STC8558-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8558-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00886-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Rojas Valero contra las Salas Penales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de C\u00facuta y Villavicencio y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2005-00038. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad, dignidad humana, igualdad \u00abvigencia de un orden justo\u00bb e \u00abimparcialidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el actor, junto a otras 12 personas, por hechos del 9 de agosto de 2003 fue condenado a la pena de 420 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00absecuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de arma de fuego\u00bb (Juzgado Penal del Circuito Especializado y Tribunal Superior de Monter\u00eda, en primera y segunda instancia, respectivamente). <\/p>\n
La vigilancia de la referida sanci\u00f3n inicialmente correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta, el cual, en providencia del 28 de febrero de 2019 le neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la libertad condicional, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 14 de agosto de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Posteriormente, comoquiera que fue trasladado al centro penitenciario de Acac\u00edas, su proceso fue remitido al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas de ese municipio. Ante dicha autoridad solicit\u00f3 nuevamente la libertad condicional, requerimiento que no prosper\u00f3 pues, mediante auto del 16 de enero de 2020 el juzgado la neg\u00f3, determinaci\u00f3n ratificada por el Tribunal Superior de Villavicencio en prove\u00eddo del 27 de julio de 2021. <\/p>\n
Finalmente, el 3 de enero de 2022, el mencionado despacho de ejecuci\u00f3n, resolvi\u00f3 negativamente una reiteraci\u00f3n de la petici\u00f3n liberatoria, decisi\u00f3n frente a la cual, el penado \u00fanicamente formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto el pasado 2 de marzo, manteniendo el juzgado su postura. <\/p>\n
Hizo alusi\u00f3n el quejoso a otras dos peticiones relacionadas con el permiso administrativo de las 72 horas, que fueron igualmente desestimadas el 26 de octubre de 2020. <\/p>\n
En suma, el actor cuestiona las decisiones que le negaron los subrogados y beneficios deprecados; aduce, por ejemplo que, en el tema de la libertad condicional, \u00abpor favorabilidad debi\u00f3 aplicarse el art\u00edculo 5 de la ley 890 de 2004\u00bb, norma que, a diferencia del canon 11 de la ley 733 de 2002 no establec\u00eda prohibici\u00f3n respecto de los delitos por los cuales fue condenado; as\u00ed mismo, tampoco cercenar la posibilidad de acceder al permiso administrativo por las proscripciones normativas que existen frente a esos punibles. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00abse tenga en cuenta los par\u00e1metros de proporcionalidad y sumar las tres quintas partes para as\u00ed conceder la libertad condicional ya que como lo dijeron en precedentes, que la conducta dentro del establecimiento carcelario y penitenciario siempre ha sido ejemplar. Cumpliendo as\u00ed la resocializaci\u00f3n del infractor, es decir, ya tengo simientes para la etapa de reinserci\u00f3n social (\u2026) se me otorgue la libertad condicional de acuerdo a los par\u00e1metros de proporcionalidad (\u2026) se tome de g\u00e9nesis las normas jurisprudenciales antes de entrar en vigencia la ley 1709 de 2014, ya que dicha interpretaci\u00f3n sobre la derogatoria de las leyes es contraria a mis intereses de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Monter\u00eda inform\u00f3 que, efectivamente, ese despacho dict\u00f3 sentencia condenatoria en contra de los enjuiciados en el proceso radicado 2005-00038. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Primera Especializada de Monter\u00eda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por cuanto las reclamaciones de la demanda son ajenas a sus actuaciones. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta inform\u00f3 que, el expediente en cuesti\u00f3n fue remitido a los juzgados de esa especialidad de Acac\u00edas el 28 de agosto de 2019. Expuso que, la \u00faltima decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en dicho proceso correspondi\u00f3 a la del 4 de junio de 2019, mediante la cual, no repuso la del 28 de febrero de 2019, que neg\u00f3 la libertad condicional al hoy actor y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n ante la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta. <\/p>\n
