STC8577-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8577-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 16 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo Jairo Gonz\u00e1lez Narv\u00e1ez y Nelsy Morales Fl\u00f3rez contra el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda digna, vida digna, propiedad y \u00abposesi\u00f3n\u00bb, que aducen conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abse decrete la nulidad del proceso adelantado en el juzgado 19 civil del circuito de Cali bajo el radicado 76001-3103-015-201100482-00\u2026 puesto que rechaza de plano la demanda de reconvenci\u00f3n, adem\u00e1s de desconocer las pruebas presentadas dentro del proceso contenedoras de derechos reales sobre la propiedad en litigio, causando con estas decisiones lesiones enormes\u2026 y desconociendo el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Tercero de Familia de Cali, Aurey Berm\u00fadez Gonz\u00e1lez adelant\u00f3 proceso de petici\u00f3n de herencia respecto de su progenitora Luz Stella Gonz\u00e1lez Narv\u00e1ez (q.e.p.d.), raz\u00f3n por la que, con fallo de 27 de agosto de 1998 se orden\u00f3 \u00abrehacer el trabajo de sucesi\u00f3n y realizar el trabajo de adjudicaci\u00f3n de la herencia\u00bb al peticionario, ordenando la restituci\u00f3n del predio con folio inmobiliaria 370-28196, \u00faltimo que, refiere el accionante, hab\u00eda adquirido con su difunta hermana \u00aben igual proporci\u00f3n de 50% para cada uno\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que ante dicho situaci\u00f3n, su sobrino Aurey Berm\u00fadez promovi\u00f3 proceso divisorio respecto del mentado inmueble, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, quien el 11 de enero de 2012 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y, notificado Hugo Jairo Gonz\u00e1lez Narv\u00e1ez, present\u00f3 medios defensivos, al tiempo que, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, pretendiendo se le reconociera que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n el 50% del predio reclamado. <\/p>\n
2.3. El 29 de julio de 2013 el estrado judicial decret\u00f3 la venta del bien com\u00fan, ordenando el aval\u00fao respectivo; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.4. El 8 de mayo de 2015 Hugo Jairo formul\u00f3 \u00abnulidad constitucional\u00bb, al considerar que el estrado judicial no se pronunci\u00f3 sobre la demanda de pertenencia ni sobre las excepciones presentadas; el 11 de marzo de 2016 el despacho Diecinueve Civil del Circuito de Cali (autoridad que asumi\u00f3 el conocimiento por descongesti\u00f3n), declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, desde el prove\u00eddo que declar\u00f3 la venta del bien com\u00fan; al tiempo que, rechaz\u00f3 de plano la demanda de reconvenci\u00f3n formulada; decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.5. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 12 de septiembre de 2016 decret\u00f3 la venta de la cosa en com\u00fan en p\u00fablica subasta, ordenando actualizar el aval\u00fao, al tiempo que reconoci\u00f3 mejoras a Reynaldo Gonz\u00e1lez por $42.662.811; decisi\u00f3n que, cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.6. Luego, el 18 de octubre de 2018 se adelant\u00f3 la diligencia de secuestro; y, en vista p\u00fablica de remate de 28 de octubre de 2021 se adjudic\u00f3 el inmueble a V\u00edctor Hugo Insignares Ayala. <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela piden los quejosos, en s\u00edntesis, la nulidad del juicio divisorio, toda vez que, en su sentir, se adelant\u00f3 con irregularidades, comoquiera que, \u00abno se pronunci\u00f3 sobre la demanda [de pertenencia], no dio cumplimiento a lo dispuesto en los art\u00edculos 75, 76 del C. de P. Civil ya que de tratarse de una nueva demanda, como es la demanda de reconvenci\u00f3n, la debi\u00f3 admitir o rechazar, sustentando porque admite o rechaza la demanda de reconvenci\u00f3n, en este \u00faltimo caso conceder un t\u00e9rmino para subsanar en el evento de ser incompleta\u00bb. <\/p>\n
