STC8540-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8540-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02084-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Germ\u00e1n Fern\u00e1ndez Posada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia y las partes e intervinientes reconocidos en el proceso ejecutivo 2017-00077. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Dice que en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia cursa el recaudo enunciado en p\u00e1rrafos precedentes, promovido por Fernando de Jes\u00fas Ardila Vargas en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, en audiencia de 8 de abril de 2019 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n frente a la cual \u00abinterpuso de manera verbal el recurso de alzada debidamente sustentado\u00bb, al tiempo que \u00abdentro del t\u00e9rmino legal, por escrito, [lo] sustent\u00f3\u00bb, memorial en el que \u00abreposan todos los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb que soportaban su disenso. <\/p>\n
Indica que el diligenciamiento fue remitido a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia y asignado a la magistrada \u00abClaudia Berm\u00fadez Carvajal\u00bb, pero que con auto de 29 de abril de 2019 se dispuso su env\u00edo al despacho del magistrado \u00abJos\u00e9 Eugenio G\u00f3mez Calvo1 por haber tenido conocimiento previo del asunto\u00bb, labor que se cumpli\u00f3 el 6 de mayo de aquel a\u00f1o. <\/p>\n
Afirma que, luego de la anterior actuaci\u00f3n, \u00abno se sigui\u00f3 registrando ninguna [otra] en la p\u00e1gina web de la rama judicial\u00bb; no obstante, \u00abpese\u00bb a ello, el proceso continu\u00f3 su curso, sin tener noticia de las decisiones adoptadas posteriormente. <\/p>\n
Sostiene que el pasado 15 de junio acudi\u00f3 a la c\u00e9lula judicial cognoscente, a efecto de verificar el tr\u00e1mite dado a la impugnaci\u00f3n interpuesta \u00aby pudo constatar que el expediente\u2026 hab\u00eda sido regresado\u00bb luego de que la colegiatura ad quem declarara su deserci\u00f3n, con auto de 3 de febrero anterior. <\/p>\n
Asegura que, al revisar el expediente observ\u00f3 una serie de decisiones que no le fueron \u00abnotificadas en t\u00e9rminos legales\u00bb, valga decir, el auto que admiti\u00f3 el recurso, el que prorrog\u00f3 por seis meses la competencia para resolver, el que adecu\u00f3 el tr\u00e1mite a las disposiciones del Decreto 806 de 2020 y corri\u00f3 traslado para sustentar la alzada y, por \u00faltimo, el que la declar\u00f3 desierta; ello, por cuanto el funcionario de segundo grado \u00abdej\u00f3 de consignar en la p\u00e1gina web el avance del proceso, no registro [sic] ninguna actuaci\u00f3n surtida a partir del 29 de abril de 2019\u2026 al igual que tampoco reporto [sic] sus decisiones a los correos electr\u00f3nicos de las partes involucradas\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, advierte que en la \u00faltima determinaci\u00f3n en comento el tribunal ad quem no tuvo en cuenta que present\u00f3 de forma oportuna sus reparos contra la providencia que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, tanto de forma oral en la audiencia en que fue proferida, como por escrito antes de que la actuaci\u00f3n arribara a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por las anteriores razones considera \u00abque la actuaci\u00f3n surtida\u2026 se torna en nula de pleno [sic] por no cumplir con el debido proceso\u00bb, de all\u00ed que solicite \u00abse reconduzca la senda procesal, y que sea el funcionario competente el que desate el recurso de alzada, pues no sobra reiterar que, para el momento en que se dio traslado para sustentar el recurso\u2026 ya la competencia se hab\u00eda perdido porque la pr\u00f3rroga de los seis meses estaba m\u00e1s que vencida [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El magistrado querellado dijo atenerse a los argumentos consignados en la providencia por medio de la cual declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Al margen de ello, advirti\u00f3 que, contrario a lo manifestado por el quejoso \u00ablas actuaciones fueron debidamente registradas en el sistema de consulta de procesos, desde el cual, se remiti\u00f3 al usuario al micrositio de la corporaci\u00f3n para la descarga de las providencias\u00bb, para lo cual aport\u00f3 \u00ablos \u201cpantallazos\u201d en los que aparece relacionado el asunto en el sistema de consulta y en los estados virtuales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Antioquia lesion\u00f3, dentro del compulsivo 2017-00077, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 Superior invocada por Luis Germ\u00e1n Fern\u00e1ndez Posada, porque, seg\u00fan dice: <\/p>\n
