STC8522-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8522-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00135-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 7 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Einer Fabi\u00e1n Garc\u00eda Mej\u00eda contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el juicio de divorcio n\u00b0 2021-00460. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al incurrir en \u00abmora judicial\u00bb dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel d\u00eda 22 de noviembre de 2021, mediante apoderado judicial radiqu\u00e9 demanda de cesaci\u00f3n efectos civiles de matrimonio religioso [contra Claudia Marcela Bustos Puentes]\u00bb, y admitida por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva el 3 de febrero de 2022, \u00abprocedi\u00f3 a realizar la notificaci\u00f3n personal de la demanda como lo establece el decreto 806 de 2020 y lineamientos seg\u00fan el art\u00edculo 291 del CGP [pero], seg\u00fan informaci\u00f3n de la empresa de mensajer\u00eda Servientrega, no se logr\u00f3 notificar a la parte demandada, pues (\u2026) no se encuentra en el pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben reiterados comunicados\u00bb su abogado ha solicitado continuar el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, a lo que el juzgado respondi\u00f3 \u00abque debo realizar una b\u00fasqueda [en] redes sociales, entidades p\u00fablicas [y] privadas que manejen informaci\u00f3n de personas, siendo [ello] in\u00fatil, pues me encuentro trabajando como soldado profesional y no cuento con la facilitad para realizar los tr\u00e1mites, adem\u00e1s de los costos [que conlleva]\u00bb, cuando es \u00abm\u00e1s factible que el despacho emplace [a] la demandada y se proceda a nombrarle un curador\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado \u00abdar tr\u00e1mite oportuno a mis solicitudes, esto es, el estudio y posterior emplazamiento a la parte demandada (\u2026). Subsidiariamente, se ordene a la accionada (\u2026) disponer de todos los mecanismos legales y procesales (\u2026) que permitan celeridad (\u2026), pues llevo m\u00e1s de 4 meses esperando que ingrese al despacho para estudiar la solicitud de emplazamiento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, inform\u00f3 que \u00abmediante prove\u00eddo del 24 de mayo de 2022, este juzgado resolvi[\u00f3] las peticiones de emplazamiento impetradas por la parte actora, originadas por un informe de notificaci\u00f3n de la empresa Servientrega en el que enuncian que la persona al parecer viaj\u00f3 a la Rep\u00fablica del Ecuador; decret\u00f3, previo a esta orden y teniendo en cuenta el derecho a la defensa y al debido proceso [que] la parte actora debe agotar unas gestiones para la obtenci\u00f3n de direcciones f\u00edsicas y electr\u00f3nicas, tenientes a la debida notificaci\u00f3n de la aqu\u00ed demandada, esto en armon\u00eda con el decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Que tal decisi\u00f3n se fundament\u00f3 \u00aben la sentencia T-818 de 2013 en cuanto a la connotaci\u00f3n que conlleva a las consecuencias de los resultados de los procesos de familia, [y en que] desde la demanda [la actora] adjunta unas documentales las cuales denotan un conocimiento de redes sociales por la cuales la parte demandada puede ubicarse, o al menos presentar las resultas satisfactorias o insatisfactorias de las mismas para soportar un emplazamiento\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abaun cuando la parte actora no agot\u00f3 las facultades que le otorga el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 291 del C.G.P, el despacho oficiosamente mediante prove\u00eddo del 24-05-2022 orden\u00f3 a la EPS a la cual se encuentra adscrita la demandada para que informe direcciones f\u00edsicas y electr\u00f3nicas que est\u00e9n registradas en sus bases de datos con el fin de perfeccionar la notificaci\u00f3n o sustentar debidamente el emplazamiento\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 19 Judicial de Familia de Neiva, dijo que, conforme a la actual legislaci\u00f3n y los precedentes jurisprudenciales, se permite \u00abla notificaci\u00f3n electr\u00f3nica para dar mayor dinamismo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, y tras ello conceptu\u00f3 que era \u00abprocedente la acci\u00f3n de tutela impetrada\u00bb. <\/p>\n
