STC8556-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8556-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 11 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Francisco Gonz\u00e1lez \u00c1vila contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso n\u00b0 2022-00245. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a una tutela jurisdiccional efectiva, presuntamente vulnerados por el accionado al abstenerse de admitir la acumulaci\u00f3n de demandas dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, a trav\u00e9s de apoderada judicial, \u00abCristina Alexandra Gonz\u00e1lez \u00c1vila present\u00f3 demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio en favor de [su progenitora] Beatriz \u00c1vila Riocampo\u00bb, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada el 25 de septiembre de 2020, disponiendo \u00abnotificar de manera personal al se\u00f1or Mario Francisco Gonz\u00e1lez \u00c1vila, otorg\u00e1ndole el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para contestar\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abluego de practicar y recaudar estudios interdisciplinarios y ponerlos a disposici\u00f3n de las partes para su contradicci\u00f3n, el despacho encuentra una irregularidad que manifiesta en auto del 26 de julio de 2021, [consistente] en la intervenci\u00f3n del se\u00f1or Mario Francisco Gonz\u00e1lez \u00c1vila como parte demandada, debido que por disposici\u00f3n sustantiva la persona llamada a resistir la pretensi\u00f3n es la se\u00f1ora Beatriz \u00c1vila Riocampo, [por lo que] redujo [su concurrencia] a \u201ctercero interviniente\u201d, a\u00f1adiendo que las alegaciones expuestas en su acto de postulaci\u00f3n debidamente introducido al proceso ser\u00e1n valoradas en el momento procesal oportuno\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abal ver que mi intervenci\u00f3n hab\u00eda sido degenerada decido presentar solicitud de acumulaci\u00f3n de demanda a trav\u00e9s de apoderado judicial [aduciendo] (\u2026) que ambas pretensiones persiguen un mismo objetivo y se pueden tramitar ante el mismo juez (\u2026), no obstante, por medio del auto del 25 de enero de 2022, el cual cita audiencia del 392 del C.G.P para la fecha 4 de marzo de 2022, en igual sentido rechaz\u00f3 de plano mi intervenci\u00f3n mediante demanda acumulada con un argumento, que a luz de esta parte result\u00f3 ambiguo e incomprensible\u00bb. <\/p>\n
Que previa suspensi\u00f3n de la audiencia en menci\u00f3n, con prove\u00eddo del 10 de marzo de 2022, \u00aborden\u00f3 el reparto de la demanda presentada por m\u00ed (\u2026), con base en la imposibilidad de tramitar la acumulaci\u00f3n de \u201cprocesos\u201d por existir prohibici\u00f3n legal -inciso 4\u00b0 del art. 392 del C.G.P.\u00bb, y decidi\u00f3 seguir adelante con el proceso convocando a la diligencia de audiencia \u00fanica para evacuar los pasos de los art\u00edculos 372 y 373 ibidem\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume con auto del 13 de abril de 2022. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene al despacho enjuiciado \u00abrevocar la providencia del diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) y en su lugar tramitar la acumulaci\u00f3n de demandas solicitada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez Segunda Promiscuo de Familia de La Dorada, present\u00f3 informe detallado del proceso criticado, destac\u00e1ndose la \u00aboposici\u00f3n\u00bb presentada por el hoy querellante, as\u00ed como la contradicci\u00f3n a pruebas practicadas como el \u00abinforme de valoraci\u00f3n de apoyos conforme a la Ley 1996 de 2019\u00bb y \u00abla visita sociofamiliar\u00bb. Tambi\u00e9n, que con autos del 25 de julio y 8 de octubre de 2021, adopt\u00f3 \u00abmedidas de saneamiento\u00bb, para tener como demandada a la presunta discapacitada y no al hoy reclamante, e imprimirle al asunto el tr\u00e1mite de \u00abun proceso verbal sumario de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo definitivo\u00bb, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 en sede de reposici\u00f3n el 22 de noviembre de 2021; y que con auto del 23 de diciembre de 2021, design\u00f3 a un abogado como \u00abapoderado de oficio de la se\u00f1ora Beatriz \u00c1vila Riocampo\u00bb, quien contest\u00f3 la demanda el 21 de enero de 2022. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto No. 076 del 25 de enero de 2022 se pronuncia frente a la acumulaci\u00f3n de demandas solicitada por el se\u00f1or Mario Francisco Gonz\u00e1lez [a trav\u00e9s de] otro mandatario judicial, [decidiendo] no darle tr\u00e1mite a la solicitud, teniendo en cuenta que no se entend\u00eda la finalidad\u00bb, el cual fue objeto de aclaraci\u00f3n en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2022, y con \u00abauto No. 155 del 10 de marzo de 2022\u00bb, orden\u00f3 remitir a reparto la demanda presentada por el hoy tutelante, correspondiendo a ese mismo despacho, \u00abasign\u00e1ndosele el radicado No. 2022-00083\u00bb. <\/p>\n
