STC8567-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8567-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 24 de mayo de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel Vargas Pinilla, contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Claudia Mar\u00eda Cardona Villada. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, Claudia Mar\u00eda Cardona -vinculada- promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra del actor (radicado 2016-00280), ante el incumplimiento del pago acordado en el tr\u00e1mite inicial por la suma de $24 millones y las costas que se generen. Para ello, se aport\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2018, con la cual se aprob\u00f3 en todas sus partes el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes. Adem\u00e1s, entre otras, se acord\u00f3 que el cr\u00e9dito hipotecario que se encuentra a nombre de la vinculada por valor de $48 millones quedar\u00eda a cargo de ambas partes. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, le correspond\u00eda al quejoso asumir la suma de $24 millones que se pagar\u00edan en cuotas de trescientos mil pesos ($300.000) mensuales sin intereses, consignados a la cuenta de la demandante, cuya primera cuota seria cancelada el 12 de octubre de 2018. <\/p>\n
2.2. El actor refiri\u00f3 que, mediante auto del 8 de mayo de 2018, el despacho accionado resolvi\u00f3 adicionar la partida \u00fanica del numeral primero de la sentencia referida, en el sentido que \u00abla mora en alguna de las mesadas dar\u00e1 lugar al cobro total de la obligaci\u00f3n contenida en la letra de cambio que se encuentra en esta partida y se ordenar\u00e1 levantar todas las medidas cautelares decretadas en este proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que, ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n, el Juzgado atacado -con auto del 19 enero de 2022- libr\u00f3 mandamiento de pago. Inconforme con esta decisi\u00f3n, interpuso recurso de reposici\u00f3n, al considerar que el titulo ejecutivo aportado es complejo, pues la sentencia de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal contempla una letra de cambio que respalda la obligaci\u00f3n. No obstante, la autoridad Judicial mantuvo su postura el 5 de mayo de 2022. <\/p>\n
3. Con fundamento en lo relatado, solicit\u00f3 que se \u00abDECRETE la NULIDAD de lo actuado por el juez Cuarto de Familia de Manizales, en lo decido en el auto emitido el 5 de mayo de 2022, y en su lugar se le ordene al Juez de instancia resolver lo peticionado conforme a las normas sustanciales que rigen el asunto, con la observancia plena de los criterios de equidad e imparcialidad sobre este sujeto procesal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Manizales1, luego de relatar sus actuaciones, expres\u00f3 que \u00abla sola existencia de la sentencia proferida por este Despacho posee las caracter\u00edsticas de un t\u00edtulo ejecutivo, seg\u00fan las luces del art\u00edculo 422 del C.G.P, y que la misma no necesita de un t\u00edtulo valor para poseer fuerza ejecutoria, como lo est\u00e1 haciendo notar el tutelante\u00bb. Aclar\u00f3 que \u00abha cumplido a cabalidad con las obligaciones que le son inherentes con tal y por lo tanto no ha violado derecho fundamental alguno del accionante, por lo que se le solicita despachar desfavorablemente la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Claudia Mar\u00eda Cardona Villada2, demandante en el proceso ejecutivo, solicit\u00f3 que se \u00abdeclare improcedente el amparo solicitado por el accionante, toda vez que reiteradamente se ha dicho por la Corte Constitucional, que la tutela no puede ser utilizada como una instancia m\u00e1s para revivir etapas procesales ya culminadas; pues como se ha considerado por parte del despacho accionado, el se\u00f1or VARGAS PINILLA pretende desconocer una obligaci\u00f3n clara expresa y exigible, la cual con absoluta nitidez, est\u00e1 contenida en una providencia judicial debidamente ejecutoriada dentro de un proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que \u00abel proceso ha continuado con su curso y en tal secuencia se contest\u00f3 la demanda, se formularon excepciones de fondo de pago de la obligaci\u00f3n, compensaci\u00f3n, entre otras, e incluso, hasta el mismo criterio aqu\u00ed defendido bajo la denominaci\u00f3n de falta de sustento probatorio de los hechos de la demanda, e ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, de las cuales se dio traslado, y se efectu\u00f3 por la parte aqu\u00ed vinculada por pasiva un pronunciamiento dentro de la contienda. Luego, en esas condiciones, no es admisible escudri\u00f1ar y revisar a la par en sede constitucional un tema que a\u00fan est\u00e1 en controversia, puesto que, el recurso de reposici\u00f3n interpuesto fue resuelto por el Operador judicial, y aunque se pueda distar de la decisi\u00f3n adoptada, resta oportunidad en la opci\u00f3n natural de determinar de fondo la validez de los argumentos sostenidos en la contestaci\u00f3n de la demanda, y tra\u00eddos con insistencia por este medio excepcional\u00edsimo, en la b\u00fasqueda de que se acoja paralelamente su tesis defensiva que, desde luego, habr\u00e1 de ser tema decisorio no s\u00f3lo por v\u00eda de las excepciones planteadas sino por el deber que le asiste al Juzgador de reexaminar el t\u00edtulo coercitivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abreitero los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, y con base en ello solicito sean amparados los derechos invocados en mi favor, y se hagan los ordenamientos ultra y extra petita necesarios para conjurar la amenaza y vulneraci\u00f3n de derechos aqu\u00ed invocados lesionados no solo por la parte demandante del proceso ejecutivo sino tambi\u00e9n por los jueces de instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el libelista, en relaci\u00f3n con las determinaciones por medio de las cuales se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra. Sobre el particular, la Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada por lo que se viene. