STC8509-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8509-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02083-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Jorge Roberto Bernal le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, extensiva a los intervinientes en el consecutivo debatido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abcosa juzgada, debido proceso y acceso real y efectivo\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 \u00abordenar a cada uno de los accionados para que el suscrito reciba la ayuda humanitaria y el acompa\u00f1amiento por parte de la UARIV para RETORNAR de forma inmediata al Municipio El Play\u00f3n \u2013 Santander\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que la Magistratura querellada revoc\u00f3 el auto proferido el 10 de junio de 2022 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga que sancion\u00f3 con multa de cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes en el incidente de desacato a fallo de tutela promovido contra el Director de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas \u2013 UARIV con fundamento en que \u00abya se hab\u00eda impuesto sanci\u00f3n contra los incidentados en anterior incidente adelantado por la falta de respuesta a la solicitud de reubicaci\u00f3n elevada por Jorge Roberto Bernal, no es viable imponer nuevas sanciones a los encartados en virtud del principio non bis in idem, que proh\u00edbe que por un mismo hecho sean impuestas varias sanciones a las mismas personas\u00bb (16 jun. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tal determinaci\u00f3n quebrant\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que \u00abdej\u00f3 sin las herramientas al juez para hacer cumplir el fallo de tutela de 15 de diciembre de 2021 y modulado por el mismo Tribunal Superior en sentencia de 1\u00b0 de abril de 2022 que ampar\u00f3 sus derechos al retorno, a la vida en condiciones dignas, seguridad, no revictimizaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n social, pues pese a que han pasado seis meses sigue sin cumplirse por parte de la UARIV, bajo el argumento que el juez sanciona nuevamente a los renuentes, cuando lo que debe hacer es intentar el cumplimiento de la orden, obviando con su decisi\u00f3n el canon 27 del Decreto 2591\/1991\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa urbe inform\u00f3 que \u00abpor solicitud del accionante adelant\u00f3 incidente de desacato contra la UARIV, el cual culmin\u00f3 el 27 de abril de 2022 sancionando a los obligados a cumplir con lo ordenado en fallo de tutela, prove\u00eddo que fue confirmado por el Tribunal Superior el 3 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
De igual modo refiri\u00f3 que \u00aba pesar de las sanciones y haberse librado las comunicaciones para hacerlas efectivas el encartado no ha cumplido, por lo que se tramit\u00f3 un nuevo incidente que culmin\u00f3 el 10 de junio de 2022\u00bb, empero el superior \u00abrevoc\u00f3 la sanci\u00f3n el 16 de junio conforme a las razones que all\u00ed expuso, por lo que en auto de 21 de junio se orden\u00f3 obedecer\u00bb, resultando evidente que \u00aba hoy ya no existe otra herramienta jur\u00eddica para hacer cumplir la sentencia de tutela, a pesar que persiste el incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En materia de \u00abincidentes de desacatos\u00bb, la Corte Constitucional en aras de no abrir la puerta a infinitas acciones de la misma naturaleza por similares hechos, ha admitido la procedencia excepcional de la \u00abtutela\u00bb, sujet\u00e1ndola a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9ste, originada en los llamados defectos \u00absustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico\u00bb (C.C. Sentencia T-652 de 2010). <\/p>\n
Sobre el particular, en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015) fij\u00f3 la postura de aceptar dicho instrumento bajo los siguientes derroteros: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o Tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (Negrilla fuera de texto) citada en STC7007-2021. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se anuncia la concesi\u00f3n de los privilegios al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque, en efecto, se vislumbra su conculcaci\u00f3n, lo que impone la intervenci\u00f3n superlativa suplicada. <\/p>\n
En efecto de los medios de prueba aportados, se evidencia que: <\/p>\n