Tras lo anterior, asever\u00f3 \u00abque de manera alguna se han vulnerado los derechos del accionante o de alg\u00fan otro sujeto o interviniente procesal (\u2026) que, adem\u00e1s funge dentro del tr\u00e1mite como vinculado dada su oposici\u00f3n a la designaci\u00f3n de la demandante como persona de apoyo para la se\u00f1ora BEATRIZ \u00c1VILA RIOCAMPO, y que, en su momento, se present\u00f3 al tr\u00e1mite solicitando las pruebas que estim\u00f3 convenientes, sin que su olvido respecto de postularse en ese preciso momento, como persona de apoyo para su progenitora, justifique el tr\u00e1mite que pretende, con consecuencias directas y dilatorias en el tr\u00e1mite inicialmente planteado, lo que en efecto ir\u00eda en detrimento de los intereses de la persona con discapacidad que requiere el apoyo\u00bb. <\/p>\n
2. Cristina Alexandra Gonz\u00e1lez \u00c1vila, se opuso a lo pretendido al aseverar que \u00abno se configura la violaci\u00f3n de ninguno de los derechos fundamentales enlistados por el accionante\u00bb, porque, en el marco de \u00abla Ley 1996 de 2019, concordante con lo dispuesto en el art. 396 del C.G.P. que regula el proceso verbal sumario de adjudicaci\u00f3n de apoyos, no cabe la acumulaci\u00f3n de demandas, fundamentada en la falta de acuerdo entre las personas llamada a servir de apoyos judiciales. La conducta desplegada por [el actor] es err\u00e1tica, asimil\u00e1ndose m\u00e1s a una especie de demanda de reconvenci\u00f3n que a una acumulaci\u00f3n, cuando la \u00fanica pretensi\u00f3n dis\u00edmil de la demanda inicial es la de que se le designe a \u00e9l y no a la demandante como persona de apoyo, con la pretensi\u00f3n adicional de condena en costas en contra de la suscrita, como si tuviera el rol de parte demandada\u00bb, y \u00aben la demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyos, se identific\u00f3 y solicit\u00f3 la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or Mario Francisco Gonz\u00e1lez \u00c1vila, en su calidad de hijo de la demandada y beneficiara de la adjudicaci\u00f3n de apoyos, sin ninguna reticencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al sostener que \u00absi lo que busca [el ac\u00e1 demandante] es ser tenido en cuenta para ser adjudicado como apoyo de su madre, el procedimiento reglado en el art\u00edculo 396 del C\u00f3digo General del Proceso, ya dispone en s\u00ed, la obligaci\u00f3n de citar a quienes pudiera fungir como tal. De esta forma, la decisi\u00f3n de la Juzgadora accionada respecto a este \u00edtem espec\u00edfico no luce errada ni antojadiza, ni mucho menos arbitraria, pues se basa en la normativa que a su juicio se aplica en este asunto y no a su mero capricho o veleidad\u00bb. Acot\u00f3 \u00abque actuar en forma contraria, dilatando y retardando una decisi\u00f3n que busca proteger los derechos de una persona que goza de una especial protecci\u00f3n constitucional, ir\u00eda en contrav\u00eda de esas prerrogativas que dicha normativa precisamente busca salvaguardar [y que] no tiene sentido alguno suspender un proceso para acumular una demanda cuya pretensi\u00f3n, por su naturaleza misma debe ser abordada por la Juzgadora cognoscente al momento pertinente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para refutar que \u00absi bien el juez a quo menciona que existe posibilidad de intervenir en el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyo, tambi\u00e9n lo es que [esta] se traduce a una intervenci\u00f3n meramente accidental, en la cual, no existe verdaderas garant\u00edas procesales, puesto que no encuentra regulaci\u00f3n expresa que permita incorporar pruebas y debatir las existentes, desdibujando as\u00ed el n\u00facleo esencial del debido proceso\u00bb, por ello, \u00abuna forma razonable, equitativa, altamente constitucional, es permitir la acumulaci\u00f3n de la