STC8415-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8415-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00674-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (\u00ba1) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 19 de abril de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Manuel Novoa Causil contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva al Juzgado Primero Laboral del Circuito de la capital de Bol\u00edvar, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 13001-31-05-001-2015-00262-00 (Rad. Corte 82418). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 se ordene \u00abque las accionadas revoquen sus fallos (\u2026)\u00bb, y, en consecuencia, emitan uno nuevo que haga eco de sus pretensiones. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del momento en que cumpli\u00f3 60 a\u00f1os o, en su defecto, desde el 25 de mayo de 2008, incluidas las mesadas adicionales, los intereses de mora, legales, costas y agencias en derecho <\/p>\n
Correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena quien accedi\u00f3 a las pretensiones (18 oct. 2016), en grado de consulta el Tribunal revoc\u00f3 el veredicto (8 feb. 2018), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el fallo de segundo grado (CSJ SL3852-2021, 14 jul.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los convocados incurrieron en \u00abuna lamentable valoraci\u00f3n probatoria e ignor\u00f3 la norma sustantiva y los precedentes judiciales\u00bb, porque le \u00abindilga[ron] las discrepancias en las m\u00faltiples historias laborales que reposan en el expediente por culpa de [su] ex empleador y de la inacci\u00f3n de cobro por parte de la administradora de pensiones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La magistratura de casaci\u00f3n defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar que la providencia objeto de reproche \u00abcontiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante, quien pretende hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al proceso, siendo que no puede acudirse a \u00e9sta cada vez que una actuaci\u00f3n no consulte los intereses de las partes ni atienda su singular criterio frente al objeto del debate (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el promotor e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar, es importante anunciar que la Corte restringir\u00e1 su an\u00e1lisis al proceder de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, espec\u00edficamente, lo concerniente a lo dictaminado el 14 de julio de 2021 (CSJ SL3852-2021), que zanj\u00f3 la casaci\u00f3n de la sentencia de 8 de febrero de 2018 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el juicio objeto de escrutinio. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, importa recordar que constituye una regla invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para disentir de los pronunciamientos jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un proceder arbitrario, grosero o ajeno a la ley por parte del funcionario encargado de impartir justicia o ante una clara agresi\u00f3n de las garant\u00edas superiores de las partes. <\/p>\n
Son esas las \u00fanicas circunstancias que habilitan la intromisi\u00f3n de esta especial justicia, quien, como en m\u00faltiples ocasiones se ha dicho, no est\u00e1 llamada \u00aba intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, (\u2026), la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (Sent. 7 de marzo de 2008, Exp. T. N\u00b0 2007-00514-01, memorada en CSJ STC6363-2022)). <\/p>\n
Ciertamente, la sala especializada en el derecho del trabajo abord\u00f3 el an\u00e1lisis del ataque propuesto por el interesado tendiente al reconocimiento pensional en calidad de beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
En primera medida estableci\u00f3 que no era objeto de discusi\u00f3n, <\/p>\n
i) que Jairo Manuel Novoa Causil naci\u00f3 el 14 de enero de 1948, por lo que cumpli\u00f3 los 60 a\u00f1os, el mismo d\u00eda y mes, pero de 2008; <\/p>\n
ii) que es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; <\/p>\n
iii) que realiz\u00f3 cotizaciones a Colpensiones; <\/p>\n
iv) que present\u00f3 solicitud para el reconocimiento de su derecho pensional, que fue negada mediante la Resoluci\u00f3n n\u00b0104359 de 20110811, por no reunir la densidad de semanas requeridas para acceder a la pensi\u00f3n; <\/p>\n
v) que seg\u00fan el \u00faltimo reporte cotiz\u00f3 al ISS 449,01 semanas. <\/p>\n
As\u00ed, al adentrase en el estudio de la purga de la mora explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n al desconocimiento del precedente jurisprudencial de la purga de la mora, se tiene, que no fue desconocido por el ad quem, pues, dentro de los argumentos del Tribunal se encuentra expres\u00f3: que empez\u00f3 por ponderar la posici\u00f3n del a quo en relaci\u00f3n a esta doctrina, la cual manifest\u00f3 hab\u00eda sido respaldada por el juez colegiado en innumerables ocasiones, y precis\u00f3, que en el caso se presentan ciertas particularidades que, deben ser analizadas con mayor detenimiento, al existir contradicci\u00f3n entre las distintas historias laborales aportadas. <\/p>\n
