STC8532-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8532-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00736-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Sandra Yaneth Garc\u00eda P\u00e9rez instaur\u00f3 ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, puesto que \u00abnaci\u00f3 el 12 de febrero de 1965 (\u2026) labor\u00f3 para el Instituto de Seguros Sociales (\u2026) un total de 20 a\u00f1os y 9 meses (\u2026) cumpli\u00f3 con los requisitos para causar la prestaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita por el ISS para la vigencia 2001-2004\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta misma ciudad, confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia. <\/p>\n
Inconforme, la all\u00ed querellante recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4, cas\u00f3 la decisi\u00f3n ad quem, en tanto evidenci\u00f3 los \u00aberrores f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del [fallador de segundo grado], pues no tuvo presente que el art\u00edculo 2 convencional estableci\u00f3 que algunas de sus cl\u00e1usulas tendr\u00edan vigencia en per\u00edodos distintos al general y tampoco advirti\u00f3 que en el art\u00edculo 98 las partes as\u00ed lo acordaron para otorgar los derechos pensionales, de suerte que no era viable descartarlos por el solo hecho de que se hubieran causado con posterioridad al 31 de julio de 2010\u00bb y en consecuencia concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la aqu\u00ed gestora, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que \u00ab[s]e est\u00e1 reconociendo un [beneficio] (\u2026) sin dar observancia al t\u00e9rmino de la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 que en virtud a las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello, la promotora estim\u00f3 que \u00abno se tiene en cuenta que la pensi\u00f3n convencional tiene la naturaleza de ser compartida con la (\u2026) de vejez que sea reconocida por Colpensiones, omisi\u00f3n que dej\u00f3 en La UGPP la asunci\u00f3n del pago del 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026) cuando lo ajustado a derecho era determinar que la Unidad solo deb\u00eda reconocer y pagar los mayores valores que se originen entre [ambas prestaciones]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n SL5131-2021 del 2 de noviembre de 2021 y, en su lugar, se ordene a la Corporaci\u00f3n encartada, proferir una nueva providencia \u00abajustad[a] a derecho en la cual se nieguen las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. Colpensiones manifest\u00f3 que \u00abno puede atender a lo solicitado (\u2026) en el tr\u00e1mite (\u2026) teniendo en cuenta que [ello] no va dirigido contra esta Administradora y adem\u00e1s no se tienen la competencia para entrar a responder\u00bb y en tal sentido, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Sandra Yaneth Garc\u00eda P\u00e9rez, respecto de la \u00abOMISI\u00d3N DE APLICAR LA FIGURA DE LA COMPARTIBILIDAD ANTE EL NUEVO RECONOCIMIENTO PENSIONAL CONVENCIONAL EN V\u00cdA JUDICIAL\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que tal argumento \u00abno fue debatido ni dilucidado durante todos los tramites de instancia, ni siquiera por v\u00eda de excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de la censora, al advertir que \u00abefectivamente, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia no realiz\u00f3 pronunciamiento en relaci\u00f3n con (\u2026) la compartibilidad de la prestaci\u00f3n pensional\u00bb. Agreg\u00f3 que tal omisi\u00f3n \u00abresulta contraria al precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que ha sostenido que [dicha figura] opera por ministerio de la ley, de tal suerte que los jueces tienen el deber de verificar su configuraci\u00f3n al momento de producirse el reconocimiento de una prestaci\u00f3n pensional a cargo del empleador\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, orden\u00f3 a la enjuiciada que \u00abdeje sin efecto el fallo SL5131 de 2 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, resuelva nuevamente el recurso extraordinario (\u2026) acatando los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013permanente- de esta Corte, en relaci\u00f3n al deber de pronunciamiento con respecto a la compartibilidad pensional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetraron: (i) la accionante, solicitando que se \u00abproceda con la REVOCATORIA del NUMERAL 3 del fallo de primera instancia [dictado] por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL\u00bb e insisti\u00f3, por esa v\u00eda, en sus pretensiones iniciales y (ii) Colpensiones, destacando que \u00ab[s]i bien no se emite orden directa para [dicha entidad], el fallo de tutela puede desencadenar en la emisi\u00f3n de una orden, por parte de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) en relaci\u00f3n de la compartibilidad pensional\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abse REVOQUE el fallo de tutela y en su lugar se DECLARE la DESVINCULACI\u00d3N POR FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA de la entidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si: (i) resulta fundada la impugnaci\u00f3n planteada por la UGPP frente la determinaci\u00f3n de primer grado proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que ampar\u00f3 los derechos fundamentales invocados al \u00abdej[ar] sin efecto [la providencia] SL5131 de 2 de noviembre de 2021\u00bb y, le orden\u00f3 a la convocada \u00abres[olver] nuevamente el recurso extraordinario (\u2026) acatando los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013permanente- de esta Corte, en [lo atinente] al deber de pronunciamiento con respecto a la compartibilidad pensional\u00bb y (ii) si, respecto de Colpensiones, la s\u00faplica incoada satisface el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
