STC8536-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8536-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02025-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Bancolombia S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda promotora deprec\u00f3, a trav\u00e9s de representante, el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n jurisdiccional requerida. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a dejar sin valor lo dirimido, en segunda instancia, dentro del expediente ejecutivo con \u00abgarant\u00eda real\u00bb n.\u00b0 \u00ab2020-00096\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal se surti\u00f3 el descrito litigio, por demanda de la empresa titular del pedido de resguardo contra los herederos determinados e indeterminados de Enrique Leiva Trujillo (q.e.p.d.) para el pago de las sumas contenidas en cuatro pagar\u00e9s, con respaldo en una \u00abhipoteca\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda, a la que concurrieron por pasiva Osmary, Mirto Emilio, Nohora y Norma Constanza Leiva Mosquera como hijos del mencionado causante, provino fallo en audiencia de 11 de octubre de 2021, que tras rehusar las excepciones planteadas dispuso seguir adelante el cobro en los t\u00e9rminos del respectivo mandamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Resoluci\u00f3n que hubo de revocarla la mayor\u00eda del Tribunal fustigado, en sede de apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandada, mediante sentencia de 18 de mayo de la anualidad en curso para, a su turno, declarar pr\u00f3speras las defensas blandidas y \u00abDAR POR TERMINADA la (\u2026) ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5. Tambi\u00e9n, en tanto que el juez de la alzada se abstuvo de indagar m\u00e1s exhaustivamente el contenido de la hipoteca, de cuyo contenido fluir\u00eda palpable el compromiso all\u00ed adquirido por ambos due\u00f1os del predio con relaci\u00f3n a todo tipo de \u00abobligaciones pasadas, presentes y futuras\u00bb, de donde la controversia no debi\u00f3 tener como eje la persecuci\u00f3n de una \u00abcuota parte\u00bb del derecho real, sino el respaldo para la satisfacci\u00f3n de la deuda quirografaria. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Y finalmente, toda vez que el fallador en comento emprendi\u00f3 un estudio sobre los requisitos formales de los t\u00edtulos pese a que ello solo es apropiado por virtud de la reposici\u00f3n contra la orden de apremio, acorde a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supralegal de marras y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de h\u00e1bito. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal comparti\u00f3 duplicado digital del paginario disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Quien dijo comparecer como abogado de los herederos determinados omiti\u00f3 aportar poder especial en esta senda. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponde auscultar en sus cimientos la sentencia proferida el 18 de mayo postrero por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dentro del litigio criticado, al ser la que acab\u00f3 por definir lo ata\u00f1edero a la conducencia o no de la continuidad del cobro que ah\u00ed adelantara la ahora quejosa. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Delanteramente, la sala no comparte la tesis del juzgador de primer grado, en lo referente al no estudio de los requisitos formales del t\u00edtulo valor por no cuestionarse en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, pues esta argumentaci\u00f3n es contraria a los postulados decantados por la jurisprudencia de nuestro \u00f3rgano de cierre; el Alto Tribunal ha precisado en abundantes pronunciamientos, la facultad oficiosa del juez, incluso en segunda instancia, de examinar los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo presentado para el cobro. <\/p>\n
