STC8612-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8612-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00564-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la tutela promovida por Nelcy Mar\u00eda Marzola Mart\u00ednez, a trav\u00e9s de apoderado, en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia y la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2016-00192. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En procura de perseguir los bienes de personas integrantes del Clan \u00dasuga, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 la actuaci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio, en la que est\u00e1 involucrado, entre otros, el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 008-8158, en el que est\u00e1 vinculada la tutelante. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia, el cual, surtido el tr\u00e1mite pertinente, por auto del 6 de octubre del 2020, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de unas pruebas, incluyendo las documentales allegadas por la actora en la fase inicial y neg\u00f3 otras, entre ellas, el testimonio de Marzola Mart\u00ednez, porque fue peticionado intempestivamente el 27 de mayo de la misma anualidad, esto es, por fuera del plazo previsto en el art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014, que -en el caso- fenec\u00eda el 23 de mayo. <\/p>\n
2.3. \u00c9sta \u00faltima determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 23 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.4. El 18 de noviembre siguiente, el vocero de la tutelante formul\u00f3 solicitud de \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb del prove\u00eddo de 6 de octubre de 2020, por ser \u00aberr\u00f3neo\u00bb, al no haberse tenido en cuenta, para el conteo de los t\u00e9rminos previstos en el citado art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014, que durante los d\u00edas 22 y 23 de mayo de 2019 hubo \u00abparo judicial\u00bb convocado por \u00abAsonal Judicial\u00bb. Al respecto, indica que en el escrito manifest\u00f3, entre otros, que \u00abfue por las razones antes anotadas, ante la existencia de un hecho p\u00fablico notorio, como lo es la anormalidad judicial que existi\u00f3 los d\u00edas 22 y 23 de mayo de 2019 que el despacho a su digno cargo por elementales razones deb\u00eda conocer. Fue por ello, que el suscrito mandatario no considero necesario aportar la constancia expedida por Asonal Judicial\u00bb. <\/p>\n
2.5. En providencia de 26 de noviembre ulterior, el despacho del circuito accionado desestim\u00f3 dicho pedimento. <\/p>\n
3. La parte actora tacha de irregulares las decisiones adoptadas, que denegaron el decreto y la pr\u00e1ctica de la declaraci\u00f3n peticionada, pues no consideraron que durante los d\u00edas 22 y 23 de mayo los despachos judiciales estaban cerrados, al haberse decretado un \u00abparo\u00bb en esas fechas por parte de \u00abAsonal Judicial\u00bb, lo cual fue un hecho \u00abnotorio\u00bb y, por tanto, exento de prueba, \u00abFue por ello, que el suscrito mandatario no considero necesario aportar la constancia expedida por Asonal Judicial\u00bb. <\/p>\n
Adujo que esa fue la causa que le impidi\u00f3 el \u00abacceso a las dependencias judiciales\u00bb, por lo que \u00absolo pudo presentar el escrito correspondiente el d\u00eda h\u00e1bil inmediatamente posterior a la anormalidad judicial (para dicha \u00e9poca no exist\u00eda la virtualidad judicial)\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado exige, en concreto, que se dejen sin efectos los pronunciamientos de 6 de octubre de 20201 y de 26 de noviembre de 2021, proferidos, ambos, por el despacho del circuito cuestionado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El juzgado criticado indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) el argumento de que los d\u00edas 22 y 23 de mayo de 2019 no pudo radicar su petici\u00f3n suasoria debido a que los despachos judiciales fueron cerrados con ocasi\u00f3n de la asamblea permanente convocada por el sindicato -Asonal Judicial-, fue uno de los motivos expuestos en la impugnaci\u00f3n elevada ante el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1, misma que fue resuelta y confirmada\u00bb. <\/p>\n
A su vez, precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) a este respecto, no se hall\u00f3 en la p\u00e1gina del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Antioquia, un acto administrativo (acuerdo) que autorizara la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para esas fechas, aunado a ello no siempre que el sindicato convoca a actividades, se trata de un paro que implique cese de actividades y cierre de despachos durante toda la jornada laboral en el edificio ICETEX; incluso para dar respuesta fue consultado con el hom\u00f3logo Juzgado 2\u00ba, en el que tampoco hubo constancia de dicha suspensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Colegiado querellado advirti\u00f3 que en el pronunciamiento de 23 de septiembre de 2021 se abordaron \u00abde manera prolija\u00bb los inconformismos de la apelante, que se reiteraban en sede de tutela; decisi\u00f3n que no estructuraba v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que el proceso estaba \u00aben turno para alegar de conclusi\u00f3n\u00bb, oportunidad en la cual \u00abdebe el representante judicial de la accionante referir cualquier situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus garant\u00edas superiores\u00bb, por lo que estaba \u00abfuera de lugar\u00bb pedirle al juez constitucional que se entrometiera en el asunto. