STC8611-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8611-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b011001-02-04-000-2022-00949-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante en nombre propio y en calidad de liquidadora de la IPS G\u00e9nesis pidi\u00f3 \u00abse revoquen la(sic) Sentencia del diecisiete (17) de enero de 2022, proferida por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medell\u00edn y Sentencia del veintinueve (29) de abril de 2022, proferida por el Tribunal (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En sustento afirm\u00f3 que el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 la tutela que promovi\u00f3 en su contra Julio Fredys Dumar Ruiz(15 oct. 2021), pero el Tribunal la revoc\u00f3 y dispuso ordenar \u00aba la representante legal de G\u00e9nesis EPS en liquidaci\u00f3n, Rosa Alicia \u00c1lvarez Zea que, en un t\u00e9rmino que no supere los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, PAGUE a Julio Fredys Dumar Ruiz los salarios que le adeuda de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Asimismo, mientras se encuentre vigente la relaci\u00f3n laboral, deber\u00e1 la Corporaci\u00f3n G\u00e9nesis normalizar la situaci\u00f3n del accionante en el sistema de seguridad social en salud a trav\u00e9s de la EPS SURA asumiendo el pago de la seguridad social (\u2026) (23 nov. 2021). <\/p>\n
Narr\u00f3 que contra esa determinaci\u00f3n acudi\u00f3 en tutela (rad. 2021-02651-00), pero no fue exitosa en primera instancia y se hallaba pendiente de resolver la impugnaci\u00f3n. Cont\u00f3 que Dumar Ruiz present\u00f3 escrito de desacato y en tal raz\u00f3n comunic\u00f3 al juez de conocimiento sobre la \u00abincapacidad material para el cumplimiento del fallo, as\u00ed como tambi\u00e9n, el cumplimiento parcial del mismo fallo consistente en el pago de la n\u00f3mina del mes de julio de 2021 y la prima del mes de diciembre de 2021\u00bb, pero fue sancionada con tres (3) d\u00edas de arresto y le impuso multa de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (17 ene. 2022), decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal (29 abr. 2022). <\/p>\n
2.- Los convocados resistieron los anhelos. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el ruego al advertir la razonabilidad del desenlace porque si \u00abla sociedad incidentada no ten\u00eda capacidad material de cumplir la orden impartida, dicha argumentaci\u00f3n deb\u00eda haberse presentado en el marco del tr\u00e1mite incidental, donde se le dio la oportunidad para ello, pero opt\u00f3 por guardar silencio aun cuando fue debidamente enterada del tr\u00e1mite (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 la convocante e insisti\u00f3 en las argumentaciones del libelo. En esta instancia se estableci\u00f3 que la impugnaci\u00f3n del fallo en el ruego 2021-02651-01, se desat\u00f3 por esta Sala el pasado 11 de mayo (CSJ STC5670-2022), mediante la cual confirm\u00f3 la negativa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anuncia la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
Este mecanismo, por regla general, est\u00e1 concebido para resguardarlos derechos fundamentales sin anteponerse a los cauces ordinarios establecidos por el legislador, pues, no es lo ideal suplantarlos para reabrir debates culminados ni para revivir fases que se dejaron vencer en silencio; por lo mismo, es eficaz, preferente, sumario y residual (art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). En fin, su ejercicio requiere que el ciudadano afectado no cuente con otros medios para conjurar las situaciones causantes de la presunta transgresi\u00f3n o, existiendo ellos, se utilice en forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, en punto a la posibilidad de combatir por este remedio veredictos emitidos en otras actuaciones de igual naturaleza, la Corte de vieja data record\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n
(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC4314-2018, memorada en STC2843-2021 entre muchas). <\/p>\n
En el caso analizado, prontamente se observa que las alegaciones de la inconforme no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis que har\u00edan factible el buen suceso de esta herramienta, porque claramente insiste en temas que, para bien o para mal, quedaron debidamente abordados y zanjados en la anterior ocasi\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo en la actualidad la discusi\u00f3n se centra en evitar la ejecuci\u00f3n del castigo impuesto por no obedecer el fallo de tutela proferido por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medell\u00edn el 15 de octubre de 2021; \u00edtem que nada tiene que ver con la manera como se integr\u00f3 el contradictorio en la tutela que precedi\u00f3 al tr\u00e1mite incidental ni en la forma como all\u00e1 fueron noticiados los intervinientes de las determinaciones adoptadas. En fin, la discrepancia de ahora recae sobre el fondo de una situaci\u00f3n ya clausurada. <\/p>\n
