STC8432-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8432-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00893-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (\u00ba1) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio \u2013 Transmilenio S.A. contra el fallo de 17 de mayo de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la salvaguarda que instaur\u00f3 frente a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los funcionarios de instancia, Humberto Scarpetta Beltr\u00e1n, el Operador Solidario de Propietarios Transportadores Coobus S.A.S. \u2013 en Liquidaci\u00f3n judicial -, partes autoridades e intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-007-2017-00035-00 (Rad. Corte 85968). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos el fallo de 9 de noviembre de 2021 (CSJ SL5017-2021) y se ordene la \u00abrevisi\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que Humberto Scarpetta Beltr\u00e1n present\u00f3 demanda en su contra y del Operador Solidario de Propietarios Transportadores Coobus S.A.S., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo que termin\u00f3 por causa imputable al empleador, con el consecuente pago de salarios y prestaciones de ley causados \u00abdesde abril de 2014 hasta la fecha\u00bb. Correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de esta ciudad quien accedi\u00f3 a las pretensiones y declar\u00f3 a Transmilenio S.A. solidariamente responsable de las condenas (17 ene. 2018), apel\u00f3 la accionante y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (5 feb. 2019). Postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el fallo de segundo grado (CSJ SL 5017-2021, 9 nov.). <\/p>\n
En sentir de la convocante, la colegiatura de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente\u00bb, relacionado con el entendimiento que se dio en el proceso al contenido del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, adem\u00e1s, del \u00abdefecto f\u00e1ctico de la que adolece la providencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Magistratura de descongesti\u00f3n encartada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El juez de conocimiento esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego porque \u00abla decisi\u00f3n cuestionada contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La sociedad activante impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anticipa la convalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n opugnada, toda vez que, luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a prerrogativas fundamentales, ya que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses de la promotora, tal circunstancia no la habilita para tildarla de arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
Pues bien, la colegiatura cuestionada inici\u00f3 su discernimiento en torno a la declaratoria de solidaridad expuesta en el fallo de Tribunal bajo los presupuestos del numeral primero de art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo que dispone: <\/p>\n
Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jur\u00eddicas que contraten la ejecuci\u00f3n de una o varias obras o la prestaci\u00f3n de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonom\u00eda t\u00e9cnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o due\u00f1o de la obra, a menos que se trate de labores extra\u00f1as a las actividades normales de su empresa o negocio, ser\u00e1 solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garant\u00edas del caso o para que repita contra \u00e9l lo pagado a esos trabajadores. <\/p>\n
Al desatar el primer cargo y luego de citar apartes de una decisi\u00f3n de 26 de octubre de 2010, Rad. 35392, y de la CSJ SL3774-2021, esta \u00faltima rese\u00f1ada por la inconforme, expres\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) bien puede afirmarse, entonces, que los elementos de esta especie de responsabilidad emergen de la norma bajo an\u00e1lisis. Es decir, ser\u00e1 obligado solidario el beneficiario de la obra o del servicio contratado, a menos que demuestre que las labores ejecutadas por el contratista son extra\u00f1as a sus actividades empresariales normales (CSJ SL3718-2020). De igual manera, la jurisprudencia del trabajo ha explicado que \u201cla solidaridad que emana de la ley viene a ser parte del efecto de la responsabilidad, trayendo al responsable solidario como un garante de las obligaciones que emanan del empleador\u201d (CSJ SL720-2013). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ni la ley ni la jurisprudencia laboral contempla la culpa in eligendo o in vigilando, cuando se trata de reconocer la solidaridad que pueda corresponder al beneficiario de un servicio o due\u00f1o de una obra, por las obligaciones laborales a cargo de sus contratistas. Con mayor raz\u00f3n, si bajo ese derrotero no se persigue evaluar ni mucho menos calificar la conducta de aquel, en la medida en que esa regla de responsabilidad opera con independencia de su causa originaria y del comportamiento del obligado solidario. <\/p>\n
Aquellas nociones de culpa apuntan a la responsabilidad por el hecho de un tercero, plenamente aplicable en otros escenarios del derecho laboral, como el que se deriva del art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo (CSJ SL5619-2016). Empero, esa no es la situaci\u00f3n bajo estudio, ni se vislumbra plausible acudir a ese rasero para corroborar la responsabilidad solidaria del beneficiario del servicio o due\u00f1o de la obra; con mayor raz\u00f3n, si la norma en estudio proporciona los elementos necesarios para tal fin, como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa resalt\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) el razonamiento del Tribunal no fue el m\u00e1s atinado en perspectiva de la norma en comento, en cuanto resulta totalmente equivocado que invocara los criterios sobre culpa in eligendo e in vigilando, eventualmente en cabeza de Transmilenio S.A., para endilgarle la responsabilidad solidaria que emana del art\u00edculo 34 del estatuto laboral. Desde luego, ese dislate conllev\u00f3 un an\u00e1lisis insuficiente o precario, porque al final del d\u00eda, el juez de la apelaci\u00f3n no se ocup\u00f3 de verificar realmente si Transmilenio S.A., en condici\u00f3n de beneficiario del servicio, logr\u00f3 acreditar que la actividad desplegada por el contratista y empleador era ajena o extra\u00f1a a su gesti\u00f3n empresarial. <\/p>\n
