STC8562-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8562-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2022-00106-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Carlos William V\u00e9lez Molina contra el Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo 2020-00038. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Helga Gladys S\u00e1nchez Quebrada instaur\u00f3 una demanda ejecutiva contra Carlos William V\u00e9lez Molina, proceso que fue fallado el 13 de diciembre de 2021 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda, que declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el ejecutado y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 18 de abril del presente a\u00f1o, el Juzgado del Circuito accionado confirm\u00f3 la sentencia del a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. El promotor indic\u00f3 que la letra de cambio objeto de ejecuci\u00f3n naci\u00f3 por el contrato de compraventa de un predio rural suscrito por \u00e9l, como comprador, y Fabio Alejandro Castrill\u00f3n Castro, en calidad de vendedor, con quien convino, despu\u00e9s de hacerse necesario un reajuste en el contrato por las medidas del inmueble, que los $80\u2019000.000 restantes se amparar\u00edan con una letra de cambio a favor de la se\u00f1ora Helga Gladys S\u00e1nchez Quebrada. <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que, \u00abuna vez lo probado en audiencia, (\u2026) que entre HELGA GLADYS Y CARLOS WILLIAM no hubo negocio jur\u00eddico, no se discut\u00eda la calidad de t\u00edtulo valor, su existencia y sus requisitos formales, sino que CARLOS WILLIAM no era ni es deudor de HELGA GLADYS, y al no existir negocio entre los dos, al no tener la se\u00f1ora HELGA GLADYS el t\u00edtulo por circulaci\u00f3n, no era posible seguir con la ejecuci\u00f3n ordenada en el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el tutelante solicit\u00f3 que se ordene al \u00abJuez Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda que profiera una decisi\u00f3n en el proceso de la referencia donde tenga en cuenta que las pruebas recaudadas, como lo es la confesi\u00f3n de la se\u00f1ora HELGA GLADYS SANCHEZ QUEBRADAS de que el se\u00f1or CARLOS WILLIAM VELEZ MOLINA no es su deudor; que tenga en cuenta los precedentes pronunciados sobre el tema por el Tribunal Superior de Pereira (\u2026), que revise nuevamente el t\u00edtulo valor y decida conforme a la falta de exigibilidad (\u2026) conforme el art\u00edculo 422 del C\u00d3DIGO GENERAL DEL PROCESO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
Las autoridades judiciales accionada y vinculada respaldaron la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto el Juzgado del Circuito accionado consider\u00f3, razonadamente, \u00abque el t\u00edtulo ejecutivo contentivo de la obligaci\u00f3n cumpl\u00eda con los requisitos de los art\u00edculos 422 del CGP, 621 y 671 del C\u00f3digo de Comercio; adem\u00e1s sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia T-310 de 2009), as\u00ed como en doctrina [\u2026] concerniente a los efectos de los convenios extracartulares, para llegar a la conclusi\u00f3n de que las partes en el contrato convinieron, como lo acept\u00f3 el propio demandado en el interrogatorio, que los pagos se le hicieran a la ejecutante, por lo que no hab\u00eda raz\u00f3n para desconocerla como tenedora leg\u00edtima de la letra y acreedora; [\u2026] tampoco se demostr\u00f3 ning\u00fan hecho que derivara en la inexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb; de manera que la decisi\u00f3n \u00abno revela arbitrariedad, ni falta de fundamento normativo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial, en especial, que la letra de cambio base del cobro ejecutivo se entreg\u00f3 a la ejecutante \u00abcomo una garant\u00eda mientras se mide nuevamente la finca que al se\u00f1or VELEZ MOLINA le vendi\u00f3 el se\u00f1or FABIO ALEJANDRO CASTRILLON SANCHEZ, y aun a la fecha no se ha medido nuevamente la finca\u00bb y que no era cierto que no se hubiera probado la inexistencia de la obligaci\u00f3n, pues la accionante confes\u00f3 que no tuvo negocios con el ejecutado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo del derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con ocasi\u00f3n de la providencia proferida por el Juzgado del Circuito accionado el 18 de abril de 2022, que confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia dictada el 13 de diciembre de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda, mediante la cual se declararon no prosperas las