STC8606-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8606-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00360-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 H\u00e9ctor Fabio Mart\u00ednez Castro frente al fallo de 8 de marzo de 20221, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el recurrente contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-019-2018-00336-00 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3, en s\u00edntesis, dejar sin efecto la sentencia que emiti\u00f3 la hom\u00f3loga especializada (SL3773 11 agos. de 2021), y en su lugar, se dicte una nueva que aplique el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional referente a la sumatoria de los aportes y se acceda a su pensi\u00f3n por invalidez. <\/p>\n
Tal pedimento fue sustentado, en lo medular, en que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones para que se le reconociera la pensi\u00f3n por invalidez, teniendo en cuenta que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 D.C. el 5 de marzo de 2002 le calific\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad del 70.60%, con fecha de estructuraci\u00f3n (11 abr. 1993), el Instituto de los Seguros Sociales en Resoluci\u00f3n no. 08875 de 14 de junio de 1994 estableci\u00f3 que cotiz\u00f3 120 semanas a la fecha de estructuraci\u00f3n, el Ministerio de defensa certific\u00f3 que prest\u00f3 sus servicios durante el periodo 1 de septiembre de 1984 hasta el 19 de marzo de 1992; el ISS a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n referida, neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la renta, por no reunir los requisitos del art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, y en su lugar, le reconoci\u00f3 la indemnizaci\u00f3n sustitutiva en la cuant\u00eda de $326.040. El a quo acogi\u00f3 las pretensiones (19 oct. 2019), el veredicto fui impugnado pero el superior revoc\u00f3 (5 may. 2020) y absolvi\u00f3 a Colpensiones, inconform\u00e9 inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala hom\u00f3loga en Laboral no cas\u00f3 la providencia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que las ultimas providencias incurrieron en v\u00eda de hecho, porque desconocieron el precedente establecido en las sentencias ST 090 de 2018; SU 057 de 20148 y SU 769 de 2014 que propugnaron la sumatoria de aportes en distintos escenarios p\u00fablicos y privados. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n accionada solicit\u00f3 se negara la acci\u00f3n constitucional al haber resuelto bajo el amparo de la ley, el criterio jurisprudencial y las pruebas aportadas. La Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1 D.C. defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones surtidas; El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 ser desvinculado y deprec\u00f3 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el amparo por encontrar razonable lo resuelto por la sala hom\u00f3loga en laboral. <\/p>\n
4.- El libelista se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, porque no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio a prerrogativas fundamentales, que habilite la intervenci\u00f3n de esta justicia especial. <\/p>\n
El accionante considera lesionados sus derechos en el proceso ordinario laboral contra Colpensiones porque no se aplic\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional que resolvi\u00f3 la procedencia de acumular los periodos de cotizaci\u00f3n en el sector p\u00fablico o privados con las semanas reconocidas en el ISS. <\/p>\n
Revisada la providencia SL3773 de 11 de agosto de 2021, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral adelantado por H\u00e9ctor Fabio Mart\u00ednez, se avizora que la colegiatura fustigada al estudiar el cargo formulado por el aqu\u00ed accionante, no de desat\u00f3 el recurso de forma caprichosa; por el contrario, lo decidido obedece a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la norma que rige el tema de pensiones por invalidez, la jurisprudencia emitida por este \u00f3rgano judicial y la Corte Constitucional, valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas que soportaron el juicio de cara a la \u00absumatoria de tiempo p\u00fablico con el privado\u00bb y verific\u00f3 el cumplimiento de los presupuestos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
En efecto, la Magistratura al momento de resolver el cargo incoado por el casacionista, abord\u00f3 los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema, en materia de sumatoria de aportes pensionales en el sector p\u00fablico o privado. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u00abComo se recuerda, la Ley 100 de 1993 comenz\u00f3 su vigencia a partir de su promulgaci\u00f3n, es decir, de su inserci\u00f3n en el Diario Oficial, que lo fue el CXXIX, n.\u00b0 41148 de 23 de diciembre de 1993, pero de acuerdo con el art\u00edculo 151 de ese estatuto, \u00abEl Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regir\u00e1 a partir del 1o. de abril de 1994\u00bb. <\/p>\n
