STC8503-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8503-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01391-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Edgar Ram\u00edrez Mart\u00ednez instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los Juzgados Quinto Penal del Circuito Especializado, Setenta y Tres Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y la Fiscal\u00eda Veintitr\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, todos, de la misma ciudad, Cemex Latam Holdings S.A., Cemex Colombia S.A. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-19831. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, obrando a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, para que, en consecuencia, se dejara sin efectos el interlocutorio \u00abdel 26 de abril de 2021 proferid[o] por [la sede judicial fustigada] que confirm\u00f3 la providencia de marzo 8 de 2021, proferida por el [a quo]\u00bb que, en la audiencia preparatoria del proceso que se le sigue por los delitos de administraci\u00f3n desleal, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y falsedad en documento privado, neg\u00f3 el decreto de: i) \u00abel testimonio del se\u00f1or Gerardo Barbosa Castillo\u00bb; ii) \u00abla copia de la Resoluci\u00f3n de la Dian No. 3425 del 27 de abril de 2015, junto con sus soportes\u00bb; y, iii) \u00abla copia de los documentos que soportan la entrega a CEMEX de t\u00edtulos de accionistas de ZOMAN en el a\u00f1o 2012\u00bb, ordenando desatar nuevamente la alzada y acceder a tales demandas probatorias. <\/p>\n
En compendio, adujo que la Magistratura censurada para mantener inc\u00f3lumes las determinaciones adoptadas por el a quo, incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, org\u00e1nico y procedimental, violentando, de esa manera, las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
Lo primero, porque ratific\u00f3 la negativa a escuchar en declaraci\u00f3n a Barbosa Castillo, abogado de la firma comercial denunciante, con base en conjeturas acerca de la eventual transgresi\u00f3n al secreto profesional, aspecto a evaluar y controlar durante el juicio oral y no antes, en especial, cuando, desde su perspectiva, tal riesgo es remoto. Al resolver de ese modo, se est\u00e1 limitando su defensa por omitir \u00abel decreto y la pr\u00e1ctica de pruebas [que permitan] la debida conducci\u00f3n al proceso de hechos que resultan indispensables para la soluci\u00f3n del asunto debatido\u00bb, seg\u00fan lo adoctrin\u00f3 la Corte Constitucional en las sentencias SU-080 de 2020 y C-301 de 2012. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se opuso por hallar insatisfechos los requisitos espec\u00edficos de procedibilidad del resguardo contra resoluciones judiciales, ya que ninguno de los yerros aducidos por el gestor se materializ\u00f3 en este asunto, en tanto: i) Era el competente para desatar la alzada (art. 34-1 C.P.P.); ii) El tr\u00e1mite se sigui\u00f3 por los ritos legales; iii) El pronunciamiento confutado se motiv\u00f3 en debida forma; y, iv) De \u00e9l se notici\u00f3 a los interesados como lo mandan las normas adjetivas aplicables. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 narr\u00f3 las principales actuaciones surtidas en la causa criminal adelantada contra el promotor y afirm\u00f3 que su queja est\u00e1 encaminada a controvertir el criterio jur\u00eddico de los falladores de ambas instancias, finalidad para la cual no fue instituido este excepcional mecanismo, sobre todo cuando, para ello, el legislador consagr\u00f3 herramientas de las cuales hizo uso el inconforme. <\/p>\n
Cemex Colombia S.A. y Cemex Latam Holdings S.A. estimaron incumplido el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto el litigio se encuentra en curso contando el querellante con la posibilidad de desvirtuar los cargos endilgados en su contra, sin que est\u00e9 acreditada la existencia de situaciones que ameriten la intervenci\u00f3n urgente de esta especial justicia. Al respecto, destac\u00f3 que, a solicitud de los investigados, fueron decretados m\u00e1s de veinte (20) testimonios y centenares de \u00abdocumentos\u00bb. <\/p>\n
Aunque reconocieron la tempestividad de la guarda, cuestionaron que el impulsor dejara pasar cuatro (4) meses para acudir a esa v\u00eda en pos de nuevas oportunidades para contradecir lo resuelto en la contienda, alegando falencias \u00abinexistentes\u00bb y que, en todo caso, son irrelevantes de cara al abundante material suasorio que le fue admitido. <\/p>\n
