STC8588-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8588-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00826-00 <\/p>\n
(Aprobado en virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada \u00d3scar de Jes\u00fas Lozano Ot\u00e1lvarez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los asuntos objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente conculcadas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque la sentencia STP1383-2022 del 24 de enero de 2022\u00bb proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y, subsidiariamente, se le ordene \u00abd[ar] tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n realizada\u2026 el 24 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. \u00d3scar de Jes\u00fas Lozano Ot\u00e1lvarez promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (radicado 11001-02-30-000-2021-02189), al considerar que dichas sedes judiciales no hab\u00edan dado tr\u00e1mite a una \u00abdenuncia\u00bb que remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico contra la doctora Lucrecia Gamboa Rojas, Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, autoridad que, el 24 de enero de 2022 neg\u00f3 las pretensiones, al considerar que dicha queja el promotor la remiti\u00f3 a un correo electr\u00f3nico \u00absustancialmente diferente\u00bb a los dominios habilitados de las all\u00ed accionadas, a m\u00e1s que, con ocasi\u00f3n a la petici\u00f3n de amparo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u00abhizo lo propio\u00bb en aras de tramitar tal queja. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de esta nueva acci\u00f3n supralegal, se duele, de un lado, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, sus garant\u00edas de primer grado, situaci\u00f3n que no ha sido atendida por los accionados. <\/p>\n
2.3. Por otra parte, anot\u00f3 que opugn\u00f3 el referido fallo, empero \u00abno entien[de] porque no se est\u00e1 resuelta en la propuesta de impugnaci\u00f3n de la tutela con radicado STP1383-2022 del 24 de enero de 2022 y el tr\u00e1mite realizado\u2026 el d\u00eda 24 de febrero de 2022 en el cual han pasado m\u00e1s de 2 [meses] y medio y los involucrados en estas acciones estamos esperando que el alto tribunal de los recursos que [les] otorga, en materia constitucional con lo de ley sobre la impugnaci\u00f3n de est\u00e1 tipificado en el decreto 2591\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inform\u00f3 que el promotor inco\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, que fue declarada improcedente el 24 de enero de 2022, decisi\u00f3n notificada al promotor el 21 de febrero siguiente, sin que se \u00aballega[ra] memorial de impugnaci\u00f3n al que hace referencia el accionante en el escrito de tutela incoado contra esta Sala Especializada\u00bb, raz\u00f3n por la que remitir\u00e1 las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el accionante \u00abrefiere en la constancia de env\u00edo del memorial de impugnaci\u00f3n a esta Secretar\u00eda \u201csecretariacasacionpenal@cortesupremarama.ramajudicial,g\u201d no corresponde al correo institucional de la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica correcta es secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co\u00bb; remiti\u00f3 copia del fallo y de las constancias de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae, de un lado, sobre el fallo de tutela dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de enero de 2022, que neg\u00f3 ampar\u00f3 las prerrogativas imploradas por \u00d3scar de Jes\u00fas Lozano Ot\u00e1lvarez,; pretendiendo el accionante que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine dicha decisi\u00f3n tutelar, por cuanto, considera, sus derechos fundamentales contin\u00faan conculcados. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no es de recibo, m\u00e1xime cuando goza de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed donde debe acudir, incluso a trav\u00e9s del mecanismo de insistencia, destac\u00e1ndose que la aludida acci\u00f3n de tutela est\u00e1 en tr\u00e1mite de remitirse a ese Alto Tribunal. <\/p>\n
Al respecto la jurisprudencia ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10; reiterada por CSJ STC178, 21 ene. 2016). <\/p>\n
4. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados, que permita un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja de las peticionarias no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
5. Por otra parte, respecto de la supuesta mora de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n formulada contra el referido fallo constitucional, verificada la demanda de tutela y las probanzas allegadas a esta sumaria tramitaci\u00f3n, advierte la Corte que el reclamo tutelar elevado tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que, adem\u00e1s de que el promotor no acredit\u00f3 la remisi\u00f3n de dicha opugnaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico de dominio de la querellada, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n present\u00f3 informe, el cual se considera rendido bajo juramento de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, donde claramente expuso que \u00abrevisados los correos institucionales de la secretar\u00eda\u2026 no se alleg\u00f3 memorial de impugnaci\u00f3n al que hace referencia el accionante en el escrito de tutela incoado contra esta Sala Especializada\u00bb, de ah\u00ed que, al no existir memorial de opugnaci\u00f3n, ni prueba de remisi\u00f3n del mismo a la autoridad accionada, el hecho alegado por el promotor se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
6. Basta lo anterior para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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