i) No le fueron notificados \u00aben t\u00e9rminos legales\u00bb el auto que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la decisi\u00f3n de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el que prorrog\u00f3 por seis meses la competencia para resolver la alzada, el que adecu\u00f3 el tr\u00e1mite procesal a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 y corri\u00f3 traslado para sustentarla y, por \u00faltimo, el que declar\u00f3 su deserci\u00f3n, y <\/p>\n
ii) La decisi\u00f3n de tener por desierta la impugnaci\u00f3n desconoce que oportunamente present\u00f3 los fundamentos de su disenso, tanto en la audiencia en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n atacada, como posteriormente por escrito, al tiempo que fue proferida por un funcionario carente de competencia dado que la hab\u00eda perdido por virtud del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. De la notificaci\u00f3n de las providencias <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que, seg\u00fan dice, el funcionario cuestionado \u00abdej\u00f3 de consignar en la p\u00e1gina web el avance del proceso, no registro [sic] ninguna actuaci\u00f3n surtida a partir del 29 de abril de 2019\u2026 al igual que tampoco reporto [sic] sus decisiones a los correos electr\u00f3nicos de las partes involucradas\u00bb de all\u00ed que no hubiera tenido conocimiento de tales determinaciones. <\/p>\n
La notificaci\u00f3n es uno de los denominados actos de comunicaci\u00f3n mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias producidas en el proceso, a fin de que se enteren del desarrollo de la actuaci\u00f3n y con ello garantizar la bilateralidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica y especialmente el derecho de contradicci\u00f3n como manifestaci\u00f3n del derecho de defensa. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema objeto de estudio, es preciso resaltar que ninguna irregularidad se advierte en la forma como le fueron comunicadas las decisiones en cuesti\u00f3n al gestor del resguardo. <\/p>\n
Los art\u00edculos 290 y 291 del C\u00f3digo General del Proceso establecen qu\u00e9 providencias se deben notificar personalmente y la forma de hacerlo, al tiempo que el canon 295 \u00eddem consagra la denominada notificaci\u00f3n \u00abpor estado\u00bb; particularmente, esta \u00faltima disposici\u00f3n indica: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 295. Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el secretario. La inserci\u00f3n en el estado se har\u00e1 al d\u00eda siguiente a la fecha de la providencia, y en \u00e9l deber\u00e1 constar: <\/p>\n
1. La determinaci\u00f3n de cada proceso por su clase. <\/p>\n
2. La indicaci\u00f3n de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastar\u00e1 la designaci\u00f3n de la primera de ellas a\u00f1adiendo la expresi\u00f3n \u201cy otros\u201d. <\/p>\n
3. La fecha de la providencia. <\/p>\n
4. La fecha del estado y la firma del secretario. <\/p>\n
El estado se fijar\u00e1 en un lugar visible de la Secretar\u00eda, al comenzar la primera hora h\u00e1bil del respectivo d\u00eda, y se desfijar\u00e1 al finalizar la \u00faltima hora h\u00e1bil del mismo. <\/p>\n
De las notificaciones hechas por estado el secretario dejar\u00e1 constancia con su firma al pie de la providencia notificada. <\/p>\n
De los estados se dejar\u00e1 un duplicado autorizado por el secretario. Ambos ejemplares se coleccionar\u00e1n por separado en orden riguroso de fechas para su conservaci\u00f3n en el archivo, y uno de ellos podr\u00e1 ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Cuando se cuente con los recursos t\u00e9cnicos los estados se publicar\u00e1n por mensaje de datos, caso en el cual no deber\u00e1n imprimirse ni firmarse por el secretario. <\/p>\n
Cuando se habiliten sistemas de informaci\u00f3n de la gesti\u00f3n judicial, la notificaci\u00f3n por estado solo podr\u00e1 hacerse con posterioridad a la incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n en dicho sistema. <\/p>\n
