenciador parece creer que los \u00fanicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo dom\u00e9stico de la concubina tuvo o no significaci\u00f3n econ\u00f3mica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. El desconocimiento del trabajo dom\u00e9stico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente, durante la uni\u00f3n de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminaci\u00f3n en contra de la mujer\u00bb (T-494\/92). <\/p>\n
La Corte Suprema tambi\u00e9n enalteci\u00f3 el trabajo invisible al interior del hogar com\u00fan, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEsta Corte acent\u00faa la relevancia singular de la relaci\u00f3n personal o sentimental como factor de formaci\u00f3n, cohesi\u00f3n y consolidaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, as\u00ed como la particular connotaci\u00f3n de las labores del hogar, dom\u00e9sticas y afectivas, en las cuales, confluyen usualmente relaciones de cooperaci\u00f3n o colaboraci\u00f3n conjunta de la pareja para la obtenci\u00f3n de un patrimonio com\u00fan. Para ser m\u00e1s exactos, a juicio de la Corte, el trabajo dom\u00e9stico y afectivo de uno de los compa\u00f1eros libres, su dedicaci\u00f3n a las labores del hogar, cooperaci\u00f3n y ayuda a las actividades del otro, constituyen per se un valioso e importante aporte susceptible de valoraci\u00f3n, la demostraci\u00f3n inequ\u00edvoca del animus societatis y de la comunidad singular de bienes, salvo prueba en contrario\u00bb (CSJ SC, 24 feb. 2011, rad. 2002-00084-01). <\/p>\n
3.2. A pesar de los esfuerzos institucionales orientados a reformular dichos roles e implantar un modelo de igualdad y corresponsabilidad, esos estereotipos de g\u00e9nero aun subsisten, con variadas repercusiones en la realidad de la familia, entre ellas las que se derivan del enaltecimiento de los aportes en dinero para la manutenci\u00f3n del hogar \u2013labor que, desde una perspectiva estereotipada, es asignada al hombre\u2013, y el consecuente dem\u00e9rito de las contribuciones de la pareja, en el errado entendido de que estas carecen de significaci\u00f3n, o tienen menor relevancia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Esa visi\u00f3n sesgada puede llevar a pensar, tambi\u00e9n equivocadamente, que el referido proveedor econ\u00f3mico es merecedor de privilegios con relaci\u00f3n al patrimonio familiar, tales como administrarlo con amplias libertades y sin consideraci\u00f3n de la opini\u00f3n o las necesidades ajenas, u obtener, incluso a trav\u00e9s de actos mendaces o torticeros, una porci\u00f3n superior a la que le corresponder\u00eda como gananciales al momento de disolver y liquidar su sociedad conyugal o patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la Sala advierte que en los conflictos que gravitan alrededor de los efectos econ\u00f3micos del matrimonio o de la uni\u00f3n marital de hecho \u2013como los casos de simulaci\u00f3n de actos de disposici\u00f3n de activos sociales\u2013, pueden subyacer estereotipos de g\u00e9nero encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deudas que establecen las leyes sustanciales, prolongando as\u00ed un inicuo y antijur\u00eddico desprecio por la participaci\u00f3n de uno de los miembros de la pareja en la construcci\u00f3n del acervo com\u00fan. <\/p>\n
Ello supone la necesidad de que, en juicios de contornos f\u00e1cticos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, los jueces se aproximen al conflicto con perspectiva de g\u00e9nero, categor\u00eda hermen\u00e9utica que, a voces de la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab(…) impone al juez de la causa que, tras identificar situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodol\u00f3gicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminaci\u00f3n asociada al g\u00e9nero no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos. Dicho de otro modo, la perspectiva de g\u00e9nero se constituye en una importante herramienta para la erradicaci\u00f3n de sesgos y estereotipos, permitiendo revelar, cuestionar y superar pr\u00e1cticas arraigadas en nuestro entorno social, que hist\u00f3ricamente han sido normalizadas y que hoy resultan inadmisibles, dada la prevalencia de los derechos inherentes e inalienables de la persona, procurando as\u00ed que la soluci\u00f3n de las disputas atienda solamente a estrictos par\u00e1metros de justicia. En s\u00edntesis, tal como lo recalc\u00f3 la Cumbre Judicial Iberoamericana en su modelo de incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en las providencias judiciales16, el juzgamiento con observancia de las enunciadas directrices implica \u201chacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligaci\u00f3n constitucional y convencional de combatir la discriminaci\u00f3n por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asim\u00e9tricas de poder\u201d\u00bb (CSJ SC5039-2021, 10 dic.). <\/p>\n
Es menester reiterar que una aproximaci\u00f3n al conflicto con perspectiva de g\u00e9nero \u2013cuando sea procedente\u2013 no es sin\u00f3nimo de obrar con parcialidad. Por el contrario, para solucionar un litigio de manera racionalmente admisible y arm\u00f3nica con el ordenamiento, debe reconocerse que ciertas controversias pueden estar influidas por sesgos injustificados en raz\u00f3n del g\u00e9nero, y que, de ser ese el caso, el juez de la causa deber\u00e1 ser especialmente cuidadoso para detectar las evidencias del trato desequilibrado e identificar, dentro del marco de sus competencias, las herramientas jur\u00eddicas procedentes para contrarrestarlo. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. La evidencia recaudada. <\/p>\n
Con miras a facilitar el an\u00e1lisis, es pertinente rese\u00f1ar el contenido de las probanzas que se recaudaron durante las instancias ordinarias, y que ata\u00f1en al contrato instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934, otorgada el 19 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Quinta de Pereira, mediante el cual Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio transfiri\u00f3 a Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a la propiedad del predio con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Registro civil de matrimonio, en el que se reporta que la se\u00f1ora Montes Escobar y el se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 17 de enero de 200017. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Certificado emitido por la Secretar\u00eda del Juzgado Segundo de Familia de Pereira, conforme con la cual en esa oficina judicial se tramit\u00f3 \u00abel proceso de divorcio promovido por la se\u00f1ora Diana Yasmin (sic) Montes Escobar contra el se\u00f1or Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacios, radicado No. 66001-31-10-2012-00199-00, presentado en la Oficina Judicial el 9 de abril de 2012 y admitido por este Despacho mediante prove\u00eddo de abril 13 de la misma anualidad\u00bb18. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934 de 19 de diciembre de 2011, en la que se consignaron los t\u00e9rminos de la compraventa del \u00abLote A, que hace parte del condominio campestre Tierra del Sol \u2013 Propiedad Horizontal, ubicado en el kil\u00f3metro 5 de la v\u00eda Pereira- Cerritos (…) con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 290-149850\u00bb, convenci\u00f3n que ajustaron los demandados Ram\u00edrez Palacio, como vendedor, y Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, como compradora. <\/p>\n
Del clausulado de esa convenci\u00f3n debe destacarse el pacto relacionado con la entrega material del predio, conforme el cual esta se har\u00eda \u00aba la firma de la presente escritura\u00bb, y el atinente al precio, fijado en \u00ab$203.465.000, los cuales declara el vendedor tenerlos recibidos de contado y a su entera satisfacci\u00f3n de manos de la compradora\u00bb19. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Certificado de tradici\u00f3n del predio compravendido, con matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850, en el que figuran un embargo ordenado por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, acto inscrito el 25 de junio de 2010 (anotaci\u00f3n 3), y el levantamiento de esa cautela por decisi\u00f3n de la misma autoridad judicial, acto inscrito el 15 de noviembre del a\u00f1o siguiente (anotaci\u00f3n 4)20. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Letra de cambio y pagar\u00e9 con espacios en blanco, que incorporan una obligaci\u00f3n a cargo de Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, y a favor de Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, por valor de $70.000.000, con nota de reconocimiento de firma ante notario de 26 de noviembre de 200921. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Letra de cambio y pagar\u00e9 con espacios en blanco, que dan cuenta de una obligaci\u00f3n a cargo de Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, y a favor de Ovidio Lema Castro y Gloria Esperanza Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, por valor de $100.000.000, con vencimiento el 4 de mayo de 2009 y nota de reconocimiento de firma ante notario de 4 de noviembre de 200822. <\/p>\n