De superarse lo anterior, se verificar\u00e1, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ordinario laboral promovido en contra de la gestora (SL5131-2021, rad. 88577), por cuanto cas\u00f3 lo dispuesto por el tribunal y en su lugar concedi\u00f3 las pretensiones de la demanda, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Naturaleza jur\u00eddica de la tutela. <\/p>\n
La presente acci\u00f3n es una instituci\u00f3n que consagr\u00f3 la Constituci\u00f3n de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneraci\u00f3n por parte de una autoridad p\u00fablica y, bajo ciertos supuestos, por un particular; se trata de un procedimiento judicial espec\u00edfico, aut\u00f3nomo, directo y sumario, que en ning\u00fan caso puede sustituir los procesos judiciales ordinarios que establece la ley y en ese sentido no es posible convertirla en una instituci\u00f3n procesal alternativa o supletoria. <\/p>\n
3. De la impugnaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
3.1. Estudiada la queja constitucional y verificado lo allegado a la actuaci\u00f3n, desde ya la Sala indica que se desestimar\u00e1 la impugnaci\u00f3n propuesta por la UGPP. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, de la simple lectura del escrito que la contiene no se infiere un motivo claro de inconformidad, por lo que resulta aparente tal manifestaci\u00f3n, dado que las aspiraciones de la parte reclamante fueron acogidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (i) al dejar sin efectos la sentencia SL5131-2021, por medio de la cual el estrado encartado resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n propuesto al interior del ordinario laboral (rad. 2018-00509) y (ii) ordenarle a la accionada volver a pronunciarse, \u00abacatando los precedentes jurisprudenciales (\u2026), con respecto a la compartibilidad pensional\u00bb, disposici\u00f3n que, a juicio de la Corte, se muestra suficiente para proteger las garant\u00edas que se dicen conculcadas, de cara a los yerros advertidos por la Sala a quo. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, se torna improcedente la objeci\u00f3n contra lo adoptado por el juzgador de primer grado, al no evidenciarse una situaci\u00f3n de amenaza o peligro actual que amerite dictar un mandato distinto al ya emitido, ya que, como ha dicho esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (sentencia de 5 de junio de 2002 exp. No. 2002-0037-01, citada el 1\u00ba de noviembre de 2011, exp, 2011-02244-01). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, si posteriormente la entidad precursora del resguardo advierte que el precepto constitucional no fue cumplido adecuadamente, o su acatamiento fue fragmentario o incompleto, no es la impugnaci\u00f3n de la providencia, que se insiste, le fue favorable, el medio adecuado para recabar en la queja, sino el incidente de desacato establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 si considera que el agravio contin\u00faa latente, en lugar de insistir en este auxilio. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(…) frente al incumplimiento de una orden impartida con ocasi\u00f3n de un fallo constitucional, procede el desacato, y no otra protecci\u00f3n de igual naturaleza, puesto que se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de \u00abraigambre constitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando entrat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, esta solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para conocer los instrumentos jur\u00eddicos previstos para tal efecto\u00bb (CSJ STC, 2 jul. 2014, rad. 01204-00). <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las s\u00faplicas formuladas por Colpensiones, estima la Corte que no superan el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad, por resultar prematuras. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada en STC3137-2022, 16 mar. 2022, rad. 00043-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Conforme con lo descrito, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez cognoscente a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional para obtener pronunciamiento, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede constitucional, en la medida en que: <\/p>\n
\u00ab[N]o es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC556-2022, 26 ene. 2022, rad. 2021-00224-01). Se subraya. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. La impugnaci\u00f3n planteada por la UGPP contra la sentencia constitucional de primer grado resulta infundada, en la medida en que esta, adem\u00e1s de salvaguardar las garant\u00edas superiores que aquella invoc\u00f3, comprendi\u00f3 un mandato suficiente e integral de conformidad con lo estudiado en el caso. <\/p>\n
5.2. La petici\u00f3n de Colpensiones relativa a las posibles \u00f3rdenes que se puedan dictar en su contra en la nueva providencia de casaci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que ese tema est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 24 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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