STC8530-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8530-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01084-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 3 de junio de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Samuel Valencia Gil contra los Juzgados Veintid\u00f3s Civil del Circuito, D\u00e9cimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, Cuarenta y Dos Civil Municipal y Veinte Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n, igualdad \u00abfrente a la ley\u00bb, acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, y con soporte en las pruebas aportadas al plenario, se tienen los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 16 de diciembre de 2005, Central de Inversiones S.A. present\u00f3 demanda ejecutiva con garant\u00eda real contra Samuel Valencia Gil y Gladys Mora Hern\u00e1ndez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2005-01875), asunto en el que habr\u00edan ocurrido varias irregularidades. <\/p>\n
En criterio del promotor se suscitaron: la \u00abindebida e ilegal\u00bb notificaci\u00f3n del mandamiento de pago; el incumplimiento de la Ley 546 de 1999 por parte de la entidad financiera, en cuanto a la obligaci\u00f3n de dar informaci\u00f3n cierta y real sobre el manejo del cr\u00e9dito; \u00abilegalidad e irregularidad\u00bb en los endosos sucesivos del documento que prest\u00f3 m\u00e9rito ejecutivo as\u00ed como en la cesi\u00f3n de la hipoteca; la inexistente adecuaci\u00f3n legal del t\u00edtulo objeto de recaudo antes de iniciar el proceso; y, por \u00faltimo, la falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y del alivio, de acuerdo con las pautas de la normativa en cita y la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
Sin embargo, pese a ejercer los medios de defensa pertinentes de forma \u00aboportuna y legal\u00bb, se mantuvieron en firme las resoluciones cuestionadas. Lo anterior, aunado a que promovi\u00f3 incidentes de nulidad, los cuales fueron \u00abinocuos\u00bb ante \u00abla tozuda posici\u00f3n del juez del momento presuntamente presionado por la \u201cposici\u00f3n dominante\u201d del ejecutante del momento\u00bb, dentro de los cuales se encuentra el formulado por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, que se defini\u00f3 en 2018. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en su momento \u00abobjet\u00f3\u00bb el aval\u00fao del cr\u00e9dito hipotecario allegado por la contraparte, \u00abcontraponi\u00e9ndolo al presentado por un auxiliar de la justicia (perito experto financiero) quien hall\u00f3 (en su experticia) fallas en la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario y ausencia absoluta de la exigida legalmente reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y de la oportuna y real aplicaci\u00f3n del alivio (dentro de la misma), pero tampoco nos dieron la raz\u00f3n ni mucho menos se tuvo en cuenta esta \u00faltima experticia\u00bb. <\/p>\n
2.2. De otra parte, en reiteradas ocasiones, el apoderado del nuevo endosatario del cr\u00e9dito ha solicitado que se fije fecha y hora de la diligencia de remate del bien dado en garant\u00eda, requerimiento frente al cual el Juzgado Veinte Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 \u2013donde cursa actualmente el proceso\u2013 ha indicado que, previamente, se debe presentar el nuevo aval\u00fao, el cual fue arrimado a la foliatura el pasado 11 de febrero de 2022. <\/p>\n
Inconforme, durante el t\u00e9rmino de traslado, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, argumentando que la aportaci\u00f3n del citado aval\u00fao fue extempor\u00e1nea, pues, en la sentencia de 26 de marzo de 2014, el hom\u00f3logo Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad dispuso que deb\u00eda hacerse en la forma prevista en el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. No obstante, esa defensa se desat\u00f3 de forma desfavorable. <\/p>\n