4. Laura Daniela Acevedo Vidarte, \u00abactuando en calidad de curadora ad litem de la se\u00f1ora Claudia Marcela Bustos Puentes\u00bb para los efectos de esta acci\u00f3n, aunque dijo no constarle los hechos de la demanda, se opuso a lo pretendido porque el juzgado respondi\u00f3 las solicitudes del accionante, conllevando una \u00abcarencia de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que \u00abel 24 de mayo de 2022 [el juzgado] resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en atenci\u00f3n a que \u00e9ste, no ha realizado las gestiones tendientes adquirir la direcci\u00f3n f\u00edsica y\/o electr\u00f3nica de la parte pasiva, acorde con el Decreto 806 de 2020, en concordancia con el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 291 del C.G.P., por lo que de manera oficiosa requiri\u00f3 a la Nueva EPS, para que enviara la informaci\u00f3n de notificaci\u00f3n que tuviese en sus bases de datos, [a fin] de materializar el enteramiento de manera directa, o contar con un sustento para ordenar su emplazamiento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para reiterar los argumentos de su demanda tutelar, ya que \u00abtodo el tr\u00e1mite procesal se ha agotado (\u2026) para poder vincular y enterar a la demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al no dar impulso al proceso de divorcio n\u00b0 2021-00460, resolviendo sobre la solicitud de emplazamiento de la demandada. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 00324-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Ello, porque la supuesta situaci\u00f3n de mora judicial, endilgada al accionado en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de las peticiones elevada por el actor para emplazar a la demandada dentro del divorcio n\u00b0 2021-00460, se super\u00f3 durante el curso de la presente acci\u00f3n, en tanto que con auto del 24 de mayo de 2022, dispuso que \u00abprevio a realizar el emplazamiento, y para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa se dispone a indicar a la parte demandante que una vez verificada la por la p\u00e1gina del ADRES la aqu\u00ed demandante aparece inscrita en la NUEVA EPS\u00bb, lo cual acredit\u00f3 con pantallazo de la consulta realizada en la respectiva p\u00e1gina web del Ministerio de Salud. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ello, encontr\u00f3 \u00abpertinente oficiar a dicha EPS para que aporte los datos de su ubicaci\u00f3n (\u2026), teniendo en cuenta lo dicho en sentencia T-818 de 2013 en cuanto a que a la connotaci\u00f3n que conlleva a las consecuencias de los resultados de los procesos de familia, se\u00f1alando la importancia de garantizar la participaci\u00f3n activa de la parte demandada\u00bb, lo cual efectivamente orden\u00f3, precis\u00e1ndole a la referida entidad, \u00abque allegue con destino a las presentes diligencias los datos de contacto (direcciones f\u00edsicas, electr\u00f3nicas y tel\u00e9fonos) de la aqu\u00ed demandada CLAUDIA MARCELA BUSTOS PUENTES (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con la decisi\u00f3n anterior, proferida durante el tr\u00e1mite del resguardo -pues este se impetr\u00f3 el 23 de mayo de 2022 y se notific\u00f3 al funcionario convocado al d\u00eda siguiente-, la autoridad encartada brind\u00f3 una motivada respuesta a las solicitudes elevadas por el reclamante, habida cuenta su deber como director del proceso para velar por las garant\u00edas del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las partes en contienda. <\/p>\n
En este orden, sin perjuicio de que el interesado est\u00e9 o no de acuerdo y pueda refutar mediante recurso de reposici\u00f3n el prove\u00eddo en comento, queda claro que el juzgado otorg\u00f3 al asunto el impulso requerido, el cual, se itera, tuvo lugar una vez notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n, configur\u00e1ndose con ello la carencia actual de objeto por hecho superado prevista en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, evento en el que el ruego tuitivo pierde su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia y se torna inane cualquier pronunciamiento tendiente a corregir el desafuero que motiv\u00f3 su invocaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el resguardo \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC6762-2022, 1\u00b0 jun. 2022, rad. 00083-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado mediante el cual se declar\u00f3 la improcedencia del auxilio implorado, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de las prerrogativas invocadas, fueron superadas durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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