vii. Letra de cambio y pagar\u00e9 con espacios en blanco, que indican una obligaci\u00f3n a cargo de Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, y a favor de Jos\u00e9 Daniel Aristizabal Giraldo, por valor de $100.000.000, con vencimiento el 16 de junio de 2009 y nota de reconocimiento de firma ante notario de 16 de diciembre de 200823. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Letra de cambio y pagar\u00e9 con espacios en blanco, que refieren una obligaci\u00f3n a cargo de Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, y a favor de Germ\u00e1n Aristizabal Giraldo, por valor de $100.000.000, con fecha de exigibilidad 9 de junio de 2009 y nota de reconocimiento de firma ante notario de 15 de diciembre de 200824. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2011, presentada por la demandada Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, en la que se informa un patrimonio bruto de $380.970.000, y deudas por $192.000.00025. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2010, presentada por la demandada Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, en la que se\u00f1ala un patrimonio bruto de $178.092.000, y deudas por $15.000.00026. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2009, presentada por la demandada Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, en la que reconoce un patrimonio bruto de $155.331.000, y deudas por $17.000.00027. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2011, presentada por el demandado Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, en la que reporta un patrimonio bruto de $1.814.749.000, y deudas por $375.468.00028. <\/p>\n
<\/p>\n
xiii. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2010, presentada por el demandado Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, en la que denota un patrimonio bruto de $1.315.745.000, y deudas por $3.218.00029. <\/p>\n
<\/p>\n
xiv. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2009, presentada por el demandado Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, en la que alude a un patrimonio bruto de $1.593.863.000, y deudas por $12.043.00030. <\/p>\n
<\/p>\n
xv. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2008, presentada por el demandado Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, en la que resalta un patrimonio bruto de $1.292.709.000, y deudas por $11.164.00031. <\/p>\n
<\/p>\n
xvi. Aval\u00fao elaborado por el perito Jos\u00e9 William Espinosa Olaya, seg\u00fan el cual, para el a\u00f1o 2011, el predio con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850 tendr\u00eda un valor comercial de $701.580.04632. <\/p>\n
<\/p>\n
xvii. Testimonio de Nicol\u00e1s Alberto Mej\u00eda G\u00f3mez, abogado litigante que asisti\u00f3 a las partes en una negociaci\u00f3n prejudicial, y quien relat\u00f3 que \u00abla propuesta que se present\u00f3 por parte de Diana [la ahora demandante] a trav\u00e9s m\u00edo, era que ella se quedaba con el bien inmueble donde hab\u00edan vivido antes de que se separaran, esto es, el apartamento de Tacuaragua, con la finca que quedaba por Cerritos, en Villa del Sol, y con los bienes que le permit\u00edan ejercer su labor como m\u00e9dica, es decir, el consultorio. La respuesta del abogado del doctor Jairo, y del doctor Jairo mismo [el hoy demandado], fue que no estaba interesado en dejare sus bienes a la doctora Diana\u00bb33. <\/p>\n
<\/p>\n
xviii. Testimonio de Jos\u00e9 Daniel Aristizabal Giraldo, c\u00f3nyuge de la demandada Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, quien narr\u00f3 que \u00abhace unos cinco o seis a\u00f1os atr\u00e1s, ella, o sea mi se\u00f1ora, me comenta que el doctor Jairo ha tenido problemas con la esposa, digamos, y empiezan a presentarse unos problemas donde nosotros empezamos a mirar el detalle de que por un dinero que se le hab\u00eda prestado al doctor, ella setenta millones y yo cien millones (…). Empezamos a notar que se estaba dificultando el problema de intereses y de la devoluci\u00f3n del dinero, lo otro es que yo ten\u00eda conocimiento de una plata de una hermana de Luz Marina de nombre Gloria Esperanza, tambi\u00e9n cien millones de pesos (…), se hizo una recolecci\u00f3n de dinero para \u00e9l hacer una inversi\u00f3n, era lo que sab\u00edamos (…). Tambi\u00e9n ah\u00ed dentro de todo este proceso est\u00e1 un dinero de mi hermano, yo lo convenc\u00ed junto con mi se\u00f1ora para adquirir este dinero (sic), para complementar el dinero que el doctor Jairo necesitaba (…). Tambi\u00e9n convencimos a mi mam\u00e1 para complementar el pr\u00e9stamo\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abya pasaron los a\u00f1os, los meses, se lleg\u00f3 al acuerdo de nosotros tomarle en forma de pago la finca que tiene en Cerritos, que ten\u00eda, entonces acordamos entre todos quedarnos con la finca, lo que estamos esperando en este momento es buscarle venta para repartir el dinero y optamos porque Luz Marina fuera la que estuviera representada como due\u00f1a de la finca, es la que maneja el proceso de la finca, alquiler, manejo de gastos, repartici\u00f3n, hasta ah\u00ed\u00bb. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que pactaron con el deudor el pago de r\u00e9ditos remuneratorios \u00abdel 2,5% mensual\u00bb. Y al ser cuestionado sobre el origen del dinero mutuado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abuna plata estaba con una herencia que est\u00e1bamos (sic) en Villamar\u00eda, entonces la solicitamos y la entregaron, eso lo ten\u00edamos guardado, muy espor\u00e1dicamente uno prestaba por ah\u00ed. Ese dinero estaba guardado en una caja fuerte\u00bb34. <\/p>\n
<\/p>\n
xix. Testimonio de Germ\u00e1n Aristizabal Giraldo, quien adujo que \u00abla cu\u00f1ada m\u00eda [la demandada Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a] me llam\u00f3 y me dijo que si pod\u00eda prestarle una plata al doctor Jairo, que \u00e9l necesitaba (…). Yo soy comisionista de venta de casas. Le prest\u00e9 cien millones de pesos, \u00e9l fue por ellos porque no vivo ac\u00e1. La garant\u00eda la cu\u00f1ada (sic) m\u00eda dijo que era buena persona, que si \u00e9l no pagaba, ella me daba un apartamento\u00bb. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido anot\u00f3 que \u00abyo presto a gente conocida, presto a intereses, en hipoteca\u00bb; que \u00abpara pagar en un a\u00f1o de plazo, se pactaron intereses del 2,5%\u00bb; que como el deudor no honr\u00f3 su compromiso, \u00abhicimos un convenio para comprarle entre todos, que \u00e9l nos vend\u00eda la finca en Cerritos, fue por un valor de $687.000.000, nos deb\u00eda esa plata a la cu\u00f1ada, a mi hermano, a Ovidio y a Esperanza\u00bb, y que en el predio transferido en pago \u00abvive un doctor, paga arriendo, paga un mill\u00f3n doscientos mil pesos, Luz Marina hace lo de los gastos y el resto se reparte\u00bb, precisando luego que \u00abLuz Marina es la que reparte, ella es la que sabe los gastos, no yo\u00bb35. <\/p>\n
<\/p>\n
xx. Testimonio de Ovidio Lema Castro, quien narr\u00f3 que \u00aben el a\u00f1o 2008, a trav\u00e9s de Luz Marina Gonz\u00e1lez, el doctor Jairo Ram\u00edrez me solicit\u00f3 un pr\u00e9stamo por cien millones (…). En vista de la cercan\u00eda con el doctor Jairo (…) procedimos a resolver, a dar respuesta a la petici\u00f3n, para lo cual se firm\u00f3 una letra y un pagar\u00e9. Un inter\u00e9s que nos iba a pagar al 2,5% y que ser\u00eda retornado el dinero al a\u00f1o siguiente. El dinero despu\u00e9s se utiliz\u00f3 para la compra de la finca, pues \u00e9l nunca nos pag\u00f3 intereses, y fue cuando se tom\u00f3 la determinaci\u00f3n, dos a\u00f1os m\u00e1s adelante, diciembre de 2011 (…), se hizo negocio con \u00e9l, con el doctor Jairo, $682.000.000 m\u00e1s o menos, valor de la finca, y en el caso nuestro el capital de $100.000.000, al 2,5%, se subi\u00f3 a $192.500.000, que equivale a un 28% del bien adquirido\u00bb- <\/p>\n
A lo expuesto a\u00f1adi\u00f3 que el dinero que le hab\u00eda prestado al demandado Ram\u00edrez Palacio \u00ablo ten\u00eda en efectivo, en la casa en una caja fuerte que manejamos\u00bb, y que \u00abno s\u00e9 quien vive en la finca, porque la que la administra es Luz Marina, solo s\u00e9 que est\u00e1 arrendada, est\u00e1 arrendada por $1.200.000\u00bb36. <\/p>\n
<\/p>\n
