STC8492-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8492-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00838-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Beatriz Rodr\u00edguez de Hern\u00e1ndez le instaur\u00f3 a la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Sexto Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva a los involucrados en el consecutivo 84759. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en causa propia, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para que se ordenara \u00abla inaplicaci\u00f3n o su equivalencia\u00bb de las sentencias emitidas por las autoridades querelladas, para que, en su lugar, se dicte una nueva que tenga en cuenta su \u00absituaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
Respald\u00f3 su rogativa aduciendo que en ambas instancias se despach\u00f3 negativamente las pretensiones de la demanda que le formul\u00f3 a la Secretar\u00eda Administrativa del Departamento del Tolima y al Fondo Territorial de Pensiones para que se declarara que re\u00fane los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes del causante Ad\u00e1n Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez fallecido el 30 de enero de 2016, estimando el ad quem que no estaban demostradas las exigencias necesarias para conceder el beneficio reclamado, puntualmente, la calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite (6 dic. 2018). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que recurri\u00f3 en casaci\u00f3n para evidenciar el yerro cometido en aquellas determinaciones, empero, la Sala Cuarta de Descongesti\u00f3n Laboral no quebr\u00f3 el veredicto del tribunal, al dar por sentado que no convivi\u00f3 con el \u00abpensionado durante los 5 a\u00f1os anteriores a su deceso. <\/p>\n
En su criterio, tales decisiones son violatorios de sus garant\u00edas fundamentales, en tanto, fueron expedidas con \u00abpleno desconocimiento de las pruebas, de su condici\u00f3n de persona de la tercera edad y de su estado de discapacidad permanente\u00bb. <\/p>\n
2.- El Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima se opuso al auxilio y, para el efecto indic\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales solo procede en casos en que la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental sea consecuencia directa de la providencia (\u2026) o que la vulneraci\u00f3n pueda deducirse de manera manifiesta y directa de la parte resolutiva (\u2026) o que se haya hecho uso y agotado los recursos existentes, y que no exista otra manera de lograr la protecci\u00f3n del derecho (\u2026)\u00bb, eventos que no tienen lugar en el caso concreto. <\/p>\n
El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico replic\u00f3 que los argumentos del escrito genitor parecen m\u00e1s un alegato de instancia por estar en desacuerdo con las posiciones jur\u00eddicas de las accionadas y, por tanto, hacen improcedente el resguardo. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 las actuaciones censuradas sin hacer acotaci\u00f3n alguna frente a los hechos y anhelos de la s\u00faplica. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme la gestora, impugn\u00f3. Adujo que \u00abno se valoraron los precedentes jurisprudenciales emitidos\u00bb por las altas Cortes \u00abque se relacionan con el asunto en examen, en cuanto a los requisitos para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, e insisti\u00f3 en que no se apreci\u00f3 la documental obrante en el proceso, puntualmente, el registro civil de matrimonio y el \u00abdocumento\u00bb proveniente de la Comisar\u00eda de Familia que dan cuenta de su \u00abconvivencia con el causante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario muy pronto se advierte el fracaso de la salvaguarda y la ratificaci\u00f3n de lo opugnado porque: i) La trasgresi\u00f3n que se endilga a los falladores criticados es inexistente y, ii) Es claro que la actora utiliz\u00f3 la \u00abtutela\u00bb como una \u00abinstancia adicional a las previstas legalmente para la consecuci\u00f3n de sus prop\u00f3sitos. <\/p>\n
2. Afirmase as\u00ed porque, de la lectura detenida de las providencias confutadas se observa que, contrario a lo aducido en el escrito impugnaticio, las mismas fueron proferidas con apoyo en abundante \u00abjurisprudencia\u00bb sobre la materia a tratar que, confrontada al an\u00e1lisis del material suasorio recaudado, dentro del cual se cuentan las piezas enunciadas por la precursora, conllevaron a descartarla como \u00abbeneficiaria\u00bb de la prestaci\u00f3n perseguida. <\/p>\n
2.1. Justamente en ese sentido, expres\u00f3 el Tribunal que \u00ab[l]a legislaci\u00f3n aplicable al presente asunto es la que se encontraba vigente al deceso del pensionado, como lo tiene establecido la doctrina probable de la CSJ SCL en las sentencias 37132 del 14 de junio de 2011, 36621 del 24 de agosto de 2011, SL17521-2016, SL2180-2017 y SL1985-2018, para el caso del art\u00edculo 13 de la ley 797 de 2003, puesto que la muerte del pensionado ocurri\u00f3 el 30 de enero de 201, como lo acredita el registro civil de defunci\u00f3n\u00bb, siendo imperioso destacar que el contenido esencial de aquellos precedentes fue rese\u00f1ado como notas al final del fallo para facilitar su entendimiento a las partes. <\/p>\n