2.3. Finalmente, enfatiz\u00f3 en que no acude al amparo como una instancia adicional, sino que pretende evidenciar que \u00ablas actuaciones de la parte demandante siempre fueron presuntamente temerarias, de mala fe y con visos de fraude procesal\u2026 y que los se\u00f1ores jueces hoy accionados violaron flagrantemente (con sus decisiones) mis sagrados, constitucionales y legales derechos\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos fundamentos, pidi\u00f3, en compendio: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abque se le ordene a los accionados Juzgado Cuarenta y Dos (42) Civil Municipal De Bogot\u00e1, Juzgado D\u00e9cimo (10\u00b0) Civil de Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, Juzgado Veintid\u00f3s (22) Civil del Circuito De Bogot\u00e1 y Juzgado Veinte (20) Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 revisar de fondo sus actuaciones y decisiones en lo tocante a la negativa de reconocer que los sucesivos ENDOSOS del t\u00edtulo ejecutivo fueron abiertamente irregulares e ilegales as\u00ed como la CESI\u00d3N DE LA HIPOTECA y que la parte actora (desde el principio) no cumpli\u00f3 ni con la RELIQUIDACI\u00d3N DE LA OBLIGACI\u00d3N HIPOTECARIA (CR\u00c9DITO HIPOTECARIO), la REESTRUCTURACI\u00d3N DEL CREDITO ni con el ALIVIO (dentro de la misma) dispuestos y ordenados perentoriamente por la Ley 546 de 1999\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abse ordene tambi\u00e9n, en forma categ\u00f3rica y definitiva, a los mismos accionados pero puntualmente al se\u00f1or JUEZ VEINTE (20) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCI\u00d3N DE BOGOT\u00c1 que se abstenga en forma inmediata de seguir vulner\u00e1ndome directa o indirectamente los DERECHOS FUNDAMENTALES mencionados\u00bb; y <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00absi el se\u00f1or Magistrado lo considera necesario, pertinente, procedente y conducente se oficie, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que, en lo que le ata\u00f1e y acorde con sus funciones, tome cartas en el asunto\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinte Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abno le ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante, durante el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo No. 2005 – 01875, m\u00e1xime cuando de forma correcta al citado proceso ejecutivo se le han aplicado las normas procesales y sustanciales que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que \u00abel superior funcional, es decir, el Juzgado Veintid\u00f3s (22) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de segunda instancia debati\u00f3 lo atinente a la nulidad y consecuente terminaci\u00f3n del proceso en aplicaci\u00f3n de lo perpetuado en la Ley 546 de 1999, despachando desfavorablemente la solicitud del actor\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que precis\u00f3 ser el mandatario judicial de Carlos Alberto Buitrago Lozano, demandante en el compulsivo, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del resguardo, porque \u00aben las diferentes instancias, as\u00ed como en los diferentes Despachos Judiciales que han conocido del asunto referido en el p\u00e1rrafo inmediatamente anterior, [los ejecutados] han sido escuchados y sus argumentos valorados, los cuales y como bien lo se\u00f1alara el accionante en su escrito introductorio de tutela, le fueron despachados desfavorablemente, donde tuvo la oportunidad de confutarlos, es decir, contradecirlos haciendo uso de los mecanismos consagrados en nuestra legislaci\u00f3n procesal civil para ello y consagrados como Medios de Impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Una jurista que indic\u00f3 actuar como apoderada de la Agrupaci\u00f3n de Vivienda El Rinc\u00f3n del Puente 1 P.H. tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del petitum, se\u00f1alando que \u00abno es la primera vez que Valencia Gil impetra una acci\u00f3n de tutela en contra de los juzgados donde cursa el proceso hipotecario, con el \u00fanico fin de dilatar el curso del mismo, pasando por encima del derecho de mi poderdante, pues se niega a pagar la cuota de administraci\u00f3n desde el a\u00f1o 1998 hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, recalc\u00f3 que \u00ablo \u00fanico que busca es dilatar el proceso pues nos encontramos frente a un proceso del a\u00f1o 2005 que no se ha podido terminar, porque siempre que se se\u00f1ala fecha de remate busca la manera de dilatarlo y siempre lo ha conseguido, porque el proceso pasa de despacho a despacho o dilata el aval\u00fao o manifiesta que la notificaci\u00f3n se hizo en otra direcci\u00f3n, en fin se acoge de cualquier cosa (sic) con tal de evitar el pago de una obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque \u00abnunca ha existido un hecho lesivo de los derechos fundamentales de defensa, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, atribuible a esta sede, dentro del tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario\u00bb. As\u00ed mismo, sostuvo que, con auto de 15 de abril de 2011, envi\u00f3 la foliatura a los despachos de descongesti\u00f3n por disposici\u00f3n del Acuerdo PSAA11-1712 de ese a\u00f1o. <\/p>\n