xxi. Interrogatorio de parte del se\u00f1or Jos\u00e9 de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, en el que indic\u00f3 que las obligaciones que contrajo con Gloria Esperanza Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, Ovidio Lema Castro, Jos\u00e9 Daniel y Germ\u00e1n Aristiz\u00e1bal Giraldo se explicaban porque \u00abcompr\u00e9 un apartamento que me cost\u00f3 como $630.000.000, ten\u00eda una casa en Cerritos en la cual viv\u00edamos los dos [se refiere a \u00e9l y a la demandante], pero ella no quiso vivir en Cerritos sino que me dijo que se quer\u00eda venir para Pereira. Inicialmente yo le dije que compr\u00e1ramos un apartamiento en una urbanizaci\u00f3n llamada Primavera, 150 metros para los dos creo que era adecuado, y luego fuimos a ver el apartamento 201 de Tacaragua, que tiene 245 metros …vimos otros apartamentos en Tacaragua, pero ella dijo que de menos no quer\u00eda, que si no compraba ese no quer\u00eda otro, raz\u00f3n por la cual me endeud\u00e9 por las sumas que antes mencion\u00e9. Adem\u00e1s ten\u00eda un proceso de embargo por una demanda de divorcio que ella me meti\u00f3 (…), en la cual me embargaron todos los sueldos, salarios, cuentas (…), estuve durante a\u00f1o y medio sin recibir salarios y no pude disfrutar de lo que yo ten\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Igualmente dijo que, \u00abpara esa \u00e9poca ella hab\u00eda terminado hac\u00eda ocho meses su especializaci\u00f3n en Brasil, la cual me toc\u00f3 costearla en forma completa, y no ten\u00eda recursos, ni de salarios ni de los activos que ten\u00eda, durante a\u00f1o y medio o dos a\u00f1os, raz\u00f3n por la cual tom\u00e9 la opci\u00f3n de tomar los cr\u00e9ditos que antes mencion\u00e9\u00bb, y que \u00abla venta real (sic) fue por $680.000.000 o $682.000.000, no se exactamente cuanto, el hecho es que yo deb\u00eda a la familia Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a (…). Yo recib\u00ed la suma de $750.000 como excedente, pagu\u00e9 la deuda que ten\u00eda con la familia, son varios acreedores, con eso cancel\u00e9 parte de la deuda (…). Con intereses [el precio] qued\u00f3 m\u00e1s o menos en la suma que yo deb\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xxii. Interrogatorio de parte de Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, quien reconoci\u00f3 que para el a\u00f1o 2011 contaba con ingresos mensuales \u00abde alrededor de tres millones de pesos\u00bb, y anot\u00f3 que \u00abnosotros conociendo la situaci\u00f3n de Jairo, muchas veces nos reun\u00edamos y \u00e9l me expres\u00f3 que necesitaba vender una de sus propiedades y me habl\u00f3 de la finca, como yo la conozco o la conoc\u00eda y forma parte del sue\u00f1o de toda persona tener una casa de campo, inmediatamente le dije no se la puedo comprar, pero d\u00e9jeme yo hablo con mi familia a ver qu\u00e9 podemos hacer. Mi cu\u00f1ado Ovidio Lema, esposo de mi hermana Gloria Esperanza, se hab\u00edan venido de Cali, donde mi cu\u00f1ado hab\u00eda trabajado por 18 a\u00f1os en Chicles Adams, donde le dieron una liquidaci\u00f3n de $180.000.000 por una reestructuraci\u00f3n que hubo (…) yo lo convenc\u00ed para que me prestara $100.000.000, yo le dije que era para Jairo, con la garant\u00eda de que no se iba a perder, pues conozco a Jairo y le dije que \u00e9l iba a salir beneficiado, porque Jairo iba a apagar de inter\u00e9s el 2,5% mensual\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que \u00abla otra parte de la historia es que mi esposo Jos\u00e9 Daniel Aristizabal labora en la Chevrolet desde hace 16 a\u00f1os, y \u00e9l siempre ha ahorrado, ten\u00eda unos ahorros y me hab\u00eda propuesto comprar una propiedad, y yo tambi\u00e9n lo convenc\u00ed para que le prestara la plata a Jairo, y le prest\u00f3 $100.000.000, bueno, entre $90.000.000 y $100.000.000. Y tambi\u00e9n le dije que hac\u00eda falta dinero (…) y me dijo Germ\u00e1n mi hermano, o sea mi cu\u00f1ado, tiene un dinero, pero es muy quisquilloso con ese dinero, pues ha sido producto de ahorro de toda su vida, parte de una herencia, cuando Daniel habl\u00f3 con Germ\u00e1n cre\u00f3 que finalmente se concret\u00f3 en $100.000.000\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, indic\u00f3 que \u00abquedaban faltando (sic) $70.000.000, que eso s\u00ed lo ten\u00edamos entre mi mam\u00e1 y yo\u00bb, y que \u00abesas sumas, m\u00e1s los intereses que fueron alrededor de 25 meses, al hacer como ya la sumatoria de todo lo que se le hab\u00eda prestado m\u00e1s los intereses (…) entonces finalmente yo s\u00e9 que hubo que darle $750.000 del valor total de la finca, no solamente era eso, sumado al valor econ\u00f3mico, ya que hab\u00edamos convenido eso (sic), yo le dije que \u00e9l y su familia, el padre, sus pap\u00e1s y sus hermanos, en cualquier momento que quisieran estar en la finca me lo expresara y busc\u00e1bamos la manera\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xxiii. Copia de la sentencia ejecutoriada de 21 de septiembre de 2011 mediante la cual el Juzgado Primero de Familia de Pereira neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de divorcio incoada por Diana Yazm\u00edn Montes Escobar contra Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, y dispuso consecuencialmente el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro decretadas en el proceso37. <\/p>\n
<\/p>\n
xxiv. Certificaci\u00f3n emitida por la Secretar\u00eda del Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la que consta que \u00aben este despacho curs\u00f3 proceso contencioso de divorcio (…) propuesto por Diana Yazm\u00edn Montes Escobar contra Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio\u00bb, y que \u00abpor prove\u00eddo de fecha 27 de julio de 2010 se decret\u00f3 el embargo de (…) cuentas bancarias cuyo titular es el se\u00f1or Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio\u00bb38. <\/p>\n
<\/p>\n
xxv. Copia de la liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n 162412015000021 de 20 de abril de 2015, mediante la cual la DIAN orden\u00f3 a Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio pagar la suma de $389.329.000, por concepto de diferencia entre el impuesto de ganancia ocasional real y el declarado a ra\u00edz de la operaci\u00f3n de compraventa cuestionada, sumada a la sanci\u00f3n por inexactitud en la declaraci\u00f3n39. <\/p>\n
<\/p>\n
xxvi. Copia de varias actuaciones adelantadas ante el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal Montes-Ram\u00edrez40. <\/p>\n
4.2. An\u00e1lisis de las hip\u00f3tesis enfrentadas. <\/p>\n
Las descripciones de los hechos del caso que se incluyeron tanto en la demanda como en el escrito de excepciones, reflejan la existencia de dos hip\u00f3tesis contrapuestas con relaci\u00f3n a la verdadera intenci\u00f3n de las partes del contrato de compraventa que se instrument\u00f3 en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934, otorgada el 19 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Quinta de Pereira, ninguna de las cuales coincide con el contenido textual del referido documento. <\/p>\n
Ciertamente, en la demanda se afirm\u00f3 que tras el ropaje de esa compraventa no exist\u00eda una convenci\u00f3n, sino la conjura del se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio, orientada a distraer parte de los activos de su sociedad conyugal, poni\u00e9ndolos temporalmente a nombre de una tercera persona de su entera confianza. A su turno, Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio reafirmaron su voluntad de adquirir y transferir, respectivamente, la propiedad del \u201cLote A\u201d del Condominio Campestre Tierra del Sol, solo que no a cambio del precio consignado en la citada escritura p\u00fablica, sino como forma de pago de varias deudas insolutas. <\/p>\n
Ello equivale a decir que ninguno de los litigantes corrobor\u00f3 la seriedad del texto del contrato sobre el que gravita la controversia, circunstancia que hace altamente probable que su contenido no sea veraz. Por tanto, a fin de resolver la disputa se torna imperativo valorar las evidencias recaudadas, para establecer la verdadera voluntad de los estipulantes y evaluar su armon\u00eda con las teorizaciones antag\u00f3nicas defendidas a lo largo del proceso. <\/p>\n
Dicho de otro modo, como las versiones de la actora y los demandados se encuentran enfrentadas a la literalidad de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934 de 19 de diciembre de 2011, ambos extremos de la litis asumieron \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 la carga de demostrar que la intenci\u00f3n oculta tras el negocio ficto era coincidente con la que sirvi\u00f3 de sustento a sus pretensiones o defensas, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la Sala verificar\u00e1 el cumplimiento de esas cargas probatorias, y establecer\u00e1 cual de las alternativas f\u00e1cticas que delinearon las partes se puede corroborar a partir de las pruebas que militan en el dossier, iniciando por la hip\u00f3tesis esgrimida por los demandados, pues fue la que acogi\u00f3 el tribunal en la sentencia materia de este escrutinio oficioso. <\/p>\n
