STC8552-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8552-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 9 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito de alimentos n\u00ba \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACIONES PRELIMINARES <\/p>\n
En primer lugar, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
En segundo lugar, se precisa que esta acci\u00f3n es producto de la escisi\u00f3n dispuesta por el Juzgado Civil del Circuito de \u201cY\u201d, quien mediante fallo de tutela de primera instancia proferido el 25 de mayo de 2022 dentro del radicado n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, tras declarar la improcedencia del amparo dirigido contra el pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, remiti\u00f3 copia de la demanda y anexos para que el tribunal verificara \u00abla posible vulneraci\u00f3n de derechos dentro del proceso ejecutivo de alimentos (\u2026) que viene conociendo el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, y para salvaguardar los derechos de la menor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su menor hija \u201cG\u201d, en particular, al debido proceso, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado en el tr\u00e1mite del proceso alimentario antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que, en representaci\u00f3n de su hija, quien es \u00absujeto de protecci\u00f3n especial\u00bb porque, adem\u00e1s de su minor\u00eda de edad -ya que naci\u00f3 el 13 de octubre de 2016-, \u00abpadece de discapacidad cong\u00e9nita, lo que amerita un mayor cuidado\u00bb, a trav\u00e9s de apoderado judicial promovi\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de alimentos contra \u201cC\u201d, quien \u00abest\u00e1 vinculado al Ej\u00e9rcito Nacional [como] soldado profesional\u00bb. <\/p>\n
Que habi\u00e9ndose admitido la demanda mediante auto proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 25 de febrero de 2021, como medida cautelar se tas\u00f3 cuota alimentaria provisional, decisi\u00f3n que \u00abfue comunicada y requerida al pagador del Ej\u00e9rcito Nacional mediante oficios de fechas 9 de marzo y 3 de junio de 2021, 15 de octubre de 2021, 12 de abril de 2022, sin que haya poder humano para que ese funcionario de cumplimiento a la orden, mientras mi hija padece afuj\u00edas de todo tipo por su discapacidad cong\u00e9nita, la cual me hace a m\u00ed atenderla las 24\/7, pues no puede valerse por s\u00ed misma\u00bb. <\/p>\n
Que la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirige para que \u00abse estudie la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales en relaci\u00f3n con la providencia del 27 de mayo de 2022, mediante la cual [la juez] le niega un recurso de reposici\u00f3n a mi apoderado y se abstiene de conceder la apelaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1alando que la decisi\u00f3n criticada refiere a la denegaci\u00f3n de \u00abprueba pedida para poder determinar la cuota de alimentos de mi hija y lo que ordena el numeral tercero del art\u00edculo 397 del CGP\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al tesorero pagador del Ejercito Nacional, o quien haga sus veces (\u2026), d\u00e9 cumplimiento a la medida cautelar de embargo del 20% del salario que devenga el demandado\u00bb; igualmente, que se invalide la providencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 27 de mayo de 2022, mediante la cual se confirm\u00f3 la negaci\u00f3n de prueba enfilada a obtener \u00abcertificaci\u00f3n de salario y prestaciones sociales\u00bb percibidos por el obligado en la instituci\u00f3n militar. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, inform\u00f3 que, tras la fijaci\u00f3n de \u00abalimentos provisionales a cargo del demandado (\u2026), en porcentaje equivalente al 20% del salario que devenga (\u2026), procedi\u00f3 a requerir (\u2026) al tesorero pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, para que consumara la medida de embargo decretada, en todas las oportunidades en que se deprec\u00f3 por la parte actora (\u2026), [pero] el compelido a cumplir ha sido renuente a la orden [judicial]\u00bb; que \u00abadem\u00e1s de los cuatro (4) requerimientos hechos por secretar\u00eda (\u2026), la Asistente Social adscrita ha realizado diligencias telef\u00f3nicas a fin de lograr la materializaci\u00f3n de la medida, resultando infructuosas\u00bb, y acot\u00f3 que el 16 de mayo de 2022, \u00abfue fijada fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del CGP (\u2026), para el d\u00eda 18 de julio de la presente anualidad\u00bb. Pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar porque \u00abesta judicatura no ha violado el derecho al debido proceso de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cZ\u201d, conceptu\u00f3 que la acci\u00f3n \u00abno debe prosperar y en su lugar declararse improcedente\u00bb, porque al tenor del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, la actora cuenta con la posibilidad de adelantar el \u00abincidente de desacato en contra del pagador del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb, y ante ello, \u00abno puede acudir