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis probatorio obrante en el plenario, se observa que la autoridad enjuiciada con prove\u00eddo del 19 de enero de 2022 resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REPONER el auto proferido el d\u00eda 24 de noviembre de 2021, por medio del cual se inadmiti\u00f3 la demanda EJECUTIVA en donde es demandante la se\u00f1ora CLAUDIA MAR\u00cdA CARDONA VILLADA, en contra del se\u00f1or V\u00cdCTOR MANUEL VARGAS PINILLA, conforme a lo expuesto en la parte motiva. <\/p>\n
SEGUNDO: Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra del se\u00f1or V\u00cdCTOR MANUEL VARGAS PINILLA, mayor y vecino de esta ciudad, en favor de la se\u00f1ora CLAUDIA MAR\u00cdA CARDONA VILLADA, por la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($24.000.000,00), y por las costas procesales y agencias en derecho que genere esta ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Las sumas antes indicadas, deber\u00e1n ser canceladas por la parte ejecutada en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas de conformidad con los preceptos del art\u00edculo 431 del C. G. del P. y en concordancia con lo reglado en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, pudiendo \u00e9ste proponer excepciones dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago. (Art\u00edculo 442 numeral 1 del C. G. del P.) <\/p>\n
CUARTO: DECRETAR como MEDIDA PREVIA el EMBARGO y posterior SECUESTRO del bien inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 100-11753 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos, que figura en cabeza del se\u00f1or V\u00cdCTOR MANUEL VARGAS PINILLA\u00bb. <\/p>\n
2.1. Frente a tal determinaci\u00f3n, el quejoso present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, la autoridad debatida -con auto del 5 de mayo de 2022- la autoridad Judicial debatida mantuvo su postura, pues consider\u00f3 que \u00abde la lectura de dicha sentencia se avizora que la misma no necesita de otro documento o t\u00edtulo para reunir los elementos formales y sustanciales del t\u00edtulo ejecutivo, pues de la misma se observa que es clara, expresa y actualmente exigible\u00bb. <\/p>\n
2.2. Igualmente se evidencia que la apoderada del aqu\u00ed actor, al contestar la demanda ejecutiva, present\u00f3 excepciones, entre las cuales plante\u00f3: <\/p>\n
\u00abQUINTA: FALTA DE SUSTENTO PROBATORIO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Nuestro C\u00f3digo Civil en su art\u00edculo 1757 se\u00f1ala que Incumbe probar las obligaciones o su extinci\u00f3n al que alega aqu\u00e9llas o \u00e9sta, adem\u00e1s el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 167, consagra que Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, y al analizar la demanda incoada, se evidencia que se ech\u00f3 de menos dichos ordenamientos al no allegarse con la demanda el titulo valor letra de cambio el cual se erige como fundamental para demostrar el cobro de lo supuestamente adeudado\u00bb. SEPTIMA: INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES En el presente caso se presenta una inepta demanda por falta de los requisitos legales. Veamos por qu\u00e9: Los hechos expuestos por la demandante a trav\u00e9s de su apoderada judicial no cumplen con lo dispuesto por el art. 82_ 5 del C.G del P en tanto que predica que los hechos le sirven de fundamento a las pretensiones y deben venir debidamente determinados adem\u00e1s del fraccionamiento de la pieza procesal denominada liquidaci\u00f3n y desconocer la letra a fin de dar claridad a la realidad f\u00e1ctica de la demanda, los que dejan en entredicho la hip\u00f3tesis dispuesta en la norma en lo que tiene que ver con que le sirven de sustento a las pretensiones por falta t\u00edtulo valor expuesto sin dejar atr\u00e1s que hace muchas aseveraciones desde el recurso y no cumple con la carga de la prueba\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, la Sala concluye la improcedencia del ruego incoado por cuanto resulta prematuro. Ello pues, si bien se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el actor, lo cierto es que se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite procesal correspondiente y a\u00fan el Juzgado enjuiciado no se ha pronunciado sobre las excepciones planteadas por el libelista en la contestaci\u00f3n de la demanda, dentro de las cuales se alegan, entre otras, las mismas inconformidades plasmadas en el escrito inicial. As\u00ed las cosas, no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia del juez natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n tutelar. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado lo anterior, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. Al respecto, la Sala ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados (\u2026)\u00bb (negrillas originales) (CSJ STC13730-2019, reiterada en STC4150-2021. <\/p>\n
5. Por lo explicado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-5. Anexo 09Respuesta1.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4. Anexo 08Respuesta1.pdf <\/p>\n
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