Sobre este tema, la Honorable Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que: \u201c(\u2026)todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem (\u2026)(Sent. STC18432-2016, M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco, Radicaci\u00f3n 2016-00440-01, del 15 de diciembre de 2016). A su vez, el Alto Tribunal ha precisado que \u201cel juzgador de segunda instancia puede en el fallo volver a examinar el t\u00edtulo ejecutivo adosado, a efectos de corroborar la idoneidad del mismo para servir de b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n por ser la obligaci\u00f3n en \u00e9l contenida clara, expresa y exigible, independientemente de que la misma no haya sido objeto de discusi\u00f3n dentro del recurso de alzada formulado contra la decisi\u00f3n de primera instancia, pudiendo a\u00fan revocar la orden de pago primigenia, sin que ello implique extralimitaci\u00f3n de su competencia\u2019 (\u2026)\u201d. (Sentencia de tutela de segunda instancia del nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012). M.P. Dr. Fernando Giraldo Guti\u00e9rrez, radicaci\u00f3n 2011-02157-01). <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo explicado, la sala acomete el estudio de los requisitos de los t\u00edtulos valores presentados por la parte ejecutante, anticipando que los mismos est\u00e1n satisfechos en cantidad y calidad, pero en relaci\u00f3n con el se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, como se argumenta a continuaci\u00f3n[.] <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Observando t\u00edtulos valores\u2026, es evidente que cada uno de los instrumentos negociables se firm\u00f3 exclusivamente por el se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, por lo tanto, el se\u00f1or Leiva Mosquera es el deudor de la ejecutante Bancolombia S.A.; en ese orden de ideas, la ejecuci\u00f3n, en el marco de la acci\u00f3n personal ha debido enfilarse en contra del citado obligado cambiario, porque es el \u00fanico deudor de la referida entidad financiera. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[C]omo en este asunto el deudor del banco demandante es el se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, la parte ejecutante en su demanda (\u2026) que dice ejercer la garant\u00eda hipotecaria, se repite, ha debido enfilar su pretensi\u00f3n ejecutiva derivada de la hipoteca contra su deudor, el obligado cambiario Esper Leiva Mosquera y no contra los herederos del otro hipotecante Enrique Leiva Trujillo comoquiera que resulta evidente que ni el se\u00f1or Leiva Trujillo ni sus herederos son deudores de Bancolombia S.A. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[L]a hipoteca en s\u00ed misma no presta m\u00e9rito ejecutivo; en este caso, la escritura p\u00fablica n\u00famero 600 del 21 de abril de 1998 no contiene ninguna obligaci\u00f3n[;] solo contiene el contrato de hipoteca, y por lo tanto, no se puede pensar que, por ser el causante Enrique Leiva Trujillo, tambi\u00e9n hipotecante, se pudiera concluir que la hipoteca presta m\u00e9rito ejecutivo a su cargo. Se insiste, la hipoteca por s\u00ed sola no presta m\u00e9rito ejecutivo y menos en este caso que no contiene obligaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[L]a Sala destaca que, mediante escritura p\u00fablica 633 del 03 de abril de 1998, se protocoliz\u00f3 el acuerdo de fusi\u00f3n por el cual, el Banco Industrial Colombiano S.A. absorbe al Banco de Colombia S.A., y se modific\u00f3 su denominaci\u00f3n social por la de Bancolombia S.A., (\u2026) actos [que] aparecen relacionados en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la ejecutante Bancolombia S.A. aportado con la demanda; de esta manera, lo aqu\u00ed explicado permite entender la raz\u00f3n por la cual, la entidad Bancolombia S.A. pretende hacer efectiva la garant\u00eda real constituida en favor del antiguo Banco Industrial Colombiano S.A. en la escritura p\u00fablica No. 600 del 21 de abril de 1998. <\/p>\n
\u2026Explicado lo anterior, es necesario destacar que en el escenario procesal, para hacer efectiva la garant\u00eda real(\u2026) el art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la demanda deber\u00e1 dirigirse contra \u201cel actual propietario del inmueble, la nave o la aeronave materia de la hipoteca o de la prenda\u201d. Esto significa, que el sujeto pasivo siempre ser\u00e1 el actual propietario del bien hipotecado, sin importar que sea deudor o no de la obligaci\u00f3n cuyo pago se pretende. <\/p>\n