demanda [cuyo objetivo] es lograr en un solo acto procesal que se decida qui\u00e9n es la persona m\u00e1s id\u00f3nea para ser adjudicada, y esto por pura sustracci\u00f3n de materia es una oposici\u00f3n a la designaci\u00f3n de la demandante inicial [la cual] no es antojadiza o arbitraria [porque] de permitirse la acumulaci\u00f3n se ventilaran y se debatir\u00e1n bajo todas las reglas procesales y probatorias previamente establecidas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el reclamante, porque al interior del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo n\u00b0 2022-00245, neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n de la demanda que con similares pretensiones \u00e9l promovi\u00f3. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con el informe y piezas procesales adosadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, en virtud a que la funcionaria accionada incurri\u00f3 en defecto procedimental y con ello en vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el ac\u00e1 reclamante, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. La Ley 1996 de 2019 dispone que el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial es aquel por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, con el objetivo de garantizar la efectiva realizaci\u00f3n del derecho a la capacidad legal, conforme lo se\u00f1alan los principios contenidos en el canon 4\u00b0 y que se desarrollan en su posterior articulado. <\/p>\n
El canon 32 de dicha normativa se\u00f1ala que, cuando quien promueve el proceso judicial es una persona distinta al titular del acto jur\u00eddico, la adjudicaci\u00f3n se tramitar\u00e1 por medio de un proceso verbal sumario, proceso judicial que debe observar, entre otras, las siguientes directrices: <\/p>\n
(i) La valoraci\u00f3n de apoyos exigida en el marco del proceso judicial, debe incluir el an\u00e1lisis de las personas que conforman la red de apoyo del titular del acto jur\u00eddico y quienes podr\u00e1n asistirla en las decisiones que deba tomar en ejercicio de su capacidad (art. 33 y 38). <\/p>\n
(ii) Se debe tener en cuenta la relaci\u00f3n de confianza entre la persona titular del acto y las personas que ser\u00e1n designadas para prestar apoyo, as\u00ed mismo, se pueden adjudicar distintas personas para diferentes actos en el mismo proceso (art. 34). <\/p>\n
(iii) Antes de la audiencia inicial, debe notificarse a las personas identificadas en la demanda y en el informe de valoraci\u00f3n como personas de apoyo (art. 38) <\/p>\n
(iv) Una vez recibido el informe de valoraci\u00f3n de apoyos, se correr\u00e1 traslado a las personas involucradas en el proceso, por un t\u00e9rmino de diez d\u00edas (art. 38). <\/p>\n
(v) La sentencia debe incluir la individualizaci\u00f3n de la o las personas designadas como apoyo, las salvaguardas que se requieran y la delimitaci\u00f3n de las funciones y la naturaleza del rol de apoyo (art. 38). <\/p>\n
Tales particularidades est\u00e1n dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de la capacidad legal de la persona con discapacidad y a materializar los principios de dignidad, autonom\u00eda, primac\u00eda de la voluntad del titular del acto jur\u00eddico, no discriminaci\u00f3n, accesibilidad, igualdad de oportunidades y celeridad que inspiran el proceso. <\/p>\n
3.2. Ahora, cuando demanda persona diferente al titular del acto jur\u00eddico, el proceso se adelanta bajo la cuerda del tr\u00e1mite verbal sumario regulado en el estatuto adjetivo general, cuyo art\u00edculo 392, inciso final advierte que en el proceso verbal sumario \u00abson inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulaci\u00f3n de procesos, los incidentes, el tr\u00e1mite de terminaci\u00f3n del amparo de pobreza y la suspensi\u00f3n del proceso por causa diferente al com\u00fan acuerdo\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
No obstante, habida cuenta la naturaleza protectora de la Ley 1996 de 2019, surge de su desarrollo normativo que independientemente de quien haya sido el promotor de la demanda, el proceso prev\u00e9 los mecanismos para que los miembros de la \u00abred de apoyo\u00bb de la persona titular del acto jur\u00eddico participen efectivamente dentro del tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