Coligi\u00f3 que ninguno de los dislates enrostrados al juzgador plural se produjeron en el sub lite, porque las razones que soportaron las providencias rebatidas tienen asidero en el debate surtido en la respectiva audiencia, sin que pueda \u00abconsiderarse\u00bb que las conclusiones de la Sala fustigada lesionan los principios de limitaci\u00f3n y no reforma en peor implorados, en tanto \u00abla sanci\u00f3n aplicable frente a la impertinencia o a la repetitividad de una prueba es la misma: la inadmisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 171 Penal II y la Fiscal\u00eda Veintitr\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos pidieron no acceder a la salvaguarda, arguyendo que el accionante pretende utilizarla como una tercera \u00abinstancia\u00bb para desconocer \u00abdecisiones\u00bb ya ejecutoriadas y tomadas con base en la autonom\u00eda que la legislaci\u00f3n otorga a los jueces para su interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego, tras inferir que \u00ablas autoridades judiciales accionadas, con base en la independencia y autonom\u00eda que rigen la actividad jurisdiccional al tenor de la preceptiva contenida en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, no accedieron a algunas de las solicitudes probatorias presentadas por la defensa de Edgar Ram\u00edrez Mart\u00ednez, con razones de orden constitucional y legal que descartan cualquier tipo de arbitrariedad que atente contra los derechos fundamentales aqu\u00ed invocados\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el querellante reclamando pronunciamiento puntual sobre el alcance del \u00absecreto profesional\u00bb, toda vez, que, en su sentir, se le est\u00e1 dando una ex\u00e9gesis inflexible que, en la pr\u00e1ctica, llevar\u00eda a que, con fundamento en suposiciones, \u00abning\u00fan abogado puede ser decretado como testigo en una actuaci\u00f3n judicial cuando ha participado en actividades jur\u00eddicas sometidas a debate en un determinado proceso\u00bb en contrav\u00eda de postulados constitucionales. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en las disertaciones expuestas en el pliego introductor en relaci\u00f3n con la \u00abprueba documental denegada\u00bb, aseverando que \u00abal existir una decisi\u00f3n de primera instancia que niega por impertinencia la pr\u00e1ctica de la prueba, y una decisi\u00f3n de segunda instancia que las niega por repetitivas, siendo estas dos categor\u00edas excluyentes, como quiera que no es posible hablar de una prueba repetitiva y al mismo tiempo impertinente\u00bb, no pudo ejercitar recurso alguno frente a las motivaciones del iudex de segundo grado, porque \u00abnaturalmente\u00bb, no es susceptible de recurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que la \u00abtutela\u00bb no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, procede la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera instancia, porque la directriz combatida (26 abr. 2021), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, los anhelos del activante fueron \u00abdesestimados\u00bb en el escenario natural por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, para dirimir la apelaci\u00f3n formulada contra tres de los interlocutorios dictados el 8 de marzo de 2021 por el funcionario de primer grado, se aprest\u00f3 a estudiar la conducencia, pertinencia y necesidad de las \u00abpruebas\u00bb all\u00ed \u00abnegadas\u00bb, as\u00ed como la satisfacci\u00f3n de las exigencias normativas para su aducci\u00f3n al infolio, avalando el auto impugnado. <\/p>\n
Inicialmente memor\u00f3 que la exclusi\u00f3n del testigo Gerardo Barbosa Castillo obedeci\u00f3 a que: i) Ese togado estaba \u00abamparado por las previsiones del art\u00edculo 74 inciso 2\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, seg\u00fan las cuales, el secreto profesional es inviolable\u00bb; ii) \u00ab[L]a defensa no argument\u00f3 si exist\u00eda alg\u00fan motivo excepcional por el cual \u00e9l deb\u00eda ser obligado a declarar en el juicio\u00bb y, iii) \u00abEl testigo no fue descubierto en la oportunidad procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que no se accedi\u00f3 a recibir <\/p>\n