4. El Juez Segundo Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, relacion\u00f3 las providencias mediante las cuales resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de libertad condicional elevada por la defensa del hoy accionante, as\u00ed como, la expedida en segunda instancia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Refiri\u00f3 que, la petici\u00f3n de libertad condicional elevada por el accionante fue decidida conforme las exigencias contenidas en el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, canon que fue aplicado dando cumplimiento a la directriz fijada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en la providencia de 27 de julio de 2021. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, por intermedio del magistrado ponente de la determinaci\u00f3n recriminada indic\u00f3 que su intervenci\u00f3n en el asunto se limit\u00f3 a resolver la apelaci\u00f3n contra el auto de 22 de noviembre de 2018 que neg\u00f3 al ac\u00e1 actor la libertad condicional, decisi\u00f3n que profiri\u00f3 el 21 de febrero de 2018. <\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, a trav\u00e9s de uno de sus magistrados, se\u00f1al\u00f3 que el 27 de julio de 2021 confirm\u00f3 el auto de 16 de enero de 2020 del juzgado de penas de Acac\u00edas, denegatorio de la libertad condicional. Seguidamente, expuso que, la decisi\u00f3n confutada se adopt\u00f3 con plenas garant\u00edas legales y constitucionales y fue sustentada en el ordenamiento jur\u00eddico aplicable y vigente, seg\u00fan el cual, \u00abla gravedad de la conducta es uno de los elementos que deben analizarse cuando lo debatido es la concesi\u00f3n de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedente de la protecci\u00f3n al advertir incumplimiento del requisito de la inmediatez por cuanto, \u00abesta demanda de tutela fue interpuesta el 29 de abril del a\u00f1o en curso y las providencias que cuestiona fueron expedidas el 14 de agosto de 2019 y 27 de julio de 2021, esto es, luego de transcurridos cerca de 1 a\u00f1o y 7 meses y, 8 meses, respectivamente\u00bb, y bajo el mismo criterio desestim\u00f3 el amparo en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n del 26 de octubre de 2020 que neg\u00f3 al actor el beneficio administrativo de las 72 horas. <\/p>\n
Adicionalmente, frente a los reproches dirigidos contra el auto del 3 de enero de 2022 que le neg\u00f3 la \u00faltima de las peticiones de libertad condicional, aunque el quejoso interpuso el recurso de reposici\u00f3n, no hizo uso del de apelaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) y con ello, desech\u00f3 la posibilidad de que, su postulaci\u00f3n fuera analizada en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, reiterando las alegaciones del escrito introductor en torno a la aplicaci\u00f3n del principio de la favorabilidad frente a la procedencia de los subrogados pretendidos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 890 de 2004 \u00abque derog\u00f3 de forma t\u00e1cita el art\u00edculo 11 de la ley 733 de 2002\u00bb. Refut\u00f3 los criterios considerados por la Sala a quo para desestimar el auxilio; respecto de la inmediatez, con fundamento en precedentes jurisprudenciales, adujo que \u00abla vulneraci\u00f3n permanece en el tiempo\u00bb y, respecto de la subsidiariedad, afirm\u00f3 que, contrario a lo indicado por la primera instancia, s\u00ed interpuso apelaci\u00f3n, de forma subsidiaria al de reposici\u00f3n, contra el auto del 3 de enero de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al negarle las solicitudes de libertad condicional que impetr\u00f3 en distintos momentos (autos del 14 de agosto de 2019 y 27 de julio de 2021, proferidos por el Tribunal Superior de C\u00facuta y Villavicencio, respectivamente, que confirmaron la negativa del subrogado de la libertad condicional; y, del 3 de enero de 2022 del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas), as\u00ed como el beneficio administrativo de 72 horas (auto del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas del 26 de octubre de 2020) desconociendo, supuestamente, en cada una de dichas determinaciones, la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016) Se resalta. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
(i) El auto de 28 de febrero de 2019 proferido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de C\u00facuta que le deneg\u00f3 la libertad condicional y el que lo confirm\u00f3, dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 14 de agosto de 2019. <\/p>\n
(ii) El prove\u00eddo de 16 de enero de 2020 que neg\u00f3 nuevamente el subrogado liberatorio, esta vez resuelto por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas y la determinaci\u00f3n que lo refrend\u00f3 en segunda instancia por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Penal, del 27 de julio de 2021. <\/p>\n
(iii) La providencia del 26 de octubre de 2020 tambi\u00e9n del Juzgado ejecutor de Acac\u00edas, que en esa ocasi\u00f3n desestim\u00f3 conceder el beneficio administrativo de las 72 horas. <\/p>\n