Entonces, dado el car\u00e1cter imperativo de las disposiciones procesales, se precisa que as\u00ed como la prohibici\u00f3n de acumular procesos no puede ser desconocida por el juzgador ni por las partes, tampoco puede dejarse de lado el derecho de accesibilidad de quienes est\u00e1n llamados a ser escuchados en el juicio, pues ambos aspectos implican la aplicaci\u00f3n del principio de \u00abeliminaci\u00f3n de obst\u00e1culos o barreras\u00bb para \u00abgarantizar la efectiva realizaci\u00f3n del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que, as\u00ed como el juez cognoscente debe evitar dilaciones injustificadas en un procedimiento breve y sumario, en trat\u00e1ndose de uno en el que se involucran derechos de una persona mayor y con discapacidad, por ende, de especial protecci\u00f3n constitucional, es necesario que garantice la concurrencia de todos los convocados a prestar sus servicios y ejercer sus funciones como eventual apoyo. <\/p>\n
Entonces, el hecho de que el hoy tutelante hubiera presentado por separado su demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyos, el entendimiento dado a la misma no deb\u00eda ser s\u00f3lo como la intervenci\u00f3n de quien se opone a las aspiraciones de la inicial pretensora, sino como el planteamiento leg\u00edtimo de quien tiene similares intereses, los cuales requieren su estudio y definici\u00f3n en el mismo proceso. <\/p>\n
Por ello, la demanda impetrada por el hoy tutelante, no debi\u00f3 rechazarse y menos someterse a nuevo reparto como lo dispuso el accionado mediante prove\u00eddo del 10 de marzo de 2022 ratificado el 13 de abril de la misma anualidad, sino incorporarse dentro de la actuaci\u00f3n para analizar sus fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, lo que implicaba, sin necesidad de suspender el proceso, tener y decretar las pruebas aportadas y solicitadas, las cuales, junto con las dem\u00e1s que hacen parte del acervo probatorio, en su oportunidad deben ser valoradas para definir lo que en derecho corresponda, esto es, quien es la persona m\u00e1s id\u00f3nea para fungir como apoyo, en el evento de desvirtuarse respecto de su progenitora la presunci\u00f3n de capacidad legal. <\/p>\n
Acorde con ello, en tanto la funcionaria judicial accionada no realiz\u00f3 una visi\u00f3n panor\u00e1mica e integral de todos los aspectos derivados de la naturaleza especial del asunto bajo su conocimiento, el rechazo de la demanda formulada por el hoy quejoso para ser calificada, tramitada y decidida por separado de la inicial, constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y con ello un innecesario desgaste de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, porque como acaba de verse, independientemente de que al tutelante se le hubiera vinculado en el proceso de asignaci\u00f3n judicial de apoyo de su ascendiente -promovido por su hermana Cristina Alexandra-, los hechos, pruebas y pretensiones que \u00e9l puso de presente al juzgado, deben ser debatidos y resueltos al interior del mismo litigio, dado que es forzoso que sin dilaci\u00f3n alguna, tanto la familia, la sociedad y el Estado enfoquen sus esfuerzos en la protecci\u00f3n de quienes por su eventual discapacidad, puedan requerir de apoyo para el ejercicio de sus actos jur\u00eddicos. <\/p>\n
3.3. En esas condiciones, la juez de conocimiento desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes en el litigio, en particular de la demandada, al ordenar tramitar separadamente dos asuntos de id\u00e9nticas connotaciones de hecho y de derecho, incursionando as\u00ed en el referido defecto de procedibilidad por exceso ritual manifiesto, sobre lo cual la jurisprudencia ha indicado que los jueces en su labor\u00edo: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jur\u00eddico preestablecido se solucionen los conflictos de \u00edndole material. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228). <\/p>\n
<\/p>\n
De lo contrario se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC T-1306\/01). <\/p>\n
Seg\u00fan el desarrollo jurisprudencial, se incurre en yerro procedimental cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). Subraya la Sala. <\/p>\n