excepciones propuestas por el ejecutado y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. Frente al tema censurado, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Revisadas las probanzas adosadas al plenario, no sobra resaltar que el a quo ordinario, al dictar sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de 2021, luego de analizar el acervo probatorio de las partes y las declaraciones recibidas, abord\u00f3 la resoluci\u00f3n de las excepciones propuestas, resaltando que \u00abDe la letra de cambio que se cobra, se infiere con claridad inconfutable, que el deudor y aqu\u00ed demandado, acept\u00f3 pagar una suma de dinero en favor de la ejecutante. [\u2026] por tanto, no puede decirse que la letra de cambio que motiva este proceso no provenga del deudor Carlos William V\u00e9lez, pues para ello elabor\u00f3, firm\u00f3 y autentic\u00f3 el t\u00edtulo valor que se ejecuta en su contra\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los reparos del negocio causal de la compraventa del terreno y las discrepancias de las \u00e1reas sostuvo que \u00abno son de recibo en este caso, pues, [\u2026] no es este el escenario para discutir tales contingencias [\u2026] dada la independencia y autonom\u00eda de que gozan los t\u00edtulos valores frente a cualquier negocio jur\u00eddico y a lo que suceda con el negocio jur\u00eddico originario, no afecta la integridad ni la exigibilidad del t\u00edtulo valor suscrito\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que la convenci\u00f3n celebrada entre Fabio Castrill\u00f3n y el tutelante era la de realizar los pagos a nombre de la t\u00eda del primero; \u00ab[e]l aqu\u00ed demandado no solo reconoce al contestar la demanda y as\u00ed lo consiga su abogada, que la letra de cambio que es objeto de ejecuci\u00f3n en esta litis, corresponde a una estipulaci\u00f3n en la que ambas partes estuvieron de acuerdo que fuera as\u00ed en el negocio jur\u00eddico. Igualmente en el interrogatorio oficioso al ser preguntado sobre el tema, tal y como se puede escuchar a minuto 24 y siguientes del audio de la audiencia inicial, expresa lo siguiente: \u2018(\u2026) desde el comienzo del negocio los pagos siempre se hicieron a nombre de su t\u00eda Helga Gladys, incluso el cheque del pr\u00e9stamo que hice para el pago, se hizo a nombre de ella porque as\u00ed lo acordaron, pero que no sabe que compromisos ten\u00edan ellos, pero que fue un compromiso hacer los pagos as\u00ed y fue un acuerdo verbal\u2019. <\/p>\n
Frente a la literalidad del t\u00edtulo expuso que \u00abla letra de cambio naci\u00f3 por una convenci\u00f3n libre y voluntaria realizada entre las partes, cuando estipularon desde el inicio del negocio jur\u00eddico causal, que los pagos se har\u00edan a nombre de la t\u00eda del vendedor y aqu\u00ed ejecutante; [\u2026] y en tal forma se realizaron los pagos previos, como tambi\u00e9n estipularon, que la letra que respaldar\u00eda el pago final que se quedaba adeudado, se hiciera igualmente a nombre de la ejecutante, todo ello amparado por lo dispuesto en el pluricitado art\u00edculo 1506 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Finalmente concluy\u00f3 que \u00abla parte demandada no logr\u00f3 probar con suficiencia, que las particularidades del t\u00edtulo valor se vieron afectadas por las circunstancias del negocio causal, es decir, que se negoci\u00f3 algo diferente a lo que se pact\u00f3 en el t\u00edtulo, esto es, que el negocio celebrado por las partes fuera diverso al que origin\u00f3 la suscripci\u00f3n del documento cartular presentado por la aqu\u00ed demandante. Tambi\u00e9n hay que considerar aqu\u00ed, que la ejecutante es tenedora de buena fe, esta condici\u00f3n no ha sido rebatida en el proceso, raz\u00f3n de m\u00e1s para el fracaso de la excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.1. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada en la providencia rebatida. Para ello, el Juzgado del Circuito accionado, luego de realizar una s\u00edntesis de la demanda, de los supuestos f\u00e1cticos relevantes y el estudio de las excepciones propuestas abord\u00f3 la resoluci\u00f3n del problema jur\u00eddico planteado, referente a establecer si \u00aberr\u00f3 el juez al analizar el material probatorio aportado por la parte ejecutada que da cuenta de la negociaci\u00f3n llevada a cabo entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se refiri\u00f3 a los art\u00edculos 422 a 472 que regulan el proceso ejecutivo, para determinar que \u00abel documento objeto de discordia en el presente proceso cumple con