2.1.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga en el \u00abfallo de tutela\u00bb cuyo cumplimiento se pretende (15 dic. 2021), que no fue impugnado, dispuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) SEGUNDO: Ordenar al Director de la U.A.E. para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, al Director Territorial Central, al Director Territorial Santander, al Director de Gesti\u00f3n Interinstitucional, al Director T\u00e9cnico de Gesti\u00f3n Social y Humanitaria, al Director T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n, al Director de Registro y Gesti\u00f3n de la Informaci\u00f3n y al Director de Asuntos \u00c9tnicos, todos de la U.A.E. para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, que dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, procedan de manera coordinada a iniciar las actuaciones respectivas para determinar si es procedente o no el retorno del se\u00f1or Jorge Roberto Bernal en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad al municipio de El Play\u00f3n \u2013 Santander, y de ser el caso, a brindar el apoyo y acompa\u00f1amiento en el proceso que de ello se derive; debiendo adoptar la decisi\u00f3n respectiva dentro del plazo m\u00e1ximo de diez d\u00edas, la cual deber\u00e1 notificar al tutelante dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al vencimiento del referido plazo, indic\u00e1ndole de forma clara y congruente las razones de hecho y de derecho en las que sustenta la respuesta que defina la solicitud que hizo para el retorno, la que en todo caso no podr\u00e1 sustentarse en el hecho de la reubicaci\u00f3n para negar el retorno\u00bb. <\/p>\n
Par\u00e1grafo: Teniendo en cuenta la contradicci\u00f3n de la respuesta al interior de las dependencias de la entidad accionada, lo que ha redundado en la indefinici\u00f3n del retorno, se ordena que la respuesta que se brinde al se\u00f1or Jorge Roberto Bernal \u00fanicamente puede ser suscrita e informada por el Director de la U.A.E. para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, quien debe asumir la vocer\u00eda en las distintas dependencias para el presente asunto, quedando proscrita la delegaci\u00f3n o cualquier otra figura jur\u00eddica que implique su desentendimiento del retorno pedido\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Esa determinaci\u00f3n fue modulada por el Tribunal Superior de esa localidad en sentencia de 1\u00b0 de abril de 2022, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) SEGUNDO: (\u2026) se ORDENA al Director T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas que, en el t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la presente decisi\u00f3n, determine de manera coordinada con el Director General de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las Victimas y el Director de la Territorial Santander de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las Victimas, si es procedente o no el retorno del se\u00f1or Jorge Roberto Bernal en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad al municipio de El Play\u00f3n \u2013 Santander, y de ser el caso, brinde el apoyo y acompa\u00f1amiento en el proceso que de ello se derive. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n que se adopte deber\u00e1 el accionado indicar de forma clara y congruente las razones de hecho y de derecho en las que sustenta la respuesta que defina la solicitud que hizo el accionante para lograr su retorno, la que en todo caso no podr\u00e1 negarse en el hecho de la reubicaci\u00f3n de la que \u00e9l se benefici\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.3.- El actor present\u00f3 \u00abincidente de desacato\u00bb en contra de la prenombrada entidad, aduciendo \u00abque no dio cumplimiento a la orden de tutela, posteriormente modulada, pues si bien respondi\u00f3 de forma negativa la solicitud de retorno, se fundament\u00f3 nuevamente en el hecho de su reubicaci\u00f3n\u00bb, lo que deriv\u00f3 que el a quo adelantara el respectivo tr\u00e1mite, que finiquit\u00f3 con sanci\u00f3n a los responsables con \u00abarresto que se conmuta por una multa de cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos, adem\u00e1s de una multa por valor de tres salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, adicionales al arresto conmutado por multa, tambi\u00e9n para cada uno de ellos (\u2026) Exp\u00eddanse las copias pertinentes para que se investiguen las presuntas conductas penales a que hubieren lugar de conformidad con lo preceptuado por el art\u00edculo 53 del Decreto – Ley 2591 de 1991\u00bb (27 abr. 2022), resoluci\u00f3n que el superior convalid\u00f3 (3 may.). <\/p>\n
En firme el anterior prove\u00eddo, se libraron las misivas respectivas con el fin de \u00abmaterializar las sanciones impuestas\u00bb ante la \u00abFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb (20 may.) y la \u00abOficina de Cobro Coactivo del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander\u00bb (10 jun. 2022). <\/p>\n
2.4. El 31 de mayo \u00faltimo, el tutelante radic\u00f3 nuevo \u00abincidente de desacato\u00bb contando que la accionada contin\u00faa \u00abdesconociendo el fallo de tutela proferido a su favor\u00bb, am\u00e9n de que, \u00abv\u00eda telef\u00f3nica, lo conmin\u00f3 para que desistiera de su pretensi\u00f3n de reubicaci\u00f3n\u00bb, que culmin\u00f3 con \u00absanci\u00f3n por desacato contra los incidentados, con arresto que se conmuta por una multa de cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos, adem\u00e1s de una multa por valor de tres salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos\u00bb, al estimarse que \u00absi bien es cierto que mediante prove\u00eddo del 27 de abril de 2022 se impuso sanci\u00f3n por desacato a los mismos accionados y por la misma conducta, no menos cierto es que aquella sanci\u00f3n ya se consum\u00f3 sin lograr que se cumpliera la sentencia de tutela al d\u00eda de hoy (\u2026) sin que tampoco sea procedente predicar la existencia de la vulneraci\u00f3n al principio de derecho de no sancionar dos veces por la misma conducta, pues de persistir el incumplimiento debe tramitarse el incidente y sancionar al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia\u00bb (10 jun. 2022). <\/p>\n