As\u00ed mismo resalt\u00f3 que, para obtener el \u00abreconocimiento pensional\u00bb, la apelante aport\u00f3, entre otros medios de convicci\u00f3n, \u00abcopia de la diligencia de compromiso celebrada ante la Comisaria de Familia de Chaparral el 27 de septiembre de 2000 (\u2026) en donde se consign\u00f3 que con el fin de buscar una f\u00f3rmula de arreglo a la problem\u00e1tica que presentaba la relaci\u00f3n, los mismos hab\u00edan decidido de com\u00fan acuerdo no seguir viviendo juntos\u00bb. <\/p>\n
Cosa distinta a la planteada por la quejosa es que, del examen individual y conjunto de aquellos, el funcionario judicial no logr\u00f3 vislumbrar su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, valga decir, que hubiere vivido con Ad\u00e1n Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez \u00abde forma real, efectiva e ininterrumpida por el t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os en cualquier tiempo, lo que se infiere del hecho del matrimonio, del hecho de la procreaci\u00f3n o del hecho de la suspensi\u00f3n consensuada de la obligaci\u00f3n de vivir juntos o lo que es lo mismo, de la separaci\u00f3n de cuerpos, pues lo que se infiere de uno u otro, es que por el hecho del matrimonio ten\u00edan, ambos, entre otras, la obligaci\u00f3n legal de convivir, pero no prueba que cumplieron esa obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n la reafirm\u00f3 con el examen de la SL233 de 2018, \u00abseg\u00fan la cual tales documentos de manera objetiva y razonable solo dan cuenta de la celebraci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial y de la fecha en que se present\u00f3 la separaci\u00f3n de cuerpos (\u2026) pero de manera alguna acreditan que la convivencia (\u2026) se present\u00f3 de forma ininterrumpida entre el matrimonio y la fecha en la cual acordaron de mutuo acuerdo dejar de convivir\u00bb <\/p>\n
2.2. Por la misma senda, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral acusada, al solventar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, explic\u00f3 que, \u00abcuando quien fallece es pensionado, se deber\u00e1 acreditar la convivencia con este en los cinco a\u00f1os anteriores al deceso\u00bb, aseveraci\u00f3n que soport\u00f3 en el pronunciamiento CSJSL1730-2020. Tambi\u00e9n arguy\u00f3 que el requisito estudiado puede ser demostrado en cualquier tiempo por la c\u00f3nyuge \u00absiempre y cuando permanezca el lazo matrimonial vigente, independientemente de que existiere una separaci\u00f3n de hecho\u00bb posici\u00f3n que, seg\u00fan memor\u00f3, fue expuesta en \u00ablas sentencias CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL6519-2017, CSJ SL3505-2018 y CSJ SL1399-2019\u00bb. <\/p>\n
Y sobre la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb precis\u00f3 que no err\u00f3 el funcionario judicial de segundo grado porque su veredicto \u00abse encuentra amparad[o] en la plena autonom\u00eda que tienen los jueces en los procesos laborales para formar de manera libre su convencimiento de conformidad con el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb <\/p>\n
3. El anterior recuento deja sin base alguna el reparo de Beatriz Rodr\u00edguez de Hern\u00e1ndez relativo a la desatenci\u00f3n por los convocados de la \u00abjurisprudencia\u00bb que en punto de los \u00abpresupuestos necesarios\u00bb para acceder al subsidio tantas veces mencionado se encuentra latente, as\u00ed como tambi\u00e9n, en cuanto toca con el an\u00e1lisis adecuado de determinados elementos probatorios; y, m\u00e1s bien, pone en evidencia su deseo de utilizar este excepcional mecanismo como una \u00abv\u00eda adicional\u00bb a las establecidas en la ley para hacer valer su \u00abposici\u00f3n\u00bb0 frente a la \u00abapreciaci\u00f3n de los elementos de juicio\u00bb, pues acudi\u00f3 a \u00e9l con los mismos argumentos que \u00abdesestimaron\u00bb los llamados a enfrentar esta acci\u00f3n, proceder que impide otorgar el amparo incoado (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00, STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, resulta necesario enfatizar que, no puede la impulsora, como sugiere, pretender salir victoriosa en las actuaciones judiciales anteponiendo su condici\u00f3n de adulto mayor a las exigencias propias de la naturaleza de cada litigio porque, aunque es sabido que las personas de la tercera edad son \u00absujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, esa circunstancia per se no es liberatoria de aquellas formalidades. <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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