STC8535-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8535-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01188-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 14 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Colombiana de Comercio SA y Huawei Technologies Colombia SAS contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo reclamaron protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dicen vulnerada por la autoridad acusada, por lo que pidieron \u00abdejar sin efecto legal alguno la sentencia\u2026 emitida\u2026 el 23 de mayo de 2022\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Norbey Abril Bello promovi\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n de derechos del consumidor contra Colombiana de Comercio SA y Huawei Technologies Colombia SAS, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 23 de mayo de los corrientes, por lo que orden\u00f3 a la parte demandada que \u00abdevuelva el 100% del dinero pagado por el celular Huawei Y9A\u00bb. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expresaron las gestoras del resguardo que la autoridad acusada vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso \u00abal no dar aplicaci\u00f3n debida y razonable al contenido de las normas aplicables para el caso y al no tener en cuenta las pruebas que fueron aportadas oportunamente al proceso\u00bb y, adem\u00e1s, por \u00abla omisi\u00f3n injustificada de dar aplicaci\u00f3n tanto al precedente horizontal existente en el despacho sobre casos iguales, como el vertical que fuera relacionado en el alegato de conclusi\u00f3n sin dar sustento alguno\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agregaron que la convocada \u00abacogi\u00f3 la \u00fanica prueba allegada por el demandante, que no sustentaba en manera alguna lo pretendido y tuvo como prueba simples manifestaciones que no estaban acompa\u00f1adas de ning\u00fan medio probatorio que les diera el sustento adecuado para tomar la decisi\u00f3n emitida\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el resguardo, por cuanto la providencia criticada \u00abno fue debidamente motivada\u00bb, pues \u00abse omiti\u00f3 hacer el m\u00e1s m\u00ednimo an\u00e1lisis probatorio; ninguna menci\u00f3n hizo a las pruebas aportadas y a las practicadas en la audiencia; tampoco hay sustentaci\u00f3n f\u00e1ctica ni jur\u00eddica para concluir que las accionadas tienen el deber de informar a los consumidores que el celular es incompatible con la funcionalidad de Google\u00bb, por lo que le orden\u00f3 a la enjuiciada que \u00abdeje sin valor y efecto la sentencia proferida y emita otra conforme a derecho, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellada destac\u00f3 que \u00ablas demandadas no pudieron probar haber informado correctamente al demandante, puesto que solo se limitaron a ofrecer las propiedades sin poner de presente que dicho objeto fuera incompatible con la funcionalidad de Google\u00bb; y que \u00abrealiz\u00f3 de manera juiciosa la valoraci\u00f3n probatoria del proceso\u00bb, por lo que no debi\u00f3 concederse el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto para resolver las pretensiones elevadas en el juicio criticado, s\u00f3lo se fund\u00f3 en lo dicho por el demandante en su declaraci\u00f3n de parte, sin valorar las dem\u00e1s pruebas recaudadas en el decurso procesal. <\/p>\n
En efecto, revisada la cuestionada sentencia de 23 de mayo pasado, se advierte que, para decidir sobre las s\u00faplicas de la demanda, el estrado encausado destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 \u2026el despacho pues, pone de presente lo establecido en el estatuto de protecci\u00f3n al consumidor y para el efecto pues trae a colaci\u00f3n lo establecido en el numeral\u2026 quinto\u2026, numeral siete que se\u00f1ala: \u201cInformaci\u00f3n: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricaci\u00f3n, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra caracter\u00edstica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulaci\u00f3n, as\u00ed como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, es importante precisar que\u2026 la ley 1480 del 2011, establece que los consumidores deben recibir por parte de los productores y proveedores informaci\u00f3n clara, veraz, transparente y verificable, frente a las condiciones ofertadas o publicitadas, con lo cual no se pretende otra cosa m\u00e1s que garantizar que los consumidores cuenten con los elementos de juicio suficientes, que le permitan elegir entre la variedad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y as\u00ed pues adopten decisiones de consumo razonables. <\/p>\n
Y es que, centr\u00e1ndonos en los productores y proveedores, como consecuencia de su experiencia en el mercado y de sus conocimientos en los procesos de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n, suelen tener mayor y mejor informaci\u00f3n sobre los productos y servicios que venden mientras que el consumidor, a pesar de ser quien sabe mejor que es lo que le interesa, no necesariamente tiene a su disposici\u00f3n la informaci\u00f3n que le permita adoptar la decisi\u00f3n que m\u00e1s le conviene. <\/p>\n
De este modo, evaluar la veracidad y la suficiencia de la informaci\u00f3n que determin\u00f3 la intenci\u00f3n de compra en un determinado caso siempre ser\u00e1 un aspecto de suma relevancia a la hora de proteger los derechos de los consumidores en el marco de la acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
En ese sentido\u2026, revisado el caso objeto del litigio se advierte que, entre la sociedad demandada y el demandante, pues existi\u00f3 una relaci\u00f3n de consumo en la cual se adquiri\u00f3 un equipo celular\u2026, marca Huawei Y9A y, en relaci\u00f3n de dicho bien, pues se originaron\u2026 las inconformidades que llevaron a cabo la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n, pues es importante precisar por este despacho que el mismo encuentra probado que se vulneraron los derechos del consumidor, conforme al deber de informaci\u00f3n, en tanto si bien se proporcionaron los manuales en los cuales se encontraban las caracter\u00edsticas del bien, nunca se puso de presente que dicho celular era incompatible con la funcionalidad de Google. <\/p>\n
En ese sentido\u2026, el despacho\u2026 advierte que se le vulneraron los derechos al consumidor [al demandante] y si bien \u00e9l estaba en el deber, conforme lo establece el estatuto de protecci\u00f3n al consumidor, de informarse de lo que estaba adquiriendo, c\u00f3mo lo manifest\u00f3, pues \u00e9l acudi\u00f3 a las sociedades demandadas a fin de que se le proporcionara dicha informaci\u00f3n, para el efecto indic\u00f3 que hab\u00eda asistido tres veces a la sociedad Colombiana de Comercio, en donde un asesor de Huawei le inform\u00f3 o le proporcion\u00f3 la informaci\u00f3n que cre\u00eda pertinente, a fin de que el consumidor eligiera que era lo que iba a adquirir y pues dicha informaci\u00f3n\u2026, conllev\u00f3 o fue fundamental para el demandante a la hora de tomar la decisi\u00f3n de adquirir el bien que es objeto de litigio en este caso\u2026 <\/p>\n
Luego, evidente es que la decisi\u00f3n criticada se fund\u00f3, exclusivamente, en el dicho del demandante, sin que se valoraran los dem\u00e1s elementos de juicio que se allegaron al diligenciamiento, entre \u00e9stos, las pruebas documentales que se aportaron con las contestaciones o la declaraci\u00f3n extraprocesal que rindi\u00f3 la persona que vendi\u00f3 al actor el celular con el que se muestra insatisfecho, pues ninguna menci\u00f3n se hizo a tales probanzas en el fallo atacado. <\/p>\n
Entonces, es indudable que la sede judicial dej\u00f3 de valorar las pruebas que allegaron las demandadas en el juicio criticado, lo que permite concluir que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, que impon\u00eda conceder el amparo. Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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