directamente a este mecanismo constitucional para que se busque el cumplimiento de la medida transitoria\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio aduciendo \u00abque no le asiste raz\u00f3n a la parte accionante, en relaci\u00f3n a las razones de su disenso frente a la decisi\u00f3n adoptada en auto de fecha 27 de mayo de 2022 [pues], no resulta arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, todo lo contrario, lo resuelto por la juez encuentra sustento en el art\u00edculo 177 del CGP, en la medida que impone unas cargas a la parte interesada en la pr\u00e1ctica de la prueba, a trav\u00e9s del mecanismo del derecho de petici\u00f3n, que si bien no necesariamente obliga al interesado a aportar la prueba, si al menos a probar sumariamente la gesti\u00f3n en ese sentido\u00bb, y que revisada en su integridad la actuaci\u00f3n surtida dentro del proceso de alimentos en cuesti\u00f3n, \u00abno [se] avizora que en el mismo exista vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas y de los derechos vinculados con el debido proceso y derecho de defensa, pues en el proceso (\u2026) se han observado las ritualidades propias de este tipo de juicios\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, enfatizando que el tribunal \u00absolo hizo un an\u00e1lisis sobre lo preceptuado en el art\u00edculo 167 del CGP, dejando de un lado dos asuntos importantes tales como lo ordenado en numeral 3 del art\u00edculo 397 del CGP, norma que se aplica por ser especifica al caso concreto (\u2026). Tampoco se refiere al pot\u00edsimo hecho que el documento del cual se predica la carga din\u00e1mica de la prueba es reservado por ser el certificado salarial un documento de car\u00e1cter reservado para los trabajadores o ser\u00e1 que cualquier personan est\u00e1 habilitada para pedirlo seg\u00fan la teor\u00eda de [la] sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, porque dentro del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos para una menor de edad (rad. \u201c2021-00000\u201d): (i) se abstuvo de gestionar lo pertinente para que se materializara la orden de descuento y pago de cuota alimentaria provisional; y, (ii) deneg\u00f3 el decreto de una prueba deprecada para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se establece que el fallo denegatorio del amparo ser\u00e1 revocado y en su lugar se conceder\u00e1, toda vez que la autoridad judicial accionada infringi\u00f3 los derechos fundamentales invocados, al incurrir en yerros espec\u00edficos de procedibilidad que ameritan la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
3.1. En cuanto a la queja dirigida por el no acatamiento del embargo decretado el 25 de febrero de 2021, encuentra la Corte que ha sido deficiente la gesti\u00f3n del despacho accionado, en tanto no ha desplegado una decidida y eficaz actividad para hacer efectivo el descuento y consecuente pago de los alimentos provisionales. <\/p>\n
En efecto, el expediente digital remitido por el accionado evidencia que, tras la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria \u00aben un porcentaje equivalente al 20% del salario que devenga el demandado \u201cC\u201d, como soldado profesional\u00bb, se notific\u00f3 al tesorero o pagador del Ej\u00e9rcito Nacional -mediante oficio n\u00b0 163 del 9 de marzo de 2021- para que previo descuento de n\u00f3mina, dicho monto fuera consignado en la respectiva cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario de Colombia. <\/p>\n
Empero, ante la desatenci\u00f3n advertida por el apoderado judicial de la actora, la secretar\u00eda del juzgado, con soporte en auto del 27 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de oficio n\u00b0 0361 del 3 de junio de la misma anualidad libr\u00f3 requerimiento al \u00abpagador CREMIL y Fuerza A\u00e9rea Colombiana\u00bb, exigi\u00e9ndole que \u00abexplique los motivos por los cuales no ha dado respuesta [al] oficio No. 163 del 09 de marzo (\u2026)\u00bb, y \u00abprevini\u00e9ndolo que, de no dar cumplimiento a [la] orden, responder\u00e1 por dichos valores\u00bb. Esta comunicaci\u00f3n fue respondida el 8 de junio de 2021 por el jefe de la Divisi\u00f3n de la \u00abArmada Nacional\u00bb, quien inform\u00f3 que remit\u00eda el requerimiento a la \u00abSecci\u00f3n N\u00f3mina Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb. <\/p>\n
Al mantenerse silente la entidad en menci\u00f3n, ante nueva solicitud de la parte actora el 8 de octubre de 2021 el accionado requiri\u00f3 \u00abal Tesorero Pagador del Ej\u00e9rcito Nacional \u2013 Bogot\u00e1, por segunda vez\u00bb, con las advertencias de que tratan los art\u00edculos 397 y 593-9 del C\u00f3digo General del Proceso, y para ello se libr\u00f3 el oficio n\u00b0 0701 del 15 de octubre de 2021. <\/p>\n
De lo antes descrito, preliminarmente debe hacerse notar que el juzgado, en particular la secretar\u00eda, dirigi\u00f3 equivocadamente el requerimiento del 3 de junio de 2021, pues si la demanda se\u00f1alaba que el demandado pertenec\u00eda al Ej\u00e9rcito Nacional como soldado profesional activo, dicha comunicaci\u00f3n no pod\u00eda remitirse al pagador de otra instituci\u00f3n castrense como la Armada Nacional o Fuerza A\u00e9rea, y menos a CREMIL por ser esta la encargada de pagos y novedades del personal retirado y de los pensionados por parte de las Fuerzas Militares. <\/p>\n
