STC8582-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8582-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 01 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn que declarar improcedente el amparo reclamado por el Municipio de Bello contra los Juzgados Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix y Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Bello, y a cuyo tr\u00e1mite se dispuso la vinculaci\u00f3n de Yolima Andrea Bedoya Barrientos y de Martha Isabel S\u00e1nchez Rojas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2.1. Yolima Andrea Bedoya Barrientos interpuso acci\u00f3n de tutela en contra de la Alcald\u00eda de Bello con el fin de que \u00ab[s]e tutelen los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y estabilidad laboral reforzada y en consecuencia se ordene mi vinculaci\u00f3n inmediata al puesto de comisaria de Familia\u00bb1. <\/p>\n
Como fundamento f\u00e1ctico de sus pretensiones, asever\u00f3 que estuvo vinculada a dicha autoridad por m\u00e1s de 10 a\u00f1os: primero como auxiliar administrativa y, posteriormente, en calidad de inspectora de polic\u00eda grado 233 \u2013 nivel profesional. Sin embargo, su vinculaci\u00f3n se hizo en provisionalidad. Por ende, a ra\u00edz del concurso de m\u00e9ritos realizado por CNSC \u00abse termin\u00f3 el nombramiento en provisionalidad, tal y como se notific\u00f3 mediante oficio del d\u00eda 27 de diciembre de 2021, firmado por la directora de talento humano\u00bb. Indic\u00f3 que es madre cabeza de familia, v\u00edctima de violencia intrafamiliar. Debido a la terminaci\u00f3n intempestiva del contrato de trabajo, \u00abya que no tengo como pagar el arriendo en apartamento del poblado\u00bb, el cual est\u00e1 vigente hasta julio del 2022. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que el 09 de diciembre del 2021 presento un derecho de petici\u00f3n ante la Directora Administrativa de Talento Humano de la Alcald\u00eda, \u00abdescribi\u00e9ndole mi condici\u00f3n como madre cabeza de familia, con el fin de que se me tuviera en cuenta como sujeto de especial protecci\u00f3n, la cual nunca fue respondida por el contrario fui la primera inspectora que notificaron para la entrega del puesto\u00bb. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que se cre\u00f3 una nueva comisar\u00eda de familia y una inspecci\u00f3n de polic\u00eda, cuyos cargos no entraron en el concurso. <\/p>\n
2.2. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix \u2013 Bello, profiri\u00f3 sentencia del 07 de febrero del 2022, favorable a las pretensiones de la se\u00f1ora Yolima Andrea. En consecuencia, orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de Bello \u00abpara que, en el t\u00e9rmino de CINDO (5) DIAS H\u00c1BILES REINTEGRE a la se\u00f1ora YOLIMA ANDREA BEDOYA BARRIENTOS, identificada con C.C. 43.923.454 a un CARGO DE IGUAL O MAYOR CATEGOR\u00cdA al de Inspectora de Polic\u00eda, C\u00f3digo 233, Grado 03, Nivel profesional\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, consider\u00f3 que \u00abel municipio de Bello, Antioquia, antes de ordenar el retiro del cargo de la accionante, debi\u00f3 tener en cuenta su calidad de madre cabeza de hogar para respetar sus derechos fundamentales al trabajo, al m\u00ednimo vital y estabilidad laboral reforzada, y haber tenido en cuenta el orden de prelaci\u00f3n al momento de retirarla del cargo\u00bb. El juzgador fundament\u00f3 su postura en las sentencias SU388-05 y SU691-17, proferidas por la Corte Constitucional2. <\/p>\n
2.3. Inconforme, el Municipio de Bello impugn\u00f3 el fallo. A su juicio, \u00abno existe la posibilidad jur\u00eddica y material de vincular nuevamente al cargo a la actora, pues los empleos de Inspector de Polic\u00eda que estaban en provisionalidad y que fueron objeto de concurso p\u00fablico, fueron cubiertos con las personas que en un concurso p\u00fablico se ganaron tal privilegio (como es el cargo de la accionante, en la que en su cargo se nombr\u00f3 a una persona que se gan\u00f3 tal derecho) y que valga resaltarlo tienen protecci\u00f3n constitucional\u00bb3. A su turno, frente a los empleos vacantes en la Comisar\u00eda de Familia, estim\u00f3 que se debe realizar un proceso de verificaci\u00f3n de requisitos para la provisi\u00f3n del empleo con los empleados vinculados en carrera administrativa, quienes tienen preferencia. <\/p>\n
2.4. El 08 de marzo del a\u00f1o en curso, el juez Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello resolvi\u00f3 la alzada, en providencia que confirm\u00f3 la del a quo4. <\/p>\n
Adem\u00e1s, orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de Bello para que pague a la se\u00f1ora Bedoya \u00ablos dineros dejados de percibir por salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cesant\u00edas, causados desde el d\u00eda 5 de Enero del 2022 y hasta el d\u00eda que opere efectivamente, el reintegro\u00bb, la afilie al Sistema de Seguridad Social Integral \u00abdesde el d\u00eda 5 de Enero del 2022 y hasta el d\u00eda que opere efectivamente, el reintegro\u00bb. <\/p>\n