\u00abla Resoluci\u00f3n No. 3425 del 27 de abril de 2015, junto con sus soportes\u00bb, porque el interesado i) No inform\u00f3 qui\u00e9n la expidi\u00f3, firm\u00f3 o rubric\u00f3, tampoco adujo porqu\u00e9 se concibi\u00f3, qu\u00e9 finalidad ten\u00eda o por qu\u00e9 fue producida, ii) No explic\u00f3 su trascendencia frente al tema de prueba, pues inform\u00f3 de manera gen\u00e9rica, que resultaba pertinente \u201cpor la relaci\u00f3n estrecha con los hechos jur\u00eddicamente relevantes\u201d, iii) La documentaci\u00f3n anexa a la resoluci\u00f3n, que present\u00f3 la defensa como soporte o sustento de su expedici\u00f3n, tienen fecha posterior a los hechos -2016, 2017 y 2019-\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al \u00faltimo punto del disenso planteado en esta v\u00eda, esto es, la copia de los \u00abdocumentos\u00bb de entrega de los t\u00edtulos de accionistas de Zomam, surgidos entre 2012 y 2019, puntualiz\u00f3 que fueron descartados en atenci\u00f3n a la \u00ab[i]nadecuada fundamentaci\u00f3n de la petici\u00f3n probatoria, pues la defensa afirm\u00f3 que se trataba de demostrar el inter\u00e9s de Cemex en inyectar recursos econ\u00f3micos y dar continuidad al proyecto, por las ventajas que ofrec\u00eda la planta de Maceo \u2013 Antioquia, empero, no existe relaci\u00f3n con los hechos\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de rese\u00f1ar los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n en que el inconforme y su compa\u00f1ero de causa hicieron descansar sus reparos, a m\u00e1s de la postura esgrimida por los no recurrentes frente a los mismos, se centr\u00f3 en el an\u00e1lisis de las reglas 359 y 375 de la Ley 906 de 2004 que establecen, en su orden, \u00abla exclusi\u00f3n, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este c\u00f3digo, resulten inadmisibles, impertinentes, in\u00fatiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba\u00bb y la necesidad de que las \u00abpruebas\u00bb \u00abse refieran \u201cdirecta o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisi\u00f3n de la conducta\u201d\u00bb, aspecto a decantar \u00abal momento de resolver las solicitudes probatorias presentadas en la audiencia preparatoria\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, evalu\u00f3 el caso particular, concluyendo, acerca de la declaraci\u00f3n del profesional del derecho rogada por el hoy tutelante, que fue acertada su denegaci\u00f3n, en la medida que los par\u00e1metros establecidos en el canon 74 superior, en la Ley 1123 de 2007 y en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, permiten inferir que la valoraci\u00f3n de una evidencia de ese talante \u00abpuede conllevar la nulidad del fallo\u00bb, en tanto se constituye en una \u00abprueba il\u00edcita\u00bb, cuya falta de exclusi\u00f3n apareja \u00abla vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque \u00abGerardo Barbosa Castillo nunca podr\u00e1 tocar aspectos relacionados con el secreto profesional, como la labor que desempe\u00f1\u00f3 como abogado de Cemex\u00bb, y fue para ello que el acusado lo requiri\u00f3, al decir que con \u00e9l buscar\u00eda \u00abesclarecer los hechos y brindar conocimientos (\u2026) sobre las actividades que Barbosa Castillo efectu\u00f3 como abogado de Cemex; por lo que, queda claro que su declaraci\u00f3n atentar\u00eda contra los intereses de la empresa\u00bb, \u00faltima que \u00abde manera clara y contundente, se\u00f1al\u00f3 en la audiencia preparatoria no haber dado su consentimiento para que el abogado en menci\u00f3n suministrara informaci\u00f3n de sus movimientos\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en esa reflexi\u00f3n, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abel planteamiento del apelante desconoce el derecho de la empresa Cemex, pues el abogado accedi\u00f3 a informaci\u00f3n espec\u00edfica y privilegiada como consecuencia de la relaci\u00f3n de confianza propia y existente con su cliente, misma que lo obliga a guardar sigilo, frente al tema para el que es convocado\u00bb y \u00abotorgarle la posibilidad al testigo de que quebrante el deber profesional con su cliente, implicar\u00eda la conculcaci\u00f3n de un derecho fundamental y la obtenci\u00f3n de una prueba il\u00edcita que no podr\u00eda ser utilizada como fundamento para proferir una providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente con las \u00abdocumentales\u00bb pretendidas por el quejoso para comprobar \u00abla relaci\u00f3n jur\u00eddica y comercial entre Zomam y Cemex\u00bb, dedujo, a m\u00e1s de su impertinencia, por cuanto \u00abla acusaci\u00f3n contra el procesado no se desvirtuar\u00eda, tal como la fiscal\u00eda lo manifest\u00f3, ante la existencia o inexistencia de una relaci\u00f3n comercial entre las 2 empresas\u00bb, que se trataba de \u00abpruebas\u00bb repetitivas, como quiera que \u00abese hecho lo intentar\u00e1 demostrar el mismo ente acusador con el memorando de entendimiento No. 1 del 28 de agosto de 2012, el cual se incorporar\u00e1 con el testigo de cargo \u00d3scar Javier Navas Delgadillo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, expres\u00f3, el aspecto <\/p>\n
