STC8410-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8410-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00060-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (\u00ba1) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de enero de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ludivia Aguirre Quintero contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito, ambos de Cali, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, partes e intervinientes en el proceso radicado n\u00b0 76001-31-05-018-2016-00105-01 (Rad. Corte 78288). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 \u00abi) dejar sin efectos la sentencia SL1645-2020 del 21 de abril de 2020 (\u2026); ii) declarar que [es] beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y en consecuencia se reliquide [su] pensi\u00f3n de vejez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y del escrito inicial se extrae que la promotora demand\u00f3 a Colpensiones con el fin de que se declarara que era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, en consecuencia, se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexaci\u00f3n y costas del proceso. Adujo como soporte de las peticiones que naci\u00f3 el 23 de octubre de 1957, por ende, cumpli\u00f3 55 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes del 2012; que era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993; que cotiz\u00f3 1000 semanas, de las cuales 760 estaban en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de su edad m\u00ednima pensional; que por las inconsistencias en el reporte de semanas expedido por el ISS, la administradora le neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n porque al entrar en vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, contaba con 594 semanas, por lo tanto ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de vejez de acuerdo con el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, bajo la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, quien neg\u00f3 las pretensiones (5 dic. 2016), apel\u00f3 la actora y el Tribunal confirm\u00f3 (4 may. 2017), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segundo grado (CSJ SL 1645-2020, 21 abr.). Narr\u00f3 que al completar las 1300 semanas Colpensiones le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n por vejez bajo los supuestos normativos del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003 \u00aben cuant\u00eda del salario m\u00ednimo y sin retroactividad\u00bb (28 may. 2020). <\/p>\n
2. Los funcionarios de instancia se opusieron a las pretensiones. La magistratura acusada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar la razonabilidad de la decisi\u00f3n atacada y que \u00abse trata de similar controversia, pues la aqu\u00ed actora, tal y como lo hizo [en el] proceso, insiste en que para la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n no debe darse aplicaci\u00f3n al Acto Legislativo 01 de 2005 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la quejosa e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de Ludivia Aguirre Quintero debe negarse y, por ende, ser\u00e1 respaldado el prove\u00eddo opugnado porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En principio, debe reiterarse que esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019, STC13362-2021, memorados en STC14887-2021). <\/p>\n
Pues bien, al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, donde la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n dispuso no casar el fallo de 4 de mayo de 2017, emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado que no accedi\u00f3 a las aspiraciones prestacionales de la aqu\u00ed impugnante (CSJ SL1645-2020, 21 abr.), cabe observar que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los tres cargos formulados por la interesada, relacionados con la posibilidad de inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2005 y que era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, la autoridad enjuiciada concluy\u00f3 que no existi\u00f3 arbitrariedad de parte del Tribunal respecto del primer reclamo, toda vez que como lo explic\u00f3 en CSJ SL4285-2018, <\/p>\n
(\u2026) el Acto Legislativo 01 de 2005, que modific\u00f3 el art\u00edculo 48 de la CN, elev\u00f3 a rango constitucional la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, buscando con ello garantizar a los administrados el derecho de alcanzar una pensi\u00f3n, dando as\u00ed prevalencia al inter\u00e9s general, cuyo objetivo no es otro que prever que los reg\u00edmenes pensionales sean financieramente sostenibles, a fin evitar un colapso econ\u00f3mico de los mismos, y en esa medida, surge coherente la eliminaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y que no se mantuviera de manera indefinida. <\/p>\n
Sobre la sostenibilidad del sistema, la Sala en Sentencia CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 41695, precis\u00f3: \u00abEl llamado principio de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social fue instaurado por el Acto Legislativo n\u00famero 1 de 2005, al ordenar que \u201cLas leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deber\u00e1n asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas\u201d (el subrayado no hace parte del texto original). Es evidente que, m\u00e1s que un principio, es una regla constitucional que impone al legislativo la obligaci\u00f3n de que, cuando expida leyes que instauren o modifiquen sistemas de pensiones, sus disposiciones no atenten contra la sostenibilidad financiera de tales sistemas. Dicho con otras palabras, la Constituci\u00f3n proh\u00edbe al Congreso establecer sistemas de pensiones financieramente insostenibles. Esta obligaci\u00f3n para el \u00f3rgano legislativo opera a partir de la vigencia del citado Acto Legislativo, o sea, a partir del 29 de julio de 2005\u00bb. <\/p>\n