\u2026Ahora bien, estudiado el folio de matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) correspondiente al predio hipotecado, se observa en su anotaci\u00f3n n\u00famero 1, los siguientes propietarios: 1. Esper Leyva Mosquera (sic); 2. Enrique Leyva Trujillo (sic). <\/p>\n
\u2026No obstante, revisado el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda, se observa sin dificultad que la entidad financiera demandante, enfoca su ejecuci\u00f3n \u00fanicamente contra los se\u00f1ores Osmary, Esper, Mirto Emilio, Nohora Y Norma Constanza Leiva Mosquera, en calidad de herederos determinados del causante Enrique Leiva Trujillo y contra los herederos inciertos e indeterminados del citado difunto; omitiendo demandar, debiendo hacerlo, al se\u00f1or Esper Leiva Mosquera como copropietario de la finca hipotecada. <\/p>\n
\u2026En este sentido, la presente demanda contraviene lo dispuesto en el art\u00edculo 468 del C.G.P., pues no se dirigi\u00f3 en contra de todos los actuales propietarios del bien inmueble hipotecado. Se insiste que la ejecuci\u00f3n para la efectividad de la garant\u00eda real, por mandato legal, debe enfilarse contra el o los actuales propietarios del inmueble materia de hipoteca, sean o no deudores; cuesti\u00f3n distinta es cuando se promueve la acci\u00f3n ejecutiva personal, en este caso, el demandado debe ser deudor. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Por lo tanto, si la ejecutante Bancolombia S.A. pretende hacer valer su garant\u00eda real, ha debido demandar a todos los propietarios inscritos, cuesti\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este caso como ya se explic\u00f3; adem\u00e1s, como se pretende hacer valer esta garant\u00eda, ha debido advertir que las obligaciones perseguidas estuvieren garantizadas por la hipoteca, cuesti\u00f3n que no ocurre por las razones que se explicar\u00e1n a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[O]bra en el proceso la escritura p\u00fablica n\u00famero 600 del veintiuno (21) de abril de 1998 elevada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo del Espinal en la cual, los se\u00f1ores Enrique Leiva Trujillo y Esper Leiva Mosquera, constituyeron en favor del Banco Industrial Colombiano (hoy Bancolombia S.A.), hipoteca abierta de primer grado sin l\u00edmite de cuant\u00eda, sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 357-0032976, gravamen inscrito en la anotaci\u00f3n n\u00famero 002 del citado folio de matr\u00edcula (fl. 41 archivo pdf \u201c0001Demanda\u201d). <\/p>\n
[D]ebe mirarse cu\u00e1l es la garant\u00eda principal, al parecer, cobijada por el gravamen real[;] en este sentido, luce certero afirmar que ac\u00e1 la obligaci\u00f3n principal est\u00e1 conformada o constituida por los pagar\u00e9s firmados \u00fanicamente por el se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, de tal suerte que una primera conclusi\u00f3n pudiera ser que esas obligaciones dinerarias plasmadas en los t\u00edtulos valores presentados como t\u00edtulos de recaudo, ser\u00edan las obligaciones principales supuestamente amparadas por la garant\u00eda real. <\/p>\n
En este orden de ideas, la sala debe indagar si estas obligaciones principales del se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, est\u00e1n o no garantizadas o amparadas por la garant\u00eda hipotecaria en los t\u00e9rminos en que fue pactado el contrato de hipoteca, en especial, en el contenido de las cl\u00e1usulas quinta y sexta de la escritura p\u00fablica n\u00famero 600 de 1998; para abordar este estudio, primeramente, debe consultarse el contenido de las citadas cl\u00e1usulas, las cuales fueron pactadas por las partes de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201cQUINTO: que la presente hipoteca respaldar\u00e1 todas las sumas que el(la)(los) hipotecante(s) Enrique Leiva Trujillo y Esper Leiva Mosquera, deba(n) actualmente y las que llegare(n) a deber en su propio nombre o con otra u otras personas al Banco Industrial Colombiano S.A. y\/o Banco Industrial Colombiano Panam\u00e1 y\/o Banco Industrial Colombiano Cayman, por