STC8523-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8523-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00175-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Ana Rosa Salazar Perdomo en nombre de su hijo C\u00e9sar Javier Tafur Salazar, instaur\u00f3 en contra del Juzgado Primero de Familia del Circuito de la misma ciudad, extensiva al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
1.- La libelista, en la calidad aducida y a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00absalud en conexidad con el derecho a la vida\u00bb y \u00abdesarrollo de la libre personalidad\u00bb, para que se ordenara al juzgado querellado: (i) Pronunciarse de fondo \u00absobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de (\u2026) C\u00e9sar Javier Tafur Salazar y se establezcan las fechas concretas de las actuaciones pertinentes (\u2026) [que] quedaron paralizadas desde el 28 de agosto de 2019\u00bb y, (ii) Reconocerla como representante legal de su descendiente Cesar Javier para tr\u00e1mites administrativos y judiciales, en especial, para \u00abincoar (\u2026) nulidad y restablecimiento del derecho contra la Naci\u00f3n \u2013 Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb y para iniciar las \u00abdiligencias ante las entidades de Seguridad Social del r\u00e9gimen contributivo o subsidiado (\u2026) que coadyuven para el suministro de tratamientos m\u00e9dicos que garanticen el derecho a la salud (\u2026) atendiendo la minusval\u00eda mental de C\u00e9sar Javier\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que promovi\u00f3 demanda de interdicci\u00f3n a favor de Cesar Javier Tafur Salazar (rad. 2018-00261) y desde el 28 de agosto de 2019 el estrado enjuiciado \u201cno tiene actuaci\u00f3n alguna, pese a que de manera reiterativa\u201d, esto es, el 27 de junio, 20 de agosto, 25 de noviembre de 2021 y 11 y 18 de febrero, 9 de mayo de 2022 \u201cha enviado varios correos electr\u00f3nicos\u201d requiriendo el impulso del proceso, resolver de fondo y asignar un apoyo judicial para aquel. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que cuando el litigio incoado por la actora estaba para dictar sentencia \u201cse expidi\u00f3 por el legislador la Ley 1996 de 2019 que en su art\u00edculo 53 establece la prohibici\u00f3n de iniciar procesos de interdicci\u00f3n (\u2026), o solicitar la sentencia de interdicci\u00f3n (\u2026) quedando suspendidos legalmente\u201d. As\u00ed las cosas, \u201cvencido el t\u00e9rmino del r\u00e9gimen de transici\u00f3n (\u2026), mediante auto de fecha 31 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 sobre la adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite pertinente (\u2026) y sobre las solicitudes realizadas por (\u2026) la demandante\u201d y para tal fin, la inst\u00f3 \u201cpara que determine de manera concreta los actos jur\u00eddicos, administrativos y personales para los cuales se hace necesario la designaci\u00f3n de apoyos formales para el ejercicio de la capacidad legal de Cesar Javier Tafur Salazar\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que dispuso la notificaci\u00f3n del Procurador Judicial de Familia y que los interesados aportaran el informe de valoraci\u00f3n de conformidad con el Cap\u00edtulo II de la Ley 1996 de 2019, el que se deber\u00e1 ajustar a los se\u00f1alamientos del Decreto 487 de 2022. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si no ha cumplido con los par\u00e1metros del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cha obedecido a los vac\u00edos legislativos y reglamentarios de la Ley 1996 de 2019 desde su promulgaci\u00f3n, imponiendo cargas como el informe de valoraci\u00f3n de apoyos sin que se haya regulado por los poderes legislativo y ejecutivo de manera oportuna la entidad que debe realizar dicha valoraci\u00f3n (\u2026) circunstancias de fuerza mayor a las que ha estado sometido la prestaci\u00f3n de servicio, no atribuibles al funcionario judicial\u201d. <\/p>\n