De acuerdo con el material probatorio recaudado, la anterior labor fue desarrollada a cabalidad por la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
En efecto, al verificar la radicaci\u00f3n 2017-00077-032 en el aplicativo de consulta de procesos dispuesto en el sitio electr\u00f3nico de la Rama Judicial, se logra evidenciar que el enteramiento de las providencias que el gestor dice desconocer se practic\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
1. La admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n: <\/p>\n
2. El prove\u00eddo en el que se orden\u00f3 la pr\u00f3rroga por seis meses del t\u00e9rmino para decidir la alzada: <\/p>\n
3. El auto por medio del cual se adecu\u00f3 el tr\u00e1mite del recurso conforme las pautas del Decreto 806 de 2020 y se corri\u00f3 traslado por cinco d\u00edas para sustentarlo: <\/p>\n
4. Y, finalmente, la providencia que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n: <\/p>\n
Es claro, entonces, que las determinaciones fueron notificadas mediante anotaci\u00f3n en estado conforme lo ordena la disposici\u00f3n transcrita, al tiempo que las dos \u00faltimas, producidas durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se insertaron electr\u00f3nicamente, en formato digital, a trav\u00e9s de un hiperv\u00ednculo con lo que se garantiz\u00f3 su publicidad. <\/p>\n
En las condiciones anotadas, la corporaci\u00f3n convocada no incurri\u00f3 en el defecto atribuido por el quejoso, habida cuenta que se ci\u00f1\u00f3 a la normativa atinente al procedimiento de comunicaci\u00f3n de las providencias en cuesti\u00f3n, luego no puede hablarse de negligencia u omisi\u00f3n de la autoridad judicial, por lo que el amparo no est\u00e1 llamado a salir avante. <\/p>\n
3.2. De la incuria <\/p>\n
La segunda cuesti\u00f3n propuesta por Luis Germ\u00e1n Fern\u00e1ndez Posada est\u00e1 relacionada con el supuesto yerro en que incurri\u00f3 el magistrado querellado al declarar la deserci\u00f3n de la alzada, pues no tuvo en cuenta que, en efecto, la hab\u00eda sustentado oportunamente, sin que pudiera exig\u00edrsele presentar una adicional por escrito; adem\u00e1s que el aludido funcionario carec\u00eda de competencia para emitir tal decisi\u00f3n pues la hab\u00eda perdido por virtud del art\u00edculo 121 del Estatuto Procedimental General. <\/p>\n
Como lo ha advertido esta Corporaci\u00f3n, la salvaguarda constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que, si bien el accionante tuvo a su alcance las herramientas id\u00f3neas para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente las desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n de que, de un lado, Fern\u00e1ndez Posada no solicit\u00f3 al funcionario cognoscente que aplicara la consecuencia jur\u00eddica consignada en el segundo inciso del referido canon 121, la cual, por virtud de la interpretaci\u00f3n vinculante de la Corte Constitucional en sentencia C443 de 2019, \u00abs\u00f3lo ocurre previa solicitud de parte\u00bb y, de otro, no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 desierta la alzada, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia de la referida opugnaci\u00f3n horizontal, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, dado que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. No se present\u00f3 la afectaci\u00f3n aducida por el gestor, en la medida en que la notificaci\u00f3n de las providencias se realiz\u00f3 conforme lo dispuesto en el canon 295 del C\u00f3digo General del Proceso, de all\u00ed que no pueda atribuirse responsabilidad alguna a la autoridad convocada. <\/p>\n
4.2. Las circunstancias auscultadas evidencian que en realidad hubo una desconexi\u00f3n del acontecer procesal por parte del tutelante y su apoderada. <\/p>\n
4.3. Esta herramienta constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actualmente en cabeza del dr. Wilmar Jos\u00e9 Fuentes Cepeda. <\/p>\n
2\u0002 El consecutivo \u00ab03\u00bb hace referencia al n\u00famero de veces que la actuaci\u00f3n arrib\u00f3 al Tribunal Superior de Antioquia, correspondiendo al reingreso generado luego del abono al despacho que dirige actualmente el magistrado Wilmar Jos\u00e9 Fuentes Cepeda, \u00abpor conocimiento previo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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