De lo anterior se concluye que los cuestionamientos que el tutelante formula de manera concreta contra las decisiones rese\u00f1adas, evidentemente no atienden el postulado que viene de destacarse, si se tiene en cuenta que el presente auxilio se radic\u00f3 (v\u00eda correo electr\u00f3nico) el 29 de abril de 2022. <\/p>\n
Es decir, las actuaciones aludidas y censuradas en esta acci\u00f3n tuvieron ocurrencia hace m\u00e1s de seis (6) meses (en relaci\u00f3n con la formulaci\u00f3n de la tutela), esto es, super\u00e1ndose el plazo que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado como el razonable para admitir tempestivo el amparo. <\/p>\n
Y es que, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo de asentimiento frente a las decisiones criticadas; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera, el car\u00e1cter intempestivo de la queja es criterio que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, y en este evento al superarse con el t\u00e9rmino prudencial para formular la salvaguarda, sobra el an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, tales como la razonabilidad y juridicidad de las decisiones criticadas. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, en consonancia con lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, los reclamos contra la decisi\u00f3n de 3 de enero de 2022, se advierten igualmente impropios a la salvaguarda, al evidenciarse que, aunque Rojas Valero interpuso reposici\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, omiti\u00f3 formular el de alzada, recurso procedente y de cuya invocaci\u00f3n no hay noticia o registro alguno en la demanda de tutela; y, aunque el actor asevera que s\u00ed lo propuso, del acta de notificaciones de la providencia en cuesti\u00f3n, elaborada por el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, se observa claramente que el \u00fanico recurso interpuesto fue el horizontal (p\u00e1g. 60, expediente digitalizado radicado interno 2019-00435 \u2013 CUI: 23001310700020050003800). <\/p>\n
De manera que la improcedencia tambi\u00e9n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
4. De la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad. <\/p>\n
Finalmente, alleg\u00f3 el actor a estas diligencias diversos pronunciamientos en los que salieron avante las peticiones liberatorias en favor de otros procesados. Sin embargo, resulta oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se reconoci\u00f3 un determinado beneficio a otro sentenciado, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma lleve a diferentes conclusiones seg\u00fan el contexto particular que se estudia, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable; adem\u00e1s, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permiten un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que las decisiones que trae a colaci\u00f3n el actor, no necesariamente constituyen precedente judicial para servir de derrotero y hacer extensivos su particular situaci\u00f3n jur\u00eddica, por lo que no puede colegirse un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa suplicada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo dicho, la Corte ha expresado que, \u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las reflexiones precedentes se advierten id\u00f3neas y suficientes para ratificar la sentencia impugnada en el sentido de declarar la improcedencia de la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. El auxilio ser\u00e1 desestimado porque el tutelante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple claramente el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara v\u00e1lidamente dicha tardanza. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, el gestor del amparo actu\u00f3 con incuria al interponer el recurso de apelaci\u00f3n procedente frente al auto de 3 de enero de 2022 del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas que neg\u00f3 la libertad condicional, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el superior de ese despacho. <\/p>\n
5.3. No se advierte quebrantado el derecho a la igualdad dado que, las decisiones de otros jueces hom\u00f3logos sobre casos de similares contextos no constituyen precedente vinculante que imponga la definici\u00f3n del caso en el mismo sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8558-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8558-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00886-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de mayo de 2022, dentro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65145","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65145"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65145\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65145"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65145"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}