2.5. Aduce la accionante que en el caso en concreto la conducta de dichos juzgados constituye fraude inducido por la se\u00f1ora Bedoya Barrientos, \u00abpues presuntamente habr\u00eda conseguido del Juez constitucional un amparo para el cual no reun\u00eda los requisitos legales y jurisprudenciales de madre cabeza de familia, los cuales no prob\u00f3 dentro de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n, mismo que fue suficiente para que se produjera un da\u00f1o antijur\u00eddico a la entidad municipal\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, sostuvieron que los despachos accionados incurrieron en cosa juzgada fraudulenta y violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Aseveraron que centran \u00abel objetivo en el desconocimiento legal, jurisprudencial y probatorio bajo los criterios de la sana cr\u00edtica, misma que corresponde a la \u201c\u2026 operaci\u00f3n intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciaci\u00f3n del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe4\u201d y adicionalmente, la valoraci\u00f3n de los elementos de prueba de manera integral, recayendo notoriamente en agravio a los derechos fundamentales que le asiste a mi representado, esto es el debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
En ese marco, indicaron que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico pues se tomaron decisiones sin que estuviera plenamente probado \u00abel supuesto de hecho, que legalmente determinaba la decisi\u00f3n, omitiendo el decreto de pruebas o valoraci\u00f3n de las mismas, y en segundo lugar, se predica el deber que ten\u00eda el juez de respetar el debido proceso como un derecho fundamental de los ciudadanos y del mismo Estado a trav\u00e9s de las entidades que lo representan\u00bb. Indic\u00f3 que no se verific\u00f3 la supuesta existencia de proceso de alimentos y violencia intrafamiliar impulsada en contra del se\u00f1or Juan Sebasti\u00e1n Montoya; no se demostr\u00f3 que el padre de la ni\u00f1a no aportara recursos para su manutenci\u00f3n pese a ser un servidor p\u00fablico activo; tampoco prob\u00f3 el estado de salud de su madre, a quien presuntamente le prove\u00eda manutenci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, tampoco se tomaron en cuenta las probanzas allegadas por el municipio de Bello, que comprobaban que \u00abefectivamente la se\u00f1ora BEDOYA BARRIENTOS, no ten\u00eda la condici\u00f3n de madre cabeza de familia y por ende no pod\u00eda ser objeto de protecci\u00f3n especial, como se estableci\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la tutela y el recurso de alzada interpuesto, sin embargo, la judicatura de turno, no prest\u00f3 la atenci\u00f3n e inter\u00e9s suficiente para intervenir u ordenar las pruebas necesarias que le permitieran despejar cualquier tipo de duda sobre el asunto\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, critic\u00f3 que se hubiese resuelto de forma extra petita, pues \u00abla orden constitucional contenida en los numerales cuarto, quinto y siguientes del fallo de segunda instancia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la entidad accionada, no est\u00e1 contemplado como petici\u00f3n de la tutelante y tampoco fue objeto de decisi\u00f3n de la primera instancia y por ende NO fue materia de pronunciamiento en el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que se habr\u00eda desconocido el debido proceso y derecho de defensa de mi mandante\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se revoquen \u00ablas sentencias proferida el siete (7) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) por el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix \u2013 Bello y la dictada el ocho (8) de marzo de la misma anualidad, por el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello Antioquia, dentro del radicado de tutela N\u00b0 05 088 41 89 001 2022 00004 00\u00bb y que se compulsen copias a la \u00abComisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u2013 Seccional Antioquia\u00bb, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bello llam\u00f3 la atenci\u00f3n en que \u00abfrente a la calidad de madre cabeza de familia cuya protecci\u00f3n fue dada a la empleada en provisionalidad, al momento de dar respuesta el Municipio de Bello guardo absoluto silencio\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Bello dijo atenerse a lo probado, pues fue otro titular del Despacho quien profiri\u00f3 la decisi\u00f3n. Por dem\u00e1s, indic\u00f3 que no se prob\u00f3 la cosa juzgada fraudulenta y que, en todo caso, las sentencias cuestionadas \u00abhasta el momento cuentan con el principio de legalidad y que tal afirmaci\u00f3n de fraude efectuada por la gestora de la acci\u00f3n, quedar\u00e1 al arbitrio del juez constitucional que en este momento es el conocedor del caso de marras\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, asever\u00f3 que es inadmisible que la entidad utilice la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia, \u00abya que como se dej\u00f3 sentado anteriormente, la instancia para debatir sobre ello es la Revisi\u00f3n de dichas providencias por parte de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Yolima Andrea Bedoya Barrientos critic\u00f3 que la apoderada \u00abme ataque como mujer y que adem\u00e1s lo haga bajo conjeturas que carecen de una realidad f\u00e1ctica, sin soporte probatorio y s\u00f3lo bajo supuestos, sin tener certeza de la situaci\u00f3n tan dif\u00edcil por la que he pasado\u00bb. Sostuvo que la accionante es temeraria, pues no es cierto que la se\u00f1ora Martha Isabel S\u00e1nchez Rojas vea afectados sus derechos fundamentales con el reintegro ordenado; adem\u00e1s, por denunciar un fraude sin aportar ninguna prueba. <\/p>\n
