STC8581-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8581-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54518-22-08-000-2022-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo reclamado por T\u00e9bulo G\u00f3mez Jaimes contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes del proceso ejecutivo de alimentos de radicado 2021-00033-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona cursa el proceso ejecutivo de alimentos instaurado por Deisner Yoeth G\u00f3mez Rico en contra del tutelante, en el que, el 19 de abril de 2022, solicit\u00f3 el amparo de pobreza, pues carec\u00eda de recursos para sufragar los honorarios de un abogado. <\/p>\n
2.2. El 22 de abril del a\u00f1o en curso, el citado despacho le design\u00f3 un apoderado y, por solicitud de la parte demandante, se decret\u00f3 el embargo y secuestro \u00absobre los bienes muebles y art\u00edculos habidos dentro del establecimiento comercial ubicado en la casa de mercado cubierto de Pamplona puesto No 1-06 de propiedad del ejecutado\u00bb, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, siendo rechazado el recurso el 6 de mayo de 2022, por no contar con el derecho de postulaci\u00f3n para su interposici\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El promotor adujo que, al no existir otro mecanismo de defensa judicial que \u00abpueda agotar al respecto contra el AUTO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022, m\u00e1xime cuando estamos frente a un proceso judicial de \u00fanica instancia\u00bb, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela, para que se amparen sus garant\u00edas fundamentales, toda vez que \u00ablos bienes sobre los cuales recae la medida cautelar en cuesti\u00f3n, son BIENES INEMBARGABLES ya que resultan necesarios no solo para la subsistencia del suscrito [\u2026] sino tambi\u00e9n para el trabajo individual de este servidor\u00bb, solicitud que fundament\u00f3 en lo dispuesto en el numeral 11 del art\u00edculo 594 del CGP. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que durante los \u00faltimos 18 a\u00f1os se ha desempe\u00f1ado en la venta al detalle de calzados de todo tipo, en el puesto 1-06, ubicado en la casa de mercado del municipio de Pamplona, labor de la que deriva su subsistencia y que \u00ablos bienes muebles y art\u00edculos que reposan en la actualidad en el local comercial [\u2026] son tomados a cr\u00e9dito por el suscrito\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, advirti\u00f3 que, de llevarse a cabo \u00abuna medida cautelar de embargo y secuestro como la pretendida [\u2026] no solo se estar\u00eda conculcando la disposici\u00f3n legal que la imposibilita, sino que [\u2026] se generar\u00eda un perjuicio a terceros, que en el caso particular se encuentran representados por los proveedores\u00bb, adem\u00e1s, que se estar\u00eda desconociendo que varias de las cuotas alimentarias reclamadas ya fueron sufragadas. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se \u00abREVOQUE y en consecuencia dejar sin efectos, el Auto de fecha 22 de abril de 2022 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona Norte de Santander dentro del proceso radicado No 545183184001- 2021-00033-00\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona asegur\u00f3 que el se\u00f1or G\u00f3mez Jaimes alleg\u00f3 al Despacho un memorial, v\u00eda correo electr\u00f3nico, en el que solicit\u00f3 su notificaci\u00f3n por conducta concluyente, sin oponerse a las pretensiones de la demanda, por lo que, el 21 de septiembre de 2021, se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y destac\u00f3 que aqu\u00e9l, tiempo despu\u00e9s, solicit\u00f3 el amparo de pobreza, raz\u00f3n por la cual el Juzgado le design\u00f3 un abogado. <\/p>\n
Por otra parte, afirm\u00f3 que \u00abNo es cierto, como lo alega el actor, que no cuente con otros medios de defensa judicial, pues atendiendo la naturaleza del proceso (ejecutivo) y la etapa procesal (auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n debidamente ejecutoriado) [\u2026] los argumentos esbozados han de ser ventilados en el momento procesal oportuno, esto es mediante oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, momento en el que ya cuenta el actor con defensa t\u00e9cnica\u00bb, de suerte que pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, por existir otras \u00abherramientas jur\u00eddicas dentro del proceso ordinario, estar debidamente representado por un profesional del derecho y, en todo caso, hab\u00e9rsele garantizado su derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de Deisner Yoeth G\u00f3mez Rico solicit\u00f3 negar, por improcedente, la