4.2.1. Descripci\u00f3n y an\u00e1lisis de la versi\u00f3n de los convocados. <\/p>\n
Previamente se anot\u00f3 que, para los demandados, la negociaci\u00f3n atacada ser\u00eda simulada, pero solo relativamente, pues exist\u00eda \u00e1nimo de transferencia, a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago. En respaldo de esa tesis, aportaron varios t\u00edtulos-valores, que reportan obligaciones a cargo de Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, y a favor de Luz Marina y Gloria Esperanza Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, Ovidio Lema Castro, Jos\u00e9 Daniel y Germ\u00e1n Aristizabal Giraldo. <\/p>\n
Se trata de cuatro operaciones de cr\u00e9dito distintas, las tres primeras por $100.000.000 cada una, y la restante y m\u00e1s reciente por $70.000.000, incorporadas en sendos pagar\u00e9s \u2013y letras de cambio\u2013 con varios espacios en blanco, y que aparecen firmados por el deudor \u2013con reconocimiento ante notario\u2013 los d\u00edas 4 de noviembre, 15 y 16 de diciembre de 2008 y 26 de noviembre de 2009. <\/p>\n
Para vincular esos cr\u00e9ditos con la tradici\u00f3n del dominio, se practicaron los testimonios de varios de esos acreedores, puntualmente, de los se\u00f1ores Ovidio Lema Castro, Jos\u00e9 Daniel y Germ\u00e1n Aristiz\u00e1bal Giraldo, quienes dijeron haber suministrado esas sumas de dinero al se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio a cambio de un inter\u00e9s del 2,5% mensual, y que lo hicieron sin solicitar una garant\u00eda real, debido a la relaci\u00f3n de cercan\u00eda existente entre la familia del deudor y la se\u00f1ora Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, consorte de Jos\u00e9 Daniel y cu\u00f1ada de Ovidio y de Germ\u00e1n. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, refirieron que el deudor nunca cubri\u00f3 los r\u00e9ditos remuneratorios pactados, ni realiz\u00f3 abonos a capital; que se vieron obligados a recibir en pago la vivienda ubicada en el Condominio Campestre Tierra del Sol, cuyo valor comercial coincidir\u00eda casi exactamente con el monto adeudado, y que, para facilitar dicha transferencia, resolvieron que la propiedad quedara registrada a nombre de Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, a quien encargaron de su administraci\u00f3n, hasta cuando la heredad fuera vendida. <\/p>\n
Para finalizar, tanto en la contestaci\u00f3n de la demanda como en su declaraci\u00f3n de parte, el deudor intent\u00f3 explicar las aludidas operaciones de cr\u00e9dito aduciendo que \u00abcon el valor de esos pr\u00e9stamos se hacen inversiones para la adquisici\u00f3n del apartamento 201, ubicado en el Conjunto Residencial Tacaragua P.H.\u00bb41, lujoso predio que fue adquirido en com\u00fan y proindiviso por los esposos Montes-Ram\u00edrez mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 2762, otorgada el 30 de mayo de 2009 en la Notar\u00eda Quinta de Pereira. <\/p>\n
Y de manera un tanto ambivalente, en otros apartes de los referidos memorial y declaraci\u00f3n el se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio dijo haber necesitado los pr\u00e9stamos para superar una situaci\u00f3n de iliquidez grave, generada por los elevados gastos de educaci\u00f3n de su c\u00f3nyuge por aquel entonces \u2013quien cursaba una especializaci\u00f3n m\u00e9dica en Brasil\u2013, y acrecentada por el embargo de sus salarios y cuentas bancarias, cautela decretada en el curso del primer tr\u00e1mite de divorcio incoado por la se\u00f1ora Montes Escobar. <\/p>\n
A juicio de la Sala, la anterior teorizaci\u00f3n se muestra poco veros\u00edmil, por lo siguiente: <\/p>\n
(i) El demandado Ram\u00edrez Palacio ofreci\u00f3 explicaciones incoherentes acerca del motivo de su decisi\u00f3n de adquirir cr\u00e9ditos por $370.000.000 con prestamistas no institucionales. <\/p>\n
Es claro que las justificaciones anotadas previamente son incompatibles, porque si el citado convocado realmente se encontraba en una grave crisis econ\u00f3mica, no se entiende c\u00f3mo habr\u00eda decidido afrontar la compra de una vivienda de lujo, menos aun teniendo que asumir con su propio peculio cerca de la mitad del precio de adquisici\u00f3n que \u00e9l mismo se\u00f1al\u00f3 en su interrogatorio (esto es, $630.000.000). <\/p>\n
A ello cabe agregar que esa heredad fue adquirida el 30 de mayo de 2009, cerca de seis meses despu\u00e9s de signar los tres primeros pagar\u00e9s aportados a este proceso, y siete meses antes de la firma del titulo-valor restante, el otorgado a favor de la codemandada, por un valor de $70.000.000. Este desacople temporal parece descartar cualquier vinculaci\u00f3n entre los cr\u00e9ditos y la compraventa del apartamento 201 del Conjunto Residencial Tacaragua, especialmente cuando no existen m\u00e1s constancias de ese relacionamiento. <\/p>\n
Similarmente, no se prob\u00f3 que la crisis financiera que adujo el convocado Ram\u00edrez Palacio hubiera existido, ni mucho menos que tuviera algo que ver con los cr\u00e9ditos que solicit\u00f3. De un lado, los pagar\u00e9s citados exist\u00edan con bastante antelaci\u00f3n a la fecha en la que sobrevino el embargo de sus cuentas bancarias (ordenado el 27 de julio de 2010). Y de otro, no existe constancia de las erogaciones que dijo haber asumido el demandado para el sostenimiento de su consorte, ni de los apuros financieros que expres\u00f3 soportar. <\/p>\n
Por el contrario, lo que s\u00ed est\u00e1 acreditado es que el se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio, m\u00e9dico de profesi\u00f3n, gozaba de una privilegiada situaci\u00f3n econ\u00f3mica para las anualidades 2008 a 2011 \u2013\u00e9poca que interesa a este litigio\u2013, declarando ante las autoridades tributarias ingresos anuales por $494.912.000 (2008), $918.287.000 (2009), $700.349.000 (2010) y $534.456.000 (2011); reportando activos promedio cercanos a $1.500.000.000; y deudas relativamente peque\u00f1as, que nunca superaron los $13.000.000 (con excepci\u00f3n del a\u00f1o 2011, sobre el que se volver\u00e1 m\u00e1s adelante). <\/p>\n
Para la Corte, no luce probable que una persona con elevados ingresos decida solicitar m\u00faltiples y millonarios cr\u00e9ditos a personas naturales, sin tener ninguna urgencia o necesidad probada, y reconociendo a cambio intereses remuneratorios del 2,5% mes vencido, que equivalen a una tasa del 34,39% efectivo anual, superior a los l\u00edmites m\u00e1ximos vigentes para la fecha de los empr\u00e9stitos. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase que la situaci\u00f3n financiera del m\u00e9dico Ram\u00edrez Palacio contrasta con la de sus prestamistas, quienes \u2013de acuerdo con la evidencia\u2013 no parecen personas excesivamente solventes. La \u00fanica que arrim\u00f3 alguna evidencia de ingresos, esto es, la codemandada Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, report\u00f3 ingresos por $38.137.000 durante el a\u00f1o 2009, monto bastante inferior al que dijo haber mutuado a su codemandado en ese lapso ($70.000.000). <\/p>\n
En cuanto a los dem\u00e1s acreedores, no obra en el expediente prueba de sus rentas, ni de la cuant\u00eda de su patrimonio, pero seg\u00fan sus propios testimonios \u2013sumados a la declaraci\u00f3n de la demandada Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a\u2013, se trata de personas asalariadas, que habr\u00edan invertido la totalidad de sus ahorros, su liquidaci\u00f3n laboral o incluso una herencia, en financiar a una persona natural que solo conoc\u00edan tangencialmente, y a la que no le reclamaron garant\u00edas de pago de ning\u00fan tipo. <\/p>\n
(iii) A pesar de tratarse de operaciones millonarias, carecen por completo de trazabilidad. <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n que, seg\u00fan los testimonios de los prestamistas, los cuantiosos recursos suministrados al galeno le fueron entregados en efectivo, lo cual es altamente inusual, dadas las dificultades log\u00edsticas y de seguridad que conllevar\u00eda custodiar y transportar $370.000.000 en met\u00e1lico. Y como tampoco hay constancia del modo en el que el deudor invirti\u00f3 esos dineros, la versi\u00f3n de este implicar\u00eda admitir que de tan elevadas cifras no qued\u00f3 ni el m\u00e1s m\u00ednimo rastro. <\/p>\n
