STC8548-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8548-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00173-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luis Carlos L\u00f3pez Fuentes frente a la sentencia del pasado 2 de mayo, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fue vinculado Sa\u00fal Duk\u00f3n L\u00f3pez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA, IGUALDAD, DEFENSA Y CONTRADICCI\u00d3N\u00bb, presuntamente conculcadas por la dependencia jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar efecto a las determinaciones adoptadas dentro del expediente de \u00abrestituci\u00f3n de tenencia de bien inmueble arrendado\u00bb n.\u00b0 \u00ab2020-00172\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga se surte el descrito juicio declarativo, por demanda de Sa\u00fal Duk\u00f3n L\u00f3pez contra el titular del resguardo de marras, con sustento en la aparente \u00abmora\u00bb en el pago de algunos \u00abc\u00e1nones\u00bb (abril a septiembre de 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino fallo favorable a la pretensi\u00f3n, el 12 de abril de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y a trav\u00e9s de auto proferido el 7 de marzo de la anualidad en curso, el despacho cognoscente dispuso \u00abNO OIR AL [ALL\u00c1] DEMANDADO\u00bb (ahora tutelante), de cara a la \u00abnulidad\u00bb que \u00e9l invocara; resoluci\u00f3n mantenida con providencia del d\u00eda 30 siguiente1. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El tutelante critic\u00f3 las resoluciones en cita, en cuanto dejaron de rituar su pedimento de anulaci\u00f3n, pues, en apretada s\u00edntesis, el juzgador requerido quiso pasar por alto que el correo electr\u00f3nico desde el cual fue notificado ten\u00eda restricci\u00f3n en el ingreso para entonces, tras haber sido \u00abv\u00edctima de hackeo\u00bb, am\u00e9n de que tampoco se le adjunt\u00f3 copia del libelo y los \u00abanexos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Reproch\u00f3, adem\u00e1s, que la exigencia de consignar los \u00abc\u00e1nones\u00bb adeudados para fines de ser escuchado significar\u00eda una trasgresi\u00f3n a sus intereses, en la medida en que esa regla de la norma procedimental \u00abno es \u00f3bice para el estudio de los incidente[s]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Agreg\u00f3 que la prosecuci\u00f3n del litigio hasta el fallo contravino el art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 597 de 2020, as\u00ed como las sentencias CC C-248\/20 Corte Constitucional y CSJ STC6303, 3 jun. 2021, respecto a la supuesta \u00abprohibici\u00f3n para el arrendador de pedir la terminaci\u00f3n del contrato (\u2026) por incumplimiento en el pago\u00bb a ra\u00edz de la \u00abpandemia\u00bb, que hubo de significar gran dificultad de obtenci\u00f3n de ingresos para establecimientos comerciales como el suyo (\u00abBAR\u00bb). <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El ente dispensador de justicia repelido se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. Comparti\u00f3 duplicado magn\u00e9tico del dossier declarativo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sa\u00fal Duk\u00f3n L\u00f3pez tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra de la prosperidad del amparo, luego de estimar respetadas las garant\u00edas del promotor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar, a la postre, que las determinaciones disentidas fueron emanadas bajo \u00abpremisas jur\u00eddicas (\u2026) que distan de ser caprichosas o antojadizas\u00bb, sin que resulte de recibo adentrar an\u00e1lisis alguno acerca de los \u00ablineamientos\u00bb del decreto y veredictos aludidos por el petente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante, quien asistido del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques y discrep\u00f3 de las conclusiones del tribunal a-quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponder\u00e1, de un costado, indagar en sus cimientos el auto de 7 de marzo de la anualidad que transcurre, proferido por el despacho judicial requerido, independientemente de lo dispuesto el d\u00eda 30 siguiente, pues fue el que acab\u00f3 por definir cualquier debate sobre la queja del ahora promotor, tendiente a que se escuche su petitorio de nulidad en el litigio restitutivo n.\u00b0 \u00ab2020-00172\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Dispone el numeral 4 del Art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u201c4. Contestaci\u00f3n, mejoras y consignaci\u00f3n. Cuando el demandado alegue mejoras, deber\u00e1 hacerlo en la contestaci\u00f3n de la demanda, y se tramitar\u00e1 como excepci\u00f3n. <\/p>\n
Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, [e]ste no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 consignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 de ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de dep\u00f3sito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso ejecutivo. <\/p>\n
Los c\u00e1nones depositados en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales se retendr\u00e1n hasta la terminaci\u00f3n del proceso si el demandado alega no deberlos; en caso contrario se entregar\u00e1n inmediatamente al demandante. Si prospera la excepci\u00f3n de pago propuesta por el demandado, en la sentencia se ordenar\u00e1 devolver a [e]ste los c\u00e1nones retenidos; si no prospera se ordenar\u00e1 su entrega al demandante\u201d\u2026 <\/p>\n
La mentada exigencia constituye una carga procesal para el demandado en el evento se\u00f1alado. La Corte Constitucional (sentencia C-070 del 23 de febrero de 1993) al pronunciarse sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil- el cual no sufri\u00f3 transformaciones con relaci\u00f3n al anotado Art. 384-, precis\u00f3 lo siguiente: \u201cLa causal de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento por falta de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, cuando es invocada por el demandante para exigir la restituci\u00f3n del inmueble, coloca al arrendador ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es l\u00f3gico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio seg\u00fan el cual \u201cincumbe al actor probar los hechos en los que basa su pretensi\u00f3n\u201d. Si ello fuera as\u00ed, el demandante se ver\u00eda ante la necesidad de probar que el arrendatario no le ha pagado en ning\u00fan momento, en ning\u00fan lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultar\u00eda imposible, dadas las infinitas posibilidades en que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad de indefinida de la negaci\u00f3n \u2013no pago-, es que opera, por virtud de la ley, la inversi\u00f3n de la carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde entonces desvirtuar la causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastar\u00e1 con la simple presentaci\u00f3n de los recibos o consignaciones correspondientes como requisito procesal para rendir sus descargos\u201d. <\/p>\n
En esta clase de procesos, de anta\u00f1o la Honorable Corte Constitucional ha precisado que \u201cCuando hay[a] serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, ya sea porque han sido alegadas razonablemente por las partes o, porque el juez as\u00ed lo constat\u00f3 de los hechos que se encuentran probados, no debe exig\u00edrsele al demandado para poder ser o\u00eddo dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la prueba del pago o la consignaci\u00f3n de los c\u00e1nones supuestamente adeudados\u201d [(T-1082\/07).] <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Descendiendo al caso que ocupa la atenci\u00f3n del Despacho se advierte que no se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para desconocer la regla general del numeral 4 del art. 384 del C.G.P., y en su lugar permitir a la parte demandada ser escuchada sin demostrar la prueba del pago del canon, pues si bien se alega por la pasiva, -en su inter\u00e9s de poder ser o\u00eddo en el proceso-, que el demandado desconoce el contrato, su fundamentaci\u00f3n no se trata de negar la existencia o validez del mismo, sino de aspectos tales como \u201cla inejecuci\u00f3n del contrato por la pandemia\u201d y \u201clas obligaciones del arrendador de mantener el bien arrendado en estado de servir\u201d, aseveraciones que en ning\u00fan momento van dirigidas ni tienen el car\u00e1cter de desconocimiento del contrato. <\/p>\n
En efecto, cuando el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre constitucional hizo referencia a dudas razonables sobre la existencia de contrato, se bas\u00f3 en el estudio de aspectos tales como la inexistencia total de [e]ste, el desconocimiento del mismo por leg\u00edtimos poseedores, falsedad en los contratos, hechos que, sumados a que se omita prueba del mismo, puedan hacer arribar al juez a la duda \u201crazonable\u201d sobre la existencia del mismo. <\/p>\n