Bajo este derrotero, resulta entonces de vital importancia el principio de la sostenibilidad del sistema pensional, y el inter\u00e9s general que este protege, el que en \u00faltimas debe prevalecer, sin que ello signifique desconocer el mandato de progresividad; no obstante, el mismo no es absoluto, por cuanto no puede responder a un beneficio individual sino a una colectividad, como se asever\u00f3 por esta Sala de la Corte en la sentencia CSJ SL, 23 sep. 2008, rad. 35229, en la que puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Por \u00faltimo, a fin de dar respuesta a la oposici\u00f3n en lo referente a la progresividad, se ha de rememorar lo anotado en la sentencia de rad. N\u00b0 32765 ya citada, donde ense\u00f1\u00f3 la Corte: <\/p>\n
\u201c\u2026 no desconoce la Sala la obligaci\u00f3n de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto, sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema. <\/p>\n
\u201cEl juicio de progresividad comparando lo que ofrece la legislaci\u00f3n nueva respecto a la anterior, no puede responder a una mera racionalidad del inter\u00e9s individual que se examina, sino que, en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensi\u00f3n colectiva de los derechos tanto de los que se reclaman hoy como de los que se deben ofrecer ma\u00f1ana. <\/p>\n
\u201cSeg\u00fan se\u00f1alan los convenios internacionales que fundan la seguridad social, \u00e9sta debe entenderse como una econom\u00eda del bienestar justa que comprenda a las generaciones presentes, pasadas y futuras. A manera de ilustraci\u00f3n, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo Iberoamericano de Seguridad Social aprobado por la Ley 516 de 1999 establece que \u201c3. Los Estados ratificantes recomiendan una pol\u00edtica de racionalizaci\u00f3n financiera de la Seguridad Social basada en la conexi\u00f3n l\u00f3gica entre las diferentes funciones protectoras de \u00e9sta, la extensi\u00f3n de la solidaridad seg\u00fan sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida concordancia con las capacidades econ\u00f3micas del marco en que debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos y la correspondencia, en t\u00e9rminos globales, entre la capacidad de financiaci\u00f3n y la protecci\u00f3n otorgada\u201d <\/p>\n
En esa medida, el Acto Legislativo, no se advierte regresivo, como tampoco que transgreda convenios internacionales, pues se itera, el cambio normativo fue mediato, d\u00e1ndose un lapso de tiempo a los afiliados, a fin de protegerles el principio de confianza leg\u00edtima y salvaguardar sus expectativas, previendo un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para los afiliados que cumplieran el 75% de la densidad de cotizaciones o de tiempo de servicio, pero que en todo caso ten\u00eda como hito final el 31 de diciembre de 2014, y como para esa calenda el actor no ten\u00eda consolidado su derecho pensional, como ya se ha dicho, no se le vulneraron derechos ni principios constitucionales. <\/p>\n
Cabe traer a colaci\u00f3n aqu\u00ed, lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002, en la que asent\u00f3: <\/p>\n
Con todo, la Corte tambi\u00e9n ha sostenido que el legislador no est\u00e1 obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado. Ello se debe a que, por encima de cualquier protecci\u00f3n a estos intereses, prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. (Negrillas fuera de texto original). <\/p>\n
Aun as\u00ed, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que cualquier tr\u00e1nsito legislativo debe consultar par\u00e1metros de justicia y equidad, y que, como toda actividad del Estado, est\u00e1 sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad (\u2026). <\/p>\n
De ah\u00ed que concluy\u00f3 c\u00f3mo el juez plural de la apelaci\u00f3n no err\u00f3 al inaplicar el multicitado Acto Legislativo 01 de 2005, porque su determinaci\u00f3n se ciment\u00f3 en el marco normativo que regula el caso y en los lineamientos jurisprudenciales de la especialidad del trabajo. <\/p>\n
Ahora bien, en lo atinente al segundo reclamo relacionado con la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, soporte de los anhelos prestacionales igualmente bas\u00f3 su discernimiento en pronunciamientos de la Sala permanente y por ello resalt\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) no se puede considerar su aplicaci\u00f3n, puesto que este principio no opera cuando por mandato legal existe un paso transicional entre normas, y esto encuentra su fundamento en la naturaleza misma de los riesgos que protege el mencionado principio (invalidez y muerte), ya que estos obedecen a reglas futuras pero inciertas, en tanto la vejez, en su puridad, responde a condiciones futuras y ciertas, recientemente en la sentencia CSJ SL262\u20132020, esta corporaci\u00f3n dijo: <\/p>\n
[\u2026] cumple memorar que \u00abla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en la forma como lo ha entendido la mayor\u00eda de esta Sala, no ha encontrado cabida respecto de la pensi\u00f3n de vejez, pues su alcance y aplicaci\u00f3n se ha circunscrito, de manera excepcional, a las pensiones de sobrevivientes y de invalidez\u00bb (CSJ SL 34904, 17 oct. 2008, reiterada en decisiones SL834-2013, 13 nov. 2013, rad. 39424 y SL8430-2014, 25 jun. 2014, rad. 58720). <\/p>\n
En este orden de ideas y tras cotejar el escrito de tutela con los argumentos aludidos, f\u00e1cil resulta advertir que la intenci\u00f3n de la promotora no es otra que, bajo el pretexto de la vulneraci\u00f3n de los derechos superlativos, reabrir un debate ya finiquitado en el proceso objeto de escrutinio y por los funcionarios competentes, lo cual no es de recibo en esta senda excepcional y subsidiaria, menos cuando de la lectura de la decisi\u00f3n reprochada con facilidad se puede inferir que resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera no irrazonable, y en ella se ofreci\u00f3 respuesta a los cuestionamientos planteados en el proceso laboral y, por supuesto, con aplicaci\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales que regulan el tema puesto a consideraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento e interpretaci\u00f3n razonable, resulta notorio que el anhelo del quejoso es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, por lo que no habr\u00e1 opci\u00f3n diferente a la de ratificar el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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