Ahora, como tal yerro se super\u00f3 en tanto el primer oficio y los posteriores requerimientos se enviaron al \u00abTesorero o Pagador del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb, de la foliatura surge la posibilidad de estar ante el desacato de una orden judicial, reprochable por la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que: \u00ab[t]odos los funcionarios estatales, desde el m\u00e1s encumbrado hasta el m\u00e1s humilde, y todas las personas, p\u00fablicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligaci\u00f3n perentoria e inexcusable de cumplirlos, m\u00e1xime si est\u00e1n relacionados con el imperio de las garant\u00edas constitucionales\u00bb (CC T-329\/94). <\/p>\n
En ese mismo sentido y enfatizando su importancia cuando se trata de alimentos para menores de edad, posteriormente record\u00f3 que: \u00ab[e]l cumplimiento de las \u00f3rdenes de embargo y retenci\u00f3n sobre salarios proferidas por los funcionarios judiciales no escapa al deber de acatamiento del que se hace part\u00edcipe tanto a autoridades p\u00fablicas como a particulares, pues con ello se garantiza que el ejecutado cumpla con la obligaci\u00f3n dineraria que pesa sobre su cabeza; con mayor raz\u00f3n, entonces, si \u00e9ste embargo se perfecciona como cuota alimentaria para un menor de edad, ya que con ella se garantiza su digna subsistencia y se protegen el c\u00famulo de derechos fundamentales de que es acreedor el ni\u00f1o\u00bb (CC T-1051\/03). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que puedan adoptarse al interior de la instituci\u00f3n, ante la carencia de explicaci\u00f3n alguna, el pagador estar\u00eda incurso en sanciones que, para el caso concreto, implican multas conforme a los poderes correccionales del juez (art\u00edculo 44-3 del C\u00f3digo General del Proceso), la adopci\u00f3n por parte de este de \u00abmedidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos\u00bb (inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006- C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia), y adelantar el tr\u00e1mite incidental para establecer la eventual responsabilidad solidaria \u00abpor las cantidades dejadas de descontar\u00bb (art\u00edculo 130 ibidem). <\/p>\n
En las circunstancias descritas, por emerger di\u00e1fana la omisi\u00f3n del juzgado para asumir una postura coercitiva que corrigiera el desafuero, se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional dirigida a dicho prop\u00f3sito, porque, se itera, pese a contar con las herramientas jur\u00eddicas para materializar la medida cautelar que representa la cuota alimentaria para una menor de edad con discapacidad, la funcionaria querellada no hizo uso de las facultades jurisdiccionales, cuando ellas debieron fluir inclusive de manera oficiosa, m\u00e1xime cuando a trav\u00e9s de tales medidas se tiende a satisfacer el imperativo de definir el pleito, decisi\u00f3n que en materia de familia procede ultra y extra petita. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n proferida en la audiencia del 16 de mayo de 2022, cuya afectaci\u00f3n a los derechos superiores de la alimentaria fue igualmente advertida por la actora, esta Corporaci\u00f3n encuentra que tal reclamaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 llamada a prosperar y amerita la injerencia del fallador de tutela, por comprender un defecto de \u00edndole procedimental y desconocer el deber de los jueces de \u00abemplear los poderes que este C\u00f3digo le concede en materia de prueba de oficio para verificar los hechos alegados por las partes\u00bb (art\u00edculo 42-4 del estatuto adjetivo general), como tambi\u00e9n normas referidas a la manera de abordar la carga probatoria (precepto 167 ibidem). <\/p>\n
En tal sentido, ante la dificultad de la actora de conseguir una certificaci\u00f3n de ingresos del demandado sin mediaci\u00f3n de una orden judicial, no deven\u00eda aplicar rigurosamente el canon 173 aducido por la juez acusada, pues el hecho de que la actora no hubiera acudido al derecho de petici\u00f3n para intentar el recaudo de la certificaci\u00f3n laboral, no justificaba abstenerse de decretarla, habida cuenta la naturaleza del proceso, la necesidad y utilidad de la prueba para los fines del proceso, la prevalencia del inter\u00e9s superior de la alimentaria y las circunstancias ya descritas sobre inercia de la entidad castrense. <\/p>\n