los requisitos para ser t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. Luego hizo menci\u00f3n a los presupuestos normativos de los t\u00edtulos valores, espec\u00edficamente al contenido de la letra de cambio y a las excepciones de la acci\u00f3n cambiaria, seg\u00fan lo previsto en los art\u00edculos 621, 671 y 784 del C\u00f3digo de Comercio, y frente a este \u00faltima cit\u00f3 jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala sobre la procedencia de las excepciones derivadas del negocio jur\u00eddico que da origen a la creaci\u00f3n o transferencia de un t\u00edtulo valor, los lineamientos de su prosperidad y la carga probatoria, destacando de dichos precedentes que: <\/p>\n
\u00abLa literalidad, en cambio, est\u00e1 relacionada con la condici\u00f3n que tiene el t\u00edtulo valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de cr\u00e9dito en \u00e9l incorporado. Por ende, ser\u00e1n esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del t\u00edtulo valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones extracartulares, que no consten en el cuerpo del mismo\u2026 <\/p>\n
En consonancia con esta afirmaci\u00f3n, el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo de Comercio sostiene que el \u2018suscriptor de un t\u00edtulo quedar\u00e1 obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia\u2019. Ello implica que el contenido de la obligaci\u00f3n crediticia corresponde a la delimitaci\u00f3n que de la misma haya previsto el t\u00edtulo valor que la incorpora… <\/p>\n
\u00abBajo esta l\u00f3gica el art\u00edculo 782 del C\u00f3digo de Comercio reconoce la titularidad de la acci\u00f3n cambiaria a favor del tenedor leg\u00edtimo del t\u00edtulo valor, para que pueda reclamar el pago del importe del t\u00edtulo\u2026 <\/p>\n
En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligaci\u00f3n cambiaria, deber\u00e1 demostrar fehacientemente que la literalidad del t\u00edtulo se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. As\u00ed, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
Analizado lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abla letra de cambio aportada a la demanda, satisface plenamente los requisitos generales previstos para los t\u00edtulos valores contemplados en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio; de igual forma cumple con la exigencia que para esta clase de instrumentos negociables, consagra el art\u00edculo 671 ibidem. Como en dicho documento aparece el ejecutado como deudor, se tiene que presta m\u00e9rito ejecutivo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, analiz\u00f3 la doctrina relacionada con los convenios extracartulares y los efectos que tienen en la vida de un t\u00edtulo valor, resaltando que \u00abLos pactos extra\u00f1os no est\u00e1n llamados a alterar el documento respecto de terceros, es decir, frente a personas que no han intervenido en tales pactos o en la elaboraci\u00f3n del documento, pero si podr\u00eda verse afectado el tenor literal de un t\u00edtulo valor con convenciones o acuerdos contenidos en documento extra\u00f1o si se trata de las mismas partes que lo elaboraron, o sea, si puede invocarse entre las personas que han celebrado dichos pactos y han suscrito el t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Despacho accionado estableci\u00f3 el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y desestim\u00f3 los reparos elevados en la alzada, bajo un an\u00e1lisis razonado de la normativa y jurisprudencia aplicable en materia de la excepci\u00f3n relacionada con los efectos extracontractuales del negocio jur\u00eddico que da origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo, concluyendo que la obligaci\u00f3n pactada era clara, expresa y exigible y estaba siendo cobrada por la persona beneficiaria del t\u00edtulo valor, tenedora de buena fe, atendiendo la literalidad del mismo. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4.3. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n se soport\u00f3 en el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo, por lo que no hay lugar a reabrir el debate probatorio. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Citas fueron tomadas de la Corte Constitucional, Sentencia T-310-2009, CSJ Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia 19 de abril de 1993. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8562-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8562-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2022-00106-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}