Inform\u00f3 que a\u00fan no se ha agotado la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, por lo que se desconoce el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn declar\u00f3 improcedente el resguardo. Determin\u00f3 que lo alegado por la entidad p\u00fablica es un evento que \u00abno se enmarca dentro de aquella que permite de manera excepcional\u00edsima la intervenci\u00f3n del juez constitucional, ya que la rectora de la jurisdicci\u00f3n hace a alusi\u00f3n a omisi\u00f3n del juez en el deber de informaci\u00f3n, notificar o vincular a los afectados que ser\u00edan afectado por la solitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, destac\u00f3 que el accionante \u00abten\u00eda a su alcance el recurso de impugnaci\u00f3n (que fue ejercido; la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y, adicionalmente, en caso de negarse aqu\u00e9lla, la posibilidad de elevar solicitud tendiente a que un Magistrado titular de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Naci\u00f3n, el Defensor del Pueblo y\/o la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado ejerzan el mecanismo de insistencia para la selecci\u00f3n de la providencia cuestionada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien comenz\u00f3 por se\u00f1alar que la prohibici\u00f3n en la interposici\u00f3n de tutelas contras decisiones tomadas en procesos de similar naturaleza no es absoluta. Indic\u00f3 que el caso en concreto se encuentra dentro de los casos excepcionales consagrados por la Corte Constitucional para la procedencia de esta acci\u00f3n constitucional, pues los despachos accionados \u00abhabr\u00edan emitido decisi\u00f3n constitucional bajo la existencia de un posible fraude inducido por la Accionante, pues presuntamente habr\u00eda conseguido del Juez constitucional un amparo para el cual no reun\u00eda los requisitos legales y jurisprudenciales de madre cabeza de familia, los cuales no prob\u00f3 dentro de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n, pero tampoco lo demostr\u00f3 ante el despacho de primera instancia que conoci\u00f3 la medida constitucional impetrada por esta defensa\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la postura del Tribunal implica un grave riesgo institucional pues: i) \u00abla revisi\u00f3n constitucional de las sentencias es eventual, esto es, no aplica para todas las decisiones emitidas por los jueces, as\u00ed estas contengan, como el caso que nos ocupa, un origen fraudulento\u00bb; ii) de no proceder la acci\u00f3n constitucional contra la tutela, \u00abse estar\u00eda ante una descomunal invasi\u00f3n del Juez Constitucional tutelado en la esfera del juez natural ante quien se dirime las decisiones de la (sic) autoridades administrativas del estado\u00bb; iii) \u00ab[e]l juez constitucional tutelado, estar\u00eda, a trav\u00e9s del mecanismo excepcional de tutela, ordenando a la autoridad administrativa que ejecute actos contrarios a los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales\u00bb; iv) el fallo cuestionado es \u00abinconcreto\u00bb pues omiti\u00f3 establecer los extremos temporales en que deb\u00eda garantizarse el amparo constitucional; y, v) el despacho que desat\u00f3 la alzada resolvi\u00f3 de forma extra petita. <\/p>\n
Dicho esto, reiter\u00f3 los argumentos esgrimidos en el libelo inicial sobre la existencia de defectos f\u00e1cticos en las sentencias de primera y segunda instancia sobre la supuesta falta de prueba de la se\u00f1ora Yolima Andrea de su calidad de madre cabeza de familia. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
De lo anterior, se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. Empero, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, sostuvo que la guarda procede excepcionalmente contra un fallo de la misma naturaleza cuando se configure una de las siguientes causales: <\/p>\n
\u00ab\u2026cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, el Municipio de Bello pretende dejar sin efectos el fallo tutelar proferido el 08 de marzo del 2022 por el Juez Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello, que confirm\u00f3 la dictada por el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de San F\u00e9lix \u2013 Bello el 07 de febrero del 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00004-00. <\/p>\n
4. Sobre el particular, la Sala advierte la improcedencia del amparo invocado. Y, por tanto, la providencia impugnada deber\u00e1 confirmarse. Ello pues, la inconformidad de la entidad actora se refiere al fondo de la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el asunto tutelar rebatido, lo que torna inviable el estudio del amparo constitucional. <\/p>\n
