STC8590-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8590-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00260-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de febrero de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Oscar Andr\u00e9s Herrera Orrego contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2013-06397-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la libertad, debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que fue capturado el 4 de julio de 2015, por \u00abla presunta comisi\u00f3n de los delitos de cohecho propio, inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acci\u00f3n y falsedad material en documento p\u00fablico\u00bb. Mencion\u00f3 que la Fiscal\u00eda Primera delegada ante los Tribunales de Pereira y Armenia, formul\u00f3 imputaci\u00f3n en su contra, actuaci\u00f3n frente a la que no acept\u00f3 cargos. En ese orden, relat\u00f3 que, en la misma audiencia, el Juez Quinto Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Pereira, le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que celebr\u00f3 \u00abpreacuerdo con la Fiscal\u00eda Primera delegada ante los Tribunales de Pereira y Armenia el 23 de septiembre de 2015, por los delitos de Inter\u00e9s Indebido en la Celebraci\u00f3n de Contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acci\u00f3n y falsedad material en documento p\u00fablico. El delito de Cohecho Propio no fue aceptado por mi representado, gener\u00e1ndose la ruptura de la unidad procesal\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que el \u00abproceso relacionado con los delitos de Inter\u00e9s Indebido en la Celebraci\u00f3n de Contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acci\u00f3n y falsedad material en documento p\u00fablico, continu\u00f3 su tr\u00e1mite bajo la radicaci\u00f3n 660016000000201500113, por su parte, el proceso relacionado con el delito de cohecho propio se radic\u00f3 bajo el n\u00famero 660016000036201306397\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con los \u00abdelitos de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acci\u00f3n y falsedad material en documento p\u00fablico\u00bb, refiri\u00f3 que el primero de febrero de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, \u00abdict\u00f3 sentencia condenatoria aprobando el preacuerdo celebrado entre la Fiscal\u00eda y la defensa, estableciendo una pena de 68 meses, revocando la prisi\u00f3n domiciliaria y ordenando su traslado al Centro Penitenciario C\u00e1rcel la 40\u00bb. Sin embargo, anot\u00f3 que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad sustituy\u00f3 la pena de \u00abprisi\u00f3n formal por la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. Y, relat\u00f3 que el 19 de abril de 2018, el \u00abJuzgado Segundo Penal del Circuito [le] concedi\u00f3 la libertad condicional [\u2026] y posteriormente, el 4 de junio de 2004, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad declar\u00f3 su liberaci\u00f3n definitiva\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, tocante con el delito de cohecho propio, manifest\u00f3 que el Despacho Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas con Funciones de Conocimiento, profiri\u00f3 sentencia absolutoria el 5 de noviembre de 2019. Y, resalt\u00f3 que, inconforme con ello, el Ministerio P\u00fablico impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. En consecuencia, la Sala Penal del Tribunal de Pereira -con sentencia del 2 de diciembre de 2021-, resolvi\u00f3 revocar \u00abla sentencia proferida [\u2026] en lo que tiene que ver con la absoluci\u00f3n proferida en favor de los procesados Oscar Andr\u00e9s Herrera Orrego [\u2026], pero en su lugar declarar [su] responsabilidad penal [\u2026], por incurrir, [\u2026] en la comisi\u00f3n de los delitos de cohecho propio e inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos\u00bb. Lo conden\u00f3 a la pena de 80 meses de prisi\u00f3n y el pago de una multa de 66.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el a\u00f1o 2013. Y dispuso \u00ablibrar de manera inmediata las correspondientes \u00f3rdenes de captura [\u2026], a fin de [hacer] efectivo lo resuelto [\u2026]\u00bb1. Agreg\u00f3 que, frente a esa decisi\u00f3n, \u00abque constituye la primera condena [\u2026] se encuentra pendiente sustentar el recurso de impugnaci\u00f3n especial que conocer\u00e1 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, anot\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal de Pereira \u00abconstituye una v\u00eda de hecho que configura las condiciones de procesabilidad de la acci\u00f3n de tutela, como es el proferimiento de la orden de captura, sin cumplir con la carga argumentativa que dispone la sentencia de constitucionalidad C-342-17. Lo que constituye un perjuicio irremediable, por la vulneraci\u00f3n inmediata del Derecho Fundamental a la Libertad\u00bb. Agreg\u00f3 que hubo omisi\u00f3n en \u00abla carga argumentativa del [Tribunal querellado] para apartarse de la