N\u00f3tese entonces que se trata de serios eventos en los cuales se pone en duda la existencia del contrato, los cuales difieren de este asunto pues en las presentes diligencias no se atac\u00f3 oportunamente por el accionado la existencia y validez del contrato de arrendamiento de local comercial(\u2026) y lo planteado en su escrito de nulidad hace relaci\u00f3n a su presunta imposibilidad de cumplir con el monto del canon pactado, contradici\u00e9ndose adem\u00e1s al plantear un \u201cdesconocimiento del contrato\u201d para luego alegar el supuesto incumplimiento del mismo por el demandante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se denegar\u00e1 dar tr\u00e1mite a la nulidad invocada, atendiendo que el demandado no cumpli\u00f3 con la carga de acreditar el pago o consignar a \u00f3rdenes del despacho, los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados a la fecha, de conformidad con la normativa que rige la materia\u2026 <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que desdice de las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el fallador confutado dispuso no o\u00edrlo2 en todo el proceso de restituci\u00f3n y, por ende, abstenerse de tramitar la \u00abnulidad\u00bb por \u00e9l all\u00ed impetrada, en atenci\u00f3n a la previsi\u00f3n del canon 384, numeral 4\u00b0, inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, con m\u00e1s veras si \u00abno se atac\u00f3 (\u2026) la existencia y validez del contrato de arrendamiento de local\u00bb en disputa. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
3. Por otro lado, y en gracia de discusi\u00f3n, lo cierto es que no se otea la ocurrencia de la anulaci\u00f3n atribuida por el ac\u00e1 petente, sustentada en que el correo electr\u00f3nico desde el cual fue notificado de la demanda de restituci\u00f3n se encontraba \u00abhacke[ado]\u00bb para entonces, con m\u00e1s apoyatura si la \u00abcertificaci\u00f3n\u00bb de ingeniero de sistemas que adjuntara como prueba a su solicitud invalidatoria, s\u00f3lo dio reporte de una \u00abrecuperaci\u00f3n y asignaci\u00f3n de (\u2026) nueva clave\u00bb3 de dicha cuenta digital, el 8 de octubre de 2021. <\/p>\n
Por ende, y m\u00e1s all\u00e1 de lo finalmente resuelto por el estrado jurisdiccional encausado, como la trasgresi\u00f3n atribuida respecto de la supuesta \u00abnulidad\u00bb se torna inexistente, m\u00e1xime si no fue derruida por el aqu\u00ed gestor la efectividad del enteramiento surtido en el pleito restitutivo disentido y, asimismo, del env\u00edo de copia de la demanda y anexos4 al buz\u00f3n electr\u00f3nico que se dijo estaba usurpado, ning\u00fan tipo de injerencia al respecto encontrar\u00eda raz\u00f3n de cabida, acerca de lo que esta Sala tiene doctrinado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente(\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026 (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. No obstante lo atr\u00e1s discernido, cabe anotar que cuando el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si el afectado no posee otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
En lo tocante, se ha postulado que, <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural dilata alguna tramitaci\u00f3n importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se tiene que el juzgado repelido opt\u00f3 por acceder a la restituci\u00f3n demandada contra el ac\u00e1 promotor con veredicto de 12 de abril de 2021, sobre la base de que, grosso modo, este \u00abse constituy\u00f3 en mora por adeudar los c\u00e1nones desde el 01 de abril de 2020\u00bb, debi\u00e9ndose dar por terminado el contrato de arrendamiento, ante \u00abel incumplimiento del arrendatario de los [puntos] acordados, entre los que se cuenta, que el pago del precio o renta del arriendo se h[iciera] en los per\u00edodos [all\u00ed] estipulados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. . El dispensador de justicia convocado accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n restitutiva incoada por Sa\u00fal Duk\u00f3n L\u00f3pez frente al aqu\u00ed accionante, sin detenimiento en el hecho de que las cuotas materia de la mora atribuida fueron originadas en el marco de la conocida pandemia \u00abCovid-19\u00bb, en virtud de la cual fue expedido por el gobierno nacional el decreto 579 de 20205, cuyo examen constitucional en general tuvo visto bueno a trav\u00e9s de la sentencia C-248\/20, en el sentido de indicar, entre otras cuestiones, la imposibilidad de perseguir la terminaci\u00f3n de los contratos de arrendamiento por incumplimiento en el pago de las cuotas originadas entre abril y junio de 2020. <\/p>\n