Aunado a ello, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que las decisiones atacadas se produjeron como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una cosa juzgada fraudulenta, lo cual torna improcedente la tutela. Por el contrario, lo que se observa es que, de la valoraci\u00f3n de los medios suasorios obrantes en el plenario, los jueces determinaron que la se\u00f1ora Yolanda Andrea s\u00ed era una madre cabeza de familia. <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, y seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional (exp. T8705899)5, la sentencia de tutela no fue seleccionada en revisi\u00f3n6. Por ende, a\u00fan tiene a su alcance la solicitud de insistencia7, lo cual cierra la posibilidad de auscultar por este camino un prove\u00eddo dictado en un tr\u00e1mite de similar temperamento. Al respecto, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021, citadas en STC16306-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
6. En cuanto a las alegaciones en torno a la incongruencia del fallo, es menester memorar que el operador constitucional est\u00e1 habilitado para analizar la situaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la exhibici\u00f3n f\u00e1ctica que se haga en el escrito inicial y proceder con independencia de lo puntualmente pretendido, si lo considera pertinente. Esto en caso de determinar vulnerados y\/o amenazados derechos fundamentales a fin de disponer lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n. <\/p>\n
En el punto, esta Sala ha precisado que, <\/p>\n
\u00abdado el car\u00e1cter informal de la acci\u00f3n de tutela y como quiera que su objetivo es la materializaci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales que estime comprometidos el juez al valorar la situaci\u00f3n que se le puso en conocimiento, y a trav\u00e9s de ella guarda la integridad y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, la Corte ha admitido que este resuelva los asuntos sin ce\u00f1irse estricta y forzosamente (i) a las situaciones de hecho relatadas en la demanda; (ii) a las pretensiones del actor; ni (iii) a los derechos invocados por este, como si tendr\u00eda que hacerlo en otro tipo de causas judiciales. <\/p>\n
Es el juez quien debe (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garant\u00edas ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situaci\u00f3n. Al hacerlo e ir m\u00e1s all\u00e1 de lo expuesto y lo pretendido en el escrito de tutela, el juez emplea facultades ultra y extra petita, que son de aquellas \u201cfacultades oficiosas que debe asumir de forma activa, con el fin de procurar una adecuada protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas\u201d. <\/p>\n
El uso de tales facultades, no solo implica una posibilidad para el juez de tutela, pues est\u00e1 obligado a desplegarlas cuando el asunto en cuesti\u00f3n lo amerita (CC T-015\/19)\u00bb (STC4635-2020 reiterado en STC 299-2021 27 ene. 2021 rad. 2021-00053-00). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, frente a la solicitud de compulsa de copias ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, se advierte que esta no es la herramienta id\u00f3nea para acceder a lo pretendido. <\/p>\n
En efecto, si la reclamante considera que en alguna irregularidad incurrieron las accionadas, son otras las v\u00edas que debe agotar ya sean de orden penal o disciplinario. Es en tales instancias en donde se debe exponer la situaci\u00f3n concreta ante las entidades competentes y asumir la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 si \u2026 [el accionante] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
8. Por lo anterior, el fallo impugnado ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab02 202200004 tutela YOLIMA ANDREA\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab20 2022-00004 SENTENCIA TUTELA LABORAL ADMINISTRATIVO JJ\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab27 202200004 ESCRITOIMPUGNACI\u00d3N TUTELA 2022-00004\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00ab06FalloSegundaInstanciaAccionTutela\u00bb. <\/p>\n
5\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2022-05-30&radi=Radicados&palabra=Bedoya+Barrientos&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
6\u0002 Auto que se notific\u00f3 por estado del 13 de junio del 2022. <\/p>\n
7\u0002 T\u00e9rmino que vence el 07 de julio del 2022. Esto de conformidad con los plazos del art\u00edculo 51 del Acuerdo 05 de 1992 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8582-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8582-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00253-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., seis (06) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65155","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65155"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65155\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}