Adicionalmente, esas deudas no aparecen registradas en las declaraciones de renta del se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio, a pesar de que este parece llevar su contabilidad con plenitud de detalles, al punto que se cuid\u00f3 de consignar en el formulario correspondiente al a\u00f1o fiscal 2011 un cr\u00e9dito de $374.266.731 que adquiri\u00f3 en ese mismo per\u00edodo con la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito \u201cProgressa\u201d42. <\/p>\n
(iv) La conducta del deudor y de sus acreedores frente a la situaci\u00f3n de mora no resulta razonable. <\/p>\n
Es menester memorar que el cartular que incorpora obligaciones (por $70.000.000) a favor de la demandada Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, y a cargo del m\u00e9dico Ram\u00edrez Palacio, no tiene fecha de creaci\u00f3n, pero s\u00ed figura firmado ante notario el 26 de noviembre de 2009, calenda que coincide exactamente con la dimensi\u00f3n de la mora que se anunci\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda, a fin de ilustrar los t\u00e9rminos de la daci\u00f3n en pago (es decir, 25 meses). <\/p>\n
De ser ello as\u00ed, ese cr\u00e9dito se habr\u00eda desembolsado para una fecha en la que el deudor ya se encontraba en mora de pagar casi 12 cuotas de los cr\u00e9ditos que hab\u00eda contra\u00eddo con el esposo, la hermana y los cu\u00f1ados de Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a. Ello torna irrazonable el otorgamiento del millonario empr\u00e9stito adicional, m\u00e1xime cuando se persisti\u00f3 en prescindir de cualquier garant\u00eda civil, y no se discuti\u00f3 siquiera el pago de los d\u00e9bitos preexistentes. <\/p>\n
Desde otra perspectiva, no parece coherente que el facultativo demandado, persona con altos ingresos, activos importantes y pocas deudas a cargo, decida injustificadamente dejar de honrar sus compromisos financieros, especialmente cuando, de un lado, estos generan r\u00e9ditos elevad\u00edsimos, y de otro, los acreedores insatisfechos son personas a las que el deudor dice apreciar, y que son muy cercanos a su familia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es notoria la despreocupaci\u00f3n de los prestamistas por la suerte de su dinero. Brillan por su ausencia requerimientos judiciales o extrajudiciales para el pago, a pesar de que en la operaci\u00f3n de empr\u00e9stito estar\u00eda comprometida una importante porci\u00f3n del patrimonio de la familia Gonz\u00e1lez-Aristizabal, y sin reparar en que el deudor no realiz\u00f3 ning\u00fan abono durante aproximadamente 36 meses \u2013lapso que coincide con el de la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones cambiarias\u2013. <\/p>\n
(v) El comportamiento de las partes frente a la operaci\u00f3n de daci\u00f3n en pago es igualmente inusual. <\/p>\n
Seg\u00fan el dicho de los testigos y los convocados, luego de entre veinticuatro y treinta y seis meses de mora, los acreedores decidieron \u00abrecibir en pago\u00bb una propiedad del deudor Ram\u00edrez Palacio. Sin embargo, no existe constancia de que hubieran intentado establecer el precio de la heredad a trav\u00e9s de cualquier medio admisible, de hecho, ni siquiera parecen haber inspeccionado el bien que aceptaron a cambio de sus derechos crediticios. <\/p>\n
Asimismo, y a pesar de encontrarse en una aparente situaci\u00f3n l\u00edmite, el deudor no trat\u00f3 de renegociar el alto componente de r\u00e9ditos remuneratorios y moratorios de su obligaci\u00f3n, ni ofreci\u00f3 alguna forma de soluci\u00f3n alternativa, menos ruinosa para su patrimonio, a pesar de contar con aparente liquidez, pues durante el a\u00f1o 2011 le fueron concedidos cr\u00e9ditos por valor de $374.266.731 \u2013parte de los cuales invirti\u00f3 en renovar su veh\u00edculo\u2013, y se le restituyeron todos los recursos cautelados por el juzgado de familia que tramit\u00f3 el primer proceso de divorcio. <\/p>\n
Como si fuera poco, Ovidio Lema Castro, Gloria Esperanza Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, Jos\u00e9 Daniel y Germ\u00e1n Aristizabal Giraldo \u2013acreedores del demandado, en cuant\u00eda de capital de $300.000.000\u2013 se desentendieron por completo del bien que habr\u00edan recibido en pago, cuya administraci\u00f3n y propiedad dijeron haber delegado a la se\u00f1ora Ram\u00edrez Nore\u00f1a sin ninguna constancia o documento de respaldo, y sin reparar en las rentas o gastos propios de la heredad, ni en sus caracter\u00edsticas actuales. <\/p>\n
Tampoco parece preocuparles en demas\u00eda el hecho de que no hayan podido disponer de la propiedad durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, ni que ese inmueble, al que le asignaron un valor de $682.000.000, se encontrara arrendado \u2013a un colega de Ram\u00edrez Palacio\u2013 por apenas $1.200.000, lo que, sin descontar impuestos y dem\u00e1s gastos, equivaldr\u00eda a una importante reducci\u00f3n en la remuneraci\u00f3n de su capital, que pasar\u00eda de un muy generoso 2,5% mes vencido (34,39% EA), a un \u00ednfimo 0,18% en el mismo lapso (2,13% EA), tasa que es incluso inferior a las cifras de inflaci\u00f3n. <\/p>\n
(vi) Conclusi\u00f3n del an\u00e1lisis. <\/p>\n
Los convocados, partes del contrato de compraventa que recoge la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934 de 19 de diciembre de 2011, no lograron demostrar los hechos en los que descansa su alegato, consistentes en que su voluntad no armonizaba con el negocio que declararon p\u00fablicamente \u2013la compraventa\u2013, pero s\u00ed implicaba un \u00e1nimo de transferencia, a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
Aunque obran en el expediente algunos pagar\u00e9s y letras de cambio, e incluso testimonios y declaraciones de parte que coinciden con esa proposici\u00f3n, lo cierto es que, valoradas las pruebas en conjunto y de forma contextualizada, resultan insuficientes para revelar una voluntad oculta plausible, que pudiera contraponerse al consentimiento que se expres\u00f3 en el documento solemne. <\/p>\n
Lo anterior no implica adoptar decisiones de fondo sobre la existencia o validez de los cr\u00e9ditos referenciados previamente, pues el an\u00e1lisis que antecede est\u00e1 circunscrito al prop\u00f3sito y contexto de este proceso, es decir, a verificar la certidumbre probatoria de la hip\u00f3tesis de la defensa, en el marco de este juicio de simulaci\u00f3n de contratos, y con base en las evidencias que aqu\u00ed se recaudaron. <\/p>\n
Tampoco conlleva el \u00e9xito del petitum, pues tal cosa depende de la satisfacci\u00f3n de la carga de la prueba que correspond\u00eda al extremo demandante, punto de debate cuya verificaci\u00f3n se emprender\u00e1 seguidamente. <\/p>\n
4.2.2. Descripci\u00f3n y an\u00e1lisis de la versi\u00f3n de la demandante. <\/p>\n
En cuanto a la tesis de la actora, esta defendi\u00f3 que la compraventa atacada exist\u00eda solo en apariencia, pues carec\u00eda de verdadero contenido. Para arribar a esa inferencia, explic\u00f3 que alrededor de ese negocio jur\u00eddico ficto se presentan varios de los hechos indicadores de mendacidad que han identificado la jurisprudencia y la doctrina. <\/p>\n
Para iniciar, emerge evidente la causa simulandi o motivo para simular, que no ser\u00eda distinto al af\u00e1n por menguar el patrimonio de la sociedad conyugal Montes-Ram\u00edrez. Asimismo, la \u00e9poca del negocio es sospechosa, pues se realiz\u00f3 apenas un mes despu\u00e9s del levantamiento de las cautelas decretadas por el juez de la causa de divorcio. <\/p>\n
Por esa misma senda, el vendedor es una persona de elevados ingresos, que no ten\u00eda necesidad de enajenar, mientras que la compradora carec\u00eda de recursos para cubrir el precio de una lujosa casa campestre; no existen registros de la forma en la que se pag\u00f3 ese precio, ni del origen de los recursos, y tampoco hay constancia del uso que se le habr\u00eda dado al dinero recibido por el tradente. Finalmente, los contratantes son amigos cercanos. <\/p>\n
Hecha esta breve s\u00edntesis, la Sala advierte que esta hip\u00f3tesis resulta no solo plausible, sino tambi\u00e9n consonante con las pruebas recaudadas, atendiendo estas razones: <\/p>\n
(i) La causa simulandi se encuentra probada. <\/p>\n
Acorde con el certificado de tradici\u00f3n del inmueble con matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850, el predio que pretendi\u00f3 transferir el vendedor aparente, Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, hab\u00eda sido adquirido por este a titulo oneroso el 16 de enero de 2004, de modo que integraba los activos de la sociedad conyugal que conformaron el citado demandado y la actora Montes Escobar a partir del 17 de febrero de 2000, cuando contrajeron nupcias. <\/p>\n