5. El hom\u00f3logo Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa urbe a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel proceso con radicado No. 42-2005-01875, fue remitido al Juzgado 03 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad\u00bb, seg\u00fan se consign\u00f3 en el fallo del a quo. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el resguardo, porque \u00aben cuanto a los primeros aspectos anotados, motivo de inconformidad del accionante, relativos a los endosos del t\u00edtulo ejecutivo y la cesi\u00f3n de la hipoteca, muy pronto aflora la carencia de asidero de la tutela, revisado que esos aspectos jur\u00eddicos son de linaje sustancia, con incidencia en lo procesal, que como tales deben ventilarse en las oportunidades que ofrece el proceso, ya sea por medio de las excepciones frente a la ejecuci\u00f3n, cuando es viable cuestionarlos desde el principio, ora por los medios de impugnaci\u00f3n que ofrece el estatuto procesal, cuando acontecen en el curso de la actuaci\u00f3n. Y aqu\u00ed no se ve en parte alguna que los juzgados que han estado a cargo del proceso bajo cuestionamiento hubiesen omitido tramitar y resolver todas las defensas que los ejecutados han planteado a todo lo largo de su largo desenlace, esquema protector que descarta la subsidiaria intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reliev\u00f3 que \u00abtampoco puede pasarse por alto la ausencia del requisito de inmediatez, (\u2026) toda vez que ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde que surtieron las etapas para discusiones de esos t\u00f3picos. A prop\u00f3sito, la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a Carlos Alberto Buitrago Lozano, fue aceptada en auto de 12 de marzo de 2015. Decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso oportuno por el accionante, a juzgar por el legajo citado, pues fue despu\u00e9s que se opuso con peticiones de nulidad o defensas similares\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que respecta a la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda, precis\u00f3 que \u00abla tutela no puede prosperar a estas alturas por faltar varios requisitos, uno de ellos la carencia de inmediatez en su reclamo, pues no se entiende por qu\u00e9 hasta ahora, casi tres (3) a\u00f1os despu\u00e9s de haberse proferido el auto de 8 de agosto de 2018, en el cual el accionado Juzgado 22 Civil del Circuito analiz\u00f3 si hab\u00eda lugar a la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por no acreditarse la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito expresado en Upac, con fundamento en la ley 546 de 1991 y la jurisprudencia aplicable al caso, el accionante acude a solicitar la protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, de superarse la aludida deficiencia, arguy\u00f3 que \u00ablos argumentos del auto de 8 de agosto de 2018 precitado, no lucen irrazonables ni arbitrarios, pues antes bien, fueron ajustados a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los cr\u00e9ditos hipotecarios de vivienda a largo plazo, anteriores a la ley 546 de 1996, as\u00ed como sus efectos en los procesos judiciales iniciados antes o despu\u00e9s de ese ordenamiento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que desconoce las intervenciones presentadas en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n constitucional, aunado a que \u00aben ninguna parte del contenido del fallo de primera instancia y ni siquiera en el ac\u00e1pite de consideraciones se hace alusi\u00f3n al tema mencionado en el anterior ordinal [recurso de reposici\u00f3n sobre lo resuelto sobre el aval\u00fao]\u00bb. <\/p>\n