Adicionalmente cabe recordar que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb, aunado a que \u00abel juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb, lo cual no ocurri\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone revocar el fallo desestimatorio de primer grado, para en su reemplazo conceder la protecci\u00f3n iusfundamental solicitada; en consecuencia, se invalidar\u00e1 el auto proferido el 13 de abril de 2022 -mediante el cual ratific\u00f3 el rechazo de la demanda incoada por el querellante-, y se ordenar\u00e1 sustituirla por decisi\u00f3n que se ajuste a las consideraciones expuestas en precedencia, esto es, unificando las demandas de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos a favor de la se\u00f1ora Beatriz \u00c1vila Riocampo que impetraron sus dos hijos, para que sean tramitadas conjuntamente en el mismo proceso adelantado bajo el radicado n\u00b0 2022-00245. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. En su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por Mario Francisco Gonz\u00e1lez \u00c1vila. <\/p>\n
En tal virtud, se DEJA sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada el 13 de abril de 2022 y la que de \u00e9l dependa; en su lugar se le ORDENA a la titular de ese despacho judicial, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a renovar la actuaci\u00f3n surtida dentro del proceso de asignaci\u00f3n judicial de apoyos n\u00ba 2022-00245, esto es, a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto del 10 de marzo de 2022, corrigiendo el defecto conforme a lo considerado en el cuerpo de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b017001-22-13-000-2022-00090-01 <\/p>\n
Sea lo primero resaltar que las tres figuras encuentran fundamento en los postulados de econom\u00eda procesal, congruencia y tutela judicial efectiva, de all\u00ed que cuenten con caracter\u00edsticas similares; no obstante, cuentan con marcadas diferencias, a saber: <\/p>\n
La acumulaci\u00f3n de pretensiones supone que un mismo demandante eleve distintas aspiraciones sobre varios objetos o causas en un mismo libelo introductor respecto de los mismos extremos en litigio -acumulaci\u00f3n objetiva-; tambi\u00e9n puede configurarse cuando m\u00faltiples convocantes formulan diversos anhelos sobre un mismo objeto o una misma causa en una sola demanda -acumulaci\u00f3n subjetiva-. <\/p>\n
Por su parte, la acumulaci\u00f3n de demandas tiene lugar cuando se re\u00fanen uno o m\u00e1s escritos introductorios a un litigio que ya es conocido por la jurisdicci\u00f3n, siempre que se cumplan los requisitos de acumulaci\u00f3n de pretensiones dispuestos en el art\u00edculo 88 del estatuto procesal. <\/p>\n
Finalmente, la acumulaci\u00f3n de procesos tiene lugar cuando se agrupan dos o m\u00e1s disputas que cursan de manera separada para ser tramitadas en un mismo expediente y, por supuesto, ante un mismo juez. <\/p>\n
De lo expuesto es dable concluir que la principal diferencia entre estas tres instituciones procesales radica en que la primera requiere la existencia de un s\u00f3lo proceso y una sola demanda; la segunda implica la tramitaci\u00f3n de un proceso primigenio al que es dable adherir una o m\u00e1s demandas; y la tercera comprende la concurrencia de varios litigios en curso que se unen para ser tramitados de manera conjunta por la misma autoridad judicial. Las dos \u00faltimas, con observancia de las reglas dispuestas para la agrupaci\u00f3n de aspiraciones. <\/p>\n
En mi criterio, la raz\u00f3n para que las pretensiones del accionante sean conocidas en el proceso primigenio obedece a una acumulaci\u00f3n de demandas por tratarse de aspiraciones sobre un mismo objeto con distintos demandantes, esto es, la designaci\u00f3n de un apoyo judicial, el cual, por su naturaleza brev\u00edsima, debe tramitarse por la senda del art\u00edculo 390 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto, no debe perderse de vista que la acumulaci\u00f3n de procesos verbales sumarios se encuentra proscrita por el CGP mientras que la acumulaci\u00f3n de demandas no. <\/p>\n
En suma, difiero de la postura seg\u00fan la cual, en el caso que nos ocupa, el juzgador debe acceder a la \u00abacumulaci\u00f3n de procesos\u00bb, pues considero que se trata de una solicitud de \u00abacumulaci\u00f3n de demandas\u00bb, que, por cierto, est\u00e1 permitida; por lo que, en realidad, la c\u00e9lula judicial convocada no incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto sino en una interpretaci\u00f3n errada de la norma. <\/p>\n
De esta forma dejo planteadas las razones que me llevan a aclarar mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8556-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8556-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00090-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}