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la promotora, a trav\u00e9s de su apoderado, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito introductorio. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abdentro del t\u00e9rmino de traslado para los alegatos finales, el suscrito presenta escrito el d\u00eda 27 de abril del corriente a\u00f1o, (\u2026) donde nuevamente se impetra del digno Juzgador una actitud dial\u00e9ctica consonante con la grave problem\u00e1tica que padece mi asistida por hab\u00e9rsele despojado de su leg\u00edtimo derecho de defensa (\u2026). La referida s\u00faplica no ha obtenido respuesta\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante pretende que se revoquen los autos de 6 de octubre de 20202 y de 26 de noviembre de 2021 emanados del juzgado penal especializado atacado, por virtud de los cuales se neg\u00f3 el decreto de la prueba testimonial solicitada. <\/p>\n
Aunque no se cuestiona directamente el pronunciamiento dictado por el Tribunal convocado el 23 de septiembre de la pasada anualidad, para esta Corte es patente que su inconformismo tambi\u00e9n se enfila contra aqu\u00e9l, ya que fue la decisi\u00f3n que en las instancias ordinarias resolvi\u00f3, en \u00faltimas, lo relativo a la prueba testimonial de la tutelante y, por lo cual, se habilit\u00f3 la competencia del a quo constitucional para conocer del asunto. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improcedencia del ruego, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, toda vez que el proceso de extinci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y a\u00fan no se adoptado una decisi\u00f3n definitiva en torno a los derechos de la actora; en tal medida, el juez constitucional no puede atribuirse facultades propias del de conocimiento, pues admitir dicha potestad implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios del juicio respectivo. Bajo esta \u00f3ptica, la salvaguarda reclamada resulta anticipada. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, en un asunto similar, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches de los censores se enfilaron a derruir el decreto probatorio dispuesto por el ad-quem en el juicio penal seguido en su contra, porque, en su sentir, con ello se valid\u00f3 la inclusi\u00f3n de medios suasorios il\u00edcitos. <\/p>\n
\u2026la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se ha dictado sentencia de primer grado, la que de resultarles adversa ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n\u2026. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantean, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u2018[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2019\u00bb (Se resalta) (CSJ STC2674 del 12 marzo de 2020, rad. 2020-00150-01). <\/p>\n
En otra oportunidad y en un caso de parecidos contornos, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe otro lado, se advierte que en el proceso se han decretado distintos medios de prueba, por ende, la inspecci\u00f3n judicial de la que se duele el actor no es el \u00fanico elemento de juicio allegado al tr\u00e1mite, de manera que no se evidencia una situaci\u00f3n que habilite, en forma extraordinaria, la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En este aspecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u2018Es entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente al medio de convicci\u00f3n dejado de decretarse [3], el que no obstante parecer de relevancia para la finalidad del juicio, no es el \u00fanico con tal vigor decretado en el mismo sentido, y que a la postre pudiera resultar inocuo para la decisi\u00f3n a emitirse, eventualidad \u00e9sta que deja al descubierto, adem\u00e1s, la falta de la urgencia e impostergabilidad requeridas para habilitar la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, y el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u2019 (CSJ STC1702-2020 del 19 de febrero de 2020, rad. 2019-02413-01)\u00bb (Se resalta) (CSJ STC1550-2021 del 22 de febrero de 2021, rad. 2020-02962-00). <\/p>\n
3. En ese orden, la tutela invocada es improcedente, porque, encontr\u00e1ndose el proceso penal de extinci\u00f3n de dominio en tr\u00e1mite, no es el juez constitucional el llamado a determinar las presuntas irregularidades al denegarse el decreto de una prueba, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional y dado que, como se advirti\u00f3, no se ha adoptado una decisi\u00f3n de fondo en el asunto, la cual, de ser desfavorable a la actora, es susceptible de ser controvertida a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el respectivo procedimiento. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo expuesto, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Confirmado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio accionada el 23 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Confirmado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio accionada el 23 de septiembre de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Relativo a una providencia que \u00abneg\u00f3 una prueba testimonial en el marco del proceso penal\u00bb STC1702-2020. <\/p>\n
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