Esto quiere decir que mientras las pensiones adquiridas a instancia del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en las condiciones anotadas, hacen parte integral del Sistema General de Pensiones, aquellas que no gozan de esas caracter\u00edsticas no son pasibles de las mismas reglas, en tanto las situaciones que gobiernan se consolidaron en vigencia de una normativa anterior y diferente, como ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
Finalmente, debe quedar claro, tambi\u00e9n, que el precedente constitucional invocado por el recurrente, esto es, la sentencia CC SU-769-2014, efectu\u00f3 el an\u00e1lisis que le permiti\u00f3 llegar a la conclusi\u00f3n de que es posible la acumulaci\u00f3n de tiempos p\u00fablicos y privados, con o sin cotizaci\u00f3n efectiva, en aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990 del ISS, sobre el supuesto de que en ese caso el reclamante estaba amparado por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
De manera que, para este caso, por no corresponder la prestaci\u00f3n pretendida en el plenario a una acorde con estas reglas de aplicaci\u00f3n, espec\u00edficamente, no estar protegida por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n–aplicable particularmente para la pensi\u00f3n de vejez–; y no cumplir el recurrente con el tiempo, ni con la edad exigida en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no le era posible al ad quem acudir a dicha l\u00ednea jurisprudencial, pues estaba excluida de tal entendimiento. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 la viabilidad o no de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el caso expuesto por el gestor, empero, concluyo: <\/p>\n
\u00abPor otra parte, si en gracia de discusi\u00f3n se reflexionara la posibilidad de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, por tratarse de un riesgo frente al que no opera la citada transici\u00f3n normativa, tampoco ser\u00eda viable su adaptaci\u00f3n, pues aquel principio contempla la preservaci\u00f3n de las condiciones o de los requisitos establecidos en una disposici\u00f3n anterior, cuando ha sido sustituida por otra, siempre y cuando se hubiere cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, se advertir\u00eda, sin duda, el no cumplimiento de la condici\u00f3n, pues la disposici\u00f3n hipot\u00e9ticamente aplicable ser\u00eda el art\u00edculo 1. \u00b0 del Acuerdo 019 de 1984, aprobado por Decreto 232 del mismo a\u00f1o, que en su literal b) estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo primero. El art\u00edculo 5.\u00b0 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por Decreto 3041 del mismo a\u00f1o quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Tendr\u00e1n derecho a pensi\u00f3n por invalidez los asegurados que re\u00fanan las siguientes- condiciones: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotizaci\u00f3n- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) a\u00f1os anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotizaci\u00f3n en cualquier \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
Y, como se ha reiterado por esta Sala, la aplicaci\u00f3n del principio no permite ir m\u00e1s all\u00e1, es decir, no permite acudir a cualquier normativa anterior o de manera indefinida a todo tr\u00e1nsito legislativo.\u00bb <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que en sentencia CSL1884-2020, la Corporaci\u00f3n expres\u00f3 las razones y motivos por los cuales se apartaba del precedente constitucional de la decisi\u00f3n SU-055\/2018 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita tras reconocer la postura de ambas cortes en el sentido de permitir la sumatoria de los aportes, fue determinante en precisar que, para aplicar la tesis pretendida, el actor debi\u00f3 cumplir los requisitos exigidos por la norma que se ajustaran al r\u00e9gimen de transici\u00f3n o el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sin embargo, no se demostr\u00f3. <\/p>\n
Entonces, desde la facultad aut\u00f3noma judicial del \u00f3rgano especializado en laboral no luce caprichoso o arbitrario lo adoptado por la sala, en tanto expuso con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento prestacional, habida cuenta que no se cumpli\u00f3 con las exigencias de la ley, la l\u00ednea jurisprudencial para acceder a la pensi\u00f3n por invalidez. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe confirmarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 22 de abril de 2022, no obstante, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 21 de junio del presente a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8606-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8606-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00360-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 H\u00e9ctor Fabio Mart\u00ednez Castro frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}