STC8597-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8597-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00282-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Venus Albor Herrera frente al fallo proferido el 31 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Inspecci\u00f3n (Sexta) de Polic\u00eda Urbana de Concorde-Malambo y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abposesi\u00f3n y propiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abordenar al\u2026 Inspector de Polic\u00eda Urbana El Concorde de Malambo\u2026 reconsiderar su posici\u00f3n de admitir la recusaci\u00f3n para atender un asunto fuera de jurisdicci\u00f3n y\u2026 emitir\u2026 prejuzgamiento sobre [su] oposici\u00f3n\u2026[,] [la que] debe atender\u2026 como tercero ajeno a la sentencia del Juzgado [convocado]\u00bb, \u00faltimo que tambi\u00e9n debe revisar el asunto fustigado, porque result\u00f3 vencida \u00absin haber tenido un juicio justo\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el proceso reivindicatorio instaurado por Alejandro Pedraza Jim\u00e9nez contra Euclides Pedraza Jim\u00e9nez, \u00cdtalo Pedraza Zambrano, Eduardo Pedraza de la Rosa, Manuel Eusebio y \u00c1ngel Pedraza Heredia, respecto de los predios con folios inmobiliarios Nros. 040-295432 y 040-295433 (hoy Nros. 041-95871 y 041-95872, en su orden), surtidas las etapas de rigor, el 17 de octubre de 2014 el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Soledad dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones. <\/p>\n
2.2. Luego, para la entrega de esos inmuebles, como comisionada, la Inspecci\u00f3n Central de Polic\u00eda de Malambo inici\u00f3 la diligencia respectiva el 13 de agosto de 2019, en la cual la accionante formul\u00f3 oposici\u00f3n, la que, con auto de 17 de enero de 2020, declar\u00f3 infundada el Juzgado acusado, a la vez que dispuso devolver el despacho comisorio a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda para continuar la diligencia. Auto que cobr\u00f3 ejecutoria sin recursos. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, asignada la comisi\u00f3n a la Inspectora Rural de Polic\u00eda de Caracol\u00ed – Jurisdicci\u00f3n del Municipio de Malambo, \u00e9sta manifest\u00f3 su impedimento para asumirla debido a su \u00abfamiliaridad y amistad con las partes en litigio\u00bb, dimisi\u00f3n que el 9 de diciembre de 2021 acept\u00f3 la Secretar\u00eda de Gobierno Municipal de Malambo, a la vez que reasign\u00f3 el asunto al Inspector de Polic\u00eda accionado, el que el 8 de marzo de 2022 rechaz\u00f3 la recusaci\u00f3n que en su contra formul\u00f3 la quejosa. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, la accionante, quien se\u00f1al\u00f3 poseer el predio sobre el que se viene adelantando la diligencia de entrega (en forma compartida desde 1994, exclusiva e independiente desde 2010), mismo que aduce distinto a los denunciados en el juicio recriminado, cuestion\u00f3, por un lado, que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda acusada, sin tener competencia territorial y efectuando un indebido prejuzgamiento, no accedi\u00f3 a la recusaci\u00f3n que le formul\u00f3 y, al desatarla, se pronunci\u00f3 frente al fondo de sus actos posesorios indicando que no atender\u00eda su oposici\u00f3n porque el comitente ya la hab\u00eda hallado infundada; y de otro lado, que el Juzgado acusado desconoci\u00f3, en su sentir, sus acreditados actos posesorios, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, aunado a que nunca fue debidamente vinculada como parte o interviniente en el juicio recriminado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abno se evidencia actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna desplegada por [ese] despacho\u2026 que conlleve a la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda Urbana del Municipio de Malambo tambi\u00e9n rog\u00f3 desestimar la salvaguarda porque \u00abha cumplido estrictamente la delegaci\u00f3n ordenada por la Secretar\u00eda de Gobierno municipal en el tr\u00e1mite del despacho comisorio [que le fue encomendado]\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Euclides Pedraza Jim\u00e9nez y Alejandro Pedraza Simanca, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 16 de mayo (ATC653-2022), neg\u00f3 el resguardo, por un lado, al considerar contentiva de un criterio razonable la decisi\u00f3n adoptada el 8 de marzo de 2022 por la Inspecci\u00f3n (Sexta) de Polic\u00eda Urbana de Concorde-Malambo, porque aunque se manifest\u00f3 frente a los actos posesorios, lo hizo porque en la recusaci\u00f3n se hizo referencia a ellos y, en todo caso, fund\u00f3 el rechaz\u00f3 de plano de la recusaci\u00f3n en la parte final del art\u00edculo 142 del C\u00f3digo General del Proceso, acorde con el cual el comisionado no puede ser objeto de ella; y de otra parte, al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad en cuanto al auto de 17 de enero de 2020 (mediante el cual el Juzgado acusado encontr\u00f3 infundada la oposici\u00f3n propuesta por la quejosa al inicio de la diligencia de entrega), sumado a la omisi\u00f3n de la quejosa en cuanto a formular la respectiva solicitud de nulidad aduciendo su indebida o carencia de vinculaci\u00f3n al juicio recriminado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora indicando conformidad con lo resuelto de cara a la mentada recusaci\u00f3n e insistiendo en sus planteamientos en punto al despacho adverso de su oposici\u00f3n y su carencia de vinculaci\u00f3n al juicio recriminado, supuesto que, adujo, incluso, han debido ser objeto de pronunciamiento oficioso por parte del Juzgador convocado, por v\u00eda de control de legalidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto al reclamo de cara al despacho adverso de la oposici\u00f3n incoada por la quejosa frente a la diligencia de entrega de los predios, muy a pesar de sus planteamientos, acertada fue la conclusi\u00f3n del fallador constitucional de primer grado, en tanto que dicha decisi\u00f3n fue adoptada desde el 17 de enero de 2020 por el Juzgado convocado, sin que su simple reiteraci\u00f3n el 8 de marzo de 2022, por parte de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda comisionada, reviviera t\u00e9rmino alguno, de all\u00ed que el ruego constitucional al respecto fuera inviable, al carecer del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre aquella data y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (abril de 2022), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente frente a la memorada determinaci\u00f3n porque contra la misma la quejosa no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante el juzgador natural, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed plantea y pretende revivir, especialmente respecto a la supuesta acreditaci\u00f3n de sus actos posesorios y falta de determinaci\u00f3n de los predios objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que la salvaguarda no resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Siendo evidente que la falta de satisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, como aqu\u00ed ocurre, impide al fallador constitucional ocuparse del fondo del asunto sometido a su escrutinio, las anteriores razones se muestran suficientes para respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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