Del mismo modo, no obstante que la capacidad econ\u00f3mica comprende un elemento esencial de establecer dentro de un proceso alimentario, la funcionaria accionada, adem\u00e1s de desechar infundadamente la solicitud de parte en relaci\u00f3n con dicha tem\u00e1tica, desatiende la facultad-deber de decretarla de oficio pese a la utilidad de la misma y ser la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 392, una de \u00ablas oportunidades probatorias del proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, la encartada dej\u00f3 de lado una disposici\u00f3n espec\u00edfica para el proceso de alimentos como el canon 397-3 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante, si las partes no las hubieren aportado\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Por tanto, ante las circunstancias esbozadas, la denegaci\u00f3n de la prueba bajo la exigencia de que la actora deb\u00eda agotar el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, deviene en una clara muestra de exceso ritual manifiesto que afecta en alto grado los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Al haber incursionado en el referido defecto de procedibilidad por no dar una interpretaci\u00f3n id\u00f3nea a la normativa adjetiva, es claro que la autoridad convocada desconoci\u00f3 el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuando en lugar de revisar si los supuestos esbozados y las circunstancias concretas se ajustaban a lo previsto en el texto legal, opt\u00f3 por sujetarse a un riguroso formalismo, lo cual ha sido cuestionado de vieja data por la jurisprudencia, al sostener que en el labor\u00edo, los jueces: <\/p>\n
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\u00ab(\u2026) deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jur\u00eddico preestablecido se solucionen los conflictos de \u00edndole material. <\/p>\n
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Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228). <\/p>\n
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De lo contrario se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC T-1306\/01). <\/p>\n
Seg\u00fan la Corte Constitucional, se incurre en yerro procedimental cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Adicionalmente cabe recordar que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abel juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb, lo cual no ocurri\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Para la Sala no pasa inadvertido que se est\u00e1 ante prerrogativas de una de aquellas personas en estado de debilidad manifiesta, toda vez que en esa categor\u00eda se encuentran \u00ablos ni\u00f1os, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos f\u00edsicos, s\u00edquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza\u00bb (CC T-719-03, T-789-03, T-456\/04, T-700\/06, T-1088\/07, T-953\/08, T-707\/09 y T-708\/09), quienes, por ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00abdebido a su condici\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica o social particular, merecen una acci\u00f3n positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva\u00bb (CC T-167\/11). <\/p>\n
Respecto de estos grupos de personas y en particular de los menores de edad, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
Posteriormente esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. En similar sentido el art\u00edculo 9\u00ba, se\u00f1ala que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone revocar la sentencia de primer grado, para en su reemplazo conceder la protecci\u00f3n iusfundamental solicitada. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la juez accionada que, en relaci\u00f3n con el pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, adopte las medidas necesarias, pertinentes y eficaces para forzar el descuento y pago de la cuota alimentaria provisional; de otro lado, se invalidar\u00e1 el auto dictado el 27 de mayo de 2022, que ratific\u00f3 el proferido el 16 del mismo mes y a\u00f1o, atinente al decreto de la prueba pedida por la actora para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado, y resolver de nuevo el recurso atendiendo lo considerado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: REVOCAR el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, en particular al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por \u201cA\u201d. <\/p>\n
Segundo: ORDENAR a la titular del Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, que para hacer efectivo el descuento y pago de los alimentos provisionales fijados a favor de la menor hija de la demandante dentro del pleito n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, proceda dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo a adoptar las medidas que sean necesarias, pertinentes y eficaces contra el pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, atendiendo las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Tercero: DEJAR sin efecto el auto proferido dentro del litigo antes referido el 27 de mayo de 2022, y disponer que dentro del t\u00e9rmino de cinco d\u00edas se rehaga esa actuaci\u00f3n, resolviendo de nuevo el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandante contra el decreto de pruebas realizado en audiencia del 16 del mismo mes y a\u00f1o, con observancia en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC8552-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8552-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00118-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65141","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65141"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65141\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}