documentos de cr\u00e9dito, garant\u00edas bancarias descubiertos en cuenta corriente u obligaciones de cualquier otra clase con o sin garant\u00edas espec\u00edficas, pagaderos todos estos compromisos en cuanto lo exija el Banco Industrial Colombiano S.A. y\/o Banco Industrial Colombiano Panam\u00e1 y\/o Banco Industrial Colombiano Cayman de acuerdo con los extractos de cuenta que presente o conforme los documentos insolutos que exhiba a los vencimientos de los mismos, y que en cuanto a descubiertos en cuenta corriente reconocen como obligaci\u00f3n l\u00edquida y exigible los saldos a su cargo que arrojan los extractos de cuenta que el Banco presente oportunamente entendi\u00e9ndose que los pr\u00e9stamos y dem\u00e1s obligaciones directas o indirectas garantizadas con esta hipoteca, podr\u00e1n constar o no en documento separado y quedar\u00e1n amparadas con esta hipoteca aunque sean anteriores al registro de esta escritura. <\/p>\n
SEXTO: Queda expresamente establecido que la hipoteca aqu\u00ed constituida garantiza sin perjuicio de la responsabilidad personal, directa o solidaria de los respectivos deudores, las obligaciones de que trata la cl\u00e1usula precedente hasta su completa cancelaci\u00f3n, en virtud del pago efectivo de ellas y que por lo mismo quedan amparadas con esta garant\u00eda las obligaciones dichas, sus pr\u00f3rrogas, renovaciones, ampliaciones y obligaciones nuevas en el caso que el banco acreedor resuelva concederlas as\u00ed como los honorarios de abogado, gastos y costos de la cobranza a que hubiere lugar, rigiendo para los saldos en cuenta corriente, pagar\u00e9s, pr\u00f3rrogas y renovaciones, los t\u00e9rminos y condiciones que respecto a plazo, tipo de inter\u00e9s y especie de moneda se pacten en cada caso\u201d (fl. 15 archivo pdf \u201c0001Demanda\u201d)… <\/p>\n
\u2026De esta manera, examinadas las cl\u00e1usulas quinta y sexta del contrato de hipoteca, se puede concluir que, en efecto, los se\u00f1ores Enrique Leiva Trujillo y Esper Leiva Mosquera, conjuntamente constituyeron hipoteca abierta y sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre la totalidad del inmueble de su propiedad, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 357-0032976; constituci\u00f3n de hipoteca que, se insiste, ampara o garantiza las obligaciones dinerarias que los dos hipotecantes mencionados adquieran o tuvieran ya adquiridas, de manera conjunta, con el banco acreedor, puesto que, no se acord\u00f3, pudiendo hacerse, que la garant\u00eda real garantizara obligaciones que individualmente contrajeran cada uno de los hipotecantes con el hoy banco de Colombia. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe destacar para las resultas de este asunto, que la hipoteca es indivisible seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 2433 del C\u00f3digo Civil, y por tanto, habi\u00e9ndose hipotecado la totalidad del fundo perteneciente a los multicitados hipotecantes, no resulta de recibo haber ordenado el embargo y posterior aval\u00fao de solamente una cuota parte de dominio \u2013 la que pertenece al hipotecante fallecido -, puesto que, es evidente que en este caso la hipoteca no versa o no tiene como objeto la cuota de dominio que result\u00f3 afectada, sino la totalidad del predio que pertenece en com\u00fan y proindiviso a los dos hipotecantes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Vistos los pagar\u00e9s (\u2026) aportados para el cobro por Bancolombia S.A., solo cuenta[n] con la firma del se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, y por lo mismo, no es procedente exigir su pago a los herederos del causante Enrique Leiva Trujillo, pues no suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s materia de recaudo ejecutivo, es decir, no hay solidaridad pasiva entre Esper Leiva Mosquera y Enrique Leiva Trujillo; circunstancia que, adem\u00e1s, pone de manifiesto el yerro del juez de conocimiento en lo que toca con el entendimiento (\u2026) sobre el sentido y alcance del art\u00edculo 70 de la ley 1116 de 2006, pues, se insiste, esta normativa supone, por definici\u00f3n legal, que la obligaci\u00f3n sea en verdad solidaria, cuesti\u00f3n que aqu\u00ed no ocurre. <\/p>\n