Con todo, refut\u00f3 que \u00aben su momento tambi\u00e9n se sustent\u00f3 v\u00e1lidamente, invocando las normas legales pertinentes que tanto las sucesivas cesiones y endosos del cr\u00e9dito hipotecario adolecieron de ilegalidad y procedencia (sic) y que, igualmente, la cesi\u00f3n de la hipoteca fue llevada a cabo violando las normas legales y procesales que regulaban, en su momento, dicho acto jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, censur\u00f3 que \u00abhaya brillado por su ausencia una menci\u00f3n concreta de las entidades directamente involucradas en el manejo de la obligaci\u00f3n hipotecaria y en el pagar\u00e9 que la sustenta, como son Granahorrar, BBVA, Central de Inversiones, Sociedad Andina de Abogados, entidades que debieron ser involucradas en el tr\u00e1mite de tutela y requeridas para que se pronunciasen al respecto, ya que, como aparece en el plenario, presuntamente conforman el denominado cartel del remate\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo con garant\u00eda real que se inici\u00f3 contra el libelista (rad. n.\u00ba 2005-01875), por continuar la tramitaci\u00f3n del asunto pese a las m\u00faltiples irregularidades suscitadas, entre otros aspectos, en relaci\u00f3n con cesi\u00f3n de la hipoteca, la supuesta falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y la aportaci\u00f3n \u00abextempor\u00e1nea\u00bb del aval\u00fao. <\/p>\n
Se precisa que, en lo que concierne a las resoluciones sobre la nulidad formulada por el accionante, por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, las cuales involucran los prove\u00eddos de 31 de enero y 8 de agosto de 2018, proferidos por dos de los despachos denunciados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el tema, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisada la primera decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n del hom\u00f3logo Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 infundada la solicitud de nulidad formulada por el convocante por la alegada falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en el ejecutivo hipotecario que se inici\u00f3 en su contra (rad. n.\u00ba 2005-01875), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reparos relacionados con la citada reestructuraci\u00f3n y la consecuente terminaci\u00f3n del proceso, la c\u00e9lula cognoscente precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [no] es viable decretar la nulidad del asunto, y mucho menos la consecuente terminaci\u00f3n del proceso, por las circunstancias antes mencionadas, pues en primer lugar, el examen de la reliquidaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n del alivio fue un asunto debatido y examinado por este juzgado en la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de marzo de 2014, oportunidad en la que se concluy\u00f3 que dicha labor se llev\u00f3 a cabo por la entidad ejecutante en debida forma (fl. 27, cd. 6). <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito debe decirse que, al margen de si la obligaci\u00f3n se reestructur\u00f3 o no \u2013 n\u00f3tese que en las copias ahora analizadas no obra documento alguno tendiente a acreditar dicha gesti\u00f3n \u2013, lo cierto es que no puede accederse a la terminaci\u00f3n del mismo bajo tal causal, pues verificado el sistema de gesti\u00f3n judicial, se evidencia que desde el 04 de octubre de 2006 existe un embargo de remanentes, situaci\u00f3n que, conforme a los precedentes jurisprudenciales, impiden la nulidad y culminaci\u00f3n deprecada, es m\u00e1s, es evidente que los deudores carecen de la capacidad financiera, pues n\u00f3tese que desde que se promovi\u00f3 la acci\u00f3n, la parte demandante, ya estaba denunciando la existencia de otros procesos en donde se est\u00e1n persiguiendo a los demandados\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, auscultada la segunda determinaci\u00f3n confutada, proferida por el Juzgado Veinte Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad \u2013donde se tramita en la actualidad este asunto\u2013, esto es, la atinente a la resoluci\u00f3n desfavorable del recurso de reposici\u00f3n que el aqu\u00ed precursor formul\u00f3 contra el auto en el que se corri\u00f3 traslado del aval\u00fao del inmueble dado en garant\u00eda, se destaca que la autoridad encartada, con prove\u00eddo de 25 de abril de 2022, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel auto cuestionado se limit\u00f3 a correr el traslado respectivo como expresi\u00f3n del respeto a los derechos de contradicci\u00f3n y defensa, a lo que se a\u00fana que, por supuesto, se ha aplicado la norma vigente al acto procesal respectivo y no la que en su momento se incluy\u00f3 en la sentencia pronunciada el veintis\u00e9is (26) de marzo de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, sumado a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso gobierna todo lo concerniente al aval\u00fao de los bienes trabados en la ejecuci\u00f3n a manera de requisito sine qua non y punto de referencia para estimar su valor econ\u00f3mico en procura de su realizaci\u00f3n en subasta p\u00fablica. As\u00ed las cosas, de por medio