STC8526-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8526-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00959-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2015-00955. <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Blanca Florelba Aristiz\u00e1bal Duque instaur\u00f3 demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, puesto que \u00aba la fecha cuenta con m\u00e1s de 51 a\u00f1os de edad\u00bb; (\u2026) se vincul\u00f3 como trabajadora oficial al ISS el 5 de diciembre de 1988, (\u2026) era beneficiaria de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por los sindicatos de \u00abBase y Gremio\u00bb, Sintra ISS y Sintraseguridadsocial, (..) y para el 31 de julio de 2010 contaba con m\u00e1s de 21 a\u00f1os de servicio continuos con el Instituto\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que acogi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la convocada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, revoc\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto consider\u00f3 que \u00aben virtud del Acto Legislativo 01 2005, tales disposiciones [extralegales] perdieron vigor el 31 de Julio de 2010 y, en consecuencia, antes de esa data se debi\u00f3 estructurar derecho pensional de la actora\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la all\u00ed querellante recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, cas\u00f3 la decisi\u00f3n ad quem, pues advirti\u00f3 que, \u00abpara este asunto concreto, cuando entr\u00f3 a regir la citada reforma constitucional, 29 de julio de 2005, respecto del convenio colectivo de marras estaba operando el t\u00e9rmino inicial de vigencia de la convenci\u00f3n fijado por las partes\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la entidad gestora, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que \u00ab[s]e est\u00e1 reconociendo una [prestaci\u00f3n] (\u2026) sin dar observancia al t\u00e9rmino de la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 que en virtud a las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 31 de julio de 2010\u00bb. Adicional a ello estim\u00f3 que \u00ab[se] genera la figura de la INCOMPATIBILIDAD con la (\u2026) de vejez que actualmente devenga la se\u00f1ora BLANCA ARISTIZABAL\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la sentencia SL5490-2021 del 1 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, se ordene a la Corporaci\u00f3n encartada proferir una nueva providencia \u00abajustad[a] a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n confutada, realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el proceso y manifest\u00f3 que \u00abno se configur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional deprecado, en la medida [en] que la [disposici\u00f3n] fustigada se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales que sobre el particular ha edificado la Sala.\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, narr\u00f3 lo sucedido en el tr\u00e1mite y remiti\u00f3 el acceso al expediente. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que \u00abla demanda carece del requisito de la subsidiariedad, pues la Unidad (\u2026) a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 712 de 200110, en concordancia con el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual se puede instaurar en un t\u00e9rmino que no exceda de cinco (5) a\u00f1os a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que no se ha cumplido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que, \u00ab[el ruego tuitivo], en este caso, s\u00ed es el mecanismo id\u00f3neo para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados a la UGPP, aun cuando exista un [instrumento] alterativo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el cual, debido a sus ritualidades procesales supedita necesariamente que la [defensa] de estos derechos se postergue y no sea inmediata, lo que a su vez genera que el perjuicio ocasionado al Sistema General de Pensiones se incremente con el paso del tiempo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL5490-2021, rad. 77235), por cuanto cas\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal y en su lugar concedi\u00f3 las pretensiones de la demanda, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada cas\u00f3 el fallo del tribunal ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abpara este asunto concreto, cuando entr\u00f3 a regir la citada reforma constitucional [Acto Legislativo 01 2005], (\u2026) respecto del convenio colectivo de marras estaba operando el t\u00e9rmino inicial de vigencia de la convenci\u00f3n fijado por las partes\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo, encaminado por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 467, 468, 469, 470, 471 y 478 del CST; en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1, 13 y 21 ibidem; 13, 25, 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Sala determinar si el sentenciador de segundo grado err\u00f3 al considerar que la actora no ten\u00eda derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional prevista en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004, suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, en