El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensora de Familia rogaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Procurador Judicial de Familia de Ibagu\u00e9 dijo que si bien por la Ley 1996 de 2019 puede paralizar un poco la \u201cactividad judicial ese lapso no puede ser exagerado (\u2026), lo que es una situaci\u00f3n delicada para la familia ya que la progenitora carece de recursos econ\u00f3micas para la resolver la situaci\u00f3n de su hijo, quien pertenec\u00eda al ej\u00e9rcito y tiene una patolog\u00eda ps\u00edquica cr\u00f3nica e irreversible\u201d. Igualmente, asever\u00f3 que \u201cno ha vulnerado derechos a la persona que presenta la discapacidad (\u2026) pues tampoco se tiene conocimiento que la accionante haya elevado ninguna solicitud (\u2026) acerca de la situaci\u00f3n que plantea en su escrito\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 desestim\u00f3 el amparo, tras apreciar que \u00ablas circunstancias que motivaron la interposici\u00f3n de la solicitud de protecci\u00f3n fueron superadas\u00bb, en tanto, el 31 de mayo de 2022 el juzgado convocado \u00abdispuso entre otras cuestiones \u201cadecuar el tr\u00e1mite del presente proceso al de Adjudicaci\u00f3n Judicial de Apoyos formales en favor del se\u00f1or CESAR JAVIER TAFUR SALAZAR seg\u00fan lo previsto en el Cap\u00edtulo V de la Ley 1996 de 2019. T\u00e9nganse como pruebas las practicadas en el curso del presente proceso que resulten conducentes y pertinentes para resolver de fondo el asunto\u201d\u00bb; de manera que, aunque lo anhelado por la quejosa es que \u00abse concede en favor del se\u00f1or Tafur Salazar \u201capoyos judiciales\u201d, ese pedimento est\u00e1 sujeto al tr\u00e1mite previsto en el cap\u00edtulo V art\u00edculos 32 y siguientes de la Ley 1996 de 2019 (\u2026) [es decir,] que las dem\u00e1s decisiones que han de adoptarse al interior del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos son propias del juez natural y no del juez constitucional. En esa medida, el otorgamiento de los apoyos judiciales y la manera en que deben desarrollarse todas las etapas procesales son competencia exclusiva del juez del conocimiento, atendiendo para ello la normatividad que rige la materia\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la accionante suplicando que se atienda el salvamento de voto realizado en ese prove\u00eddo, en el sentido de oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima para adelantar la respectiva \u00abvigilancia administrativa\u00bb frente al juzgador cognoscente, por cuanto, no es posible que act\u00fae \u00fanicamente en raz\u00f3n de la interposici\u00f3n de esta v\u00eda excepcional, siendo evidente la \u00abdemora y el silencio\u00bb de aquel para avanzar en la contienda, m\u00e1xime, cuando por \u00abla delicada situaci\u00f3n socio econ\u00f3mica de la familia (\u2026) los apoyos judiciales deben ordenarse de manera inmediata, sin dilaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la improsperidad del resguardo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que, con independencia de que en principio el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9, pudo presentar retraso en solventar los pedimentos de Ana Rosa Salazar Perdomo de 27 de junio, 20 de agosto, 25 de noviembre de 2021 y 11 y 18 de febrero, 9 de mayo de 2022, relacionados con \u00abel impulso del juicio, resolver de fondo y adjudicar un apoyo judicial\u00bb, lo cierto es que esa tardanza en la actualidad no tiene relevancia en la \u00f3rbita constitucional, habida cuenta que en el curso de este tr\u00e1mite superlativo los solucion\u00f3 (31 may. 2022) explic\u00e1ndole que; <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al entrar en vigencia el cap\u00edtulo V de la Ley 1996 de 2019, se hace necesario adecuar el tr\u00e1mite de los procesos en curso de conformidad a las disposiciones de la ley vigente, y aplicable al asunto el art\u00edculo 38 de la citada ley establece la adjudicaci\u00f3n de apoyos formales para las personas mayores de edad en situaci\u00f3n de discapacidad, para la toma de decisiones promovida por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico, siempre que la misma no pueda expresar su voluntad por cualquier medio, modo o formato que le impida de manera permanente ejercer su capacidad legal; y, esto, en el entendido que de conformidad con el art\u00edculo 37, el tr\u00e1mite de adjudicaci\u00f3n de apoyos lo puede solicitar tambi\u00e9n la misma persona en situaci\u00f3n de discapacidad titular del acto jur\u00eddico. En el presente