Ahora, si bien la acusaci\u00f3n result\u00f3 fundada, la Sala cuestionada al ocuparse del segundo de los ataques resalt\u00f3 que en sede de instancia llegar\u00eda al mismo desenlace porque, <\/p>\n
[c]ontrario a lo que afirma la censura en el segundo cargo, los objetos sociales de las demandadas (fls. 14 a 21) denotan rasgos comunes y conexos. Nada distinto puede colegirse de que Coobus S.A.S., en Liquidaci\u00f3n, hubiera sido creada fundamentalmente para operar o explotar la actividad concesionada por Transmilenio S.A. y se enfocara en \u00abla explotaci\u00f3n preferencial y no exclusiva, de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte de pasajeros dentro del esquema SITP\u00bb. La actividad principal de la aqu\u00ed recurrente, por su parte, no es otra que \u00abla gesti\u00f3n, organizaci\u00f3n y planeaci\u00f3n del servicio integrado de transporte p\u00fablico urbano de pasajeros en el distrito capital y su \u00e1rea de influencia\u00bb. <\/p>\n
De esta suerte, emerge evidente e innegable que la actividad principal de Transmilenio S.A., encaminada en lo fundamental a la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n del servicio integrado de transporte p\u00fablico urbano de pasajeros en el Distrito Capital, se sirve, nutre y beneficia de la operaci\u00f3n de transporte desplegada por las empresas concesionarias, como la codemandada. Por tanto, antes que desvirtuar, la confrontaci\u00f3n de dichos objetos sociales reafirma la relaci\u00f3n entre las actividades de la contratista y la contratante. <\/p>\n
Y tal panorama no var\u00eda por lo se\u00f1alado en el Acuerdo 4 de 1999 y su Decreto Reglamentario Distrital 831 del mismo a\u00f1o (Cd a folio 94), tambi\u00e9n mencionados en el segundo cargo. Si bien, el Acuerdo de marras dispone en su art\u00edculo 3, numeral 6, que Transmilenio S.A. no puede actuar como operador ni socio del transporte masivo terrestre urbano automotor, ello no genera la desaparici\u00f3n del innegable nexo de afinidad entre la actividad de transporte, que a la saz\u00f3n desarrollaba Coobus S.A.S., en Liquidaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito o misi\u00f3n de la entidad contratante. <\/p>\n
Adicionalmente, cumple no desapercibir que los propios Acuerdo y Decreto Reglamentario prev\u00e9n que, en cualquier caso, Transmilenio S.A. podr\u00e1 prestar directamente el servicio cuando por alguna contingencia contractual, los operadores particulares no puedan hacerlo. As\u00ed mismo, adem\u00e1s de reiterar el alcance del objeto social de Transmilenio S.A., la primera normativa hace \u00e9nfasis en que la recurrente debe \u00abasegurar la prestaci\u00f3n del servicio a su cargo\u00bb (art\u00edculo 3, numeral 2). De ah\u00ed que, se insiste, no existan elementos para concluir que la operaci\u00f3n de transporte p\u00fablico urbano sea ajena a quien, como se vio, debe gestionarla, garantizarla y, eventualmente, prestarla. <\/p>\n
Adem\u00e1s de servir de sustento para desestimar la acusaci\u00f3n en su conjunto, lo hasta aqu\u00ed expuesto responde puntual y arm\u00f3nicamente a las inconformidades en materia de valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Resta por decir que la valoraci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n 05 de 2010 y los dem\u00e1s documentos asociados al incumplimiento del contratista y la declaratoria de caducidad en sede administrativa, en nada contribuyen a variar las conclusiones sobre la responsabilidad solidaria de Transmilenio S.A., que es lo que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) los argumentos de la censura en torno a dicho material probatorio se encuentran encaminados a exponer la condici\u00f3n de contratista independiente de Coobus S.A.S., en liquidaci\u00f3n, as\u00ed como la de empleador del demandante. Esos supuestos, precisamente, son los que activan la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 34 del estatuto laboral y ponen a Transmilenio S.A., como beneficiario del servicio, en la tarea de demostrar que la labor del concesionario era ajena a su actividad empresarial, lo que a la postre no logr\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la magistratura de casaci\u00f3n cimentada en los medios probatorios lleg\u00f3 al convencimiento de que la relaci\u00f3n contractual de Transmilenio con el concesionario Coobus S.A.S., no ten\u00eda la virtud de desligarlo del nexo de afinidad en la actividad del trasporte y en ese escenario la solidaridad resultaba enmarcada en los supuestos de que trata el multicitado inciso primero del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, porque la all\u00e1 recurrente no logr\u00f3 demostrar las labores extra\u00f1as a las actividades normales de su empresa o negocio. <\/p>\n
De modo que al resultar razonable el juicio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el amparo no puede ser concedido; sobre todo cuando la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de la inconforme en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional no sea de recibo, pues tal discusi\u00f3n se suscito en el proceso ordinario laboral atr\u00e1s mencionado donde fue vencida. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando lo enjuiciado es el examen de las probanzas recaudadas, pues como lo ha reiterado esta Corte, \u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas (\u2026) (CSJ STC7213-2020, STC5447-2021, memoradas entre muchas en STC2884-2022). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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