Para la fecha de la venta cuestionada (19 de diciembre de 2011), la hoy demandante hab\u00eda exteriorizado su decisi\u00f3n de finalizar el v\u00ednculo marital y disolver y liquidar la referida sociedad conyugal, al punto que varios meses antes, el 9 de junio de 2010, hab\u00eda iniciado un proceso de divorcio contencioso, en cuyo tr\u00e1mite particip\u00f3 activamente el se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio. Adem\u00e1s, para el momento de la negociaci\u00f3n, la pareja llevaba cerca de dos a\u00f1os separada de cuerpos, muestra adicional de lo irreversible de la ruptura. <\/p>\n
Escenarios como el descrito constituyen un incentivo para que ciertas personas, vali\u00e9ndose de su condici\u00f3n de propietarios de los bienes sociales, intenten menguar el patrimonio com\u00fan acudiendo a enajenaciones fingidas ajustadas con personas cercanas, las cuales justifican a partir de una l\u00f3gica econ\u00f3mica violenta contra los derechos de la mujer \u2013o de la pareja que no aporta econ\u00f3micamente\u2013, en la que se estima excesivo o injusto reconocerle los derechos que le corresponden sobre los bienes sociales, arguyendo que estos fueron adquiridos \u00fanicamente con el fruto del esfuerzo y el trabajo del otro miembro del matrimonio o de la uni\u00f3n marital. <\/p>\n
En este caso, la estrategia de litigio del convocado Ram\u00edrez Palacio refleja su af\u00e1n por dejar en claro que era \u00e9l quien prove\u00eda la totalidad de los recursos del hogar, mientras que su esposa no hac\u00eda ninguna contribuci\u00f3n, pues era una mujer joven, que estaba culminando su ciclo formativo especializado gracias a la ayuda de su esposo. Adem\u00e1s de la declaraci\u00f3n de parte rese\u00f1ada supra, puede verse a modo de ilustraci\u00f3n lo dicho por el referido demandado al presentar sus alegaciones finales: <\/p>\n
\u00abEl demandado Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, m\u00e9dico especializado, contrajo nupcias (…) el 17 de enero de 2000; \u00e9l naci\u00f3 el 3 de marzo de 1957, y ella el 8 de julio de 1973, o sea una diferencia de edades de 16 a\u00f1os aproximadamente. Ella para entonces estaba terminando estudios de medicina y hac\u00eda el internado en la ciudad de Armenia. El prop\u00f3sito de la pareja era que ella se especializara, y en efecto as\u00ed sucedi\u00f3, ella estuvo un a\u00f1o estudiando el idioma portugu\u00e9s en Bogot\u00e1, y luego viajo al pa\u00eds de Brasil (sic) a especializarse en dermatolog\u00eda, la cual tuvo una duraci\u00f3n de tres a\u00f1os y algunos meses; los altos costos fueron asumidos por el esposo; graduada regres\u00f3 a Pereira, instal\u00e1ndose en Cerritos, luego exigi\u00f3 vivir en un lugar m\u00e1s cercano al centro, fue as\u00ed como se adquiri\u00f3 un apartamento de m\u00e1s de doscientos metros cuadrados en el sector de Pinares de San Mart\u00edn, edificio llamado \u201cTacaragua\u201d, cuyo costo fue superior a seiscientos millones de pesos, y la escritura de compra se hizo a nombre de los esposos por partes iguales, el precio fue pagado de contado por el se\u00f1or Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, sin aportes de su c\u00f3nyuge, porque estaba reci\u00e9n graduada. Se colige que durante m\u00e1s de cuatro a\u00f1os la demandante permaneci\u00f3 fuera del hogar estudiando, raz\u00f3n por la cual no aport\u00f3 patrimonio a la sociedad conyugal, mientras que el esposo, quien antes del matrimonio ten\u00eda especializaci\u00f3n como cirujano, trabajaba de sol a sol, s\u00e1bados y domingos, para sostenerse y pagar los alt\u00edsimos costos de los estudios de la esposa\u00bb. <\/p>\n
La necesidad de traer a colaci\u00f3n circunstancias como las que refieren los apartes resaltados, que no ofrecen mayores luces sobre la seriedad o mendacidad de la compraventa cuestionada, solo se explica a partir del prop\u00f3sito de ponderar los esfuerzos en dinero del se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio, y desaprobar \u2013al menos t\u00e1citamente\u2013 los reclamos patrimoniales de la se\u00f1ora Montes Escobar, a pesar de que esta simplemente ped\u00eda lo que es suyo por derecho. <\/p>\n
Expresado de otra forma, lo que revelan los argumentos del convocado en esta litis no es nada distinto a la presencia del estereotipo de g\u00e9nero que medi\u00f3 como motivaci\u00f3n para la venta simulada, seg\u00fan el cual no resulta justo que la mitad de los bienes adquiridos gracias al esfuerzo de un hombre que trabaj\u00f3 \u00abde sol a sol\u00bb, sean entregados a su esposa tras el divorcio, pues bajo dicha visi\u00f3n sesgada, esta \u00faltima \u00abno aport\u00f3 patrimonio a la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Esa raz\u00f3n para simular, adem\u00e1s, se encuentra refrendada por el testimonio del abogado Nicol\u00e1s Alberto Mej\u00eda G\u00f3mez, quien coordin\u00f3 algunos acercamientos previos al inicio del primer juicio de divorcio, y que, tras enviar una propuesta conciliatoria al galeno Ram\u00edrez Palacio y a su apoderado, obtuvo como respuesta que aquel \u00abno estaba interesado en dejar sus bienes a la doctora Diana\u00bb. <\/p>\n
(ii) La \u00e9poca y la forma desprolija de la negociaci\u00f3n es sospechosa. <\/p>\n
En este punto se debe memorar que la actora inici\u00f3 un primer proceso de divorcio, que le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, autoridad que decret\u00f3 el embargo del predio con matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850 por auto de 27 de julio de 2010. Como ya se dijo, ese juicio culmin\u00f3 con sentencia desestimatoria de las pretensiones, que no fue apelada tempestivamente, raz\u00f3n por la cual se levantaron las medidas cautelares, decisi\u00f3n comunicada a la ORIP de la ciudad de Pereira mediante oficio 1572 de 15 de noviembre de 2011, inscrito el d\u00eda 17 del mismo mes. <\/p>\n
Un mes y dos d\u00edas despu\u00e9s, el 19 de diciembre de 2011, el demandante transfiri\u00f3 en venta la heredad en favor de la se\u00f1ora Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, coincidencia temporal que es altamente sospechosa, especialmente teniendo en cuenta que los esposos estaban separados de cuerpos desde el inicio del procedimiento judicial antes referido, y estaban decididos a promover una segunda demanda de divorcio tan pronto ese alejamiento se extendiera por dos a\u00f1os, como en efecto lo hicieron en abril del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n
N\u00f3tese que, dada la situaci\u00f3n descrita, era previsible que surgieran disputas alrededor de actos de disposici\u00f3n sobre bienes sociales econ\u00f3micamente relevantes \u2013como el \u201cLote A\u201d del Condominio Campestre Tierra del Sol\u2013 que tuvieron lugar en las postrimer\u00edas de la sociedad conyugal Montes-Ram\u00edrez. Pese a ello, el vendedor no tom\u00f3 ninguna precauci\u00f3n, ni se cuid\u00f3 de documentar con claridad sus negociaciones; por el contrario, actu\u00f3 de una forma sumamente desprolija y descuidada. <\/p>\n
Basta con rese\u00f1ar que en la compraventa que celebraron Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio se pact\u00f3 un precio que ni siquiera ellos mismos califican de real. Y si bien estos sostuvieron que la contraprestaci\u00f3n por la transferencia del inmueble ser\u00eda la extinci\u00f3n de algunas deudas insolutas a cargo del enajenante, lo cierto es que no tomaron ninguna precauci\u00f3n para documentar esa operaci\u00f3n, dejando los vac\u00edos que se resaltaron en el numeral 4.2.1. de estas consideraciones. <\/p>\n
En el escrito inicial, la actora reclam\u00f3 la declaratoria de simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa instrumentados en las escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 6359, otorgada el 16 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Cuarta de Pereira, y n.\u00ba 6934, otorgada el 19 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Quinta de la misma ciudad. El primero de esos negocios jur\u00eddicos fue declarado absolutamente simulado en las sentencias de primera y segunda instancia que se dictaron durante este juicio, decisi\u00f3n que no fue objeto de ning\u00fan recurso, y que, por lo mismo, se encuentra en firme. <\/p>\n
Por ende, ha quedado establecido judicialmente que el vendedor Ram\u00edrez Palacio celebr\u00f3 al menos una convenci\u00f3n mendaz, incluso que lo hizo para defraudar a su sociedad conyugal. A esto s\u00famase que la estrategia de defensa de los demandados consisti\u00f3 en haber simulado el monto y la forma de pago del precio de la compraventa que sigue en discusi\u00f3n, alegato que \u2013se insiste\u2013 no fue demostrado, pero que sugiere que para Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio no es extra\u00f1a la posibilidad de incluir declaraciones contrarias a la realidad en un instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