2.5. La Corporaci\u00f3n denunciada en grado jurisdiccional de consulta \u00abrevoc\u00f3\u00bb lo decidido, \u00abcon fundamento en el principio non bis in idem\u00bb, al apreciar que \u00abante la existencia ya de una sanci\u00f3n por desacato, y comoquiera que el incumplimiento aducido por el accionante ya fue objeto de pronunciamiento, sin que se advierta una nueva situaci\u00f3n, no es viable iniciar o adelantar un nuevo juicio, ni imponer nuevas sanciones a los encartados. En realidad, lo procedente es que el juez de tutela haga efectiva la sanci\u00f3n impuesta el 27 de abril de 2022, e intente el cumplimiento de la orden tuitiva\u00bb (16 jun. 2022). <\/p>\n
De la anterior rese\u00f1a, se advierte que, en la \u00faltima providencia enlistada, el Tribunal Superior de Bucaramanga desconoci\u00f3 que \u00abla finalidad del incidente de desacato no es imponer un castigo de arresto o pecuniario\u00bb, sino que \u00abse cumpla una orden contenida en un fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
El cimiento normativo de esta instituci\u00f3n lo constituyen los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, que puntualizan: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. (\u2026) El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso (\u2026). <\/p>\n
Art\u00edculo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. <\/p>\n
La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, el canon 53 del citado precepto, en lo relativo a las consecuencias de tipo penal derivadas de la inobservancia a una orden superlativa, indica, <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 53. Sanciones Penales. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este Decreto incurrir\u00e1, seg\u00fan el caso, en fraude a resoluci\u00f3n judicial, prevaricato por omisi\u00f3n o en las sanciones penales a que hubiere lugar. <\/p>\n
Tambi\u00e9n incurrir\u00e1 en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que motiv\u00f3 la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, se colige que, el \u00abdesacato\u00bb es un procedimiento que forma parte del \u00abpoder jurisdiccional sancionatorio\u00bb, se surte mediante tr\u00e1mite incidental, seg\u00fan lo normado en el C\u00f3digo General del Proceso, y puede dar lugar a la imposici\u00f3n de una \u00absanci\u00f3n de car\u00e1cter correccional\u00bb (C.C. Sentencia C-092\/1997), y a su vez, de naturaleza penal, como consecuencia de las conductas punibles que puedan provenir del incumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia, el objeto del \u00abtr\u00e1mite incidental de desacato\u00bb es el de conseguir que el obligado \u00abobedezca la orden impuesta en la providencia originada a partir de la resoluci\u00f3n de un recurso de amparo constitucional\u00bb, raz\u00f3n por la cual su finalidad no es la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino alcanzar el acatamiento de la respectiva sentencia (C.C. T-652\/2010). <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha dicho que, <\/p>\n
\u00abDel texto subrayado \u2013refiri\u00e9ndose al contenido del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991\u2013 se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. <\/p>\n
Segundo, la imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. <\/p>\n
En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, determina que \u00e9ste no existi\u00f3, se desdibujar\u00e1 uno de los medios de persuasi\u00f3n con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un car\u00e1cter persuasivo, el incidente de desacato s\u00ed puede influir en la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existir\u00eda legitimaci\u00f3n para pedir la garant\u00eda del debido proceso a trav\u00e9s de tutela\u00bb (T-421\/2003). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha expresado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el Juzgado o Tribunal que se pronunci\u00f3 en primera instancia, el cual, se repite, mantendr\u00e1 competencia hasta que se restablezca el derecho vulnerado porque la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales es la esencia de la tutela, luego el cumplimiento de la orden de protecci\u00f3n es una obligaci\u00f3n de hacer por parte del juez de tutela de primera instancia\u00bb (T-086\/2003). <\/p>\n
En ese sentido, en el evento que el correctivo sea necesario, el mismo debe estar precedido de un \u00abtr\u00e1mite que garantice la eficacia del derecho al debido proceso de la autoridad contra quien se ejerce\u00bb, por lo que el funcionario que conozca de la articulaci\u00f3n debe enterar al incumplido su apertura, para que si a bien lo tiene pueda ejercer su defensa, allegar los medios probatorios pertinentes para sustentarla y requerir la pr\u00e1ctica de pruebas conducentes, para que con base en ellas, se adopte la resoluci\u00f3n correspondiente (C.C. T-123\/2010). <\/p>\n