Pronunciamiento de exequibilidad que, en resumen, acot\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) Para justificar la adopci\u00f3n de estipulaciones especiales respecto del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, previstas en el art\u00edculo 3, el gobierno nacional se\u00f1ala que \u201c[\u2026] el art\u00edculo 22 de la Ley 820 de 2003 determina que el no pago por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del t\u00e9rmino pactado constituye causal para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminaci\u00f3n del contrato\u201d. <\/p>\n
\u2026 De este modo, la disposici\u00f3n impide que el no pago de los c\u00e1nones durante el per\u00edodo de vigencia del Decreto constituya causal de terminaci\u00f3n unilateral como lo establece la normativa vigente o lo pueden prever las disposiciones contractuales, y que cualquier atraso o el impago de los c\u00e1nones no suponga ni d\u00e9 lugar a intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones, de acuerdo con la ley o los t\u00e9rminos contractuales. <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026. La modificaci\u00f3n a los plazos de vigencia del contrato, en particular la pr\u00f3rroga de los contratos vigentes que vencen en las fechas previstas por el Decreto Legislativo, as\u00ed como el aplazamiento de la fecha de inicio de los nuevos contratos de arrendamiento, contenida en los art\u00edculos 4 y 5, se justifica por el gobierno nacional as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026En las consideraciones del Decreto Legislativo, el gobierno nacional manifiesta que \u201clas consecuencias econ\u00f3micas de la emergencia sanitaria, y en particular de las medidas de aislamiento, afectan la generaci\u00f3n de ingresos de un importante n\u00famero de ciudadanos, y por ende, el cumplimiento de obligaciones peri\u00f3dicas derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles tanto de destinaci\u00f3n habitacional como comercial\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[L]as medidas contenidas en los art\u00edculos 1 a 10 guardan relaci\u00f3n con las causas que dieron origen a la declaratoria del Estado de Emergencia, en particular con mitigar algunos de los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos derivados de la crisis originada por cuenta del Covid-19 y de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Los art\u00edculos 1 a 6 superan el juicio de finalidad porque contienen medidas id\u00f3neas para impedir de forma directa y espec\u00edfica los desalojos por restituci\u00f3n de inmuebles arrendados a que conducen los incumplimientos de pago de los c\u00e1nones como consecuencia de los efectos econ\u00f3micos de la pandemia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Las (\u2026) medidas referidas a los contratos de arrendamiento son id\u00f3neas porque ofrecen un importante alivio temporal para los arrendatarios y evitan durante un per\u00edodo limitado que se activen incumplimientos que, al ser masivos, podr\u00edan afectar a un gran n\u00famero de arrendadores y arrendatarios del pa\u00eds, en particular a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable, como lo acreditan las cifras del gobierno nacional contenidas en las consideraciones del Decreto Legislativo que se estudia y las aportadas por Fedelonjas… <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Los art\u00edculos 1 a 6 contienen medidas necesarias y, por lo tanto, conformes con el ordenamiento constitucional. Desde el punto de vista f\u00e1ctico las medidas son indispensables para evitar la expansi\u00f3n de los efectos de la pandemia y no se evidencia que el gobierno nacional haya incurrido en un error manifiesto al valorar su utilidad… <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026En lo que tiene que ver con el art\u00edculo 3, esta disposici\u00f3n impide que el incumplimiento en el pago de rentas y reajustes por parte del arrendatario dentro del t\u00e9rmino pactado entre las partes sea una causal para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminaci\u00f3n del contrato. Adicionalmente, ante la ausencia de acuerdo entre las partes que adopte las condiciones especiales de pago en el per\u00edodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, el art\u00edculo impide sanciones en relaci\u00f3n con los c\u00e1nones correspondientes a ese per\u00edodo y establece que el pago de la totalidad de las mensualidades debe hacerse bajo ciertas condiciones contenidas en su numeral 2. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[R]esulta claro que las medidas contenidas en el art\u00edculo 3 citado resultan, en principio, necesarias jur\u00eddicamente para evitar que los arrendadores puedan dar por terminado unilateralmente el contrato por falta de pago de los c\u00e1nones en el per\u00edodo arriba se\u00f1alado o exigir el pago de sanciones por incumplimiento\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