acci\u00f3n de tutela, por \u00abno vulnerar los derechos del accionante y porque no se cumplen los requisitos necesarios de SUBSIDIARIEDAD al punto que est\u00e1 en curso un proceso ejecutivo en la jurisdicci\u00f3n de familia por los mismos hechos\u00bb; asimismo, advirti\u00f3 sobre la \u00abTEMERIDAD CON LA QUE HA VENIDO ACTUANDO EL ACCIONANTE\u00bb, debido a \u00ablas diferentes demandas que ha interpuesto en contra de la progenitora de mi mandante\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Leonel David Pe\u00f1aranda Fern\u00e1ndez indic\u00f3 que fue designado por el Juzgado accionado como defensor en amparo de pobreza del promotor de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por improcedente, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, \u00aben raz\u00f3n a que el proceso a\u00fan est\u00e1 en tr\u00e1mite al interior del cual existen medios de defensa judicial para satisfacer la pretensi\u00f3n implorada\u00bb; adem\u00e1s, sostuvo que la decisi\u00f3n de no resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que dict\u00f3 la medida cautelar estaba acorde con la jurisprudencia en torno al tema. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, quien insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial y resalt\u00f3 que \u00abcualquier oposici\u00f3n incoada por el suscrito dentro de la diligencia de secuestro, ser\u00e1 rechaza de plano por el Juez, toda vez que las mismas est\u00e1n dise\u00f1adas para que sean ejercidas por terceras personas contra quienes dichas decisiones no produzcan efectos [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el Juzgado demandado, (i) por haber decretado el embargo y secuestro sobre los bienes muebles que hacen parte del establecimiento comercial de su propiedad, los cuales, en su opini\u00f3n, son inembargables, en los t\u00e9rminos que lo precisa el art\u00edculo 594 (numeral 11) del C.G.P. y (ii) por haber accedido al pago de unas cuotas alimentarias que ya fueron sufragadas. <\/p>\n
2. Revisadas las actuaciones allegadas, observa la Sala que, el 6 de mayo de 2022, el Juzgado accionado rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que el ac\u00e1 actor interpuso contra el auto cuestionado del 22 de abril de ese mismo a\u00f1o, por cuanto \u00e9l no ten\u00eda la calidad de abogado y no se encuentra en las excepciones que permiten la intervenci\u00f3n de quienes no ostentan esta condici\u00f3n, determinaci\u00f3n que no se evidencia arbitraria ni caprichosa, pues, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 21 (numeral 7) del C.G.P., los asuntos relacionados con la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n, exoneraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de alimentos son competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia y, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil -CSJ STC2035-2020-, \u00aben los juicios de alimentos es indispensable que las partes se encuentren asistidas por un profesional del derecho titulado\u00bb, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con el derecho de postulaci\u00f3n exigido para el asunto como el censurado, esta Corporaci\u00f3n ha advertido que seg\u00fan la regulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de familia, se trata de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia \u2018por raz\u00f3n de su naturaleza, seg\u00fan el art\u00edculo 50, literal i), del Decreto 2272 de 1989, y no de \u2018m\u00ednima cuant\u00eda\u2019, como sostiene el recurrente (\u2026) Ilustra lo dicho por esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, al se\u00f1alar que: \u2018De all\u00ed que se explique que la intervenci\u00f3n judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogac\u00eda (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dej\u00e1ndose excepciones que, por este car\u00e1cter, son de interpretaci\u00f3n restrictiva (\u2026) Unas de ellas se refiere al litigio \u2018en causa propia sin ser abogado inscrito\u2019, las que se limitan al derecho de petici\u00f3n y acciones p\u00fablicas, a los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda, a la conciliaci\u00f3n y a los procesos laborales de \u00fanica instancia y actos de oposici\u00f3n (art. 28 ibidem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sean la misma persona interesada la que previa evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n, pueda determinar la asunci\u00f3n de su propia defensa (\u2026) Luego, mal puede decirse que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n pueda ejercerse la profesi\u00f3n (\u2026) en procesos de \u00fanica instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no est\u00e1 autorizado por la ley\u2019 (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicaci\u00f3n 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285) (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Por tanto, debi\u00f3 el petente, para actuar v\u00e1lidamente en las diligencias atacadas, conferir, como ya se dijo, poder a un profesional del derecho, o deprecar, de ser el caso, amparo de pobreza, en procura de lograr la asignaci\u00f3n de un mandatario por parte del juzgado, pues, se reitera, no le era dable participar directamente. <\/p>\n
