STC8531-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8531-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01165-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 15 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por H\u00e9ctor Fabi\u00e1n Lugo contra el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Codensa y los intervinientes en el tr\u00e1mite de tutela n\u00b0 2021-00259. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a un debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima trasgredidos por el auto de 10 de octubre de 2021, mediante el cual el fallador accionado clausur\u00f3 el incidente de desacato que \u00e9l promovi\u00f3 contra Enel Codensa, por no haber cumplido las exigencias que se le hicieron en la sentencia de tutela de 2 de julio de 2021, en la cual se le inst\u00f3 a que le entregara al accionante copia de todas las facturas del servicio p\u00fablico de energ\u00eda, expedidas a su cargo, desde el a\u00f1o 2015. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relat\u00f3 que aun cuando la aludida entidad de servicios p\u00fablicos si le remiti\u00f3 copia de algunas facturas, esos documentos, adem\u00e1s de estar incompletos, no incluyen el porcentaje del subsidio aplicado a cada recibo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n del fallador accionado de no continuar con el tr\u00e1mite incidental, redund\u00f3 en que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tambi\u00e9n archivara una investigaci\u00f3n que adelantaba contra Condensa por los mismos hechos que motivaron la acci\u00f3n constitucional (actuaci\u00f3n contra la que tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 la demanda de tutela, pero cuyo conocimiento fue escindido y asignado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en primera instancia). <\/p>\n
Resalt\u00f3, finalmente, que ambas tramitaciones (la constitucional y la penal) se encuentran cerradas actualmente, y, pese a ello, todav\u00eda sigue sin tener a su disposici\u00f3n todas las facturas reclamadas. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se le env\u00ede copia del oficio mediante el cual Codensa habr\u00eda dado cumplimiento al fallo de tutela (con sus respectivos anexos) o, en subsidio, de encontrarse que realmente no se atendi\u00f3 la orden constitucional, que se adelante el respectivo incidente de desacato. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El juzgado accionado hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite constitucional sobre el que ac\u00e1 se discute y resalt\u00f3 que el incidente de desacato all\u00ed promovido se resolvi\u00f3 mediante auto de 1\u00ba de octubre de 2021. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos dijo que, de su parte, no se ha cometido ninguna trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. Enel Codensa manifest\u00f3 que desde el 13 de septiembre de 2021 inform\u00f3 al juzgador accionado que ya hab\u00eda dado respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el querellante, en los t\u00e9rminos en que le fue ordenado en el fallo de tutela, por lo que insisti\u00f3 en la inviabilidad en el incidente de desacato en el que insiste el promotor del amparo. <\/p>\n
4. La Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo un recuento de la investigaci\u00f3n penal que se adelant\u00f3 por los hechos que ac\u00e1 ofrecen incidencia y destac\u00f3 que con motivo de esa actuaci\u00f3n no se vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental del querellante. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo por considerar que el fallador encartado no vulner\u00f3 ninguna de las prerrogativas invocadas en el libelo introductor, en la medida en que dio oportuna respuesta a las solicitudes que ele elev\u00f3 el convocante sobre el incidente de desacato materia de disputa. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en estudio fue formulada de manera oportuna, y de ser as\u00ed, si el juzgador encartado trasgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas al desestimar el incidente de desacato promovido por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia objeto de censura (mediante la cual se cerr\u00f3 el incidente de desacato formulado por el ahora querellante) se profiri\u00f3 el 1\u00ba de octubre de 2021, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2022, es decir, 8 meses despu\u00e9s. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Cabe agregar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la materia, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n del pretendido auxilio, porque la parte convocante no ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparte y tampoco demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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