\u2026Como gran conclusi\u00f3n de lo explicado a lo largo de estas consideraciones, en primer lugar, es evidente que la presente demanda ejecutiva no se ajusta a lo dispuesto en el art\u00edculo 468 del C.G.P., pues no se demandaron, debiendo hacerse, todos los propietarios actuales del bien materia de hipoteca; por otra parte, la hipoteca constituida por los se\u00f1ores Enrique Leiva Trujillo y Esper Leiva Mosquera, garantiza o ampara obligaciones que conjuntamente adquieran los hipotecantes con el banco acreedor, y no las obligaciones que cada uno de los hipotecantes de manera individual contraigan con el banco demandante; con el agregado cierto de que el causante Enrique Leiva Trujillo o sus herederos, en rigor, no son deudores del banco demandante, pues no firmaron cambiariamente los t\u00edtulos valores presentados como recaudo ejecutivo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Del contenido literal [del art\u00edculo 70 de la ley 1116 de 2006], se desprende que el requerimiento del juez al demandante acreedor es posible hacerlo cuando la obligaci\u00f3n perseguida tenga garantes de esta o se trate de deudores solidarios. En este caso presente, no ocurre ni lo uno ni lo otro, es decir, de un lado, no hay garantes de las obligaciones contra\u00eddas por Esper Leiva Mosquera, y adem\u00e1s, [de] las referidas prestaciones econ\u00f3micas (\u2026) no hay deudores solidarios\u2026, pues la solidaridad jur\u00eddica supone, cuando es pasiva, la pluralidad de sujetos obligados; en el caso que se estudia, hay certeza de que no hay deudores solidarios sino solamente un deudor \u00fanico, esto es, el se\u00f1or Esper Leiva Mosquera, y como ya se ha visto esas obligaciones no son obligaciones amparadas o cubiertas o cobijadas por la garant\u00eda hipotecaria, puesto que la misma no fue constituida ni pactada para garantizar obligaciones individualmente adquiridas por cada uno de los hipotecantes como pudiera haberse pactado pero no se hizo. <\/p>\n
\u2026 Ahora bien, no se est\u00e1 diciendo que el sentido y alcance del contrato de hipoteca sea equivocado o err\u00f3neo. No. Simplemente se trata de un pacto que para el caso presente es insuficiente, puesto que no cobija ni garantiza las obligaciones individuales que cada hipotecante adquiera o fuera a adquirir en el futuro con el banco demandante, de tal suerte que, las cl\u00e1usulas pactadas son claras e inequ\u00edvocas sin que requieran su interpretaci\u00f3n contractual a la luz de las reglas del art\u00edculo 1618 y siguientes del c\u00f3digo civil\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo; lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la empresa accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal requerido dispuso revocar, en sede de apelaci\u00f3n de fallo, la continuaci\u00f3n del pleito ejecutivo por ella impetrado \u2013a partir del an\u00e1lisis de los reparos concretos de los herederos ah\u00ed enjuiciados y de la facultad oficiosa de revisi\u00f3n de los t\u00edtulos1 materia de cobro\u2013, luego de concluir, en resumen, que la hipoteca tra\u00edda como respaldo solo garantiza el pago de las obligaciones adquiridas en conjunto por el difunto Enrique Leiva Trujillo y por Esper Leiva Mosquera, seg\u00fan el contenido claro de sus cl\u00e1usulas, mas no las que individualmente adquiriera este \u00faltimo y sobre las cuales recay\u00f3 el objeto de la respectiva demanda y subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales planteamientos son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado, sin m\u00e1s, impone cerrar paso a la salvaguarda protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo implorado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Apoyada por la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n, en v\u00eda de tutela. <\/p>\n
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STC8536-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8536-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02025-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Bancolombia S.A. contra el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}