(iv) Ausencia de capacidad econ\u00f3mica de la compradora, inexistencia de necesidad de vender y falta de huellas de las transferencias dinerarias. <\/p>\n
Acorde con la probanza t\u00e9cnica que se recaud\u00f3 en este juicio, para el a\u00f1o 2011 la heredad objeto del contrato reprochado estaba avaluada en $701.580.046, cifra que es similar a la que estimaron todas las partes y testigos en sus respectivas declaraciones. Con base en esa premisa, es evidente que la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a no estaba en capacidad de adquirir un bien de tan elevado valor, mucho menos sin acudir a ninguna fuente de financiaci\u00f3n, pues para el tiempo del negocio percib\u00eda un salario mensual que apenas superaba los $3.000.000, y no acredit\u00f3 tener dineros ahorrados, u otros bienes de fortuna. <\/p>\n
Ahora bien, como se ha dejado sentado en esta providencia, las partes de la compraventa buscaron defender que el precio real pactado correspond\u00eda a la suma de capital e intereses de varios cr\u00e9ditos insolutos en favor de familiares de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, y de ella misma. Esa versi\u00f3n ya se descart\u00f3, por ser inveros\u00edmil, pero asumi\u00e9ndola cierta solo en gracia de discusi\u00f3n, tampoco estar\u00eda probada la capacidad econ\u00f3mica de los prestamistas para cubrir un pedido de financiaci\u00f3n de $370.000.000. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, el vendedor ejerc\u00eda su profesi\u00f3n con gran \u00e9xito, percib\u00eda elevados ingresos anuales y no acredit\u00f3 tener mayores apuros de dinero \u2013aunque lo hubiera alegado con recurrencia\u2013. Por consiguiente, resulta inexplicable que haya decidido desprenderse de un predio de alto valor sin causa justificada demostrada. <\/p>\n
A esto debe agregarse la ausencia de huellas de cualquier operaci\u00f3n anterior y posterior a la venta, incluidos los propios empr\u00e9stitos alegados, o el uso que le hubiera dado a los mismos el demandado. Aun si se tuviera por cierta la versi\u00f3n de los convocados, no parece posible explicar c\u00f3mo pudieron pasar al menos $370.000.000 por las manos de m\u00e1s de cinco \u201cprestamistas\u201d, del propio \u201cdeudor\u201d y del \u201cdestinatario final\u201d de los recursos, sin dejar ninguna traza que pudiera comprobarse al interior de este proceso. <\/p>\n
(v) Familiaridad de los contratantes. <\/p>\n
Acorde con lo dicho por el demandado en su interrogatorio, \u00abconozco a Luz Marina y a la familia desde Quinch\u00eda, desde el a\u00f1o 1982, era una familia allegada a la parroquia y amigos del padre [Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata], que es mi t\u00edo (…). Hay una relaci\u00f3n de amistad, y m\u00e1s que de amistad es una familiaridad, por el aprecio que la familia le tiene al padre y por los v\u00ednculos y nexos que nos han unido desde esa \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a sostuvo en la contestaci\u00f3n de la demanda que \u00abexisti\u00f3 y aun existe una amistad entre [la demandada] y Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio, no solo personal sino tambi\u00e9n profesional, pues los servicios de mi mandante en calidad de sic\u00f3loga fueron utilizados por este para afrontar la crisis de su rompimiento conyugal y personal (sic)\u00bb. <\/p>\n
(vi) Conclusi\u00f3n del an\u00e1lisis. <\/p>\n
Circunstancias tan particulares como las rese\u00f1adas en este aparte, solo resultan explicables si el negocio jur\u00eddico que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala no corresponde a una expresi\u00f3n seria de la voluntad de los contratantes, sino a manifestaciones mendaces, que pretend\u00edan cubrirse con el disfraz de una compraventa, para defraudar los intereses de la sociedad conyugal Montes-Ram\u00edrez. <\/p>\n
4.2.3. Breve referencia a los argumentos del tribunal. <\/p>\n
Ha quedado decantado que de las dos versiones que defendieron los litigantes, es bastante m\u00e1s plausible la que propuso la actora. No obstante, la colegiatura de segunda instancia opt\u00f3 por privilegiar la hip\u00f3tesis opuesta, con apoyo en tres elementos de prueba: (i) los pagar\u00e9s y letras de cambio aportadas; (ii) el comportamiento de los convocados en la actuaci\u00f3n administrativa ante la DIAN; y (iii) la decisi\u00f3n de la se\u00f1ora Montes Escobar de incluir en el trabajo de partici\u00f3n de su sociedad conyugal una recompensa equivalente al \u00abprecio recibido\u00bb por la compraventa simulada. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, a juicio de la Corte esas probanzas no permiten extraer ninguna conclusi\u00f3n favorable para los opositores. En efecto: <\/p>\n
(i) No puede negarse que es bastante llamativo que los pagar\u00e9s arrimados al expediente hayan sido firmados ante notario en los a\u00f1os 2008 y 2009, pero tal cosa no puede significar nada distinto a eso, es decir, que los documentos se crearon para esa \u00e9poca. Su contenido obligacional no pod\u00eda acreditarse en este tr\u00e1mite solamente a trav\u00e9s de la aportaci\u00f3n de los cartulares, como si se tratase de un juicio ejecutivo, ya que la actora no es parte de la relaci\u00f3n cambiaria, ni es esa acci\u00f3n la que aqu\u00ed se ejercita. <\/p>\n
Es decir, para efectos de este proceso, los pagar\u00e9s son solo una prueba m\u00e1s de la existencia de los cr\u00e9ditos referidos, que debe ser valorada individualmente y en conjunto con las restantes, y con apoyo en la sana cr\u00edtica, para esclarecer esa variable f\u00e1ctica del conflicto. Entender lo contrario implicar\u00eda renunciar a la comprobaci\u00f3n racional de tan relevantes hechos, d\u00e1ndolos por ciertos a partir de unos documentos que firm\u00f3 y aport\u00f3 el propio demandado. <\/p>\n
(ii) A juicio del ad quem, \u00abun f\u00e1cil mecanismo de defensa para [los demandados] ante la DIAN hubiera podido consistir, precisamente, en atacar la veracidad del contrato mismo que gener\u00f3 la carga (\u2026)\u00bb. En cambio, para la Corte esa afirmaci\u00f3n carece de asidero, pues no existe ninguna norma que imponga a las autoridades tributarias desistir de un tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n oficial de revisi\u00f3n simplemente porque las partes de una negociaci\u00f3n afirman que esta no corresponde a la realidad. <\/p>\n
Igualmente, la no invocaci\u00f3n de esa circunstancia pudo obedecer a m\u00faltiples estrategias de defensa, incluso al hecho de que reconocer la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa ante la DIAN implicar\u00eda desmentir los planteamientos que los mismos se\u00f1ores Ram\u00edrez Palacios y Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a defendieron ante la jurisdicci\u00f3n civil, contradicci\u00f3n que podr\u00eda acarrarles graves consecuencias, de diversa \u00edndole. T\u00e9ngase en cuenta, por ejemplo, que simular una convenci\u00f3n no es necesariamente un delito, pero s\u00ed lo es inducir a error a una autoridad judicial. <\/p>\n
(iii) No se discute que en el trabajo de partici\u00f3n de la sociedad conyugal Ram\u00edrez-Montes se \u00abincluy\u00f3 como recompensa (\u2026) el valor real de la compraventa del inmueble, esto es, la suma de $687.000.000 (\u2026)\u00bb, circunstancia que podr\u00eda indicar que, a juicio de la actora, la negociaci\u00f3n que ahora se ataca podr\u00eda ser seria. No obstante, de ah\u00ed no se sigue indefectiblemente que la verdadera voluntad de los contratantes hubiera sido la de comprar o vender por el referido precio, que es lo que debe esclarecerse en un juicio de prevalencia. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
Al revisar el fallo del tribunal sin las talanqueras formales impuestas por la deficiente demanda de sustentaci\u00f3n que present\u00f3 la actora, refulgen varios yerros de valoraci\u00f3n probatoria, que llevaron a esa colegiatura a dar por probada una hip\u00f3tesis inveros\u00edmil, descartando otra m\u00e1s probable. Y como ese dislate atentar\u00eda contra derechos y garant\u00edas constitucionales \u2013en los t\u00e9rminos indicados en la sentencia SU-201 de 2021\u2013, se impone casar oficiosa y parcialmente la providencia de segunda instancia, siendo pertinente dictar la de reemplazo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
1. Marco del debate. <\/p>\n
Aunque el fallo del tribunal fue quebrado, un aspecto se mantuvo al margen de cualquier discusi\u00f3n: la declaratoria de simulaci\u00f3n del contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6359, otorgada el 16 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Cuarta de Pereira, mediante el cual Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio transfiri\u00f3 a Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata una cuota del 50% del dominio de los inmuebles con folios de matr\u00edcula n.\u00ba 290-80877 y 290-80847. <\/p>\n
