STC8609-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8609-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 31 de mayo de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Enith del Rosario Mattos de Yepes contra los Juzgados Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples1 y el Quinto Civil del Circuito, ambos de Santa Marta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso declarativo de radicado 2011-00500-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, reside en un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta. Adujo, que convivi\u00f3 con el se\u00f1or Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval, sin embargo, \u00abpor motivos personales termina[ron su] relaci\u00f3n y hace aproximadamente m\u00e1s de 12 a\u00f1os no convi[ve] con el se\u00f1or\u00bb. Relat\u00f3 que, posteriormente, inici\u00f3 un proceso en el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta vincul\u00f3 \u00abun [tr\u00e1mite] que supuestamente segu\u00edan en contra a Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval [\u2026]\u00bb2. En el mismo, \u00absupuestamente exist\u00eda un contrato de arrendamiento con \u00e9l, [\u2026] y aportaron un contrato de arrendamiento que al conversar con [su] expareja [\u2026] \u201cnunca se firm\u00f3\u201d\u00bb. En virtud de ello, sostuvo que \u00abpara demostrar que no era [esa] firma, se buscaron los servicios de peritos especializados en la materia, dando un resultado en el cual se demostraba que dicho contrato era falso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.1. Como consecuencia de lo anterior, mencion\u00f3 que \u00abinterpuso denuncia penal en contra de todas las personas intervinientes en dicho proceso\u00bb, con el fin de demostrar \u00abque se comet\u00eda un fraude procesal y falsedad en documento p\u00fablico y privado, [\u2026], toda vez que a pesar de que el administrador en este caso hizo caso omiso, a la prueba grafol\u00f3gica aportada, la cual se demostraba que dicho contrato era falso [\u2026]\u00bb. Al respecto, refiri\u00f3 que esa acci\u00f3n \u00abcursa en la Fiscal\u00eda 16 Seccional de Santa Marta, la cual ha avanzado\u00bb. No obstante, indic\u00f3 que \u00abel proceso no aparece dentro del juzgado\u00bb. <\/p>\n
2.2. El Juzgado del orden municipal, con sentencia del 30 de noviembre de 2015 resolvi\u00f3 \u00abdeclarar no probadas las excepciones de inexistencia del derecho pretendido y falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb. Adem\u00e1s, conden\u00f3 \u00abal demandado Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval al pago de [\u2026] $8.150.000 por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento adeudados desde el mes de abril de 2002 hasta el mes de noviembre de 2015\u00bb. Asimismo, declar\u00f3 resuelto \u00abel contrato de arrendamiento celebrado entre los se\u00f1ores Luz Marina Salazar de Villareal y Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval [\u2026]\u00bb. Y dispuso \u00abla restituci\u00f3n del bien inmueble a favor del demandante, para lo cual se ordena el lanzamiento del demandado [\u2026]\u00bb3. En consecuencia, el funcionario judicial expidi\u00f3 despacho comisorio No. 004, a trav\u00e9s del cual notific\u00f3 a la Alcald\u00eda Local 3 de Santa Marta, para que procediera de conformidad4. <\/p>\n
2.3. Dicha autoridad, inici\u00f3 la diligencia de lanzamiento el 4 de abril de 2019. En dicho tr\u00e1mite, la tutelante intervino como opositora \u2013por ser poseedora del inmueble-5. Al respecto, la autoridad responsable manifest\u00f3 que \u00abel apoderado de la parte demandada present\u00f3 oposici\u00f3n. [\u2026] Una vez analizadas las intervenciones de las partes y las pruebas aportadas se neg\u00f3 dicha oposici\u00f3n por considerarse que no hab\u00eda motivo suficiente para suspender la diligencia encomendada por el despacho comitente. En consecuencia, se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien inmueble objeto de la diligencia. As\u00ed pues, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n [\u2026]. En m\u00e9rito [\u2026] neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n. Y a su vez conced[i\u00f3] el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo\u00bb6. <\/p>\n
2.4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, con prove\u00eddo del 31 de julio de 2020 decidi\u00f3 \u00abconfirmar en su integridad la decisi\u00f3n dictada durante la diligencia de entrega llevada a cabo el 4 de abril de 2019 en el marco del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado [\u2026]\u00bb7. Remitido el asunto al Despacho de origen, el mismo determin\u00f3 -con auto del 10 de mayo de 2022- librar \u00abdespacho comisorio con los insertos del caso Local de es[a] ciudad, para que lleve a cabo la diligencia de lanzamiento y por ende, la restituci\u00f3n del aludido inmueble\u00bb8. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, anot\u00f3 que el Despacho municipal \u00abno est\u00e1 realizando las actuaciones jur\u00eddicas como debe ser, ya que [\u2026] se est\u00e1 obstruyendo la verdadera justicia que quiere realizar la Fiscal\u00eda 16 Seccional, al pedir esas pruebas para as\u00ed poder tomar una decisi\u00f3n de fondo, [\u2026] pero si realizan un despacho comisorio sin haber proceso, son claros los fines oscuros de es[e] juzgado, y parte de sus funcionarios, ya que no dan razones claras a esta problem\u00e1tica, pero si realizan un despacho comisorio sin haber proceso [\u2026]\u00bb. Incluso, a pesar de que \u00abse han sabido de primera mano, de la prueba grafol\u00f3gica realizada [\u2026] a sabiendas que hay libertad de pruebas [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se declare \u00abnulo el despacho comisorio mediante providencia No. 004 de fecha 27 de abril de 2022 emitida por el Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples hoy Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta inform\u00f3 que, al interior del juicio de marras dict\u00f3 sentencia de segunda instancia \u2013confirm\u00f3 la de primer grado-. Y, manifest\u00f3 que lo discurrido se realiz\u00f3 \u00abdentro de los t\u00e9rminos de ley sin extralimitaci\u00f3n de estos\u00bb. <\/p>\n
