STC8409-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8409-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-02565-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (\u00ba1) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Martha Luc\u00eda, Carlos Alberto y Luz Adriana Toro Posada descendientes de Mar\u00eda Nelly Posada Murillo [q.e.p.d.], frente a la sentencia de 15 de diciembre de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Laboral del Circuito, ambos de Pereira, partes e intervinientes en el proceso 2015-00491-01 (Rad. Corte 77001). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los convocantes pidieron \u00abdejar sin valor u efecto jur\u00eddico la decisi\u00f3n [CSJ 2403-2021] (\u2026)\u00bb, y se emita una providencia de reemplazo. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indicaron que Evelio Toro Acevedo labor\u00f3 para el Departamento de Risaralda e hizo aportes de manera ininterrumpida desde el 1 de noviembre de 1976 al 28 de febrero de 2001, y que cotiz\u00f3 un total de 520 semanas en toda su vida laboral y al 1 de abril de 1994 contaba con 485 semanas. Narraron que su progenitora Mar\u00eda Nelly Posada Murillo convivi\u00f3 con su padre bajo el mismo techo desde 1964 hasta el momento de su deceso (9 jul. 2013). Precisaron que Mar\u00eda Nelly en calidad de compa\u00f1era permanente le solicit\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pero le fue negada porque el causante no acredit\u00f3 la densidad de semanas de que trata el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, esto es 50 semanas, en los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento. Contaron que por ello promovi\u00f3 demanda laboral contra Colpensiones, la cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, estrado que neg\u00f3 sus pretensiones (16 ag. 2016), apel\u00f3 la demandante y el Tribunal confirm\u00f3 (20 nov. 2016), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia (CSJ SL2403-2021, 9 jun.). <\/p>\n
Se dolieron de que la decisi\u00f3n censurada les afect\u00f3 de manera actual y permanente, se encuentran desprotegidos frente a la desaparici\u00f3n del causante y su benefactor, \u00abimplicando un deterioro a los derechos fundamentales del hijo y una amenaza contra el derecho de la c\u00f3nyuge a vivir una vejez en t\u00e9rminos de dignidad\u00bb, en tanto el asunto debi\u00f3 analizarse con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Adem\u00e1s, pidieron se tenga en cuenta los fallos STC7217-2017, 24 may.; SL4650-2017, 25 ene.; STC9008-2018, 12 jul. y en la T-166 de 2021. Agregaron que Mar\u00eda Nelly Posada Murillo falleci\u00f3 el 20 de julio de 2021, y act\u00faan en calidad de sucesores procesales de su progenitora. <\/p>\n
2. No hubo intervenciones. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. Los precursores impugnaron afincados en el desconocimiento del precedente jurisprudencial e insistieron en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de los convocantes como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisada la providencia criticada, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los dos cargos que en esa oportunidad propuso Mar\u00eda Nelly Posada Murillo, la magistratura del trabajo acusada tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
En efecto, tras resaltar la v\u00eda directa escogida por la peticionaria expuso que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
i) que durante su vida laboral el afiliado cotiz\u00f3 al ISS un total de 208,71 semanas, y que tiene tiempos cruzados que suman 20,43 semanas, por lo que en verdad cotiz\u00f3 188,26 semanas (f.\u00b0 136); <\/p>\n
ii) que prest\u00f3 sus servicios al Departamento de Risaralda desde el 18 de septiembre de 1968 hasta el 9 de octubre de 1974; <\/p>\n
iii) que al sumar el tiempo laborado en el sector p\u00fablico como en el privado, acredit\u00f3 520,28 semanas, incluidos los tiempos concurrentes ya referidos, equivalentes a 10,12 a\u00f1os de servicio, sumando los tiempos simult\u00e1neos aludidos; <\/p>\n
iv) que el se\u00f1or Evelio Toro Acevedo naci\u00f3 el 8 de abril de 1928, por lo que los 60 a\u00f1os los cumpli\u00f3 el mismo d\u00eda y mes, pero del a\u00f1o 1988 y; <\/p>\n
v) que muri\u00f3 el 9 de julio de 2013. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con fundamento en el precedente CSJ SL4650-2017 precis\u00f3, <\/p>\n
En el presente caso, como ya qued\u00f3 establecido que el afiliado Evelio Toro Acevedo muri\u00f3 el 9 de julio de 2013, es decir, por fuera del lapso explicado, sin m\u00e1s, no es posible que se pueda acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para resolver la controversia jur\u00eddica formulada y, en consecuencia, tampoco al Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, reliev\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible jur\u00eddicamente acudir al postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, puesto que, se itera, la muerte del afiliado ocurri\u00f3 despu\u00e9s del 29 de enero de 2006, concretamente el 9 de julio de 2013; circunstancia que releva a la Sala de efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n. <\/p>\n
No sobra se\u00f1alar, que a pesar de que el sentenciador de segunda instancia se equivoc\u00f3 al analizar el asunto bajo las directrices del Acuerdo 049 de 1990, y decir que \u00abno se pod\u00eda sumar los tiempos de servicio del sector p\u00fablico que fueron cotizados a cajas o fondos de previsi\u00f3n social, pues la densidad de semanas exigidas en ese cuerpo normativo, debe haber sido concretada en el Instituto de Sociales\u00bb en la medida que esa postura vari\u00f3 con la decisi\u00f3n CSJ SL1947-2020, pero adem\u00e1s porque a la norma referida no se puede acudir, incluso invocando la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, toda vez que en esa eventualidad solo se podr\u00eda acudir a la inmediatamente anterior (CSJ SL710-2018), aquella conclusi\u00f3n no tiene trascendencia alguna sobre la sentencia gravada. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) cuando se acude al par\u00e1grafo del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, puesto que entre el 8 de abril de 1968 y el mismo d\u00eda y mes, pero del a\u00f1o 1988, el causante solo cotiz\u00f3 484,99 semanas, como quiera que en su historia laboral tiene tiempos simult\u00e1neos cotizados entre el 27 de marzo de 1978 y el 10 de agosto de 1978, equivalentes a 20,43 semanas (f.\u00b0 136) que han de tenerse en cuenta una sola vez, por manera que no habr\u00eda satisfechos los requisitos del r\u00e9gimen de transici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento prestacional, habida cuenta que, seg\u00fan los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para el momento deceso de Evelio Toro Acevedo (9 jul. 2013), la disposici\u00f3n legal que reg\u00eda la materia era la Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, como se pretendi\u00f3, pues esa norma limita la ocurrencia del hecho causal al per\u00edodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, lo cual en efecto no acaeci\u00f3. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que se haga un nuevo examen en esta sede de la sentencia de casaci\u00f3n rebatida de acuerdo con lo expuesto en las sentencias T-384 de 2017, T-166 de 2021, CSJ STC7217-2017, 24 may. y CSJ STC9008-2018, 12 jul. tal pretensi\u00f3n es abiertamente improcedente, pues se recuerda que los efectos de los fallos de tutela son interpartes, es decir, solo tienen trascendencia para los interesados en determinada decisi\u00f3n (CSJ STC3159-2019, memorada en STC6358-2022). <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por los inconformes, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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