Lo anterior, evidencia que no existi\u00f3 desconocimiento de la teor\u00eda de la purga de la mora, por el contrario, se expres\u00f3 su aquiescencia con la misma, sino, que con fundamentos a los diferentes medios de prueba (historias laborales), encontr\u00f3 contradicciones que lo llevaron a la conclusi\u00f3n que realmente no exist\u00eda una mora por los periodos se\u00f1alados. <\/p>\n
Ahora al ocuparse del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n adosados, dada la v\u00eda escogida recalc\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) analizadas las diferentes historias laborales aportadas por las partes, adosadas al expediente (f.\u00b09 a 10; 45 a 48; 63 a 64) se puede corroborar las siguientes observaciones: i) su empleador presenta deuda por no pago; ii) su empleador presenta deuda por no pago; iii) no aparece referencia a dichos periodos respectivamente, y tal como lo estableci\u00f3 el Tribunal, el accionante no aport\u00f3 ninguna prueba que convalidara tal argumento, por lo que encuentra la Sala, que no existe error de valoraci\u00f3n probatoria sobre las historias laborales aportadas, pues de las mismas no es dable extraer, que se hubiese realizado un pago por estos periodos o que hubiese existido un error administrativo que no permitiera el reflejo del pago de los periodos mencionados. <\/p>\n
De conformidad con lo antes expuesto, conforme a lo establece el art\u00edculo 164 y 167 del CGP, que regulan los principios de la necesidad y carga de la prueba respectivamente, el accionante no alleg\u00f3 elementos de juicios que respaldaran sus afirmaciones en relaci\u00f3n al pago de los periodos se\u00f1alados, por consiguiente, no existe error del juez de apelaciones, que pueda derruir la sentencia confutada. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) si se alega que en determinado per\u00edodo existi\u00f3 una omisi\u00f3n, error o falta de cobro que obstaculiza su derecho, debe demostrarle al fallador m\u00e1s all\u00e1 de toda duda que sus argumentos son fundados y resaltar que en todo caso siempre tendr\u00e1 el derecho a solicitar ante el demandado las correcciones y reclamos si considera que tales actualizaciones y depuraciones no est\u00e1n ajustadas a derecho, que no se aport\u00f3 prueba que validara la afirmaci\u00f3n sobre la existencia de una relaci\u00f3n laboral, y ante las inconsistencias de las historias laborales, le dio mayor relevancia a la aportada por el Gerente Nacional de Defensa Jur\u00eddica de la demandada (f.\u00b062 a 64), aspectos, que llevaron a la conclusi\u00f3n que el demandante pese a ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no cumpli\u00f3 con los requisitos para acceder al derecho pensional reclamado. <\/p>\n
De ah\u00ed que, concluy\u00f3 que es inexistente la presunta mora patronal endilgada, toda vez que se requiere la presencia de una relaci\u00f3n laboral, cuesti\u00f3n que no se acredit\u00f3 en el sub examine, luego el operador judicial no puede endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad autom\u00e1tica ante los reportes de falta de pago por parte del empleador, reflejados en la historia laboral, am\u00e9n de recalcar que <\/p>\n
(\u2026) la omisi\u00f3n del empleador en reportar la novedad de retiro, no puede conllevar de manera autom\u00e1tica e inexorable a tener como efectivamente cotizado esos periodos, criterio adoctrinado por la Sala entre otras en la sentencia CSJ SL2151-2021 que reiter\u00f3 la sentencia CSJ SL3692-2020. <\/p>\n
En este orden de ideas infiri\u00f3 el sentenciador de casaci\u00f3n que no era posible conceder la prestaci\u00f3n porque no logr\u00f3 demostrar el v\u00ednculo laboral que llevara al convencimiento de la presunta mora en el pago de los aportes en que incurri\u00f3 su empleador Manuel Castillo Escalante, entre el 1\u00b0 de febrero de 1997 a septiembre de 1999, que permitiera al demandante completar la densidad de aportes para acceder, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 a su pensi\u00f3n por vejez, esto es 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 en cualquier tiempo, y en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte el all\u00e1 demandante s\u00f3lo pudo justificar 449,01 semanas. <\/p>\n
Pues bien, la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre el inconforme y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC4987-2022 entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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