STC8413-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8413-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00592-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (\u00ba1) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de abril de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de la tutela promovida por YAESDA S.A.S. contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el litigio No. 11001310503320150061801. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida por la hom\u00f3loga convocada (16 feb. 2022) que no cas\u00f3 el fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (7 may. 2019) para que, en su lugar, \u00abdicte nueva sentencia de Casaci\u00f3n\u00bb en la que se le absuelva. En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que fue demandada junto con las sociedades ELOSE S.A.S. Y VITALYA S.A.S. por Kerbi Liliana Vargas Forero quien solicit\u00f3 se declarara la existencia de un contrato laboral entre ella y las demandadas durante el periodo 22 de abril de 2006 al 14 de enero de 2015, se condenara de manera solidaria al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Indic\u00f3 que el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia (20 jun. 2018) accedi\u00f3 a las pretensiones. Apelaron ambas partes y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. Sala Laboral confirm\u00f3 el veredicto (8 may. 2019). Inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la magistratura de casaci\u00f3n dispuso no casar la providencia (16 feb. 2022). <\/p>\n
A juicio de la impugnante la decisi\u00f3n objetada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico porque las autoridades accionadas valoraron de manera equivocada las pruebas recaudadas, pues contrario a la conclusi\u00f3n que llegaron, se demostr\u00f3 que existi\u00f3 un contrato de comodato entre Hard Body SA. y Vargas Forero, mas no una relaci\u00f3n laboral, adem\u00e1s, no se analiz\u00f3 de manera especial el error procesal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 quien omiti\u00f3 pronunciarse de todos los cargos presentados y de las pruebas que fueron tachadas de falsedad. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n accionada se defendi\u00f3. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras considerar razonable y ajustada en las pruebas obrantes en el proceso ordinario laboral. <\/p>\n
4. La precursora impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no se percibe desatinada o caprichosa. Se enfocar\u00e1 el estudio de esta salvaguarda a la sentencia de Casaci\u00f3n por ser la que solvent\u00f3 de manera definitiva la controversia objeto de estudio. <\/p>\n
Resulta pertinente mencionar que los reparos realizados por la querellante contra las providencias expedidas por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la sala Laboral en Descongesti\u00f3n de esta corporaci\u00f3n, se cimentan en la indebida apreciaci\u00f3n probatoria al concluir que entre Kerbi Vargas Forero y las sociedades demandadas se configur\u00f3 un contrato de trabajo, cuando de las probanza se demostr\u00f3 que lo pactado fue un contrato de comodato con Hard Body SA, adem\u00e1s, que incurrieron en un error procedimental por que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 omiti\u00f3 pronunciarse de todos los cargos presentados y de las pruebas tachadas de falsas. <\/p>\n
Revisado el proveido objeto de reparo se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver todos los cargos formulados por la ahora tutelante en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. As\u00ed, en lo que respecta al defecto f\u00e1ctico por la indebida apreciaci\u00f3n probatoria del contrato de comodato y no laboral, la sala convocada en la providencia refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn lo atinente, es necesario precisar que se encuentra acreditado en el proceso que Yaesda SAS ostenta la calidad de propietaria de los establecimientos de comercio en que la actora desarroll\u00f3 sus labores. As\u00ed se observa en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Yaesda SAS (f.\u00b0 388- 391), denunciado por la censura, el cual evidencia que dicha sociedad registra, entre otros, los establecimientos de comercio denominados, \u00abCENTRO M\u00c9DICO DEPORTIVO HARD BODY 170\u00bb y el \u00abCENTRO M\u00c9DICO DEPORTIVO HARD BODY 147 CEDRITOS\u00bb matriculados, el 1 de marzo de 2006 y el 25 de septiembre de 2001, en los cuales la actora prest\u00f3 sus servicios personales desde el 26 de abril de 2006. <\/p>\n
Y si bien a folio 29 obra un contrato de comodato allegado por la propia demandante, a trav\u00e9s del cual el representante legal de la sociedad Yaesda SAS, \u00c1lvaro Pinz\u00f3n G\u00f3mez entreg\u00f3 a Hard Body SA, quien imparti\u00f3 instrucciones a la demandante, por conducto de su representante legal Ana Jeanneth Escobar Berm\u00fadez, a t\u00edtulo de pr\u00e9stamo de uso, el centro de acondicionamiento y preparaci\u00f3n f\u00edsica de propiedad de la primera, para que la segunda de ellas brinde, garantice, atienda y suministre todos los servicios contemplados en el contrato de los afiliados al gimnasio Hard Body SA, as\u00ed como garantice su atenci\u00f3n, para la Sala tal convenio representa una simple formalidad con la que Yaesda SAS procur\u00f3 encubrir el v\u00ednculo laboral con la demandante, pues tal documento no infirma la conclusi\u00f3n de que la sociedad recurrente fue la verdadera beneficiaria de la labor desarrollada por Vargas Forero, como lo tuvo por acreditado el juez plural a partir de la prueba testimonial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
N\u00f3tese adem\u00e1s, que en la certificaci\u00f3n de la empresa Vytalya SAS (f.\u00b0392-395), aparece Oscar Alberto G\u00f3mez Mar\u00edn, como su representante legal, \u00abejerce situaci\u00f3n de control directo respecto de las subordinadas YAESDA SAS (…)\u00bb, de quien, con fundamento en los testimonios, el Tribunal sostuvo era la persona a la cual la demandante le rend\u00eda cuentas.\u00bb <\/p>\n