Entonces, como ninguna de las aserciones en que se finca el amparo revelan transgresi\u00f3n del debido proceso por la falta de vinculaci\u00f3n o indebida notificaci\u00f3n de los convocantes en ese resguardo, no devienen admisible en esta oportunidad; pues, lo contrario conllevar\u00eda a postergar de manera perenne temas de equivalente linaje s\u00f3lo porque uno de los contendientes no sali\u00f3 conforme con las resultas de una acci\u00f3n similar. Esto, a no dudarlo, desnaturalizar\u00eda el genuino alcance de esta instituci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, en punto a la cr\u00edtica basilar de la impulsora consistente en que las sanciones pecuniaria y de arresto refutadas eran inviables por su condici\u00f3n de liquidadora de la Corporaci\u00f3n G\u00e9nesis Salud IPS en Liquidaci\u00f3n, esa circunstancia no refleja arbitrariedad, toda vez que la calidad con base en la cual result\u00f3 castigada efectivamente aparejaba la representaci\u00f3n legal de la all\u00e1 accionada y, por tanto, estaba abocada a responder por las omisiones endilgadas, pues, el art\u00edculo 2.2.2.11.1.3. del Decreto 2130 de 2015 establece con nitidez que el\u00abliquidador es la persona natural que act\u00faa como administrador y representante legal de entidad en proceso de liquidaci\u00f3n. El liquidador deber\u00e1 cumplir las cargas, deberes y responsabilidades previstas en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio, la Ley 1116 de 2006 y en el presente decreto\u00bb(CSJ STC6905-2020), sin embargo, como lo resalt\u00f3 el a quo su conducta fue de aquietamiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal al desatar el grado jurisdiccional de consulta y luego de verificar con rigurosidad que las prerrogativas superiores le fueron respetadas a la sancionada Rosa \u00c1lvarez Zea, en su calidad de Representante Legal de la IPS G\u00e9nesis en Liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) en el presente tr\u00e1mite se verificaron que se han satisfecho cada una de esas etapas. Veamos: se le notific\u00f3 oportunamente a la Representante Legal en Liquidaci\u00f3n de G\u00e9nesis I.P.S. Rosa Alicia \u00c1lvarez Zea, que exist\u00eda una orden constitucional a cuya ejecuci\u00f3n no hab\u00eda procedido y sobre la apertura del tr\u00e1mite, habi\u00e9ndole concedido con ello la oportunidad para que expusiera los motivos por los que todav\u00eda no se acataba lo dispuesto en el fallo constitucional y solicitara las pruebas que considerara pertinentes. <\/p>\n
Igualmente, la funcionaria fue notificada de la sanci\u00f3n por incumplimiento, remiti\u00e9ndose luego el tr\u00e1mite a esta Corporaci\u00f3n para que se surtiera el grado jurisdiccional de Consulta, evidenciando la Sala que efectivamente la obligada a dar el cumplimiento del fallo constitucional es G\u00e9nesis IPS en Liquidaci\u00f3n y no obstante los requerimientos del despacho de primera instancia no lo ha hecho, pues conforme lo indic\u00f3 el accionante a esta Sala en marzo se le pag\u00f3 una parte del salario de agosto y su situaci\u00f3n en el sistema de seguridad social no ha sido normalizada. <\/p>\n
Continuando con su disertaci\u00f3n no hall\u00f3 explicaci\u00f3n alguna sobre la desatenci\u00f3n a la orden tutelar y en esa l\u00ednea argumentativa luego de memorar la sentencia C-092 de 1997 concluy\u00f3 que, <\/p>\n
Es un hecho cierto e indiscutible que ha existido negligencia en el actuar de la representante legal de G\u00e9nesis I.P.S. en Liquidaci\u00f3n pues incumpli\u00f3 con la orden que le fue impartida en el fallo sin que se muestre razonable la explicaci\u00f3n de su tardanza. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se cumple con los dos requisitos para dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n de desacato, esto es, el requisito objetivo, referido al incumplimiento de la orden dada por el juez constitucional y el requisito subjetivo, que se refiere a la responsabilidad del obligado de acatar la orden judicial <\/p>\n
Desde este punto, los argumentos que sustentan las providencias objetadas se muestran razonables y, por consiguiente, no existe m\u00e9rito para descalificar en este extraordinario sendero la sanci\u00f3n aludida. <\/p>\n
De acuerdo a lo manifestado, se convalidar\u00e1 la resoluci\u00f3n examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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