STC8570-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8570-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 13 de mayo de 2022, con la cual se neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Camargo Jim\u00e9nez y Carmen Rosa Gonz\u00e1lez de Cat\u00f3lico contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, Primero Civil Municipal y Tercero Civil Municipal de Duitama. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes, apoderados e intervinientes en los procesos de radicados 2018-0078, 2015-0802 y 2015-0797. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, por intermedio de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades cuestionadas al interior de las causas referidas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Los gestores iniciaron proceso de pertenencia ordinaria en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja con radicado 2018\u2013 00078, por la posesi\u00f3n quieta pacifica e interrumpida del tracto cami\u00f3n de placas XJA698. Y el semirremolque de placas R45729. <\/p>\n
2.2. Con fallo del 23 de octubre de 20202, se declar\u00f3 que los aqu\u00ed accionantes adquirieron por modo de prescripci\u00f3n ordinaria y en partes iguales el derecho de dominio pleno sobre los muebles mencionados, orden\u00e1ndose la respectiva inscripci\u00f3n en el certificado de libertad y tradici\u00f3n de estos. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, procedieron a radicar los oficios y la sentencia en la secretaria de tr\u00e1nsito de Duitama. Entidad que se abstuvo de registrar la misma por tener orden de embargo contra el anterior propietario, por cuenta del Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama en proceso de radicado 2015-00802, respecto del remolque. As\u00ed como, embargo ordenado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama por el tracto cami\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Ante tal situaci\u00f3n, solicitaron a los Juzgados Municipales cuestionados, el levantamiento de las medidas cautelares. Pedimento que fue negado, toda vez que el encargado de realizar la cancelaci\u00f3n de la medida es el Juzgado que dict\u00f3 la sentencia de pertenencia, mientras este \u00faltimo, manifest\u00f3 que son los Juzgados Municipales los encargados de tal gesti\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Por lo tanto, expusieron que la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito de Duitama, no registra la sentencia por las medidas cautelares que recaen sobre los veh\u00edculos. En su sentir, \u00abla violaci\u00f3n al debido proceso consiste en que la sentencia del 23 de octubre del 2020 no ha sido registrada en secretaria de tr\u00e1nsito y trasporte de Duitama, por desacato a la orden judicial impartida por el juzgado primero civil del circuito de Tunja, proceso n\u00famero 2018-0078\u00bb. <\/p>\n
3. Solicitaron que se ordene la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares que gravan al tracto cami\u00f3n de placas XJA698 y el semirremolque de placas R45729, por ser adjudicados en el proceso de pertenencia que se adelant\u00f3 en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja de radicado 2018-0078. Igualmente, se disponga la inscripci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja el 23 de octubre del 2020, en la carpeta de los veh\u00edculos mencionados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, luego de narrar sus actuaciones, pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar y\/o negar las pretensiones de los accionantes, pues ha actuado en derecho, sin que sea de su competencia ordenar la cancelaci\u00f3n de los embargos decretados por los Juzgados Primero y Tercero Civil Municipal de Duitama. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama expuso que \u00able constan hechos descritos en la demanda de tutela distintos a los que obran dentro del expediente Ejecutivo de menor cuant\u00eda No. 15238405300120150080200 seguido por NERVARDO DE JES\u00daS DALLOS DALLOS contra HECTOR MAURICIO AREVALO CASTRO\u00bb. Destac\u00f3 que \u00abCon oficio STT-1060.41.0971-2021 del 1 de octubre de 2021, la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Duitama inform\u00f3 a este Despacho que se registr\u00f3 la cancelaci\u00f3n del embargo del veh\u00edculo SEMIREMOLQUE de placas R45729, por sentencia del 23 de octubre de 2020 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja dentro del expediente 2018 00078\u00bb. Seguidamente, refiri\u00f3 que \u00abMediante oficio No. STT-1060.41.0293-2022 del 15 de marzo de 2022, la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Duitama solicita a este despacho, para lograr inscribir la medida en el RUNT, que se levante la medida\u00bb. Solicitud que fue negada mediante auto del 6 de abril de 2022. <\/p>\n
3. El apoderado especial del Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito, sostuvo que \u00abninguno de los hechos descritos por el actor me consta, y en consecuencia, me sujet\u00f3 a lo que se demuestre dentro de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
5. La Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Duitama, despu\u00e9s de relatar sus actuaciones, se\u00f1al\u00f3 la imposibilidad de levantar la medida, teniendo en cuenta que \u00abel Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja menciona que quien debe levantar las medidas cautelares que recaen sobre los veh\u00edculos son los juzgados que las decretaron\u00bb. Rog\u00f3 que no se tutelen los derechos invocados por los accionantes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 por improcedente el amparo, al considerar que \u00abdel an\u00e1lisis de las piezas procesales, no es procedente, pues en atenci\u00f3n al principio de subsidiaridad, en el caso sub-ex\u00e1mine, no le est\u00e1 dado al juez constitucional reemplazar la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, m\u00e1s a\u00fan cuando ni siquiera se cuestiona la idoneidad o eficacia. Tampoco se halla la parte accionante, inmersa en alguna de las causales de excepci\u00f3n al principio antes citado, pues no fue acreditado esto y por lo que ante la falta de prueba, siquiera sumaria de agotamiento del medio procesal id\u00f3neo, no est\u00e1 llamado a prosperar un estudio que corresponde al juez natural, y sin que pueda excusarse en las circunstancias derivadas de los procesos de ejecuci\u00f3n o las actividades de las entidades administrativas, donde a pesar de estar representados por profesionales del derecho, no se han interpuesto los recursos en oportunidad para el estudio de fondo del asunto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. No comparten la decisi\u00f3n de primera instancia \u00abtoda vez que si se han hecho todas las solicitudes necesarias ante los juzgados y secretaria de tr\u00e1nsito para que sea registrada la sentencia de octubre del 2020, proferida por el juzgado primero civil del circuito de Tunja dentro del radicado 2018-078\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades Judiciales cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los actores, con ocasi\u00f3n de la negativa de cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares que recaen sobre los veh\u00edculos que les fueron adjudicados por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. Sobre el particular, de acuerdo con las probanzas obrantes en el expediente, la Sala concluye el incumplimiento del requisito anotado, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profirieron las determinaciones recriminadas -23 de octubre de 2020 (sentencia de prescripci\u00f3n), 29 de julio de 2021 (que resolvi\u00f3 estarse a lo resuelto en la citada providencia) y 5 de febrero de 2021 (que decidi\u00f3 no reponer el auto del 15 de enero de 2021, con el cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Duitama neg\u00f3 la petici\u00f3n de cancelaci\u00f3n del embargo) y, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -el 28 de abril de 2022-. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido las decisiones objeto de reproche. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla en un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. Por supuesto, en el presente asunto no se evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio anotado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-4. Anexo 01.1 Escrito de Tutela.pdf. Carpeta 01 Cuaderno Sala Civil Familia 1\u00aa instancia. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3 Anexo 13ActaAudienciaConSentencia23102020.pdf.Subcarpeta 01CuadernoPrincipal. Carpeta Expediente Proceso Verbal 2018-0078 <\/p>\n
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