regla general de la permanencia de la libertad y librar orden de captura de manera inmediata en contra del [actor], al no evaluarse todas las circunstancias relacionadas con el caso, la conducta desarrollada por el acusado y la necesidad de la detenci\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se revoque \u00abla orden de captura inmediata expedida [\u2026] hasta tanto no se resuelva el recurso de impugnaci\u00f3n especial [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado indic\u00f3 que \u00abse est\u00e1 en presencia de un proceso que est\u00e1 en curso por cuanto a\u00fan no ha finiquitado, pues el mismo est\u00e1 pendiente para que se desate el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la F.G.N. y los sendos recursos de impugnaci\u00f3n excepcional interpuestos por la Defensa, y por ende las pretensiones del accionante desconocen el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas manifest\u00f3 que los aspectos cuestionados no conciernen a ese Despacho, por lo que requiri\u00f3 \u00abdeclarar que [\u2026] no ha vulnerado derechos fundamentales del [actor]\u00bb. <\/p>\n
3. H\u00e9ctor Mauricio Angee Villanueva solicit\u00f3 la \u00abprocedencia de la presente acci\u00f3n de tutela, protegiendo as\u00ed el derecho fundamental a la libertad personal, el debido proceso y la garant\u00eda de presunci\u00f3n de inocencia del accionante, as\u00ed como [del mismo] y como corolario, para este ordenar la libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que el amparo \u00absolicitado por el actor se declara improcedente porque est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso ordinario de impugnaci\u00f3n especial e, incluso, tambi\u00e9n el extraordinario de casaci\u00f3n y, bajo ese presupuesto, no se han agotado los mecanismos de defensa judicial al alcance del demandante\u00bb. Adem\u00e1s, de cara al reparo por la orden de captura inmediata que se emitida, estim\u00f3 que \u00abel juzgador de segunda instancia actu\u00f3 dentro de los par\u00e1metros legales y, no hizo otra cosa que acatar lo dispuesto en el art\u00edculo 450 de la Ley Procedimental Penal actual\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021, con la cual se revoc\u00f3 la de primer grado y orden\u00f3 su captura inmediata. <\/p>\n
2. Observada la inconformidad planteada, la Corte avizora la improcedencia del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro. Ello pues, conforme a los medios de convicci\u00f3n allegados a esta tramitaci\u00f3n y las contestaciones proferidas por las autoridades al interior del presente tr\u00e1mite constitucional, se constata que el accionante impetr\u00f3 impugnaci\u00f3n especial2 ante la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n \u2013pues fue condenado por primera vez por la Sala Penal del Tribunal de Pereira-. En ese orden, dicha tramitaci\u00f3n se encuentra en curso y a\u00fan no se ha adoptado determinaci\u00f3n definitiva al respecto. Situaci\u00f3n que no puede ser soslayada. De lo contrario, equivaldr\u00eda a sustituir la competencia atribuida a los jueces del proceso para resolver las inconformidades planteadas. <\/p>\n
En todo caso, los motivos invocados por el actor no resultan suficientes para acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando, a\u00fan puede exponer ante el juez natural lo aqu\u00ed reclamado y podr\u00e1 ser resuelto lo que puntualmente se pretende por esta v\u00eda. Sobre el car\u00e1cter prematuro de este mecanismo supra legal, la Corte expres\u00f3 en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el juez del resguardo no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al ordinario, y mientras haya posibilidad de que al interior del proceso se discuta y resuelvan los puntos tra\u00eddos en sede excepcional, la acci\u00f3n incoada deviene improcedente ya que \u00e9sta no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, y no se ha estatuido como una instancia alterna a la ordinaria, ni el juez del amparo puede tenerse como un funcionario adicional de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el juicio, conforme a las competencias se\u00f1aladas por el legislador\u00bb. (CSJ STC912-2020 5 feb.2020 rad.2019-00171-00, reiterado en STC1739-2021). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, el gestor activ\u00f3 prematuramente esta acci\u00f3n constitucional, la cual, como ya se fij\u00f3, deviene inf\u00e9rtil al estar pendiente en el escenario natural del proceso que se surta la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
3. De cara al cuestionamiento tocante con que el sentenciador colegiado -con sentencia del 2 de diciembre de 2021-, libr\u00f3 orden de captura inmediata en su contra, la Sala observa que ello es la materializaci\u00f3n de la decisi\u00f3n suscrita, lo cual encuentra sustento en las previsiones del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 20043. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 117 a 237 de los anexos de la demanda. <\/p>\n