4.2.2. Aun cuando el tutelante no hubiera propuesto excepciones dentro del litigio, como demandado que fue, lo cierto es que al ente judicial aqu\u00ed perseguido le correspond\u00eda definir la controversia restitutiva a la luz de un minucioso an\u00e1lisis de legalidad, lo que, por ende, implicaba abordar lo referente al estado de emergencia que trajo consigo la pandemia y, consiguientemente, al decreto y sentencia de constitucionalidad arriba aludidos, muy dicientes en materia de contratos de arrendamiento en tan dif\u00edciles tiempos. <\/p>\n
Necesario se tornaba para el conocedor del decurso verbal censurado, abordar la controversia all\u00e1 desatada a partir de la aludida imposibilidad de terminaci\u00f3n de negocios como el atr\u00e1s descrito por la mora en el pago de las obligaciones originadas entre abril y junio de 2020, si de presente se pone que la destinaci\u00f3n del inmueble arrendado es la de \u00abBAR – RESTAURANTE\u00bb6; establecimientos estos que, por raz\u00f3n de la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria estuvieron cerrados al p\u00fablico durante mucho tiempo. <\/p>\n
4.2.3. No hacerlo as\u00ed supuso un serio dislate de motivaci\u00f3n, que en palabras de esta Corte, equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798-2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre [e]sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (Destacado adrede. CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda grave falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
4.2.4. Total, cual lo sentara esta Magistratura en un veredicto que si bien es posterior al ac\u00e1 recriminado, merece la pena recordar, para mayor claridad frente a la conculcaci\u00f3n venida de enunciar, <\/p>\n
la tardanza en el pago de los c\u00e1nones de los meses de abril, mayo y junio de 2020, no faculta al arrendador para solicitar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, pues el precitado Decreto [579 de 2020] dispuso una serie de medidas para impedir que la relaci\u00f3n jur\u00eddica se rompa con ocasi\u00f3n de ese evento, atendiendo a las m\u00faltiples dificultades, imprevistos, circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, en fin; que pudieran tener las partes del negocio, en el interregno gobernado por la norma especial, para cumplir con cada una de sus obligaciones, dado el estado de emergencia generado por la pandemia del \u201ccovid 19\u201d. <\/p>\n
Al rompe se infiere que la decisi\u00f3n cuestionada derechamente sacrific\u00f3 la regla 3 del Decreto Especial 579 de 2020, omitiendo contemplar el r\u00e9gimen especial\u00edsimo all\u00ed previsto como instrumento para procurar superar las crisis en la ejecuci\u00f3n de los contratos de arrendamiento que gener\u00f3 la grav\u00edsima pandemia para todas las personas, para todos los pa\u00edses y para todas las actividades, afectando la ejecuci\u00f3n de las relaciones obligatorias. Precisamente por ello el Gobierno Nacional intervino espec\u00edficamente uno de los aspectos neurales de la modalidad contractual en cuesti\u00f3n, fijando reglas especiales para el pago de los c\u00e1nones, que superan y se superponen sobre las cl\u00e1usulas convencionales o el r\u00e9gimen legal com\u00fan, buscando que las partes llegaran a acuerdos directos sobre las circunstancias para el pago y cumplimiento del canon de arrendamiento en ese preciso intervalo dise\u00f1ado por el legislador especial, aboliendo los intereses por mora, las penalidades, las indemnizaciones y las sanciones dimanantes del contrato que hayan celebrado las partes o de las previstas en la ley, para quedar gobernadas exclusivamente por esa regla, e iterase para ese per\u00edodo espec\u00edfico y claro. Ello no se compadece, con las facultades que tiene el Estado para intervenir la vida de las personas, la econom\u00eda y los contratos cuando, como en el caso se presentan circunstancias extraordinarias e imprevistas, frente a las cuales no pueden enmudecer los jueces, como en el caso, cuando se desentendi\u00f3 de esa puntual regla y su esp\u00edritu. <\/p>\n