caso, el se\u00f1or CESAR JAVIER TAFUR SALAZAR es una persona mayor de 43 a\u00f1os de edad, que presenta un cuadro compatible con ESQUIZOFRENIA PARANOIDE (F20.0 seg\u00fan CIE-10), quien requiere de ayuda de terceros para la toma de decisiones, seg\u00fan informe de fecha 13 de mayo de 2019 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses \u2013 Unidad B\u00e1sica Neiva (fls. 270 \u2013 275); no obstante, dicho informe no es preciso en se\u00f1alar si el se\u00f1or TAFUR SALAZAR se encuentra imposibilitado de expresar su voluntad por cualquier medio, modo o formato, y que le impida de manera permanente ejercer su capacidad legal. <\/p>\n
Ahora bien, el apoderado judicial de la se\u00f1ora ANA ROSA SALAZAR PERDOMO solicita se resuelva de fondo el proceso aludiendo a que la interesada requiere representar a su hijo CESAR JAVIER TAFUR SALAZAR con un apoyo para demandar a la Naci\u00f3n \u2013 Ejercito Nacional, igualmente representarlo ante instituciones m\u00e9dicas para solicitar su historia cl\u00ednica y dem\u00e1s documentos que gocen de reserva legal, entre otros actos notariales que requieren su representaci\u00f3n legal como guardadora o tutora; solicitud que resulta a todas luces improcedente, pues, por un lado, el apoderado no hace claridad respecto a si el se\u00f1or CESAR JAVIER TAFUR SALAZAR puede expresar su voluntad con miras a establecer los apoyos formales que requiere para el ejercicio de su capacidad legal, aludiendo simplemente al s\u00edndrome mental que lo aqueja, y por otro lado, tampoco se ocupa de allegar el informe de valoraci\u00f3n de apoyos que debi\u00f3 procurar en el marco del Decreto 487 de 2022, conforme lo establece el Cap\u00edtulo II de la Ley 1996 de 2019; olvidando adem\u00e1s que las disposiciones relacionadas con la designaci\u00f3n de guardas o tutor\u00edas se encuentran expresamente derogadas respecto de los mayores edad, pues terminar\u00edan por afectar la capacidad legal y de ejercicio que les asiste a las personas en situaci\u00f3n de discapacidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se torna inane el an\u00e1lisis de fondo de la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, como quiera que la dependencia atacada, al percatarse de lo sucedido, subsan\u00f3 la anomal\u00eda registrada. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha esbozado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: (\u2026). <\/p>\n
Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que [,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado\u2026\u201d (T-038 de 2019; exp. T-7.000.184; citada en CSJ STC7504-2021). <\/p>\n
2.- Ahora, en lo concerniente con la aspiraci\u00f3n de la tutelante dirigida a \u00abreconocerla como representante legal de su descendiente Cesar Javier para tr\u00e1mites administrativos y judiciales\u00bb, se subraya que la guarda es anticipada, teniendo en cuenta que a la fecha el funcionario querellado est\u00e1 surtiendo las gestiones regladas en la normatividad para verificar la situaci\u00f3n de C\u00e9sar Javier Tafur Salazar y la viabilidad de adjudicarle un apoyo para que efect\u00fae los tr\u00e1mites que necesita (Ley 1996 de 2019 y Decreto 487 de 2022). <\/p>\n
Esa particular incidencia, supone un presuroso ejercicio de esta acci\u00f3n, porque incursionar en las etapas de dicha lid indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los iudex ordinarios (Cfr. CJS STC15960-2021). <\/p>\n
Es por ello, que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020). <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anotado, se pone de presente a la auspiciante que la \u00abvigilancia judicial\u00bb clamada escapa de esta \u00f3rbita, raz\u00f3n por la que le incumbe adelantar directamente ante la autoridad competente, las denuncias que estime pertinentes, asumiendo eso s\u00ed, las consecuencias de su proceder. <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 lo rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
EN AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8523-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8523-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00175-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de junio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}