De ah\u00ed que la casaci\u00f3n sea parcial, pues ninguna de las partes discuti\u00f3 la comentada resoluci\u00f3n, que fue confirmada en segunda instancia, restringi\u00e9ndose el debate a la suerte del negocio jur\u00eddico instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 6934, otorgada el 19 de diciembre de 2011 en la Notar\u00eda Quinta de Pereira, mediante el cual el mismo se\u00f1or Ram\u00edrez Palacio transfiri\u00f3 a Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a la propiedad del predio con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 290-149850. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Decisi\u00f3n de reemplazo. <\/p>\n
Dado que el fallo de primer grado fue completamente favorable a las pretensiones de la actora, resultar\u00eda pertinente detenerse ahora en los reparos que expusieron los convocados al sustentar su apelaci\u00f3n. No obstante, advierte la Corte que esas cr\u00edticas, dirigidas contra la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador a quo, y acogidas luego por el tribunal, fueron impl\u00edcitamente analizadas al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, siendo suficiente reiterar que las pruebas recaudadas son consistentes con la mendacidad de la compraventa sub lite. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que las pruebas apuntan de manera un\u00edvoca a sostener la tesis defendida en la sentencia de 13 de julio de 2017, la misma ser\u00e1 confirmada en su integridad, condenando en costas a la parte vencida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO Y PARCIALMENTE la sentencia de 8 de agosto de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Diana Yazm\u00edn Montes Escobar contra Luz Marina Gonz\u00e1lez Nore\u00f1a, Jairo de Jes\u00fas Ram\u00edrez Palacio y Jes\u00fas Arc\u00e1ngel Ram\u00edrez Zapata. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad el fallo que el 13 de julio de 2017 dict\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en esta causa. <\/p>\n
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo de los recurrentes. Liqu\u00eddense en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. REM\u00cdTASE el expediente a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, debe insistirse en que \u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n
2\u0002 \u00ab[A]unque se reconoce el car\u00e1cter de norma jur\u00eddica del art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil y, como tal, su fuerza vinculante, ello resulta insuficiente, per se, para considerarlo norma de derecho sustancial, que es la que debe se\u00f1alarse cuando quiera que se formule una acusaci\u00f3n al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n. Cosa distinta es que ese art\u00edculo pueda ser invocado a la par con otras disposiciones que, esas s\u00ed, califiquen como disposiciones de car\u00e1cter sustancial, pues ya lo puntualiz\u00f3 la Sala \u201cla violaci\u00f3n de tales normas de hermen\u00e9utica es denunciable en el recurso extraordinario, dentro del \u00e1mbito de la causal primera, en cuanto dicha violaci\u00f3n conduzca al quebranto de otras leyes que s\u00ed sean sustanciales, como son las que regulan la naturaleza del contrato en cuesti\u00f3n y los efectos que le son propios…\u201d (sentencia de 16 de diciembre de 1968). Pero como en este caso el recurrente (\u2026) invoc\u00f3 como norma violada el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, debe concluirse que ella, por no ser sustancial, en puridad, no se basta a s\u00ed misma para fundamentar un cargo en casaci\u00f3n, respaldado como fue en la primera de las causales que dan lugar a este recurso extraordinario\u00bb (CSJ AC, 16 dic. 2005, rad. 1998-01108-01). <\/p>\n
3\u0002 Cfr., entre otras providencias, CSJ AC2514-2017, 24 abr. y CSJ AC4260-2018, 28 sep. <\/p>\n
4\u0002 Por v\u00eda de ejemplo, en auto CSJ AC, 15 dic. 2007, rad. 2007-00653-01, se dijo que \u00ab(…) el impugnante en los dos cargos enrostrados a la sentencia de segunda instancia, omiti\u00f3 indicar cu\u00e1l es la norma sustancial que el fallo denunciado vulnera, es decir, invoca los art\u00edculos (\u2026) 1494 (fuentes de las obligaciones), 1495 (definici\u00f3n de contrato) y 1602 (pacta sunt servanda) del C\u00f3digo Civil, normas que carecen de tal linaje, tal como en reiteradas oportunidades lo ha se\u00f1alado la Sala (Auto No. 077 de 27 de septiembre de 1990; auto de 23 de mayo de 2011, exp. 00661; auto de 2 de marzo de 2011, exp. 00007; auto No.149 de 8 de mayo de 1997, exp. 6460; auto de 29 de julio de 2010, exp. 00366, inter alia)\u00bb. En id\u00e9ntico sentido, CSJ AC, 14 dic. 2015, rad. 1996-02920-01, entre otros. <\/p>\n
5\u0002 Cfr., entre otras providencias, CSJ SC, 16 jun. 1989. <\/p>\n
6\u0002 \u00abTodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 334, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 338, ejusdem. <\/p>\n
9\u0002 Art\u00edculo 336, ejusdem. <\/p>\n
10\u0002 Art\u00edculo 344, ejusdem. <\/p>\n
11\u0002 Cfr., CSJ SC4619-2021, 15 oct.; CSJ SC3344-2021, 26 ago.; CSJ AC5493-2019, 19 dic.; CSJ AC4793-2019, 6 nov.; CSJ AC3943-2019, 17 sep.; CSJ AC5144-2018, 4 dic.; CSJ AC4497-2018, 16 oct.; y CSJ AC2832-2018, 6 jul., entre otras decisiones. <\/p>\n
12\u0002 En lo concerniente con la selecci\u00f3n negativa, el art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso reafirm\u00f3 que \u00ab[l]a Sala, aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales, podr\u00e1 inadmitirla en los siguientes eventos: 1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido; 2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento; 3. Cuando no es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. CSJ AC1226-2018, 3 abr., entre otras. <\/p>\n
14\u0002 La legislaci\u00f3n actual mantuvo la naturaleza dispositiva de la casaci\u00f3n, al recalcar que \u00ab[l]a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante\u00bb (art\u00edculo 336, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
15\u0002 Puntualmente el n.\u00ba 5, orientado a \u00ablograr la igualdad entre los g\u00e9neros y el empoderamiento de todas las mujeres y ni\u00f1as\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 \u00abGu\u00eda para la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica e inform\u00e1tica del Modelo de incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en las sentencias. Secretar\u00eda T\u00e9cnica y Comisi\u00f3n Permanente de G\u00e9nero y Acceso a la Justicia, Cumbre Judicial Iberoamericana\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
17\u0002 Folio 11, archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno Principal Parte 1. Folios 1 al 200.pdf\u00bb. <\/p>\n
19\u0002 Folios 15 a 24, ibidem. <\/p>\n
20\u0002 Folios 54 a 56, ibidem. <\/p>\n
21\u0002 Folios 188 a 190, ibidem. <\/p>\n
22\u0002 Folios 192 a 194, ibidem. <\/p>\n
23\u0002 Folios 197 a 199, ibidem. <\/p>\n
24\u0002 Folios 201 a 203, ibidem. <\/p>\n
25\u0002 Folio 175, ibidem. <\/p>\n
26\u0002 Folio 176, ibidem. <\/p>\n
27\u0002 Folio 25, archivo digital denominado \u00ab03Cuaderno No 2 Pruebas Parte Demandante.pdf\u00bb. <\/p>\n
28\u0002 Folio 23, ibidem. <\/p>\n
29\u0002 Folio 22, ibidem. <\/p>\n
30\u0002 Folio 22, ibidem. <\/p>\n
31\u0002 Folio 22, ibidem. <\/p>\n
32\u0002 Folios 69 a 89, ibidem. <\/p>\n
33\u0002 Folio 38, ibidem. <\/p>\n
34\u0002 Folios 4 a 8, archivo digital denominado \u00ab04Cuaderno No 3 Pruebas Parte Demandada.pdf\u00bb. <\/p>\n
35\u0002 Folios 9 a 11, ibidem. <\/p>\n
36\u0002 Folios 12 a 15, ibidem. <\/p>\n
37\u0002 Folios 5 a 19, archivo digital denominado \u00ab06Cuaderno No 5 Prueba Com\u00fan.pdf\u00bb. <\/p>\n
38\u0002 Folio 21, ibidem. <\/p>\n
39\u0002 Folios 10 a 37, archivo digital denominado \u00ab09Cuaderno No 8 Actuaci\u00f3n Tribunal Superior.pdf\u00bb. <\/p>\n
40\u0002 Folios 38 a 99, ibidem. <\/p>\n
41\u0002 Contestaci\u00f3n al hecho octavo de la demanda, folio 183, archivo digital denominado \u00ab01Cuaderno Principal Parte 1. Folios 1 al 200.pdf\u00bb. <\/p>\n
42\u0002 Folio 201, archivo digital denominado \u00ab03Cuaderno No 2 Pruebas Parte Demandante.pdf\u00bb. <\/p>\n
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SC963-2022 (2012-00198-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC963-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-31-03-004-2012-00198-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso Diana Yazm\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65062","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65062"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65062\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}