De paso se desconoci\u00f3 la doctrina constitucional dimanante de la sentencia C-248 del 15 de julio, que inclusive se ha transcrito \u201cin extenso\u201d por la Sala, para recordar al juez de un contrato que cuando sobrevienen hechos especiales e imprevistos no puede ser la expresi\u00f3n fr\u00eda de la ley ordinaria, sino que la Constituci\u00f3n y la vida diaria de un pa\u00eds o de una comunidad tambi\u00e9n inciden en la soluci\u00f3n de los contratos, y en una forma m\u00e1s radical y din\u00e1mica, cuando entre las partes se presentan conflictos en \u00e9pocas de crisis. En esas condiciones el juez no puede olvidar que es expresi\u00f3n la racionalidad democr\u00e1tica y de la Constituci\u00f3n, pero ante todo su guardi\u00e1n que desquicia la arbitrariedad, la intolerancia o los eventuales abusos de la autonom\u00eda de la voluntad de alguna de las partes en las tratativas, en la celebraci\u00f3n o en el desarrollo o conclusi\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos. <\/p>\n
\u2026El an\u00e1lisis del precedente trasuntado resultaba esencial para dilucidar la prosperidad o no de las pretensiones invocadas dentro del litigio bajo estudio, pues, la mora endilgada a los aqu\u00ed tutelantes, tiene relaci\u00f3n \u00fanica y exclusivamente con el impago de las rentas ocasionadas dentro de los meses en los cuales reg\u00edan las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos o sanciones generadas por el incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas en los contratos de arrendamiento sobre inmuebles con destinaci\u00f3n de vivienda o para ejercer actividad comercial. <\/p>\n
En ese contexto, la motivaci\u00f3n del prove\u00eddo de 11 de marzo de 2021 es insuficiente, pues pretermiti\u00f3 exteriorizar los raciocinios frente a los aspectos rese\u00f1ados con antelaci\u00f3n, cuestiones que resultaban esenciales para la resoluci\u00f3n del asunto sub[ exa]mine\u2026 (Se resalt\u00f3. CSJ STC6303, 3 jun. 2021, rad. 00182-01). <\/p>\n
4.2.5. Huelga aseverar que no hay falta de prontitud en el reclamo del tutelante, pues aun cuando el fallo repelido es de abril de 2021, seg\u00fan se vio, la \u00faltima providencia del proceso de restituci\u00f3n que \u00e9l denunci\u00f3 como desconocedora de sus derechos data del 30 de marzo de los corrientes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se impone, entonces, variar lo dirimido por el tribunal a-quo y, por ende, abrir paso, en parte, a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador judicial recriminado, imbuido en ausente fundamentaci\u00f3n, prefiri\u00f3 escatimar mayor esfuerzo en desatar un pronunciamiento de fondo valedero, de cara al juicio restitutivo disentido. <\/p>\n
Circunstancia por la que se le conminar\u00e1 a restarle efecto y zanjar otra vez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica la sentencia impugnada y, en su lugar, concede parcialmente el amparo implorado por Luis Carlos L\u00f3pez Fuentes. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, la Sala confirma la denegaci\u00f3n de resguardo dispuesta por el tribunal de origen, aunque por lo aqu\u00ed exteriorizado. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al abstenerse el fallador de estudiar la \u00abreposici\u00f3n\u00bb propuesta por el enjuiciado (ac\u00e1 accionante). <\/p>\n
2\u0002 Sanci\u00f3n procesal que, seg\u00fan lo tiene sentado esta Corte, \u00abes aplicable en cualquier etapa del tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC1015, 10 feb. 2021, rad. 2020-00461-01), \u00absin que la primera intervenci\u00f3n del demandado mediante la cual solicit\u00f3 la nulidad del juicio por indebida notificaci\u00f3n constituya una excepci\u00f3n\u2026\u00bb (STC, 21 may. 2013; reiterada en aquel fallo). <\/p>\n
3\u0002 Folio 9 del archivo \u00ab01NulidadPorIndebidaNotificacion.pdf\u00bb. Copia del proceso de restituci\u00f3n, cuaderno de nulidad. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u00ab07Gmail – DEMANDA \u2013 RESTITUCI\u00d3N…pdf\u00bb. Copia del proceso de restituci\u00f3n, cuaderno principal. <\/p>\n
5\u0002 15 de abril de 2020. \u00abPor el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato de arrendamiento. Folio 3 del archivo \u00ab02AnexosDDA Restituci\u00f3n – Luis Carlos L\u00f3pez Fuentes.pdf\u00bb. Acceso WinZip de la demanda y anexos. <\/p>\n
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STC8548-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8548-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00173-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luis Carlos L\u00f3pez Fuentes frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65137","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65137","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65137"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65137\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}