STC8587-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8587-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2022-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Tercera Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 27 de abril de 2022, con la cual se concedi\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Oliverio Hern\u00e1ndez R\u00edos, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado al interior del proceso ejecutivo de radicado 2015-00152. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que la firma Oportunity Internacional Colombia, hoy Crezcamos S.A., promovi\u00f3 proceso ejecutivo en su contra. Asunto de conocimiento del Juzgado accionado. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que dicho litigio fue suspendido el 29 de julio de 2016, en raz\u00f3n a que se dio inici\u00f3 al proceso de negociaci\u00f3n de la deuda por \u00e9l implorado. Resalt\u00f3 que el t\u00e9rmino de negociaci\u00f3n era de tres meses, el cual finaliz\u00f3 el 31 de octubre de 2016. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que, ante el fracaso de la negociaci\u00f3n y la falta de informaci\u00f3n de esta circunstancia al juez de conocimiento, solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. Pedimento que a pesar de que ha transcurrido m\u00e1s de seis meses no ha sido objeto de decisi\u00f3n por parte de dicha autoridad. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se \u00abordene al juzgado 4 civil del circuito de Sincelejo pronunciarse de fondo sobre la petici\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito que el suscrito presento dentro del radicado 2015-00152-00\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo1, expuso que el \u00ab19 de agosto de 2021, se recibi\u00f3 escrito del se\u00f1or Jos\u00e9 Oliverio Hern\u00e1ndez R\u00edos, actuando en causa propia sin tener derecho de postulaci\u00f3n, la misma persona que en fecha anterior hab\u00eda iniciado Proceso de Negociaci\u00f3n de Deudas ante la Fundaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda, que trajo como consecuencia la suspensi\u00f3n del presente proceso, solicitando en esta oportunidad la terminaci\u00f3n del proceso por Desistimiento T\u00e1cito; petici\u00f3n esta que promueve una actuaci\u00f3n procesal como es pretender la terminaci\u00f3n del proceso, diferente a la finalidad del derecho de petici\u00f3n; en todo caso, a esa petici\u00f3n no se le ha podido dar curso\u00bb. Ello pues, \u00absi el proceso se encuentra suspendido, no se puede adelantar, v\u00e1lidamente, ninguna actuaci\u00f3n, so pena de incurrir en nulidad\u00bb. <\/p>\n
3. La Fundaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda, remiti\u00f3 copia del expediente que contiene el proceso de insolvencia adelantado por el actor. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 la salvaguarda implorada, al considerar que \u00able asiste raz\u00f3n al actor en cuanto a la negligencia en que ha incurrido el juzgado accionado al no emitir ninguna decisi\u00f3n, independientemente en la forma en que se haga, esto es, rechaz\u00e1ndola por carencia del derecho de postulaci\u00f3n, no acogiendo la tesis que implica la terminaci\u00f3n, o absteni\u00e9ndose de resolverla de fondo en raz\u00f3n a la suspensi\u00f3n misma, precisamente porque ello ser\u00e1 lo que le permitir\u00e1 al actor ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la titular del Juzgado accionado, quien manifiesta que \u00absi el proceso se encuentra suspendido, no se podr\u00eda adelantar, v\u00e1lidamente, ninguna actuaci\u00f3n, so pena de incurrir en la nulidad contemplada en el numeral 3 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; siendo \u00e9sta la raz\u00f3n por la cual no se llevado a cabo la actuaci\u00f3n que ahora en sede de la presente tutela el juez constitucional me ordena adelantar\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer, si el Juzgado accionado vulner\u00f3 los derechos fundamentales del actor, al no darle tr\u00e1mite a la solicitud de desistimiento t\u00e1cito formulada el 19 de agosto de 2021. Sobre el particular, la Sala advierte la procedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a que el encausado desconoci\u00f3 los plazos legales para emitir un pronunciamiento acerca de la petici\u00f3n elevada por el accionante. <\/p>\n
2. En efecto, se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, comoquiera que entre la solicitud allegada el 19 de agosto de 2021, con la cual se persigue la terminaci\u00f3n del proceso de radicado 2015-00152-00 por desistimiento t\u00e1cito, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, han transcurrido ocho (8) meses, tiempo que la Sala estima excesivo para emitir un pronunciamiento de cara a dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo ese panorama, se tiene que el fen\u00f3meno de la mora judicial halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina de esta Corporaci\u00f3n3 y de la Corte Constitucional4: (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial. (ii) la inexistencia de un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora. Y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. Al respecto, esta Corte ha sostenido lo que viene: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que (\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026) (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
En vista de ello, a pesar de los argumentos esbozados por la autoridad impugnante, encuentra la Sala que los mismos no impiden al Juez de conocimiento dar respuesta a la solicitud elevada por el libelista, en el sentido que en derecho corresponda, ello, en aras de no vulnerar los derechos fundamentales que se reclaman. <\/p>\n
4. Por lo considerado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-5. Anexo 05Contestacion.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 06Contestaci\u00f3n.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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