\u00abque se pretende probar a trav\u00e9s de los mencionados documentos, se incorporar\u00e1 al juicio con varios testigos y documentos; por ejemplo, mediante el testimonio de Juan Carlos Angarita Cruz, se introducir\u00e1n para ese efecto las: \u201ccopias de la documentaci\u00f3n emitida por Enterprise Rich, Managment (E.R.M.), referente a las relaciones entre CEMEX y CALIZAS MINERALES, los socios y el proyecto para la explotaci\u00f3n de minas en Maceo (Antioquia), desde el a\u00f1o 2010 hasta el 2016, y entre ellos los siguientes documentos: 1. Agenda de riesgos ERM julio 2015. 2. Cuadro de reporte de riesgos Maceo ERM diciembre 2015. 3. Mapa de riesgos ERM septiembre 2015. 4. Reporte de riesgos ERM de abril 2015\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, enfatiz\u00f3 en que, con un deponente pedido por la defensa del otro implicado, se aportar\u00e1 al juicio <\/p>\n
\u00ab\u201cCopia del otros\u00ed PL277 2012 – 06 del 27 de marzo de 2014, memorando de entendimiento CEMEX COLOMBIA, C.I. CALIZAS Y MINERALES y ZOMAM, por medio del cual se prorroga el plazo hasta el 30 de junio de 2014 y el Otros\u00ed PLA 277-1209 al memorando de entendimiento CEMEX COLOMBIA, ZOMAM y CALIZAS Y MINERALES, que corresponde a la entrega del documento anterior\u2026\u201d (\u2026) \u201cActa No. 003 de fecha 21 de agosto de 2012 y anexos, de la empresa ZOMAM, donde se autoriza la venta de acciones a CEMEX y el T\u00edtulo de acciones de CEMEX S.A., como accionaria \u00fanica de ZOMAM, del 31 de agosto de 2012.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Bajo las circunstancias descritas, vale decir, \u00abla impertinencia\u00bb y \u00abla repetitividad\u00bb de los hechos que el precursor quiere acreditar con la Resoluci\u00f3n 3425 de 27 de abril de 2015 y los folios donde consta la entrega de los t\u00edtulos accionarios de Zomam a Cemex entre el 2012 y el 2019, el Tribunal de Bogot\u00e1 convalid\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado, dado que \u00abla defensa podr\u00e1 acreditar que existi\u00f3 una relaci\u00f3n contractual entre Zomam y Cemex, con varios de los elementos materiales probatorios decretados a la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, surge palmario que no fue por capricho ni por arbitrariedad que el iudex plural criticado ratific\u00f3 lo solventado por el a quo. Todo lo contrario, su postura estuvo basada en una \u00abinterpretaci\u00f3n\u00bb plausible de las pautas que gobiernan el \u00abdecreto de pruebas\u00bb en el proceso penal, hermen\u00e9utica que apoy\u00f3 en la jurisprudencia del m\u00e1ximo \u00f3rgano de esa especialidad, para, posteriormente, descender al examen de todas y cada una de las censuras expuestas en la apelaci\u00f3n, tres de las cuales dieron origen al ataque formulado en esta senda excepcional. <\/p>\n
El panorama as\u00ed descrito impide la intromisi\u00f3n del juez de \u00abtutela\u00bb en la causa criminal, ya que, como bien lo pregonaron al un\u00edsono los opositores al socorro, este no es una \u00abtercera instancia a trav\u00e9s del cual pueda imponerse a los juzgadores naturales un determinado criterio sobre los asuntos sometidos a su discernimiento. <\/p>\n
En esas condiciones, inviable se torna el an\u00e1lisis adicional que clama en su impugnaci\u00f3n Ram\u00edrez Mart\u00ednez, acerca del alcance del \u00absecreto profesional\u00bb o la posibilidad de que, respecto de una misma \u00abprueba, pueda predicarse su impertinencia y repetitividad, t\u00f3picos que fueron ampliamente explicados por el ad-quem y que, por tanto, se reitera, no merecen reproche alguno. <\/p>\n
2.- Bajo ese entendimiento, con \u00abindependencia\u00bb que la Sala las comparta o no, ning\u00fan desatino puede atribuirse al reprochado auto, pues es el producto de un pormenorizado examen de los lineamientos aplicables a la materia y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puntual; y al margen de que el inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o \u00abcaprichosas\u00bb, ya que son producto de una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
4.- Ergo, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8503-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8503-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01391-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de julio de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}