2. El Despacho Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta, luego de exponer su razonamiento frente a los planteamientos de la accionante, concluy\u00f3 que la misma \u00abtiene apoderado judicial dentro del proceso [\u2026] el cual, se puede consultar el mismo por Tyba como en la web de la rama judicial [\u2026] donde pueden observar todas las actuaciones que [se] surten\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Seccional Diecis\u00e9is de Santa Marta refiri\u00f3 los avances y dificultades que han surgido a partir de la investigaci\u00f3n iniciada, frente a lo que indic\u00f3 que \u00abest\u00e1n sujetos a una contingencia que no es otra cosa que la voluntad del jurisdiccente (sic) civil a efectos de proferir el auto para poder acceder EMP, necesarios para efectivizar la probatura requerida, que en medida alguna ya depende del ente investigador, sino que por el contrario se est\u00e1 atento a la decisi\u00f3n de la autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
4. Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval mencion\u00f3 que \u00abla juez tom\u00f3 una v\u00eda de hecho\u00bb, pues \u00absabiendo que exist\u00eda una duda, fehaciente, sobre ese contrato el cual aparec\u00eda firmado a [su] nombre\u00bb, desestim\u00f3 dicho medio de prueba. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla promotora de la causa no es parte al interior del proceso comoquiera que solo fungi\u00f3 como opositora durante la diligencia de entrega al interponer el recurso de apelaci\u00f3n, que result\u00f3 desfavorable a sus intereses. Tampoco, est\u00e1 facultada para representar los intereses del se\u00f1or Onofre Sandoval ni acredita los requisitos para actuar como agente oficioso del directamente implicado en el proceso de restituci\u00f3n, cosa contraria, ser\u00eda si el reproche se direcciona a la decisi\u00f3n que le deneg\u00f3 la oposici\u00f3n\u00bb. Por otro lado, estim\u00f3 que frente a la \u00abubicaci\u00f3n o posible reconstrucci\u00f3n del expediente seg\u00fan las manifestaciones exteriorizadas por los despachos encartados, resulta prematuro endilgarle responsabilidad alguna al Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta, quien no lo ten\u00eda en su custodia, pues fue hasta el 26 de mayo de 2022, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito orden\u00f3 su remisi\u00f3n. As\u00ed las cosas, la promotora de la causa podr\u00e1 acercase al juzgado de origen para los tr\u00e1mites pertinentes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora manifest\u00f3 \u00abimpugnar la providencia del pasado 31 de mayo de 2022\u00bb. Si bien expres\u00f3 que sustentar\u00eda posteriormente, ello no se cumpli\u00f3. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la tutelante, con ocasi\u00f3n del despacho comisorio librado por el Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta con el fin de que se ejecute el lanzamiento del inmueble que ocupa. <\/p>\n
2. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de estos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb9. <\/p>\n
3. Sobre el particular, la Corte advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional invocada. En efecto, seg\u00fan se constata del expediente, la accionante no es sujeto procesal en el tr\u00e1mite debatido, esto es, no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva dentro del juicio que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. Ello pues, sus cuestionamientos van dirigidos es a que se confronte la veracidad del contrato de arrendamiento objeto del proceso de marras \u2013asunto que fue definido por el Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta con sentencia del 30 de noviembre de 2015-, y no lo acontecido en la diligencia de lanzamiento donde actu\u00f3 como opositora. Adicionalmente, no aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 actuar en calidad de agente oficioso de los directamente implicados en el proceso de restituci\u00f3n debatido. Por lo tanto, resulta inviable estudiar el fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
4. Finalmente, con relaci\u00f3n a la queja relativa a la ubicaci\u00f3n o reconstrucci\u00f3n del legajo, se advierte de los documentos arrimados a esta causa, que el mismo fue remitido en f\u00edsico por el Despacho Quinto Civil del Circuito de Santa Marta al de origen el pasado 26 de mayo de la presente anualidad10. Por lo tanto, la convocante, si a bien lo tiene podr\u00e1 dirigirse a dicha autoridad para los tr\u00e1mites pertinentes. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Antes, Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta. <\/p>\n
2\u0002 Juicio con radicado 2011-00500-00. Proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de Luz Marina Salazar de Villareal contra Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval. Archivo PDF \u00ab2011 \u2013 00500 Luz Marina Lazar de Villareal Vs Onofre Jer\u00f3nimo Sandoval\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folios 85 a 96. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 107. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 110 a 113. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 108 a 109. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 138 a 144. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab2011-00500 Elaborar nuevo despacho comisorio\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, la Sala ha sostenido que: \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya – STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
10\u0002 Seg\u00fan consta recepci\u00f3n del expediente por parte del citador de ese juzgado. Archivo PDF \u00ab21-Respuesta devoluci\u00f3n expediente Rad. 2011-00500-00\u00bb. <\/p>\n
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