STC8550-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8550-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Marcela Salinas Giraldo contra el Juzgado Quince de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene \u00abemitir una respuesta que resuelva de fondo las pretensiones\u2026 esto es, responder a la solicitud de acceso al expediente virtual y copia de la sentencia proferida, que envi\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado, acompa\u00f1ada de los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, como lo son el poder amplio y suficiente otorgado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Yeison Parra Villegas promovi\u00f3 proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad, acci\u00f3n que dirigi\u00f3 en contra de Diana Marcela Salinas Giraldo, en calidad de progenitora de la menor, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn; autoridad que, luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 10 de junio de 2021 accedi\u00f3 a las pretensiones, ordenando las respectivas anotaciones en el registro civil de nacimiento; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.2. Luego, Diana Marcela, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 solicitud de acceso al expediente virtual y copia de la sentencia, situaci\u00f3n que, refiere, reiter\u00f3 el 2 y 3 mayo de 2022. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, que \u00abhasta la fecha no h[a] recibido respuesta alguna de parte del Juzgado\u2026 super\u00e1ndose el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la ley para emitir la respuesta de este tipo de solicitudes\u00bb, quebrantando su garant\u00eda a la petici\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Procurador 17 Judicial II de Infancia Adolescencia y Familia manifest\u00f3 que no observa quebranto a las garant\u00edas de las gestora, pues el 12 de mayo de 2022 el estrado judicial, previo a resolver sus peticiones, requiri\u00f3 con el fin de que se cumplan con las exigencias del poder del togado para actuar, lo que no se atendi\u00f3; que el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso contempla como deber de las partes y de terceros que quieren actuar en los escenarios judiciales, hacerlo mediante abogado, excepto en aquellos casos en los que se le permite litigar en causa propia, lo que, para el caso concreto no es posible por tratarse de un asunto que conoce un juzgado con categor\u00eda circuito, raz\u00f3n por la que se debe cumplir con las disposiciones de dicho mandato. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn inform\u00f3 que el 10 de junio de 2021 dict\u00f3 sentencia accediendo a las pretensiones y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento de la menor; que la promotora estuvo representada por apoderada designada en virtud del amparo de pobreza que se le concedi\u00f3; que si bien el 2 y 3 de mayo 2022 un abogado que dice actuar en nombre de Diana Marcela solicit\u00f3 se le compartiera el link del expediente y la sentencia, lo cierto es el que 12 de mayo siguiente lo requiri\u00f3 para que, previo a resolver lo pertinente, ajustara el poder otorgado conforme a las previsiones contempladas en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, o, en su defecto, lo ordenado en el art\u00edculo 5\u00b0 del decreto 806 de 2020, sin que a la fecha lo haya realizado; que no ha conculcado las prerrogativas de la infante, contrario sensu, est\u00e1 a la espera del cumplimiento de la carga impuesta, pues no existe certeza que el mandato provenga de la demandada, en aras de salvaguardar los derechos de la ni\u00f1a, como ser\u00eda que la persona que dice estar actuando en su nombre si lo sea; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que el derecho de petici\u00f3n es improcedente en actuaciones judiciales, a m\u00e1s que, de cara a las solicitudes de la promotora el estrado judicial profiri\u00f3 el auto de 12 de mayo de 2022 por medio del cual refiri\u00f3 que previo a resolver lo que corresponda, requiri\u00f3 para que se aportar\u00e1 el poder en cumplimiento de las disposiciones del canon 74 del Estatuto Procesal Civil o conforme el art\u00edculo 5\u00b0 del decreto 806 de 2020, decisi\u00f3n notificada por estado del d\u00eda siguiente; prove\u00eddo frente al cual no hubo ning\u00fan pronunciamiento del profesional, as\u00ed como tampoco el cumplimiento de dicha carga, raz\u00f3n por la que no se evidencia vulneraci\u00f3n o amenaza ya por omisi\u00f3n, ora por mora judicial, que pueda enrostrarse al estrado querellado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional act\u00faa en nombre propio y no en representaci\u00f3n de la menor; que al solicitar el acceso al expediente y copia de la sentencia est\u00e1 actuando a trav\u00e9s de petici\u00f3n y no dentro del proceso, como mal se entendi\u00f3, pues el asunto no cuenta con reserva legal, de ah\u00ed que, al estar fenecido el t\u00e9rmino para dar respuesta, la solicitud de amparo es procedente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el auto de 12 de mayo de 2022 no constituye respuesta a su solicitud, pues verificado lo dispuesto en los art\u00edculos 74 del C.G.P. y 5\u00b0 del decreto 806 de 2020 el poder allegado cumple con los presupuestos all\u00ed contemplados, al ser un mandato especial, amplio y suficiente, que se puede conferir por memorial dirigido al juez, a trav\u00e9s de mensaje de datos y con la antefirma, por lo que se debe presumir aut\u00e9ntico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante reprocha que el despacho criticado no haya emitido una respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3, encaminada a que se le remitiera el link para consulta del expediente y copia de la sentencia emitida en el juicio de impugnaci\u00f3n de paternidad que se promovi\u00f3 contra su menor hija. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, que muy a pesar de las alegaciones de la impugnaci\u00f3n, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la petici\u00f3n la gestora no est\u00e1 encaminada a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del juzgado, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, como es el acceso a un proceso de cara a las garant\u00edas de un menor, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso de la tutelante, comoquiera que, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, el 12 de mayo de 2022 el estrado encausado emiti\u00f3 auto en que refiri\u00f3 que \u00abprevio a resolver la solicitud elevada pro el apoderado de la parte demandante, SE REQUIERE para que [a]porte el poder, acorde a lo establecido en el art\u00edculo 74 del CGP o en su defecto conforme a lo ordenado en el art\u00edculo 5 del Decreto 806 de 20[20], como quiera que el aportado no se encuentra ajustado a las normas en cita\u00bb, decisi\u00f3n notificada por estado el d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Asimismo, verificadas las diligencias, se encuentra el referido auto no fue reprochado a trav\u00e9s de remedio horizontal por la parte, pese a estar debidamente enterado por estados, pues, se itera, es una decisi\u00f3n judicial, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del Estatuto General del Proceso1, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, desperdiciando as\u00ed la oportunidad pertinente ante el fallador natural para exponer lo aqu\u00ed planteado, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, sumado a que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda, tampoco hab\u00eda cumplido con la carga all\u00ed impuesta. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, que fue debidamente notificada por estado, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, de donde no son de recibo los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, pues, se itera, al ser una decisi\u00f3n judicial, proferida al dar tr\u00e1mite a la solicitud de la quejosa, aqu\u00e9lla deb\u00eda estar pendiente de dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Corolario de lo expresado, se impone confirmar el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez\u2026 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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