Se destaca, el decurso confutado no es de \u00fanica instancia en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, lo es en virtud de su propia naturaleza, por cuanto as\u00ed lo previ\u00f3 no solo el derogado Decreto 2272 de 1989, sino tambi\u00e9n el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente vigente, el cual se\u00f1ala: <\/p>\n
Por tanto, a tono con el ordenamiento legal y la jurisprudencia de esta Corte, las partes intervinientes en un proceso de alimentos necesariamente deben estar asistidas por un abogado, lo cual no ocurri\u00f3 en el asunto sub examine, dado que, como se vio, el actor, quien no ostenta dicha calidad, formul\u00f3 a t\u00edtulo personal un recurso de reposici\u00f3n contra una decisi\u00f3n judicial, circunstancia que condujo a que la autoridad judicial lo rechazara. <\/p>\n
En ese sentido, destaca la Sala que, si bien el tutelante asegur\u00f3 que no contaba con recursos para solventar el pago de un abogado, lo cierto es que solicit\u00f3 el amparo de pobreza s\u00f3lo hasta el 19 de abril de 20221, esto es, con posterioridad al auto del 3 de septiembre de 20212 que lo tuvo por notificado por conducta concluyente, y mucho tiempo despu\u00e9s de la providencia del 21 de septiembre de ese mismo a\u00f1o3, que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por lo que la designaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de su represente judicial, para su debida defensa, se realiz\u00f3 con posterioridad a las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De otro lado, en relaci\u00f3n con las cuotas alimentarias que el actor estar\u00eda adeudando, muchas de las cuales, seg\u00fan lo manifestado por \u00e9l, ya fueron sufragadas, se advierte que, de acuerdo con lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, los juicios ejecutivos podr\u00e1n darse por terminados si se acredita el pago de la obligaci\u00f3n demandada, por lo que el asunto debe ser discutido ante el juez competente. <\/p>\n
A su vez, en tanto el proceso ejecutivo se encuentra en curso, el actor puede acudir ante el juez competente y formular sus respectivas solicitudes y reparos. En ese orden, se observa que, el pasado 8 de junio, el apoderado del tutelante alleg\u00f3 un memorial4, en el que solicit\u00f3 que: i) Se \u00abVERIFIQUE por parte de ese JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA, los dep\u00f3sitos judiciales realizados por mi representado TEBULO GOMEZ JAIMES, dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria radicado bajo el n\u00famero 2019-00062-00\u00bb; y ii) se \u00abABSTENGA de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de la medida cautelar de secuestro decretada sobre los bienes [\u2026] hasta tanto se decrete y realice INSPECCI\u00d3N JUDICIAL sobre dicho lugar que permita establecer si tales bienes son INEMBARGABLES por hacer parte de la subsistencia y trabajo individual del ejecutado\u00bb, por lo que ser\u00e1 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona el que deba emitir un pronunciamiento sobre el particular, sin que pueda el Juez de tutela adelantarse a decidir un asunto que debe resolver el competente, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, pues, \u00abMientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
4. Por lo referido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 066SolicitudAmparodePobrezaT\u00e9bulo.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo 047AutoNotifConduc202100033.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 051SeguirAdelEjec202100033.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 077MemorialLiquidacionCredito20220608.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8581-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8581-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54518-22-08-000-2022-00021-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65154","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65154"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65154\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}