Por otro lado, tambi\u00e9n se ha precisado que <\/p>\n
\u00abel funcionario encargado del tr\u00e1mite incidental, no puede volver sobre los juicios o valoraciones que fueron objeto de debate dentro de la acci\u00f3n tutelar, ya que ello implicar\u00eda revivir un proceso concluido, afectando de esa manera la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, de all\u00ed que su ejercicio tiene como marco la parte resolutiva del fallo desatendido, por lo que al momento de emitir un pronunciamiento de fondo se debe verificar exclusivamente: i) a qui\u00e9n estaba dirigida la orden; ii) cu\u00e1l fue el t\u00e9rmino otorgado para llevarla a cabo; iii) si el mandato judicial fue acatado o no, y en este \u00faltimo evento, debe identificarse si el incumplimiento fue integral o parcial; y iv) las razones por las cuales se produjo la inobservancia al fallo de tutela\u00bb (STP1119-2017). <\/p>\n
Adicional a ello, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia T-512 de 2011, afirm\u00f3 que, dado que \u00abel incidente de desacato es un mecanismo de coerci\u00f3n\u00bb, el mismo debe estar cobijado por los principios del \u00abderecho sancionador\u00bb, y espec\u00edficamente, por las garant\u00edas que \u00e9ste otorga al disciplinado, y en esa medida en el decurso procesal siempre ser\u00e1 necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el \u00abincumplimiento\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, atendiendo a los precedentes referenciados, concluye la Sala que la resoluci\u00f3n criticada afect\u00f3 los \u00abderechos a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso\u00bb de Jorge Roberto Bernal, por cuanto al dejar sin efecto el prove\u00eddo que \u00abimpuso sanci\u00f3n por desacato a los accionados el 10 de junio de 2022\u00bb, al conceptuar que \u00abel principio non bis in idem, proh\u00edbe que por un mismo hecho sea impuestas varias sanciones a las mismas personas\u00bb, no quedando otro camino que \u00abel juez de tutela intente el cumplimiento de la orden tuitiva\u00bb, ignor\u00f3 que como garante de la ley y de la Constituci\u00f3n, para la consolidaci\u00f3n del \u00abderecho\u00bb material, \u00able compete velar por el acatamiento real de la sentencia y controlar las tentativas del fraude a la resoluci\u00f3n judicial impartida, por cuanto, de nada sirve el reconocimiento de un derecho, si el funcionario no impuls\u00f3 su ejecuci\u00f3n o no se compromete con el cumplimiento de la respectiva decisi\u00f3n, cuando se halla ejecutoriada o en firme, o cuando mediada por el efecto devolutivo es llamada a obedecerla\u2026\u00bb. (STC16106-2018 reiterada en STC6099-2022). <\/p>\n
A lo antecedente, se suma que la mencionada Magistratura, al momento de examinar la \u00absanci\u00f3n atribuida\u00bb pese a que razon\u00f3 que la \u00aborden constitucional no ha sido acatada\u00bb opt\u00f3 por discurrir que \u00abcomoquiera que el incumplimiento aducido por el accionante ya fue objeto de pronunciamiento, sin que se advierta una nueva situaci\u00f3n, no es viable iniciar o adelantar un nuevo juicio, ni imponer nuevas sanciones a los encartados\u00bb, generando, entonces, que las garant\u00edas tuitivas reconocidas al precursor, permanezcan en indefinici\u00f3n, por cuanto, no ser\u00e1 posible adelantar un \u00abnuevo incidente de desacato contra los funcionarios obligados porque ya fueron sancionados en anterior oportunidad\u00bb, con el agravante que el tutelante es una persona desplazada con una discapacidad \u00abglobal de 55.87\u00bb, que ahora se encuentra con una \u00aborden de tutela no satisfecha\u00bb y sin herramientas para lograr su efectividad. <\/p>\n
Por tanto, la administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, \u00abel juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no puede ser indiferentes o ajenos a su obediencia. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos\u00bb (CC C-367\/14). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE el amparo reclamado por Jorge Roberto Bernal. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga dejar sin efecto el prove\u00eddo de 16 de junio de 2022, para que dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a que se reciba notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a zanjar nuevamente el grado jurisdiccional de consulta en el radicado 2021-00376-05, atendiendo las reflexiones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de que no se formule impugnaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
EN AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8509-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8509-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02083-00 (Aprobado en Sala de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la tutela que Jorge Roberto Bernal le instaur\u00f3 a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}