Ahora, respecto de la omisi\u00f3n del juez natural de estudiar y resolver los cuestionamientos presentados y esbozados por las demandadas referente a la relaci\u00f3n contractual y que fueron pasadas por alto, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo referente a la inconformidad dirigida a demostrar que las sociedades demandadas fueron creadas con posterioridad a la iniciaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral con la actora, la Sala advierte que dentro del tr\u00e1mite de primera instancia, tal discusi\u00f3n no fue planteada y, pese a haber sido propuesto por el apoderado de las demandadas al sustentar la apelaci\u00f3n, el Tribunal no se pronunci\u00f3. Siendo as\u00ed, debe reiterar la Corte que la sentencia impugnada es un claro ejemplo de aquellas en donde el juzgador omite pronunciarse sobre alg\u00fan t\u00f3pico objeto de reproche, omisi\u00f3n ante la cual, el recurrente debi\u00f3 solicitar, si as\u00ed lo quer\u00eda, la adici\u00f3n del fallo, actuaci\u00f3n que omiti\u00f3, de manera que no pudo incurrir en yerro el sentenciador. <\/p>\n
Y si en gracia de simple hip\u00f3tesis, pasando por alto tal deficiencia, la Sala adelantara el estudio de la cr\u00edtica, encontrar\u00eda que si bien, las sociedades YAESDA SAS y VYTALYA SAS fueron inscritas en el registro mercantil el 24 de octubre de 2007 y 2 de enero de 2014, respectivamente, es decir, con posterioridad al inicio del v\u00ednculo laboral con Vargas Forero; la denominada Hard Body SA, no fue llamada al juicio y tampoco se demostr\u00f3 su existencia, lo cierto es que la propiedad de los establecimientos de comercio Centro M\u00e9dico Deportivo Hard Body 170 y Centro M\u00e9dico Deportivo Hard Body 147, donde la demandante prest\u00f3 sus servicios personales, aparecen registrados a nombre de Yaesda SAS (f.\u00b0 391), matriculados el 1 de marzo de 2006 y el 25 de septiembre de 2001, es decir, con anterioridad al 22 de abril de 2006, extremo inicial del v\u00ednculo de trabajo subordinado que se declar\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Adem\u00e1s, las llamadas al proceso arguyen que no se acredit\u00f3 que la prestaci\u00f3n de los servicios de la actora fuera a su favor. Dicha alegaci\u00f3n resulta inane, pues el sentenciador apoy\u00f3 la confirmaci\u00f3n de las condenas impuestas, en la consideraci\u00f3n de que la actora labor\u00f3 en el Hard Body, gimnasio cuya propiedad les fue atribuida, conclusi\u00f3n que como se refiri\u00f3, permanece intacta.\u00bb <\/p>\n
En el mismo sentido, analiz\u00f3 las s\u00faplicas formuladas encaminadas a refutar la irregularidad procesal con las pruebas tachadas de falsas. Puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn lo que s\u00ed le asiste raz\u00f3n a la parte recurrente es que, en efecto, el Tribunal no tuvo en cuenta que una de las pruebas que relacion\u00f3 en sus consideraciones, la certificaci\u00f3n de folio 25, fue tachada de falsa y desestimada por el fallador unipersonal (min. -1:14:34 audiencia del 20 de junio de 2018, CD a folio 537, cdno. de primera instancia). Sin embargo, tal yerro no es suficiente para conducir al quiebre de la sentencia, puesto que, las dem\u00e1s pruebas que sirvieron de fundamento para condenarlas, como las planillas de ingreso y de salida de la demandante (folios 34 a 106) que no fueron tachadas en la debida oportunidad procesal, s\u00ed pod\u00edan ser tenidas en cuenta para tal efecto.\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, para rechazar los dem\u00e1s argumentos presentados por la casacionista fundados en el presunto conocimiento que tuvieron Vytalya SAS y Yaesda SAS de la labor realizada por la demandante para el funcionamiento del gimnasio y la modalidad de contrato asociado con Cooproinso CTA, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLo anterior es suficiente para rechazar los argumentos vertidos en el tercer cargo, pues contrario a lo dicho por la censura, el Tribunal, no impuso las sanciones de que tratan los art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo de manera autom\u00e1tica, por el contrario, su convencimiento sobre el actuar fraudulento y ausente de buena fe de las accionadas, estuvo fundado en las pruebas obrantes en el plenario. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De igual forma, no es de recibo la aseveraci\u00f3n seg\u00fan la cual no existe documento que vincule jur\u00eddicamente a las sociedades con la demandante, pues como se precis\u00f3 en precedencia, estas eran las propietarias del establecimiento de comercio Hard Body, es decir, en la realidad, fueron las beneficiarias de la labor prestada por la trabajadora. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, establecida como est\u00e1 la propiedad que ten\u00edan las demandadas sobre el establecimiento de comercio, esta Corporaci\u00f3n no considera desacertada la estimaci\u00f3n del juzgador seg\u00fan la cual, las empresas ten\u00edan pleno conocimiento sobre la labor prestada por la actora, la cual era necesaria para su funcionamiento. <\/p>\n
Para finalizar, es necesario precisar que la aquiescencia del trabajador para acudir a una forma de contrataci\u00f3n distinta a la laboral, cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime por s\u00ed sola al empleador de la indemnizaci\u00f3n moratoria (CSJ SL4344- 2020).\u00bb <\/p>\n
Ante este panorama, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida por la accionante, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista -reiterados en sede de tutela- y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
De lo anterior, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. En suma, deja en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la precursora considera que se debi\u00f3 resolver el asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, en tanto que: \u00ab(..) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una especifica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.\u00bb (STC1981-2018). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el prove\u00eddo cuestionado en esta queja reposa en un discernimiento razonable sumado a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia que rige la materia, el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n refutada, comoquiera que no se advierte la vulneraci\u00f3n que alega la censora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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