virtud a la aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, pese a que en la citada cl\u00e1usula se pact\u00f3 una vigencia inicial hasta el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Acto Legislativo 01 de 2005 aboli\u00f3 la posibilidad de que empleadores y organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convenci\u00f3n o cualquier acto jur\u00eddico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el Sistema General de Pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas de las partes el par\u00e1grafo tercero contempl\u00f3 un periodo de transici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abpara las disposiciones colectivas que desde antes de su expedici\u00f3n ven\u00edan rigiendo, cuya vigencia se mantuvo hasta el vencimiento del t\u00e9rmino inicialmente pactado, el cual, a su vez incluye las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas que se ven\u00edan surtiendo; y el otro, para aquellas convenciones que se establecieran entre la fecha de expedici\u00f3n de la aludida reforma constitucional y el 31 de julio de 2010, las que no pod\u00edan establecer condiciones pensionales m\u00e1s favorables a las que para entonces estuvieran vigentes\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en la providencia SL12498-2017, reiterada, entre otras, en las decisiones SL3962-2018, SL2524-2019 y SL4331-2019, indic\u00f3 que \u00abla expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb hace alusi\u00f3n al tiempo de duraci\u00f3n expresamente acordado por las partes, de manera que \u00absi ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando finalizara\u00bb, aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, precis\u00f3 que \u00ab[e]se criterio jur\u00eddico vari\u00f3 para dar un alcance distinto al par\u00e1grafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, al considerar la Sala en las sentencias CSJ SL2798-2020, CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020, por una parte, que el t\u00e9rmino inicialmente pactado no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio 2010 y, de otra, que ese plazo tambi\u00e9n incluye el de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica que hubiese comenzado despu\u00e9s del 29 de julio de 2005\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicha postura fue rectificada parcialmente en la SL3635-2020 y en tal sentido, la Corporaci\u00f3n enjuiciada arguy\u00f3 que \u00aben los eventos en que las reglas pensionales suscritas antes del 29 de julio de 2005, data de expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de esa anualidad, se encontraran en curso, es decir, estuvieran en el agotamiento del t\u00e9rmino de vigencia inicialmente pactado, mantuvieron su eficacia por dicho lapso, a menos que las partes en la respectiva cl\u00e1usula hubiesen acordado una eficacia posterior al 31 de julio de 2010, evento en el cual conservaron su vigor hasta la expiraci\u00f3n del plazo pactado\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Posteriormente, realiz\u00f3 un recuento de los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que la actora estuvo vinculada al ISS desde el 5 de diciembre de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2014, en el cargo de coordinadora uno, esto es, por un lapso superior a los 20 a\u00f1os; ii) que cumpli\u00f3 la edad de 50 a\u00f1os el 27 de enero de 2014; iii) que era trabajadora oficial y beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2001\u20132004, suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 a estudiar el citado pacto extralegal y sobre el mismo explic\u00f3 que \u00aben materia jubilatoria las partes previeron una vigencia posterior a aquella establecida de forma general para el acuerdo convencional. (\u2026) En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, hecho acaecido el 29 de julio de esa anualidad, la referida cl\u00e1usula convencional ven\u00eda rigiendo, toda vez que, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn este contexto, como la actora estuvo vinculada al ISS desde el 5 de diciembre de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2014, en el cargo de coordinadora uno, esto es, por un lapso superior a los 20 a\u00f1os, y como cumpli\u00f3 la edad de 50 a\u00f1os el 27 de enero de 2014, por ser beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2001\u20132004, suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, de acuerdo con los postulados convencionales consagrados en el art\u00edculo 98 bajo an\u00e1lisis, tiene derecho a la [prestaci\u00f3n] (\u2026) en cuant\u00eda equivalente al 100% del promedio de lo percibido en los tres \u00faltimos a\u00f1os de servicio, tal como lo establece el numeral ii) de la aludida disposici\u00f3n convencional\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, declar\u00f3 la prosperidad del cargo y en sede de instancia resolvi\u00f3 reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a la recurrente. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 23 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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