2.8. Anotaron que el estrado judicial afirm\u00f3 que no hubo \u00e1nimo conciliatorio, lo cual \u00abes falso de toda falsedad\u00bb, pues \u00abse aprovecharon de las circunstancias favorables y el demandante se escondi\u00f3 para eludir cualquier compromiso o responsabilidad\u00bb, adem\u00e1s, porque el estrado judicial tambi\u00e9n destendi\u00f3 el presupuesto de conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad previsto en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.9. Destacaron que al rehacer las actuaciones nuevamente \u00abse afirma que no hubo \u00e1nimo conciliatorio de poner fin a la comunidad, de lo cual no existe prueba alguna, solo la afirmaci\u00f3n del demandante, la cual es temeraria y dominante, pues en varias ocasiones se llam\u00f3 a Espa\u00f1a al demandante y afirm\u00f3 \u201centi\u00e9ndase con el abogado\u201d, pero el abogado de la parte demandante no mostr\u00f3 inter\u00e9s alguno\u00bb; adem\u00e1s, tambi\u00e9n hubo imprecisiones al reconocer mejoras a Reynaldo Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
2.10. Agregaron que la demanda de pertenencia debi\u00f3 tramitarse, pues es el proceso divisorio \u00abel escenario para aclarar la propiedad o titular de las mejoras y el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n del demandado\u00bb. <\/p>\n
3. El 3 de junio de 2022 la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, exclusivamente, los reproches encausados al juicio divisorio con radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-015-2011-00482-00, ordenando el enteramiento; al tiempo que, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a la Sala hom\u00f3loga en Familia, con el fin de que conozca los reparos formulados en contra del Juzgado Tercero de Familia de Cali, respecto de la petici\u00f3n de herencia con radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-10-003-1995-08249. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. Carlos Oswaldo Quijano Perea, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Aurey Berm\u00fadez Gonz\u00e1lez, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. V\u00edctor Hugo Insignares Ayala manifest\u00f3 que de buena fe particip\u00f3 en la diligencia de remate adelantada el 28 de octubre de 2021, donde le fue adjudicado el predio objeto de litis; que el 18 de octubre de 2018 se adelant\u00f3 diligencia de secuestro, la que atendi\u00f3 Nelcy Morales, sin presentar ninguna oposici\u00f3n; que est\u00e1 a la espera de la entrega real y material de inmueble. <\/p>\n
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3. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; que las decisiones adoptadas no lucen arbitrarias y est\u00e1n ajustadas a la normatividad aplicable al caso concreto; remiti\u00f3 link de consulta del expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 el amparo tras concluir, preliminarmente, que \u00fanicamente est\u00e1 legitimado Hugo Jairo Gonz\u00e1lez Narv\u00e1ez para incoar la acci\u00f3n, pues es el demandado en el juicio divisorio de marras. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que la solicitud de amparo incumple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 de plano la demanda de reconvenci\u00f3n formulada data de 11 de marzo de 2016, decisi\u00f3n que no fue objeto de reparo alguno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que actualmente el derecho a favor del rematante adquirente ya se encuentra consolidado, pues est\u00e1 debidamente inscrita la adjudicaci\u00f3n en el folio inmobiliario, sumado al actuar silente del promotor, pues los autos que abri\u00f3 a pruebas el proceso, el que decret\u00f3 la venta de la cosa com\u00fan y reconoci\u00f3 mejoras, el que aprob\u00f3 la diligencia de remate y el que orden\u00f3 la entrega del predio, no fueron recurridos por el accionante; de ah\u00ed que, la petici\u00f3n de amparo se torna improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que el presupuesto de inmediatez es flexible, m\u00e1xime cuando la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas ha sido de forma continua y constante en el tiempo. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el a quo constitucional no hizo ning\u00fan pronunciamiento respecto de alegado por Nelsy Morales Fl\u00f3rez, sin tener en cuenta que s\u00ed cuenta con legitimaci\u00f3n para actuar, pues \u00abal estar casada legalmente con Hugo Jairo Gonz\u00e1lez Narv\u00e1ez\u00bb, la hace \u00abderechosa del 50% de los bienes o patrimonios\u00bb que aqu\u00e9l posea, por lo que le asiste inter\u00e9s. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que el estrado judicial manifest\u00f3 la no existencia de animus conciliatorio, cuando \u00aben la realidad del proceso nunca se dio la oportunidad por parte del juez\u2026 de aplicar este principio de favorabilidad\u2026 cuando en realidad se busc\u00f3 este procedimiento todo el tiempo por parte del demandado e ignorado todo el tiempo por parte del demandante y su apoderado\u00bb, pues el juez no hizo llamado a la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Preliminarmente, advierte la Corte que Nelsy Morales Fl\u00f3rez carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar y pretender la nulidad del juicio divisorio por esta v\u00eda constitucional, que promovi\u00f3 Aurey Berm\u00fadez Gonz\u00e1lez contra Hugo Jairo Gonz\u00e1lez Narv\u00e1ez, que orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble, pues tal como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional la gestora no es parte ni ha sido reconocida como afectada en dicha contienda, sumado al hecho que en dicho juicio no se cuestiona presupuestos relativos a la adquisici\u00f3n de la propiedad. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, sobre la ausencia de legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n constitucional, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026\u2018al ser evidente que [el] promotor de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC7120-2016, 1\u00ba jun., rad. 2015-00301-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se advierte que Nelsy Morales Fl\u00f3rez no ostenta la calidad de parte ni interviniente en el tr\u00e1mite atacado, es evidente que no puede promover el resguardo para atacar las determinaciones all\u00ed adoptadas, sin que sea de recibo los argumentos expuestos en el escrito de impugnaci\u00f3n, pues ser la esposa del demandado no la habilita para promover la solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, evidenci\u00e1ndose que la queja de Hugo Jairo se dirige contra el tr\u00e1mite impartido en el juicio divisorio, pues, el 11 de enero de 2012 se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el proceso sin cumplir con el presupuesto de conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad; el 11 de marzo de 2016 rechaz\u00f3 de plano la demanda de pertenencia formulada en reconvenci\u00f3n, sin tener en cuenta que era el momento procesal pertinente para tramitar dicho asunto y reconocer la posesi\u00f3n que ostentaba frente al predio; y, el 12 de septiembre de 2016 decret\u00f3 la venta de la cosa com\u00fan en subasta p\u00fablica y reconoci\u00f3 mejoras a favor de Reynaldo Gonz\u00e1lez, cuando debieron ser reconocidas a su favor; de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad para su procedibilidad, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las referidas decisiones criticadas, esto es, la de 11 de enero de 2012, 11 de marzo y 12 de septiembre de 2016; y la interposici\u00f3n de la tutela el 3 de junio de 2022, transcurrieron mucho m\u00e1s de 5 a\u00f1os, super\u00e1ndose exageradamente el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido,\u2026 adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que, el reparo tra\u00eddo por el promotor para justificar la tardanza, no puede tenerse en cuenta, como lo expone el accionante, que la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas \u00abpersisten en el tiempo\u00bb, pues lo cierto es que la situaci\u00f3n de la que se duele se consolid\u00f3 con el proferimiento de las prenotadas determinaciones de 11 de enero de 2012, 11 de marzo y 12 de septiembre de 2016, \u00faltima que decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta. <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n se advierte la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el actor tuvo a su alcance los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra los autos de 11 de enero de 2012, 11 de marzo y 12 de septiembre de 2016, por medio de los cuales, en su orden, se admiti\u00f3 la demanda divisoria, se rechaz\u00f3 de plano la demanda de pertenencia formulada en reconvenci\u00f3n y decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del predio, respectivamente, medios ordinarios de defensa de los que no hizo uso y eran procedente de conformidad con las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil o C\u00f3digo General del Proceso (seg\u00fan la norma aplicable para cuando se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n criticada), circunstancia que evidencia el descuido en el uso del instrumento legal para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las decisiones criticadas en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
3. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8577-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8577-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00162-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65150"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65150\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}