comprometidos en la ejecuci\u00f3n de bienes inmuebles, la regla en comento es de car\u00e1cter especial, dado que el numeral 4 ib\u00eddem prescribe que equivaldr\u00e1 al aval\u00fao catastral m\u00e1s una mitad (50%), e incluso, discutible ser\u00eda afirmar que en estos casos pudiese hablarse con rigurosidad de la preclusi\u00f3n de un t\u00e9rmino, esto es, el se\u00f1alado en el numeral 1 de la norma matriz ya citada, pues, de un lado, el numeral 6 ib\u00eddem deja a salvo la posibilidad de aplicaci\u00f3n ex oficio de ese par\u00e1metro par avaluar los inmuebles, y de otro, seg\u00fan lo sostiene la doctrina especializada, la disposici\u00f3n a la que alude el recurrente, es decir, el numeral 1 del art\u00edculo 444 ejusdem y las que le son concordantes no son aplicables, precisamente, en raz\u00f3n del criterio de especialidad normativa al que se ha hecho alusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De la remisi\u00f3n de algunas piezas procesales y de la consulta en el sistema de gesti\u00f3n judicial, se colige que, a la fecha, se han dictado otros prove\u00eddos sobre la materia (v. gr., auto de 23 de junio de 2022, con el que se defini\u00f3 lo pertinente frente a la \u00abobjeci\u00f3n\u00bb), no obstante, esos puntuales aspectos no ser\u00e1n evaluados en esta sede, en aras de garantizar el debido proceso de las partes, comoquiera que no pudieron ser objeto de discusi\u00f3n al ser expedidos con posterioridad a la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que las determinaciones se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. De otra parte, en lo que respecta a los dem\u00e1s prove\u00eddos censurados, expedidos desde las primeras etapas del juicio fustigado, se proh\u00edja la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el tribunal a quo, pues, deviene di\u00e1fano que esas actuaciones se surtieron hace varios a\u00f1os, quedando en firme; por ejemplo, el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito en favor de Carlos Alberto Buitrago Lozano se expidi\u00f3 el 12 de marzo de 2015 (f. 696, cd. ppal., pdf. C-002) y, aun cuando se superara la pretermisi\u00f3n del presupuesto de tempestividad, tampoco se abrir\u00eda paso el resguardo, pues no se ejerci\u00f3 ning\u00fan medio de defensa en su oportunidad. <\/p>\n
3.5. Aunado a lo anterior, se concluye que corre la misma suerte la pretensi\u00f3n de conceder el amparo como mecanismo transitorio para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, porque la Sala no encuentra acreditadas las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible; pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), lo que no se predica del sub-lite. <\/p>\n
En ese orden, no basta la simple afirmaci\u00f3n de la posible amenaza de las prerrogativas esenciales reclamadas, en la medida en que este instrumento excepcional \u00abse subordina a un medio judicial ordinario [o extraordinario] que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97), porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) un perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente; (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado; (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
3.6. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los cuestionamientos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, sobre la falta de pronunciamiento en relaci\u00f3n con varias entidades crediticias y la necesidad de \u00abvinculaci\u00f3n\u00bb por integrar un supuesto \u00abcartel del remate (sic)\u00bb, aclara la Sala que se avienen impr\u00f3speras esas alegaciones; pues, de un lado, de esta causa se enter\u00f3 a los actuales intervinientes en el compulsivo \u2013incluso, varios de ellos comparecieron oponi\u00e9ndose al petitum\u2013, y de otra parte, si en criterio del inconforme existen hechos constitutivos de irregularidades o punibles, conserva la posibilidad de acudir directamente ante las autoridades competentes para hacer las denuncias pertinentes, ya que, dado el criterio subsidiario y residual de este mecanismo, no es el instrumento previsto para el efecto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleven la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8530-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8530-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01084-01 (Aprobado en Sala de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 3 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}